Este tipo de acuerdo tiene enormes implicancias. Se trata de la virtual suspensión de las paritarias, que son, por esencia, la libre discusión salarial entre obreros y patrones. Pero además implica cláusulas de paz social que están destinadas a impedir -y a su turno, deslegitimar, represaliar y reprimir- las luchas fabriles.

Esas luchas fabriles no se plantearán solo por salarios. Ya tenemos hoy la ocupación de fábrica de los obreros de Petinari, como tuvimos la huelga de la línea 60 y el conflicto de Cresta Roja, contra despidos y cierres. Algo que la crisis metalmecánica traduce en suspensiones hoy y se proyectaría en despidos hacia fin de año.

El tema del pacto social ha derivado en enfrentamientos internos en la CGT-Caló. Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Héctor Daer, de Sanidad, cuestionan que Antonio Caló sea el interlocutor del pacto. Ellos quieren discutir sus propias prebendas, pero además consideran que si el moyanismo está ausente, el pacto social no tendría efectividad.

Por otro lado, la CGT-Córdoba salió directamente a cuestionar el condicionamiento a las paritarias. El abogado Garzón Maceda, ligado a ese sector, ha comenzado una campaña “en defensa de las paritarias libres”. Recordemos que el gremio de la alimentación cordobés rompió el tope no escrito con una gran huelga general en 2010 e impuso un 35 %.

Los cuestionamientos a varias bandas han llevado a Caló a desmentir la participación en el pacto de la CGT oficial. Indudablemente la atomización de la burocracia sindical constituye un obstáculo al planteo. En un punto, la burocracia replica el problema del fraccionamiento político del Partido Justicialista y del conjunto de la burguesía. Esas divisiones, y la circunstancia de que el próximo Gobierno no tenga mayoría parlamentaria, obligarían a la burguesía a una suerte de Gobierno de coalición. El pacto social sería una pieza dentro de esa perspectiva política.

Sea Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa el ejecutor de un ajuste, la cuestión del pacto social estará a la orden del día para contener la reacción del movimiento obrero. Entre ellos discuten quién tiene mayor espalda para aplicarlo. Los tres mosqueteros han jurado amor eterno al modelo sindical. Hugo Moyano, consciente de este problema, planteó hace un año la necesidad de unir las fracciones sindicales peronistas en una CGT para “acompañar al nuevo Gobierno”, pero fracasó hasta el presente.

Queda muy claro, entonces, que la unificación del movimiento obrero que debaten las cúpulas sindicales es reaccionaria, porque su función sería acompañar una salida en la que la crisis capitalista y las explosivas contradicciones acumuladas se descargan sobre las masas trabajadoras.

El Frente de Izquierda tiene la función estratégica, no solo de luchar en las organizaciones obreras contra esta perspectiva, sino de plantear claramente en la campaña electoral la función de un pacto de este tipo -que por supuesto carecerá de todo mandato de bases y sería una herramienta del ajuste-, preparando políticamente al movimiento obrero para los desenlaces que se avecinan antes y después de octubre.

La prensa ha puesto su eje en la “impunidad”, pero ni siquiera desde este estrecho punto de vista se llega hasta el final. Omiten que la redacción de la ley Banelco salió de las oficinas de Techint. Javier Tizado, personero de Paolo Rocca, nombrado secretario de Industria por el gobierno de la Alianza, fue el redactor de una reforma laboral que legalizó los preciados convenios por empresa. La Nación llegó a publicar que “los fondos de los sobornos habrían salido de una importante empresa”.

Sin duda, la impunidad para De la Rúa, tanto por los 33 muertos del 19 y 20 de diciembre como en este caso, están en la línea de la impunidad que se aseguró Menem en la causa del contrabando de armas. Y la que se trama en favor de los Kirchner. Lo que se defiende es la continuidad de un régimen social y político, donde la corrupción sólo remunera la defensa de los intereses estratégicos de la clase capitalista. Esa clase, que no va al banquillo, como no lo fue con la dictadura, protege desde luego a su “personal” político.

Con las absoluciones, al mismo tiempo ha sido indultado el contenido de la ley Banelco por parte de un régimen y una Justicia que fueron socios en los 90 de la flexibilidad laboral y que la preservaron bajo la década “ganada”. En 2004, cuando estalla el caso por las confesiones del arrepentido, en un trámite sumario y con apoyo de la burocracia sindical y de la centroizquierda (CTA), el kirchnerismo aprobó la llamada “Banelco II”.

La actual ley laboral -que Lozano llamó “ley fundante” en tiempos de su idilio con el kirchnerismo- es una réplica de la “Banelco” y sostuvo en estos nueve años al 40% de la población laboral argentina bajo condiciones laborales precarias. La “Banelco II” habilitó la continuidad de los convenios a la baja, sean por empresa o por gremios, que perforan los pisos históricos de la ley de contrato de trabajo. Habilita los “convenios Pyme” con cláusulas laborales inferiores, con un piso de trabajadores que Kirchner elevó hasta un número de 80. Pero en el actual convenio plástico, habilitado por Tomada, esa cifra es llevada hasta 300 trabajadores.

La “Banelco II” redujo las indemnizaciones que tenían por piso dos meses de sueldo. Permite el trabajo por agencia, de enorme difusión en la industria. Mantiene los nefastos recursos de crisis por los cuales se abaratan los despidos y se suspenden los convenios, y mantiene la no vigencia del convenio en las convocatorias de acreedores. Si bien derogó variedades menemistas de contratación precaria, habilitó las pasantías y el tiempo de “aprendizaje”, novedosas formas de violar los convenios y la estabilidad laboral. El propio Estado, bajo esta ley laboral, practica las “becas” y el monotributo, modalidades de fraude laboral “siglo XXI”.

El kirchnerismo, por lo tanto, sólo emprolijó la ley Banelco, una legislación estratégica de la burguesía nacional. Otro tanto ocurre con el papel de la ex SIDE y de sus fondos reservados en las coimas. El kirchnerismo ha multiplicado esos fondos, así como el papel político de los organismos de inteligencia. Basta ver los 1.356 millones otorgados a Milani, su propia designación o el Proyecto X de la Gendarmería. La Justicia ha protegido el manejo presidencial de las cajas negras de los servicios de inteligencia. El fallo, indirectamente, protege a los Milani y a los Gerardo Martínez, o a la conexión local del atentado de la AMIA.

Este fallo de impunidad tiene que reforzar nuestra lucha por la derogación de la “Banelco II” y de todo el edificio de la flexibilidad laboral, así como la exigencia de apertura de los archivos de todos los servicios de inteligencia y su desmantelamiento.

El disparador para abordar esta temática fue el propio Indec, que registró un alarmante 34,5% de trabajo informal, un aumento respecto de mediciones anteriores. Se trata de 4,3 millones de trabajadores no registrados. Si sumamos los 600 mil tercerizados, los trabajadores por agencias de trabajo temporario, los contratados y monotributistas que son, en realidad, asalariados disimulados -especialmente en el Estado-, más becarios, pasantes y otras modalidades “noventistas” de estos días, la mitad de la fuerza de trabajo argentina está precarizada. Ese era el número de trabajadores en negro en medio de la catástrofe devaluatoria 2002/3.

Otra faceta de esta década “negra” es el componente negro del salario, cuestión que se extiende tanto al ámbito privado como al estatal. Gran parte del sueldo de los 800 mil docentes está formado por cifras “no remunerativas” y “no bonificables”, dos variedades del negro salarial. Precisamente, los 150 mil docentes universitarios dieron un gran salto cuando conquistaron el blanqueo por medio de la gran huelga general de 2005; no obstante, no se cumplieron los compromisos de incorporación de los ad honorem y éstos siguen siendo más de 20 mil.

Esta geografía del mercado laboral argentino es la que garantiza que el 50% de la fuerza laboral gane menos de 3.800 pesos, el 40% de una canasta familiar bien medida. En resumen, la década “ganada” se basó en el fraude laboral, el trabajo en negro y la precarización, garantizando una colosal recomposición de la tasa de ganancias y explotación capitalista.

Dentro de este universo se encuentra el trabajo esclavo y la trata con ese destino, estimada en 30 mil trabajadores en la Capital y cifras muy superiores en la provincia. Pero, como se aprecia, no se trata de un rayo en cielo sereno, sino de la manifestación más extrema de la flexibilización laboral que agravó la explotación social en las últimas décadas. La exteriorización del fenómeno por parte de algunas ONG no ahorran la tarea de intervención del movimiento obrero para terminar con esta barbarie.

De cara a esta realidad, los anuncios oficiales son irrelevantes. Lanzarían brigadas de delegados de los aparatos gremiales para acompañar a los ¡400! inspectores del ministerio que controlan la registración laboral. Además, plantearán para los evasores de las leyes laborales una controvertida inscripción en el Veraz, que no aceptan ni burócratas ni empresarios.

Pero esos 400 inspectores están ellos mismos, en su mayoría, precarizados: de los 4.000 empleados del Ministerio de Trabajo, ATE denuncia que 2.700 están con contratos o monotributos, el peor de todos los fraudes laborales. Por el lado de los sindicatos es aún peor. En gremios como gráficos o metalúrgicos, los “asesores” sindicales de las secretarías gremiales hacen la vista gorda en empresas sin afiliados al sindicato, sin delegados y donde impera la ley de la estancia, trabajo negro incluido. Este es uno de los motivos que lleva a que más del 80% de las empresas no tengan delegados en el país con más tradición de organización sindical fabril de toda América.

La burocracia de los Caló, los Gerardo Martínez y los Venegas es socia estratégica del trabajo en negro y de la precarización laboral, desde que ella misma es titular de empresas tercerizadas como Unión del Mercosur de Pedraza u All Clean de Sergio Sasia, su sucesor en la Unión Ferroviaria. La burocracia es socia en el puerto de Mar del Plata, donde el 60% de los trabajadores son conchabados en falsas cooperativas.

Revertir esta década “en negro” no podrá resolverse con un proyecto de ley, puesto que el trabajo en negro ya está prohibido. Es una tarea integral de organización del movimiento obrero, unificándolo por encima de las diferencias internas agravadas en la década K, organizando a la juventud precarizada, con comités de empresa electos por los trabajadores para su blanqueo -haya o no sindicalización previa-, dando estabilidad laboral a los trabajadores en negro que denuncien su situación y sindicalizándolos al mismo tiempo.

Estas tareas se combinan con la expulsión de la burocracia sindical, factor de contención de las tendencias de lucha y organización del movimiento obrero. Sólo tres sectores -construcción, Uatre y empleo doméstico- concentran un tercio de la fuerza laboral en negro. El Sitraic, en la construcción, es una punta de lanza para revertir este flagelo. Debe establecerse la vigencia del convenio principal en cada lugar de trabajo, para terminar con la tercerización. Todo contratado debe pasar a planta. También para esta lucha es necesario un bloque del Frente de Izquierda en el Congreso.

Como la lista de Massa incluye elementos de la CGT Balcarce y de la CTA Yasky, podríamos hablar hoy no ya de cinco reagrupamientos burocráticos, sino de por lo menos siete -al menos hasta octubre. En este punto, hay que anotar sectores del moyanismo como Murúa, de plásticos, y otros de Aguas Gaseosas que se están pasando al massismo. Pero puede tratarse de un malón en un futuro próximo, teniendo en cuenta la caída libre de De Narváez -la lista que integran Moyano y sus hombres.

La desintegración del kirchnerismo agravó hasta nuevo aviso la disgregación de la burocracia sindical. En este cuadro, se han producido los llamados de Massa y los gestos hasta del propio Caló en el sentido de una unidad futura.

¿Cuáles son los motivos y qué está en juego para la clase obrera?

En primer lugar, existe una acumulación de reivindicaciones obreras insatisfechas: ganancias, destrucción de asignaciones familiares, paritarias por detrás de la inflación, confiscación de 16 mil millones a las Obras Sociales por parte del gobierno, precarización laboral y el saqueo sistemático de la Anses en perjuicio de los jubilados. Los sindicatos han sido incapaces de viabilizar las reivindicaciones más sentidas, como es el caso del impuesto a las ganancias sobre el salario.

El gobierno pierde capacidad de arbitraje para reagrupar a la burocracia, porque las medidas que toma son aspirinas para un cáncer. Es el caso de la excepción agónica del aguinaldo en ganancias, que no impedirá que una mayor cantidad de trabajadores paguen más por ese impuesto durante 2013. O el aumento a las apuradas del salario mínimo con el aval de un grupo de amigos en los sindicatos, que no cambia el descomunal trabajo en negro de casi el 40%, ni la violación del salario mínimo entre los municipales y hasta docentes, así como en todo tipo de tercerizadas. En todos estos casos, se completan básicos de miseria, con cifras no remunerativas de todo color y pelaje.

En relación con la deuda del gobierno con las obras sociales, los burócratas “compensan” el bicicleteo oficial con cuotas compulsivas a los afiliados al momento de la firma de convenios. Mientras tanto, son “comprensivos” con el déficit fiscal: es que también son beneficiarios de la montaña de subsidios a los ferrocarriles o el sistema eléctrico, en su carácter de socios de los privatizadores. La salud obrera, mientras tanto, “puede esperar”.

Por otra parte, los Gerardo Martínez, los Caló y los Moyano han sido sacudidos por igual por los fallos de la Corte que declaran la inconstitucionalidad del articulado de la ley sindical que consagra el monopolio de las personerías y de la representación colectiva de los trabajadores para la burocracia.

Massa tendrá que ofrecer un camino a esta crisis. Daer, miembro de su lista, no deja dudas sobre el “modelo” de unicato sostenido por Tomada y Rial. Por su parte, la inclusión de Alessandrini, segundo de Baradel, sólo estaría asegurando la continuidad del papel subordinado de Yasky en el actual concierto sindical.

Pero la cuestión llega más lejos. Luego de una larga lucha, la justicia obligó a Tomada a firmar la inscripción gremial del Sitraic. Es un desafío nada menos que a Gerardo Martínez, uno de los pilares de la burocracia en el sector más explotado de la clase obrera.

Por otro lado, la victoria en una docena de Suteba, en ATEN Neuquén, el 37% obtenido por un frente de izquierda en FOETRA, la próxima lista unificada para CTERA o las listas ferroviarias que competirán por los cuerpos de delegados (algo que se extiende a todo tipo de gremios industriales) plantean otra cuestión. Lo mismo que el proceso de paros y organización fabril en los grandes parques industriales como Pilar o Almirante Brown (hasta ahora zonas francas de flexibilidad laboral), el retorno a la lucha de los tercerizados ferroviarios, acaudillados por Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra, y los paros en zona norte de LEAR o FATE para detener despidos de activistas.

Es un proceso de fondo en el movimiento obrero, que escapa a todas las fracciones de la burocracia y que vuelve a colocar la lucha por su expulsión de los sindicatos. La cuestión es: unidad de la burocracia o recuperación de los sindicatos para unir a la clase obrera. La lucha por el ingreso del Frente de Izquierda al Congreso tiene, entre los principales puntos de su agenda, la derogación de la ley de Asociaciones Sindicales, la cual ata los sindicatos al Estado.