Este tipo de acuerdo tiene enormes implicancias. Se trata de la virtual suspensión de las paritarias, que son, por esencia, la libre discusión salarial entre obreros y patrones. Pero además implica cláusulas de paz social que están destinadas a impedir -y a su turno, deslegitimar, represaliar y reprimir- las luchas fabriles.

Esas luchas fabriles no se plantearán solo por salarios. Ya tenemos hoy la ocupación de fábrica de los obreros de Petinari, como tuvimos la huelga de la línea 60 y el conflicto de Cresta Roja, contra despidos y cierres. Algo que la crisis metalmecánica traduce en suspensiones hoy y se proyectaría en despidos hacia fin de año.

El tema del pacto social ha derivado en enfrentamientos internos en la CGT-Caló. Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Héctor Daer, de Sanidad, cuestionan que Antonio Caló sea el interlocutor del pacto. Ellos quieren discutir sus propias prebendas, pero además consideran que si el moyanismo está ausente, el pacto social no tendría efectividad.

Por otro lado, la CGT-Córdoba salió directamente a cuestionar el condicionamiento a las paritarias. El abogado Garzón Maceda, ligado a ese sector, ha comenzado una campaña “en defensa de las paritarias libres”. Recordemos que el gremio de la alimentación cordobés rompió el tope no escrito con una gran huelga general en 2010 e impuso un 35 %.

Los cuestionamientos a varias bandas han llevado a Caló a desmentir la participación en el pacto de la CGT oficial. Indudablemente la atomización de la burocracia sindical constituye un obstáculo al planteo. En un punto, la burocracia replica el problema del fraccionamiento político del Partido Justicialista y del conjunto de la burguesía. Esas divisiones, y la circunstancia de que el próximo Gobierno no tenga mayoría parlamentaria, obligarían a la burguesía a una suerte de Gobierno de coalición. El pacto social sería una pieza dentro de esa perspectiva política.

Sea Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa el ejecutor de un ajuste, la cuestión del pacto social estará a la orden del día para contener la reacción del movimiento obrero. Entre ellos discuten quién tiene mayor espalda para aplicarlo. Los tres mosqueteros han jurado amor eterno al modelo sindical. Hugo Moyano, consciente de este problema, planteó hace un año la necesidad de unir las fracciones sindicales peronistas en una CGT para “acompañar al nuevo Gobierno”, pero fracasó hasta el presente.

Queda muy claro, entonces, que la unificación del movimiento obrero que debaten las cúpulas sindicales es reaccionaria, porque su función sería acompañar una salida en la que la crisis capitalista y las explosivas contradicciones acumuladas se descargan sobre las masas trabajadoras.

El Frente de Izquierda tiene la función estratégica, no solo de luchar en las organizaciones obreras contra esta perspectiva, sino de plantear claramente en la campaña electoral la función de un pacto de este tipo -que por supuesto carecerá de todo mandato de bases y sería una herramienta del ajuste-, preparando políticamente al movimiento obrero para los desenlaces que se avecinan antes y después de octubre.

Para la clase capitalista si los salarios acompañan todo esto, nada habrá tenido sentido. Es decir, se pretende una reorganización económica donde el “ancla” antiinflacionaria sean precisamente los salarios y jubilaciones, y con ellos un enfriamiento de la economía que evite una híper. Algo que ya empezó con el “amesetamiento” de la actividad económica, como resultado de una caída del Mercosur, del cepo cambiario y de importaciones, y el deterioro del poder adquisitivo en 2013.

Por otro lado, este ajuste se hace cada día más difícil hacerlo en cuotas. Lavagna, referente económico de Massa, ha dicho “el rodrigazo en cuotas no funciona”. González Fraga, el ex presidente del Banco Central radical, es más preciso e indica que hay que partir de una devaluación importante para después hacer “flotar” el tipo de cambio. Remes Lenicoff, el ex ministro de Duhalde, puso hace un mes el tipo de cambio oficial “lógico” en ocho pesos.

Es decir, se está discutiendo y preparando un rodrigazo, que en resumen significa un golpe de tipo de cambio, precios y tarifas, contra el salario. Cuando los precios aumentaron un 100%, Isabel Perón fijó un tope en paritarias de 45%. Por ello, estalló la huelga general de junio-julio de 1975.

Para la clase obrera es un momento decisivo. Así lo ha interpretado la burocracia sindical. Todas sus alas discuten, finamente, cómo evitar la reacción obrera que puede hacer saltar por el aire todo el giro kirchnerista que capitanea Kicillof: pacto Chevron, resarcimiento a Repsol, pagos al Ciadi, negociación con el Club de París y el FMI. El giro al capital financiero, luego de vaciar el Banco Central y el ANSES, el pase de facturas a los trabajadores ante el fracaso de la montaña de subsidios a las privatizadas.

Todas las alas de la burocracia aportan a la discusión de la “gobernabilidad” (que se haría contra los trabajadores). Hasta sueñan con la “unidad”. Moyano y Barrionuevo, los anti-K, acordaron un plenario cuyos ejes son la “paz social” y la “unidad del movimiento obrero”, la “inflación y la seguridad” y, al final de todo eso, “paritarias libres”, algo imposible si empezamos por la paz social.

Massa y su referente Héctor Daer, que no rompe con la CGT oficial, han ido más lejos, buscando liderar una alternativa política en el país. Primero, paritarias ya, en enero, para los docentes, para cerrar urgente y no llegar a marzo discutiendo con los docentes en las aulas. Algo que Scioli agarró más rápido que corriendo convocando la mesa salarial.

Pero Daer dio una pauta estratégica. Propone que, al contrario de lo que siempre se hace, se convoque al Consejo del Salario antes de paritarias, para que sea el elemento “ordenador” de las paritarias. El porcentaje resuelto entre las patronales con las centrales amigas, con presidencia de Tomada y Cristina, sería la pauta salarial para todas las paritarias. Si arreglan con Moyano y Barrionuevo, los convocan también.

Como dijo un burócrata “nadie quiere ser la UOCRA de 1975″, que junto a un puñado de gremios firmó la pauta de Isabel y quedaron colgados del pincel. Toda una línea la de Massa y Daer para que el conjunto de la burocracia arregle el salario y deje las manos libres al gobierno para ajustar luego de los convenios.

Para ello están anudando acuerdos “puente” hasta marzo, en bajos porcentajes, mientras se arma el paquete final. Pereyra, el moyanista de petroleros, acordó el 13% marcado por Galuccio hasta marzo. Incluso, los porcentajes finales podrían no ser tan bajos, porque luego la burguesía y el gobierno los absorben mediante la devaluación y aumentos posteriores a la paritaria. Lo importante no son tanto los importes o porcentajes como la relación que haya entre inflación real y salarios.

Para que todo funcione se prepara también un índice de costo de vida que habría llevado la incidencia del transporte y servicios del 8 al 2% en la canasta, de manera que el nuevo IPC modere el verdadero impacto del tarifazo en marcha. Si las paritarias nunca fueron libres -recordemos los topes de Moyano-, ahora lo serían menos que nunca. Lógicamente, el armado es precario, con una burocracia atomizada y un gobierno sin autoridad política y sin un referente claro de la oposición 2015. El movimiento obrero tiene por delante un enorme desafío.

Desde luego, desplegar un programa es clave. Los 8.500 pesos de mínimo deben ser acompañados con la indexación trimestral bajo control obrero, porque en un escenario como el actual, importa tanto el importe de arranque como el mecanismo para evitar la confiscación inflacionaria posterior. Por supuesto, la asamblea y los reclamos paritarios votados en ellas son la vía para disputar a las burocracias el control del proceso. La burocracia pro-K del sindicato aceitero de San Lorenzo acaba de quebrar la paritaria de la Federación que reclama 9.797 pesos de mínimo, aceptando un acuerdo puente por el 16,5% hasta marzo inclusive, la línea de la Unión Industrial.

Más temprano que tarde, el movimiento obrero estará en la necesidad de una respuesta de conjunto ante un golpe de conjunto. Por ello consideramos apropiado a la etapa que se abre el planteo de un Congreso de Delegados de Base, electos por asamblea de todo el movimiento obrero, de los sindicatos, las CGT y CTA, para discutir el salario y las paritarias, las jubilaciones y un plan económico de los trabajadores de salida a la crisis.

Se trata de un planteo que atiende la necesidad de una intervención del movimiento obrero en la crisis y da un método para quebrar el cepo de la burocracia. Nos da, además, una guía para convocatorias y autoconvocatorias de delegados y activistas en gremios y zonas que apunten al planteo general. Que no pase el rodrigazo que preparan la patronal y sus partidos políticos.

En la “madre de las batallas” se produjo la mayor derrota del kirchnerismo. En Buenos Aires, el gobierno perdió un millón cuatrocientos mil votos, en medio de un cisma en el PJ bonaerense. Massa ganó en 74 de los 135 distritos e hizo elecciones importantes en muchos de los que quedaron del lado oficial. Con sólo una veintena de intendentes alineados con él, le ganó a Cristina y a Scioli en cincuenta municipios más, los que estaban alineados con la Rosada y la billetera de De Vido.

Desde luego, Massa apiló intendentes “llave en mano” sin ninguna diferenciación política, con el solo agregado de los del macrismo. Otras presencias, como De Mendiguren, Daer o Solá, tampoco. Y, desde luego, los hombres que integraron sus listas como opositores a los intendentes oficiales fueron los heridos y despechados de las viejas listas. Por ejemplo en Merlo, cuatro listas disputaron la primaria distrital de Massa, todas provenientes de algún momento de la gestión de Othacehé, aunque ganó el rompimiento más antiguo y alejado.

Pero la quiebra del aparato pejotista no será indolora ni gratis. Perdieron los delfines de Mario Ishii, patrón de José C. Paz; de Mariano West, jefe de Moreno desde los tiempos de Menem; de Descalzo en Ituzaingó; de Hugo Curto en Tres de Febrero (quien es el actual Quindimil de la maquinaria pejotista). El fascistoide Othacehé ganó, pero por un punto.

Estos resultados cuestionan un método de gobierno en varios de esos municipios, basados en la patota y el terror sobre la oposición -como en el caso de Merlo-. Tres de Febrero no es demasiado distinto -las patotas dominan desde la Untref hasta Peugeot- y en José C. Paz, el distrito más pobre del país, en el que no hay manzana sin una unidad básica que controle el “rebaño” mediante la red asistencial.

La “pluralidad” impuesta por la quiebra del aparato justicialista en esta elección augura una guerra política, que estará lejos del aterrizaje suave que pretende la burguesía a través del post-kirchnerismo de Massa. Por un lado, los intendentes -y Scioli- tienen que gobernar dos años más dependiendo de la billetera de la Rosada. Por otro lado, si la previsible diáspora se precipita este año, Cristina podría tener un destino de helicóptero como De la Rúa.

Esta crisis política del PJ tiene otros protagonistas. Es el caso del denarvaísmo, en pleno derrumbe, dudando si seguir en un comicio que lo podría colocar compitiendo por el cuarto puesto con el Frente de Izquierda. En esa lista está nada menos que el moyanismo, que hasta el año pasado se presentaba como el gran elector del pejotismo bonaerense y de la oposición en el país. Moyano ha quedado debilitado por el derrumbe de De Narváez y por la escisión de Venegas. A éste último le fue peor todavía: sólo pasó las primarias por la buena elección en Necochea -donde es patrón político- y por el dinero descomunal que dilapidó de la caja de los obreros rurales. La burocracia sindical opositora tuvo un mal domingo en la provincia.

La guerra pejotista tiene visos de agravarse. Scioli ha quedado herido al cargarse la campaña al hombro. Si Massa estira la diferencia a diez puntos, el gobernador pasa de la sucesión presidencial a la casa, porque no tiene reelección posible.

Un párrafo aparte lo merece el derrumbe del sabbatellismo. Perdió Morón luego de levantar, vergonzosamente, la lista de Merlo para negociar la integración de su esposa en la primera sección junto a Mario Ishii. Es la muerte de una experiencia de cuño estalinista que pretendió “oxigenar la política” haciendo kirchnerismo sin PJ: se disolvió en el PJ.

La provincia, en tanto, tiene que llegar a fin de año a fuerza de refinanciación y endeudamiento para gastos corrientes. La emergencia hospitalaria se agravará, las obras hídricas dependen de préstamos o fondos de nación que no llegan y no están. Las demandas obreras pueden agravarse: por lo pronto, está en huelga la propia contaduría de la provincia.

La batalla electoral de octubre nos plantea intervenir en esta grieta para promover que la ruptura política de sectores de los trabajadores y la juventud bonaerense salte el obstáculo de una lista massista, la cual podrá ampliar su victoria contra el kirchnerismo, pero de ninguna manera ofrecerle una salida a las masas.

Como la lista de Massa incluye elementos de la CGT Balcarce y de la CTA Yasky, podríamos hablar hoy no ya de cinco reagrupamientos burocráticos, sino de por lo menos siete -al menos hasta octubre. En este punto, hay que anotar sectores del moyanismo como Murúa, de plásticos, y otros de Aguas Gaseosas que se están pasando al massismo. Pero puede tratarse de un malón en un futuro próximo, teniendo en cuenta la caída libre de De Narváez -la lista que integran Moyano y sus hombres.

La desintegración del kirchnerismo agravó hasta nuevo aviso la disgregación de la burocracia sindical. En este cuadro, se han producido los llamados de Massa y los gestos hasta del propio Caló en el sentido de una unidad futura.

¿Cuáles son los motivos y qué está en juego para la clase obrera?

En primer lugar, existe una acumulación de reivindicaciones obreras insatisfechas: ganancias, destrucción de asignaciones familiares, paritarias por detrás de la inflación, confiscación de 16 mil millones a las Obras Sociales por parte del gobierno, precarización laboral y el saqueo sistemático de la Anses en perjuicio de los jubilados. Los sindicatos han sido incapaces de viabilizar las reivindicaciones más sentidas, como es el caso del impuesto a las ganancias sobre el salario.

El gobierno pierde capacidad de arbitraje para reagrupar a la burocracia, porque las medidas que toma son aspirinas para un cáncer. Es el caso de la excepción agónica del aguinaldo en ganancias, que no impedirá que una mayor cantidad de trabajadores paguen más por ese impuesto durante 2013. O el aumento a las apuradas del salario mínimo con el aval de un grupo de amigos en los sindicatos, que no cambia el descomunal trabajo en negro de casi el 40%, ni la violación del salario mínimo entre los municipales y hasta docentes, así como en todo tipo de tercerizadas. En todos estos casos, se completan básicos de miseria, con cifras no remunerativas de todo color y pelaje.

En relación con la deuda del gobierno con las obras sociales, los burócratas “compensan” el bicicleteo oficial con cuotas compulsivas a los afiliados al momento de la firma de convenios. Mientras tanto, son “comprensivos” con el déficit fiscal: es que también son beneficiarios de la montaña de subsidios a los ferrocarriles o el sistema eléctrico, en su carácter de socios de los privatizadores. La salud obrera, mientras tanto, “puede esperar”.

Por otra parte, los Gerardo Martínez, los Caló y los Moyano han sido sacudidos por igual por los fallos de la Corte que declaran la inconstitucionalidad del articulado de la ley sindical que consagra el monopolio de las personerías y de la representación colectiva de los trabajadores para la burocracia.

Massa tendrá que ofrecer un camino a esta crisis. Daer, miembro de su lista, no deja dudas sobre el “modelo” de unicato sostenido por Tomada y Rial. Por su parte, la inclusión de Alessandrini, segundo de Baradel, sólo estaría asegurando la continuidad del papel subordinado de Yasky en el actual concierto sindical.

Pero la cuestión llega más lejos. Luego de una larga lucha, la justicia obligó a Tomada a firmar la inscripción gremial del Sitraic. Es un desafío nada menos que a Gerardo Martínez, uno de los pilares de la burocracia en el sector más explotado de la clase obrera.

Por otro lado, la victoria en una docena de Suteba, en ATEN Neuquén, el 37% obtenido por un frente de izquierda en FOETRA, la próxima lista unificada para CTERA o las listas ferroviarias que competirán por los cuerpos de delegados (algo que se extiende a todo tipo de gremios industriales) plantean otra cuestión. Lo mismo que el proceso de paros y organización fabril en los grandes parques industriales como Pilar o Almirante Brown (hasta ahora zonas francas de flexibilidad laboral), el retorno a la lucha de los tercerizados ferroviarios, acaudillados por Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra, y los paros en zona norte de LEAR o FATE para detener despidos de activistas.

Es un proceso de fondo en el movimiento obrero, que escapa a todas las fracciones de la burocracia y que vuelve a colocar la lucha por su expulsión de los sindicatos. La cuestión es: unidad de la burocracia o recuperación de los sindicatos para unir a la clase obrera. La lucha por el ingreso del Frente de Izquierda al Congreso tiene, entre los principales puntos de su agenda, la derogación de la ley de Asociaciones Sindicales, la cual ata los sindicatos al Estado.

Ante todo digamos que la burocracia sindical tiene una enorme responsabilidad. Las centrales obreras no han organizado una lucha decidida que habría contado con el favor de todos los trabajadores, más aún si se asociara al reclamo de la recuperación de las asignaciones familiares, otra confiscación kirchnerista. Esas reivindicaciones fueron el impulso del paro del 20 de noviembre pasado. Pero toda la burocracia, y en particular Moyano, se dedicaron a trenzar con el PJ, oficial o disidente, y abandonó esta lucha.

Nosotros, con el Sutna San Fernando y el clasismo, nos movilizamos a fines de mayo al Ministerio contra el impuesto al salario, mientras reclamábamos un plan de lucha de la CGT. Aluar ha parado, logrando que la patronal absorba parte del impuesto. Ahora, pararon los portuarios por su anulación. En ese contexto, el paro camionero, aislado, fue una maniobra para disimular la responsabilidad de Moyano. La burocracia ha impedido que el movimiento obrero termine con este impuesto mediante la acción directa.

En este contexto, Massa, rodeado de la burocracia sindical que lo acompaña, Roberti, Graciela Camaño de Barrionuevo y Héctor Daer, lanzó su proyecto para subir parcialmente las escalas del mínimo no imponible. Al lado de Massa y los burócratas estuvo en la presentación De Mendiguren, quien oportunamente, como jefe de la Unión Industrial, saludó la ínfima actualización anual 2013 del 16,7% por parte de Cristina. El proyecto de Massa mantiene el criterio del impuesto a las ganancias sobre los salarios y apenas actualiza los montos no imponibles a $10.700 para un soltero y 15.000 para la familia tipo. Estamos hablando de importes en bruto –o sea netos de 8.560 y 12000, deducidas las cargas sociales- que irán quedando desactualizados al ritmo de la inflación y la entrada en vigencia de nuevas cuotas paritarias.

En el caso del kirchnerismo, Recalde habla de un nuevo impuesto “a los ingresos”, borrando la frontera entre ganancias y salario y legitimando, por lo tanto, que se grave a este último.

De Guatemala a Guatepeor.

Hay otros proyectos. Pero todos, y particularmente Massa, han atado cualquier modificación a tener una “compensación para el fisco” en algún otro impuesto. De este modo, se asocian a los fines del impuesto al salario que apunta a cubrir el déficit que genera el pago de la usuraria deuda pública o los subsidios a las privatizadas. Por eso, condicionan una atenuación del impuesto al salario a la sanción de un impuesto a la renta financiera. Como éste llevará un largo debate, se trata de una excusa para darle largas al asunto, y preservar la confiscación impositiva sobre el salario. Nuestro planteo, en cambio, es la anulación del impuesto al salario sin condiciones, como primer paso de una reorganización impositiva integral y de un replanteo general sobre el carácter y las prioridades del presupuesto público.

Nuestro proyecto

Nosotros planteamos la abolición del impuesto a los salarios a partir de dos premisas. Primero, que los salarios y jubilaciones estén excluidos, incluso aquellos que resultan de la carrera escalafonaria en la administración pública, de la carrera docente o del convenio bancario. También la exclusión de las llamadas “locaciones de servicio” que encubren relación laboral. De manera que todo gravamen a los ingresos quedaría reservado a gerentes y ejecutivos que puedan estar encubriendo ganancias empresariales. En segundo lugar, y aun con la consideración anterior, el mínimo no imponible para un soltero sea equivalente a tres canastas familiares, hoy como mínimo en $8000. O sea, un mínimo no imponible de $24000, actualizable con el costo de vida, bajo control de organizaciones obreras y populares.En tercer lugar, planteamos que las presentaciones y/o pagos que el trabajador le corresponda hacer a la AFIP u a otro organismo del Estado, serán efectuados en forma directa por el titular. Las patronales cesan de actuar como agentes de retención y se las aparta del manejo de los aportes y obligaciones que por cualquier concepto le correspondan hacer al trabajador. Ha pasado a ser moneda corriente que los fondos que se descuentan al trabajador terminan siendo usados para otros fines, poniendo en riesgo el acceso y el uso de la obra social y su jubilación futura.

Estamos en contra de todo impuesto a los trabajadores para financiar al Estado capitalista. La abolición del impuesto al salario es parte de una lucha de conjunto contra los impuestos al consumo como el IVA y otros indirectos que van a los precios y se llevan hoy, al cabo de la década kirchnerista, un 40% del salario. Estamos en favor de un sistema impositivo que grave al capital financiero, agrario, comercial e industrial, de manera progresiva, lo mismo que a las grandes fortunas y a la especulación financiera e inmobiliaria.

Votar por la abolición del impuesto al salario es votar por el Frente de Izquierda.

Massa se declara de “origen” peronista y plantea una campaña “desideologizada, en función de la gestión y las demandas de la gente”. Busca vender la imagen de “político moderno y transversal” que le sopla su asesor peruano (Sergio Bendixen), una réplica del macrismo. Más allá del “franciscano” Giustozzi, el reagrupamiento de intendentes de Massa ha sido de derechistas consumados. Pablo Bruera, que integraba ese núcleo inicial, fue guardado bajo la alfombra luego de las inundaciones que dejaron 70 víctimas fatales. Ahora, como cadáver político, sólo encontró lugar en el kirchnerismo.

La naturaleza social de la “gestión” de Massa es la de un municipio enfocado en la especulación inmobiliaria: el 75% de la población no tiene los cuatro servicios públicos esenciales. Sus cámaras de seguridad han servido sólo a la demagogia que caracteriza a toda la oferta de derecha en la materia.

Alrededor de Massa hay un vasto operativo de la burguesía en torno de una sucesión pactada con el kirchnerismo. La inclusión del devaluacionista De Mendiguren expresa el giro de un sector de la burguesía industrial, junto al capital agrario y el financiero, interesados en la vuelta de Argentina al mercado de deuda. Semejante perfil lo completa la inclusión de Héctor Daer, el hombre de los “gordos” en la mesa de la CGT Balcarce.

Lo que merece un párrafo aparte es la presencia del Fabián “Mocho” Alessandrini, adjunto de Roberto Baradel en la CTA provincia, miembro de los disidentes de ATE, quien habría sido habilitado para integrar la lista massista por el propio Baradel. Después de las victorias de la izquierda en el Suteba, el kirchnerismo pierde por derecha y por izquierda.

La desintegración del peronismo

El massismo es un producto de la desintegración del kirchnerismo y, a su turno, de una nueva etapa en la crisis del peronismo. Si el peronismo se caracteriza por “tener a un conductor”, la pérdida de autoridad de Cristina para contener a los suyos hizo explotar al peronismo en cinco listas en Buenos Aires, el corazón de su dominación política: el FpV, Massa, De Narváez, Eduardo Amadeo (Rodríguez Saá) y Momo Venegas.

De la “columna vertebral del movimiento” que constituía la CGT, queda sólo el recuerdo. El panorama de disgregación de la burocracia sindical es más agudo aún que su fractura en cinco centrales. Ocurre que también se está rompiendo la CGT Balcarce: a Moyano se le fue Bancarios, Venegas se presentó con una lista rival de Plaini -quien va con De Narváez- y la integración de Alessandrini a Massa agravó la división de la CTA oficialista. Otro pilar histórico de la burocracia, José Pedraza, está preso como resultado de una lucha que lideró la izquierda revolucionaria.

La disgregación de la burocracia sindical es un episodio fundamental en la descomposición del peronismo, que presentó siempre ante la burguesía su capacidad de contención de la clase obrera a partir de los sindicatos. En este escenario, el cristinismo le ha entregado el 90% de las listas bonaerenses a los intendentes del PJ, los Othacehé, los Curto y los Espinoza, para evitar una fuga todavía mayor hacia Massa o De Narváez. Pero esos punteros mañana se irán con ellos o con Scioli, el caballo del Troya de los K, y el cristinismo se quedará a la intemperie. El matancero Espinoza dice que ganará el 90% de los votos en su distrito. O sea que cuenta como propios los de Massa, mediante un corte de boleta autorizado por abajo.

En otro orden, Sabbatella ha entrado en zona de disolución política, levantando su lista de Merlo a cambio de insertar a su mujer en las listas provinciales, entre los candidatos de Othacehé e Ishii. El Partido Obrero de Merlo ha iniciado una campaña para que todo el progresismo del distrito se exprese en el voto al Frente de Izquierda.

A partir de esta desintegración del kirchnerismo y sus agentes sindicales, el campo para la lucha política del Partido Obrero y del Frente de Izquierda es bien amplio. Las tendencias de lucha de Brasil están presentes en la clase obrera y la juventud argentina. Démosle expresión política en la campaña de las primarias, para consagrar un bloque de la izquierda revolucionaria en octubre.