Las llamadas “reformas Recalde”, no tienen otro horizonte que promover la reposición del articulado más inofensivo de la vieja “Ley Centeno” (1973). Pero eso ha sido también un rotundo fracaso, porque 60 de esas reformas, aprobadas en Comisión, jamás pasaron al recinto y otras 19 se empantanaron en el Senado. Pues bien, ninguno de esos retoques estará en el digesto.

El continuismo es gravoso para los trabajadores. El grueso de los 96 artículos reformados y de los 25 derogados por la Dictadura se han prolongado en los 32 años de democracia. Pero mucho más, se agregaron la ley de Empleo de Menem que habilitó los contratos basura, varios de los cuales siguen en pie, se perpetuó el nefasto Procedimiento Preventivo de Crisis que suspende convenios y abarata indemnizaciones ante convocatorias de acreedores o simples informes patronales, y las leyes Banelco I y Banelco II.

La Banelco II, aprobada de apuro en 2004 por el kirchnerismo ante el escándalo Pontacuarto, rescató los lineamientos centrales de la flexibilidad laboral de la Alianza de radicales y frepasistas. Con ella se redujeron pisos indemnizatorios, se alargaron períodos de prueba, pero por sobre todo se prolongó el convenio por empresa. Este punto es la clave de la destrucción de la pirámide del derecho laboral conquistada en el pasado, por la cual un convenio colectivo de gremio no puede estar debajo de la ley y un convenio de empresa sólo puede establecer beneficios mayores que el convenio de la rama. Hoy, rige un convenio gráfico de 12 horas en La Nación cuando el de la rama establece seis horas, o se acaba de firmar, por ejemplo, el nuevo convenio Nissam que va por debajo del que regía en Renault. Con la Banelco II vigente, pululan las cooperativas de trabajo y en el propio Estado los monotributos, dos variedades del fraude laboral.

La Banelco II kirchnerista, que es la ley vigente, es el instrumento de la flexibilidad laboral, de los premios antilaborales de productividad y presentismo, del alargamiento de la jornada laboral, de las tercerizaciones, entre otras delicias patronales. Pero el kirchnerismo ha ido mucho más lejos. Ante todo, prolongando las nefastas ART del accidente y de la muerte laboral y, con la última reforma, eliminando la doble vía judicial. Y, más recientemente, con el Código Civil, que convalida la tercerización eliminando la responsabilidad de la empresa principal y elimina la prelación del derecho laboral, eje del concepto por el cual el empleado es el eslabón débil de la cadena de la explotación capitalista. Se iguala al asalariado con el capitalista en el derecho civil, una reforma antilaboral y “neoliberal”, como pocas.

Con apoyo de la oposición, -centroizquierda incluida- el kirchnerismo impuso una “ley de blanqueo”, que consiste en rebajar aportes patronales a nuevos trabajadores. Con ella, como lo anticipamos, aumentó el empleo en negro al pavoroso 34,6% actual. En materia impositiva, entre el 40 y el 53% del salario, según el rango, es confiscado mediante impuestos, entre ellos el repudiado impuesto al salario. En materia de sindicatos han prolongado el unicato y la ingerencia del Estado en las organizaciones obreras.

El “Código Laboral” que se prepara será otro engaño “nacional y popular”. Abrocha el régimen de flexibilidad laboral. Nuestro planteo es la derogación de las reformas de la Dictadura, de las introducidas por la Banelco I y II, la prohibición del despido sin causa, el blanqueo automático con estabilidad laboral de todo trabajador en negro, la abolición de ganancias en los salarios de convenio, el salario mínimo equivalente a la canasta familiar, la anulación de las ART de la muerte y su legislación, la derogación de la ley sindical y de todas las reformas antilaborales y contra los derechos de la mujer, introducidas en el Código Civil. Es el programa que hemos traducido en un cuerpo transformador de iniciativas parlamentarias.

Ante todo digamos que la burocracia sindical tiene una enorme responsabilidad. Las centrales obreras no han organizado una lucha decidida que habría contado con el favor de todos los trabajadores, más aún si se asociara al reclamo de la recuperación de las asignaciones familiares, otra confiscación kirchnerista. Esas reivindicaciones fueron el impulso del paro del 20 de noviembre pasado. Pero toda la burocracia, y en particular Moyano, se dedicaron a trenzar con el PJ, oficial o disidente, y abandonó esta lucha.

Nosotros, con el Sutna San Fernando y el clasismo, nos movilizamos a fines de mayo al Ministerio contra el impuesto al salario, mientras reclamábamos un plan de lucha de la CGT. Aluar ha parado, logrando que la patronal absorba parte del impuesto. Ahora, pararon los portuarios por su anulación. En ese contexto, el paro camionero, aislado, fue una maniobra para disimular la responsabilidad de Moyano. La burocracia ha impedido que el movimiento obrero termine con este impuesto mediante la acción directa.

En este contexto, Massa, rodeado de la burocracia sindical que lo acompaña, Roberti, Graciela Camaño de Barrionuevo y Héctor Daer, lanzó su proyecto para subir parcialmente las escalas del mínimo no imponible. Al lado de Massa y los burócratas estuvo en la presentación De Mendiguren, quien oportunamente, como jefe de la Unión Industrial, saludó la ínfima actualización anual 2013 del 16,7% por parte de Cristina. El proyecto de Massa mantiene el criterio del impuesto a las ganancias sobre los salarios y apenas actualiza los montos no imponibles a $10.700 para un soltero y 15.000 para la familia tipo. Estamos hablando de importes en bruto –o sea netos de 8.560 y 12000, deducidas las cargas sociales- que irán quedando desactualizados al ritmo de la inflación y la entrada en vigencia de nuevas cuotas paritarias.

En el caso del kirchnerismo, Recalde habla de un nuevo impuesto “a los ingresos”, borrando la frontera entre ganancias y salario y legitimando, por lo tanto, que se grave a este último.

De Guatemala a Guatepeor.

Hay otros proyectos. Pero todos, y particularmente Massa, han atado cualquier modificación a tener una “compensación para el fisco” en algún otro impuesto. De este modo, se asocian a los fines del impuesto al salario que apunta a cubrir el déficit que genera el pago de la usuraria deuda pública o los subsidios a las privatizadas. Por eso, condicionan una atenuación del impuesto al salario a la sanción de un impuesto a la renta financiera. Como éste llevará un largo debate, se trata de una excusa para darle largas al asunto, y preservar la confiscación impositiva sobre el salario. Nuestro planteo, en cambio, es la anulación del impuesto al salario sin condiciones, como primer paso de una reorganización impositiva integral y de un replanteo general sobre el carácter y las prioridades del presupuesto público.

Nuestro proyecto

Nosotros planteamos la abolición del impuesto a los salarios a partir de dos premisas. Primero, que los salarios y jubilaciones estén excluidos, incluso aquellos que resultan de la carrera escalafonaria en la administración pública, de la carrera docente o del convenio bancario. También la exclusión de las llamadas “locaciones de servicio” que encubren relación laboral. De manera que todo gravamen a los ingresos quedaría reservado a gerentes y ejecutivos que puedan estar encubriendo ganancias empresariales. En segundo lugar, y aun con la consideración anterior, el mínimo no imponible para un soltero sea equivalente a tres canastas familiares, hoy como mínimo en $8000. O sea, un mínimo no imponible de $24000, actualizable con el costo de vida, bajo control de organizaciones obreras y populares.En tercer lugar, planteamos que las presentaciones y/o pagos que el trabajador le corresponda hacer a la AFIP u a otro organismo del Estado, serán efectuados en forma directa por el titular. Las patronales cesan de actuar como agentes de retención y se las aparta del manejo de los aportes y obligaciones que por cualquier concepto le correspondan hacer al trabajador. Ha pasado a ser moneda corriente que los fondos que se descuentan al trabajador terminan siendo usados para otros fines, poniendo en riesgo el acceso y el uso de la obra social y su jubilación futura.

Estamos en contra de todo impuesto a los trabajadores para financiar al Estado capitalista. La abolición del impuesto al salario es parte de una lucha de conjunto contra los impuestos al consumo como el IVA y otros indirectos que van a los precios y se llevan hoy, al cabo de la década kirchnerista, un 40% del salario. Estamos en favor de un sistema impositivo que grave al capital financiero, agrario, comercial e industrial, de manera progresiva, lo mismo que a las grandes fortunas y a la especulación financiera e inmobiliaria.

Votar por la abolición del impuesto al salario es votar por el Frente de Izquierda.