Los oficialistas advierten un gobierno en demolición y algunos de sus alfiles se pasaron de bando; como Fernández de UTA, y Maturano de La Fraternidad. Caló forzó una reunión con Cristina para evitar más desbande. Yasky salió con un proyecto de ley sindical para cotizar su subordinación.

El moyanismo se muestra políticamente activo, pero no en movilizar a la clase obrera. Su eje es enhebrar acuerdos con la burguesía opositora, en torno a sus reclamos de “un plan integral”, “que restituya la confianza”, lo que lo puso en alianza con el golpista redomado Barrionuevo, y en una escenificación con Macri. Nada de esto tiene que ver con el salario, responde al santo y seña de llevar la política de devaluación y ajuste hasta el final.

Con el poder adquisitivo del salario en caída libre, toda idea de concertación, a lo que apunta la UIA y en la que machaca Binner, servirá a la línea del Rodrigazo: una brutal transferencia de ingresos mediante aumentos a la mitad de la inflación. Ese fue el sentido estratégico del “aumento” del 11,3% a jubilados con el que Cristina pretende retomar la iniciativa, por derecha, con un ataque en regla a las masas.

En resumen, todas las alas de la burocracia sindical apuntan a liquidar las paritarias, en un marco de crisis política. Pero, como operan en la cornisa respecto de las tendencias combativas del movimiento obrero, han ideado las “sumas puente”. Con ellas aceiteros, bancarios, UTA y petroleros, patearon a marzo-abril las paritarias, para firmar luego en un marco de conjunto. Sumas previas a otras paritarias que vencen más adelante tienen el mismo sentido.

Por abajo se han producido huelgas por 2.000 pesos en varios gremios municipales, el paro aceitero y el papelero fueron importantes. Las posibilidades de que esto cierre sin una irrupción huelguística dependen de la más criminal política de contención: una recesión que “modere” la inflación e inhiba a los trabajadores.

Ese proceso ya empezó: suspensiones en Fiat, Renault, corte de extras en GM, suspensiones en autopartistas y rumores agudos de centenares de despidos en VW Pacheco.

Al servicio de los “ajustes” patronales se han producido despidos de activistas y trabajadores en Celomat, Kromberg, Ecotrans, ESPN y Editorial Perfil, entre otras. Por ello hubo paros y conciliaciones, pero las patronales vienen por más y el ministerio mira para otro lado. Es claro que al lado del reclamo salarial, hay que exigir la prohibición de despidos.

En este marco, la paritaria docente será un primer round decisivo. El “dúo dinámico”, Capitanich-Kicillof, pretende plazos largos, cuando la burocracia quiere escapar por la tangente de acortarlos. Los Suteba combativos han fijado un reclamo de salario mínimo equivalente a la canasta familiar, Ademys en 6.000 pesos y las propias burocracias pejotistas en 5.500 pesos. El punto es reunir en asambleas a los docentes en cada escuela, y que un congreso general de delegados, mandatados por asamblea de toda la docencia del país, unifique un reclamo.

El movimiento obrero no puede enfrentar estas paritarias como una más. La defensa del salario (y las jubilaciones) tiene que ser el puntapié de un giro para que la crisis la paguen los capitalistas, mediante un plan económico discutido por los trabajadores. Reclamemos aumento de emergencia de 3.000 pesos para salarios y jubilaciones, mínimo de 8.500 pesos, actualización mensual, prohibición de despidos y suspensiones. Impulsemos asambleas y convocatorias de delegados en gremios y zonas, presentemos la perspectiva de un Congreso de Bases para abrir un rumbo a los trabajadores ante la crisis.

En primer lugar convalida la política oficial sobre el Fondo de Sustentabilidad del Anses, explicando que “es un fondo de emergencia” y apoyando su utilización “en inversiones financieras”. Pero la emergencia ya está entre nosotros, es el medio millón de juicios, muchos con sentencia favorable que el Anses apela hasta el infinito, condenando a sus beneficiarios.

El fondo se ha invertido en un 62% en bonos de la deuda pública. Mirta Tundis encubre que son papeles “pagadios” que no permiten afrontar ninguna emergencia, porque si se vendieran en el mercado financiero, de inmediato sus precios caerían a chirolas. Tampoco denuncia que en el último mes se han vendido mil millones en bonos nominados en dólares para bajar el blue, lo que ha descapitalizado todavía más a los futuros jubilados. Algo que ya se había hecho cuando el Anses “pesificó” depósitos a plazo fijo en la misma moneda para “dar el ejemplo” de la fallida pesificación de Moreno. Tibiamente se quejó Tundis de “algunos créditos a tasas un poco bajas”,  seguramente refiriéndose al rescate del pulpo GM al 9% anual contra una inflación del 25%.

Tundis reivindicó como correcta y positiva la ley de movilidad jubilatoria que ata la movilidad de las jubilaciones a la recaudación y a la evolución del salario. Entrega entonces la bandera histórica de que la jubilación represente de manera actualizada el 82% del salario en actividad de cada trabajador, porque los avatares de la recaudación y los salarios en general van atados al nivel de trabajo en negro, a las recesiones y a los topes de aumentos que se fijen desde el poder como ocurre ahora mismo de manera no escrita mediante el concurso de la burocracia sindical.

Por otra parte, la candidata de Massa no reivindica el 82% del mejor salario al momento de jubilarse y ni llega a plantearse la revisión del sistema de cálculo cavallomenemista que hoy resulta en un 45% del menguado salario en actividad. Nos aclara en cambio, que “no es posible el 82%”, que tenemos que “mejorar” las jubilaciones mediante un impuesto a la renta financiera.

Sin entrar en las limitaciones de ese impuesto que está de moda en la demagogia de los políticos capitalistas para todo uso, digamos que Tundis no nos plantea proteger al Anses del saqueo del Tesoro y su déficit y recomponer sus fuentes de ingresos de donde tiene que venir desde que la jubilación existe, es decir del aporte patronal, porque se trata de un salario diferido que el trabajador se gana con su sudor para su vejez.

Tundis nos explica que el sistema jubilatorio tiene que ser una “contención social”. Nosotros pensamos lo opuesto a esta tesis del Banco Mundial que tiene por objetivo un ingreso asistencial de la vejez. Para nosotros, la izquierda, la jubilación es un salario diferido, al que aportamos toda la vida. Tundis desprende -con todos los defensores del vaciamiento compartido del sistema en los últimos 40 años- al salario en actividad de la jubilación, por eso para ella no cabe más nuestra reivindicación central: el 82% que jamás abandonó el movimiento popular como bandera. Tundis explica que son pocos los trabajadores activos que aportan por cada jubilado, como si esto fuera una fatalidad. Las jubilaciones deben ser defendidas, precisamente a partir de recomponer los aportes patronales rebajados desde los 90, a partir de blanquear la totalidad del salario de los trabajadores empezando por el Estado que es el primer pagador en negro, a partir de terminar con el trabajo en negro, la tercerización y precarización laboral y a partir de un mínimo salarial equivalente a una canasta familiar, todo lo cual revolucionaría los ingresos del Anses.

Para todo ello, que son las propuestas del Partido Obrero, se requiere que el Anses sea gestionado por trabajadores y jubilados, sus verdaderos dueños, por medio de comisiones electas por ellos mismos. Tundis, concedamos, está condicionada porque es la tercera candidata de un verdadero arquitecto del saqueo del Anses, Massa, interventor durante siete años, por lo que su política es continuismo kirchnerista puro.