Este tipo de acuerdo tiene enormes implicancias. Se trata de la virtual suspensión de las paritarias, que son, por esencia, la libre discusión salarial entre obreros y patrones. Pero además implica cláusulas de paz social que están destinadas a impedir -y a su turno, deslegitimar, represaliar y reprimir- las luchas fabriles.

Esas luchas fabriles no se plantearán solo por salarios. Ya tenemos hoy la ocupación de fábrica de los obreros de Petinari, como tuvimos la huelga de la línea 60 y el conflicto de Cresta Roja, contra despidos y cierres. Algo que la crisis metalmecánica traduce en suspensiones hoy y se proyectaría en despidos hacia fin de año.

El tema del pacto social ha derivado en enfrentamientos internos en la CGT-Caló. Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Héctor Daer, de Sanidad, cuestionan que Antonio Caló sea el interlocutor del pacto. Ellos quieren discutir sus propias prebendas, pero además consideran que si el moyanismo está ausente, el pacto social no tendría efectividad.

Por otro lado, la CGT-Córdoba salió directamente a cuestionar el condicionamiento a las paritarias. El abogado Garzón Maceda, ligado a ese sector, ha comenzado una campaña “en defensa de las paritarias libres”. Recordemos que el gremio de la alimentación cordobés rompió el tope no escrito con una gran huelga general en 2010 e impuso un 35 %.

Los cuestionamientos a varias bandas han llevado a Caló a desmentir la participación en el pacto de la CGT oficial. Indudablemente la atomización de la burocracia sindical constituye un obstáculo al planteo. En un punto, la burocracia replica el problema del fraccionamiento político del Partido Justicialista y del conjunto de la burguesía. Esas divisiones, y la circunstancia de que el próximo Gobierno no tenga mayoría parlamentaria, obligarían a la burguesía a una suerte de Gobierno de coalición. El pacto social sería una pieza dentro de esa perspectiva política.

Sea Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa el ejecutor de un ajuste, la cuestión del pacto social estará a la orden del día para contener la reacción del movimiento obrero. Entre ellos discuten quién tiene mayor espalda para aplicarlo. Los tres mosqueteros han jurado amor eterno al modelo sindical. Hugo Moyano, consciente de este problema, planteó hace un año la necesidad de unir las fracciones sindicales peronistas en una CGT para “acompañar al nuevo Gobierno”, pero fracasó hasta el presente.

Queda muy claro, entonces, que la unificación del movimiento obrero que debaten las cúpulas sindicales es reaccionaria, porque su función sería acompañar una salida en la que la crisis capitalista y las explosivas contradicciones acumuladas se descargan sobre las masas trabajadoras.

El Frente de Izquierda tiene la función estratégica, no solo de luchar en las organizaciones obreras contra esta perspectiva, sino de plantear claramente en la campaña electoral la función de un pacto de este tipo -que por supuesto carecerá de todo mandato de bases y sería una herramienta del ajuste-, preparando políticamente al movimiento obrero para los desenlaces que se avecinan antes y después de octubre.

Es una postal que refleja que la caída de los “barones” se ha trasladado a Aníbal Fernández, hunde a Scioli y puede reproducir el escenario de 1983, esta vez con la derrota del Partido Justicialista (PJ) a manos del macrismo.

La reacción de Scioli ha sido anunciar un futuro gabinete de garantías al gran capital. Con Miguel Bein y Mario Blejer, los hombres del FMI, al lado de Alberto Pérez y Silvina Batakis, los mariscales de la provincia inundable. Con Jorge Sapag, el hombre de las petroleras en la Patagonia, con Diego Bossio, para garantizar el repago de la deuda con fondos de los jubilados, con un Daniel Filmus para seguir acompañando las leyes menemistas en educación. Con Miguel Peirano, el hombre de la ultradevaluacionista Techint que ha producido mil despidos en lo que va del año en Campana.

La Batakis, ministra de Economía bonaerense, con la que la Gran Makro -los economistas de Axel Kicillof- busca disimular a Blejer, es bien conocida por la educación bonaerense, que le quebró la rebaja nominal de salarios con una formidable huelga general.

Scioli ha prometido también un pacto social con la burocracia sindical adicta, que va de Antonio Caló a Hugo Moyano, a través de Omar Plaini. Con el golpeado Hugo Curto, que garantizó silencio ante los 1300 retiros-despidos en Peugeot en el último año y medio.

Ahora sale al interior bonaerense a tratar de recuperar un capital agrario que se alejó más ante la derrota de Julián Domínguez en la interna y hoy se levanta ante la caída de los precios internacionales. Piden igual tratamiento que las petroleras, a quienes se les garantiza el doble del precio internacional del petróleo en boca de pozo, todo, claro, subsidiado en el precio del surtidor.

El hombre de la devaluación y el ajuste “gradual” trata de sacudirse camporismo de encima, ante el silencio cómplice de Carlos Zannini y su séquito “unido y organizado”. En resumen, busca combatir al macrismo con macrismo, con sus mismas armas.

La tropa de Emilio Pérsico y Fernando Navarro, el kirchnerismo “progre”, se contentará con el ministerio de la “economía popular”, los benditos planes sociales, 3,5 millones de los cuales están en la provincia.

La escisión de Sergio Massa y Felipe Solá en el peronismo, sin dudas importante, cada día se transforma más en una colectora de María Eugenia Vidal. Massa cumple el papel de retener el voto pejotista disidente, para garantizar su carácter opositor en un ballottage. Nada nuevo si tomamos en cuenta que llegó a las PASO por el desplante de Macri, impidiendo su participación en una gran interna general.

Margarita Stolbizer cumple el mismo papel, por el lado de una centroizquierda menguada, pero de gran espacio en los medios, para capturar otro tipo de voto que impida el triunfo de Scioli en primera vuelta y luego fluya al macrismo en la segunda.

Detrás de Vidal, Fernández y Solá, está el Frente de Izquierda, reagrupando el voto de la izquierda, prefigurado ya como la cuarta fuerza política en la provincia de Buenos Aires.

No hay mediaciones entre los políticos de la derecha pejotista y macrista-radical y el la izquierda obrera y socialista. Aquella advertencia de Stolbizer -“entre Macri y Altamira no hay nada”- se ha cumplido con el derrumbe de la autora.

El campo político de desarrollo hasta octubre excede largamente el natural reagrupamiento del voto de izquierda, que ya nos ubica encima del 4 %. En la base de la descomposición del PJ y del radicalismo, en el derrumbe de la centroizquierda, hay una ancha base de crecimiento.

Esto se conseguirá con una campaña puntillosa, desnudando a los candidatos del ajuste, explotando nuestro gran papel en la crisis tucumana, nuestra militancia entre las organizaciones de inundados y los foros hídricas, en las filas de un movimiento obrero que ya sufre el ajuste y da batallas, aunque aisladas por la burocracia sindical, como lo hace ahora mismo Petinari ocupada por sus trabajadores, con la docencia que vuelve al paro con los Suteba combativos.

Nuestra campaña preparatoria de la clase obrera para enfrentar la ofensiva de Scioli y Macri tendrá un papel decisivo en las futuras luchas, hoy conquistando el voto y los lugares parlamentarios que nos den un gran protagonismo en la etapa que se avecina.

A pesar del lógico ruido en la prensa por el reclamo opositor por el juicio político a Boudou, la sesión formó parte de un indisimulado acuerdo de “unidad nacional”. Un pacto con la “opo” para mostrar un Congreso armónico, que no sólo obvió que con los buitres se negocia a sus espaldas, sino que aprobó al final un texto que “reivindica la importancia del adecuado cumplimiento de la deuda reestructurada en los canjes de 2005 y 2010” con los únicos tres votos en contra del Frente de Izquierda (la Unidad Popular de Lozano y De Gennaro se retiró del recinto a esa altura).

La ley elegida para el debate de caballeros en sesión ordinaria fue otra rebaja de impuestos a favor del empresariado gráfico mediante una reducción del IVA en diarios, revistas y publicaciones.

Lo que no pudo evitar el Gobierno fue la media hora reglamentaria de “preferencias”, donde se metió de lleno el pedido de reunión de la Comisión de Juicio Político para iniciar el trámite contra Boudou, un costo asumido que a la postre sería abortado mediante la mayoría K en la reunión del día siguiente.

El Frente de Izquierda votó a favor, por supuesto, reclamando que Boudou se vaya para dejar de usar el poder del Estado en su propio encubrimiento. Pero no suscribimos texto alguno con una oposición que formó parte de la corrupción de todos los regímenes anteriores al kirchnerismo y una parte de la cual votó la estatización encubridora de Ciccone. Esa preferencia obtuvo 98 votos. Pero de inmediato colocamos nuestra propia preferencia, luego de horas de batalla política en labor parlamentaria: la ley de prohibición de despidos y suspensiones que plantea el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la apertura de libros de toda empresa que cierre, suspenda o despida.

En la defensa política de la iniciativa marcamos los conflictos de Lear y Donnelley, los cierres de frigoríficos con 14 mil puestos de trabajo perdidos y los más de 100 mil despidos en la construcción. Denunciamos la agenda económica oficial que negocia con los buitres a espaldas del Congreso y del pueblo, cuyo pago llevará a nuevas devaluaciones, tarifazos, impuestazos y más ajuste. Colocamos los despidos como una consecuencia de esta política, propusimos que el Congreso trate la deuda, la eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios y una ley de inmediato para frenar la ola de cesantías.

El kirchnerismo boicoteó cuatro sesiones especiales motorizadas por la oposición en torno a Ganancias sobre los salarios, las dos últimas de ellas con temario ampliado por nosotros a despidos y suspensiones. Aprovechando la crisis política, esta vez los obligamos a votar la preferencia para nuestro proyecto cuando arrecia una crisis industrial que lleva 10 meses de caída de la actividad y se agravan los despidos y suspensiones: contra los 100 votos a favor de nuestra preferencia, hubo 126 vergonzosos votos para que se siga descargando la crisis capitalista sobre las espaldas obreras.

Los obreros de Lear, de Weatherford, de Patty, de Racid, las automotrices o de Donnelley, de Emfer o Valeo tuvieron voz en el Congreso. Dimos una nueva batalla parlamentaria contra la unidad nacional a favor del pago de la deuda externa y por la agenda de la clase obrera: que la crisis la paguen los capitalistas.

Nuestra acción parlamentaria, que en la sesión inaugural debutó cuestionando la dirección política de toda una década, estará marcada por la intervención en la crisis política, social y económica. No será el mero resultado de refutar las iniciativas de la burguesía (Código Civil, impuestazos, etcétera) como tampoco se limitará a esperar los proyectos que surjan de las demandas obreras y populares. Propondremos una agenda por una salida obrera a la crisis. La conexión del trabajo parlamentario con la lucha de clases es la viga maestra de toda la acción que nos proponemos, puesto que no existe la conquista social al margen del sujeto que la obtiene. Desde allí, combatiremos cualquier idea o acción que fragmente las conquistas legislativas del Frente de Izquierda.

Por ejemplo, tendremos que colocar la cuestión de los $ 8000 de salario mínimo vital y móvil que la movilización en Plaza de Mayo puso en la calle, como reivindicación de punta en una intervención del movimiento obrero hacia las paritarias y hacia las jubilaciones (reclamando un haber mínimo del 82% de ese salario). Con estas iniciativas, se enlazan los proyectos ya adelantados en la campaña electoral: abolición de ganancias -que cobra renovada vigencia con la inflación galopante- y el 82% móvil. Desde este lugar orientaremos el trabajo de todos los bloques en las legislaturas y los concejos deliberantes.

Nuestros primeros proyectos de resolución han sido por la absolución de los condenados de Las Heras y por la destitución de Milani. Se trata de todo un ataque contra el el andamiaje represivo construido por el gobierno. En esa línea, plantearemos en las provincias la derogación de los Códigos de Faltas que forman parte de la ofensiva contra los jóvenes y contra la movilización popular.

La cuestión del aborto legal como parte de una campaña política de cara al 8 de marzo, coincidirá con el tratamiento de la reforma reaccionaria del Código Civil, y será motivo de una importante movilización política. Mediante iniciativas de agitación y deliberación en el seno del movimiento obrero, denunciaremos también el cercenamiento de derechos laborales y civiles por parte del nuevo Código K.

La deuda externa es un punto de agitación política parlamentaria fundamental. Por el Congreso pasó, con la friolera de 192 votos en Diputados, la ley de reapertura del tercer canje de deuda. Otra cuestión de la agenda política se concentra en la crisis de las privatizaciones. El proyecto de Ramal en la legislatura porteña, epicentro de la crisis energética y de los reclamos populares por los cortes de luz, ha marcado nuestro debut en la Ciudad, cuando todo el esquema de las privatizaciones se viene abajo. En resumen las bancas estarán ligadas a la lucha de clases, a la ampliación del campo político de lucha del Frente de Izquierda, y a la preparación de los explotados como alternativa de poder político.

El salario igual a la canasta familiar -defendido por el Frente de Izquierda en la campaña electoral- será cobrado por las fuerzas represivas. El ajuste que el gobierno y los capitalistas traman contra el pueblo, con paritarias del 20 %, cuando la inflación ya supera el 30, sufrió un golpe demoledor.

La crisis no puede ser mayor, porque para contener a los uniformados, el mismo gobierno que los reforzó y sostuvo durante toda una década, junto a todos los gobernadores, otorgaron aumentos salariales que oscilaron entre el 50 y el 100 % Es el mismo temor que embargó a los opositores tradicionales, tan dependientes de las patronales como el oficialismo. Por eso, de emergencia, formaron una Santa Alianza en el Congreso contra la generalización de la lucha salarial y firmaron el “acta democrática” de respaldo al gobierno K responsable de la crisis y que ahora ajusta a las masas para que carguen con la bancarrota. En ese alineamiento, se sumaron desde el macrismo hasta la centroizquierda. Es indudable, además, que toda la situación puso de relieve la vergonzosa parálisis de la CGT en cualquiera de sus variantes. Las familias obreras tienen que afrontar el mismo supermercado que las familias de los policías.

Ahora Cristina Fernandez de Kirchner y los gobernadores, que pactaron con los amotinados, los denuncian de “desestabilizadores”. Es una cortina de humo. Ante el temor a que se generalice una lucha salarial, el gobierno que reforzó a los efectivos y presupuestos de las policías de la represión, el gatillo fácil y la alianza con el delito organizado, necesita a los uniformados para enfrentar los reclamos populares. Los trabajadores no podemos esperar. Más de la mitad cobran salarios menores a 4.000 pesos y el 40 % está en negro. Eso ya se evidencia en sectores del movimiento obrero. La crisis ha detonado una reacción obrera: en Neuquén, en Catamarca, en Chaco, en Córdoba, en la estratégica provincia de Buenos Aires, por mencionar sólo algunos casos. Los estatales, enfermeros y maestros han salido a las calles.

Reclaman, como lo hizo el FIT en su campaña electoral, la canasta familiar. A partir de este claro planteo, es necesario que los trabajadores debatamos un programa y una lucha.

Es hora de que el movimiento obrero intervenga. Las asambleas fabriles y de lugares de trabajo tienen que cimentar la intervención de las organizaciones obreras en la crisis mediante un programa: 8.000 de salario mínimo vital y móvil, mínimos de convenio equivalentes a la canasta familiar, doble aguinaldo para activos y jubilados, reapertura de paritarias, indexación de salarios, ningún despido ni suspensión, reparto de horas disponibles sin afectar salarios en las ramas afectadas por caída de producción.

Es justamente detrás de esta perspectiva, que coloque en el centro de la crisis a los trabajadores y su planteo de salida que la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero y la Central de Trabajadores Argentinos convocamos a una gran marcha obrera el 19 de diciembre, a las 16 horas, de Congreso a Plaza de Mayo, para dar una salida obrera a la crisis que los trabajadores y el pueblo no han generado.

La Asociación de Abogados Laboralistas denuncia que se crean una serie de “asociaciones de empresas donde se disminuye notoriamente la responsabilidad de sus integrantes, invitando una vez más al fraude laboral”. Por ejemplo, la reforma contempla el contrato de agencia, que puede sustituir al viajante de comercio que tiene relación de dependencia, transformándolo en un trabajador falsamente independiente. Se trata de todo un avance en la legalización de los “monotributos”, mediante los cuales se disimula la relación laboral.

Horacio Schick denuncia que el proyecto “deslinda toda responsabilidad solidaria entre el franquiciante y el franquiciado, y lo admite sólo en caso de fraude laboral”, volteando así “el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no exige fraude laboral para hacer responsable al contratante principal frente a los incumplimientos del subcontratante, desconociendo la conocida precariedad e insolvencia de los franquiciados”. Agreguemos que, en muchos casos, son testaferros de las empresas principales, justamente contratados para desconocer convenios laborales superiores y todas las demás garantías laborales.

En este punto, el nuevo Código Civil es un impulso a la tercerización con su secuela de superexplotación laboral. Así, se retrocede respecto de numerosos fallos que sentaron jurisprudencia, incluso por parte de la Corte Suprema, respecto de la responsabilidad de la empresa principal.

El nuevo Código Civil es un golpe anticipado a una de las luchas más sentidas de los trabajadores, colocada en la agenda nacional por la lucha de los tercerizados ferroviarios y el crimen de Mariano Ferreyra. La batalla de la clase obrera y del Frente de Izquierda en el Congreso será no tan sólo la corresponsabilidad de la principal, sino la vigencia del convenio principal en todas las actividades, lo que voltearía el edificio de la tercerización. El nuevo Código Civil es una avanzada del gran capital viabilizada por el gobierno kirchnerista y todas las fuerzas políticas que lo apoyan o que ignoran estos artículos estratégicos.

Los laboralistas denuncian también que el proyecto degrada los derechos de los empleados estatales, porque “exime al Estado y a todos sus funcionarios de toda responsabilidad civil, tanto directa como subsidiaria”. El Estado se blinda no sólo ante víctimas como los familiares de Once, sino ante sus propios empleados, mediante el proyecto de ley complementario de la reforma, la ya bien llamada “ley de des-responsabilidad del Estado”.

Por último, señalemos que Horacio Schik -uno de los mayores especialistas en accidentes de trabajo- denuncia que el nuevo Código Civil golpea los derechos en accidentes en tránsito y laborales, porque establece una fórmula de cálculo referida sólo a la dismunición de capacidad productiva y no de manera integral por el conjunto del daño civil. Es decir que, cuando les conviene, los capitalistas igualan los derechos laborales a los civiles, y cuando les conviene lo contrario, restringen el derecho civil de un trabajador.

La conclusión de la Asociación de Abogados Laboralistas es que la reforma “precariza las condiciones laborales”. Rechacemos con todo esta reforma reaccionaria del Código Civil, de carácter clerical, antiobrera y de degradación de los derechos frente al Estado.

En la “madre de las batallas” se produjo la mayor derrota del kirchnerismo. En Buenos Aires, el gobierno perdió un millón cuatrocientos mil votos, en medio de un cisma en el PJ bonaerense. Massa ganó en 74 de los 135 distritos e hizo elecciones importantes en muchos de los que quedaron del lado oficial. Con sólo una veintena de intendentes alineados con él, le ganó a Cristina y a Scioli en cincuenta municipios más, los que estaban alineados con la Rosada y la billetera de De Vido.

Desde luego, Massa apiló intendentes “llave en mano” sin ninguna diferenciación política, con el solo agregado de los del macrismo. Otras presencias, como De Mendiguren, Daer o Solá, tampoco. Y, desde luego, los hombres que integraron sus listas como opositores a los intendentes oficiales fueron los heridos y despechados de las viejas listas. Por ejemplo en Merlo, cuatro listas disputaron la primaria distrital de Massa, todas provenientes de algún momento de la gestión de Othacehé, aunque ganó el rompimiento más antiguo y alejado.

Pero la quiebra del aparato pejotista no será indolora ni gratis. Perdieron los delfines de Mario Ishii, patrón de José C. Paz; de Mariano West, jefe de Moreno desde los tiempos de Menem; de Descalzo en Ituzaingó; de Hugo Curto en Tres de Febrero (quien es el actual Quindimil de la maquinaria pejotista). El fascistoide Othacehé ganó, pero por un punto.

Estos resultados cuestionan un método de gobierno en varios de esos municipios, basados en la patota y el terror sobre la oposición -como en el caso de Merlo-. Tres de Febrero no es demasiado distinto -las patotas dominan desde la Untref hasta Peugeot- y en José C. Paz, el distrito más pobre del país, en el que no hay manzana sin una unidad básica que controle el “rebaño” mediante la red asistencial.

La “pluralidad” impuesta por la quiebra del aparato justicialista en esta elección augura una guerra política, que estará lejos del aterrizaje suave que pretende la burguesía a través del post-kirchnerismo de Massa. Por un lado, los intendentes -y Scioli- tienen que gobernar dos años más dependiendo de la billetera de la Rosada. Por otro lado, si la previsible diáspora se precipita este año, Cristina podría tener un destino de helicóptero como De la Rúa.

Esta crisis política del PJ tiene otros protagonistas. Es el caso del denarvaísmo, en pleno derrumbe, dudando si seguir en un comicio que lo podría colocar compitiendo por el cuarto puesto con el Frente de Izquierda. En esa lista está nada menos que el moyanismo, que hasta el año pasado se presentaba como el gran elector del pejotismo bonaerense y de la oposición en el país. Moyano ha quedado debilitado por el derrumbe de De Narváez y por la escisión de Venegas. A éste último le fue peor todavía: sólo pasó las primarias por la buena elección en Necochea -donde es patrón político- y por el dinero descomunal que dilapidó de la caja de los obreros rurales. La burocracia sindical opositora tuvo un mal domingo en la provincia.

La guerra pejotista tiene visos de agravarse. Scioli ha quedado herido al cargarse la campaña al hombro. Si Massa estira la diferencia a diez puntos, el gobernador pasa de la sucesión presidencial a la casa, porque no tiene reelección posible.

Un párrafo aparte lo merece el derrumbe del sabbatellismo. Perdió Morón luego de levantar, vergonzosamente, la lista de Merlo para negociar la integración de su esposa en la primera sección junto a Mario Ishii. Es la muerte de una experiencia de cuño estalinista que pretendió “oxigenar la política” haciendo kirchnerismo sin PJ: se disolvió en el PJ.

La provincia, en tanto, tiene que llegar a fin de año a fuerza de refinanciación y endeudamiento para gastos corrientes. La emergencia hospitalaria se agravará, las obras hídricas dependen de préstamos o fondos de nación que no llegan y no están. Las demandas obreras pueden agravarse: por lo pronto, está en huelga la propia contaduría de la provincia.

La batalla electoral de octubre nos plantea intervenir en esta grieta para promover que la ruptura política de sectores de los trabajadores y la juventud bonaerense salte el obstáculo de una lista massista, la cual podrá ampliar su victoria contra el kirchnerismo, pero de ninguna manera ofrecerle una salida a las masas.

Como la lista de Massa incluye elementos de la CGT Balcarce y de la CTA Yasky, podríamos hablar hoy no ya de cinco reagrupamientos burocráticos, sino de por lo menos siete -al menos hasta octubre. En este punto, hay que anotar sectores del moyanismo como Murúa, de plásticos, y otros de Aguas Gaseosas que se están pasando al massismo. Pero puede tratarse de un malón en un futuro próximo, teniendo en cuenta la caída libre de De Narváez -la lista que integran Moyano y sus hombres.

La desintegración del kirchnerismo agravó hasta nuevo aviso la disgregación de la burocracia sindical. En este cuadro, se han producido los llamados de Massa y los gestos hasta del propio Caló en el sentido de una unidad futura.

¿Cuáles son los motivos y qué está en juego para la clase obrera?

En primer lugar, existe una acumulación de reivindicaciones obreras insatisfechas: ganancias, destrucción de asignaciones familiares, paritarias por detrás de la inflación, confiscación de 16 mil millones a las Obras Sociales por parte del gobierno, precarización laboral y el saqueo sistemático de la Anses en perjuicio de los jubilados. Los sindicatos han sido incapaces de viabilizar las reivindicaciones más sentidas, como es el caso del impuesto a las ganancias sobre el salario.

El gobierno pierde capacidad de arbitraje para reagrupar a la burocracia, porque las medidas que toma son aspirinas para un cáncer. Es el caso de la excepción agónica del aguinaldo en ganancias, que no impedirá que una mayor cantidad de trabajadores paguen más por ese impuesto durante 2013. O el aumento a las apuradas del salario mínimo con el aval de un grupo de amigos en los sindicatos, que no cambia el descomunal trabajo en negro de casi el 40%, ni la violación del salario mínimo entre los municipales y hasta docentes, así como en todo tipo de tercerizadas. En todos estos casos, se completan básicos de miseria, con cifras no remunerativas de todo color y pelaje.

En relación con la deuda del gobierno con las obras sociales, los burócratas “compensan” el bicicleteo oficial con cuotas compulsivas a los afiliados al momento de la firma de convenios. Mientras tanto, son “comprensivos” con el déficit fiscal: es que también son beneficiarios de la montaña de subsidios a los ferrocarriles o el sistema eléctrico, en su carácter de socios de los privatizadores. La salud obrera, mientras tanto, “puede esperar”.

Por otra parte, los Gerardo Martínez, los Caló y los Moyano han sido sacudidos por igual por los fallos de la Corte que declaran la inconstitucionalidad del articulado de la ley sindical que consagra el monopolio de las personerías y de la representación colectiva de los trabajadores para la burocracia.

Massa tendrá que ofrecer un camino a esta crisis. Daer, miembro de su lista, no deja dudas sobre el “modelo” de unicato sostenido por Tomada y Rial. Por su parte, la inclusión de Alessandrini, segundo de Baradel, sólo estaría asegurando la continuidad del papel subordinado de Yasky en el actual concierto sindical.

Pero la cuestión llega más lejos. Luego de una larga lucha, la justicia obligó a Tomada a firmar la inscripción gremial del Sitraic. Es un desafío nada menos que a Gerardo Martínez, uno de los pilares de la burocracia en el sector más explotado de la clase obrera.

Por otro lado, la victoria en una docena de Suteba, en ATEN Neuquén, el 37% obtenido por un frente de izquierda en FOETRA, la próxima lista unificada para CTERA o las listas ferroviarias que competirán por los cuerpos de delegados (algo que se extiende a todo tipo de gremios industriales) plantean otra cuestión. Lo mismo que el proceso de paros y organización fabril en los grandes parques industriales como Pilar o Almirante Brown (hasta ahora zonas francas de flexibilidad laboral), el retorno a la lucha de los tercerizados ferroviarios, acaudillados por Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra, y los paros en zona norte de LEAR o FATE para detener despidos de activistas.

Es un proceso de fondo en el movimiento obrero, que escapa a todas las fracciones de la burocracia y que vuelve a colocar la lucha por su expulsión de los sindicatos. La cuestión es: unidad de la burocracia o recuperación de los sindicatos para unir a la clase obrera. La lucha por el ingreso del Frente de Izquierda al Congreso tiene, entre los principales puntos de su agenda, la derogación de la ley de Asociaciones Sindicales, la cual ata los sindicatos al Estado.

Ante todo digamos que la burocracia sindical tiene una enorme responsabilidad. Las centrales obreras no han organizado una lucha decidida que habría contado con el favor de todos los trabajadores, más aún si se asociara al reclamo de la recuperación de las asignaciones familiares, otra confiscación kirchnerista. Esas reivindicaciones fueron el impulso del paro del 20 de noviembre pasado. Pero toda la burocracia, y en particular Moyano, se dedicaron a trenzar con el PJ, oficial o disidente, y abandonó esta lucha.

Nosotros, con el Sutna San Fernando y el clasismo, nos movilizamos a fines de mayo al Ministerio contra el impuesto al salario, mientras reclamábamos un plan de lucha de la CGT. Aluar ha parado, logrando que la patronal absorba parte del impuesto. Ahora, pararon los portuarios por su anulación. En ese contexto, el paro camionero, aislado, fue una maniobra para disimular la responsabilidad de Moyano. La burocracia ha impedido que el movimiento obrero termine con este impuesto mediante la acción directa.

En este contexto, Massa, rodeado de la burocracia sindical que lo acompaña, Roberti, Graciela Camaño de Barrionuevo y Héctor Daer, lanzó su proyecto para subir parcialmente las escalas del mínimo no imponible. Al lado de Massa y los burócratas estuvo en la presentación De Mendiguren, quien oportunamente, como jefe de la Unión Industrial, saludó la ínfima actualización anual 2013 del 16,7% por parte de Cristina. El proyecto de Massa mantiene el criterio del impuesto a las ganancias sobre los salarios y apenas actualiza los montos no imponibles a $10.700 para un soltero y 15.000 para la familia tipo. Estamos hablando de importes en bruto –o sea netos de 8.560 y 12000, deducidas las cargas sociales- que irán quedando desactualizados al ritmo de la inflación y la entrada en vigencia de nuevas cuotas paritarias.

En el caso del kirchnerismo, Recalde habla de un nuevo impuesto “a los ingresos”, borrando la frontera entre ganancias y salario y legitimando, por lo tanto, que se grave a este último.

De Guatemala a Guatepeor.

Hay otros proyectos. Pero todos, y particularmente Massa, han atado cualquier modificación a tener una “compensación para el fisco” en algún otro impuesto. De este modo, se asocian a los fines del impuesto al salario que apunta a cubrir el déficit que genera el pago de la usuraria deuda pública o los subsidios a las privatizadas. Por eso, condicionan una atenuación del impuesto al salario a la sanción de un impuesto a la renta financiera. Como éste llevará un largo debate, se trata de una excusa para darle largas al asunto, y preservar la confiscación impositiva sobre el salario. Nuestro planteo, en cambio, es la anulación del impuesto al salario sin condiciones, como primer paso de una reorganización impositiva integral y de un replanteo general sobre el carácter y las prioridades del presupuesto público.

Nuestro proyecto

Nosotros planteamos la abolición del impuesto a los salarios a partir de dos premisas. Primero, que los salarios y jubilaciones estén excluidos, incluso aquellos que resultan de la carrera escalafonaria en la administración pública, de la carrera docente o del convenio bancario. También la exclusión de las llamadas “locaciones de servicio” que encubren relación laboral. De manera que todo gravamen a los ingresos quedaría reservado a gerentes y ejecutivos que puedan estar encubriendo ganancias empresariales. En segundo lugar, y aun con la consideración anterior, el mínimo no imponible para un soltero sea equivalente a tres canastas familiares, hoy como mínimo en $8000. O sea, un mínimo no imponible de $24000, actualizable con el costo de vida, bajo control de organizaciones obreras y populares.En tercer lugar, planteamos que las presentaciones y/o pagos que el trabajador le corresponda hacer a la AFIP u a otro organismo del Estado, serán efectuados en forma directa por el titular. Las patronales cesan de actuar como agentes de retención y se las aparta del manejo de los aportes y obligaciones que por cualquier concepto le correspondan hacer al trabajador. Ha pasado a ser moneda corriente que los fondos que se descuentan al trabajador terminan siendo usados para otros fines, poniendo en riesgo el acceso y el uso de la obra social y su jubilación futura.

Estamos en contra de todo impuesto a los trabajadores para financiar al Estado capitalista. La abolición del impuesto al salario es parte de una lucha de conjunto contra los impuestos al consumo como el IVA y otros indirectos que van a los precios y se llevan hoy, al cabo de la década kirchnerista, un 40% del salario. Estamos en favor de un sistema impositivo que grave al capital financiero, agrario, comercial e industrial, de manera progresiva, lo mismo que a las grandes fortunas y a la especulación financiera e inmobiliaria.

Votar por la abolición del impuesto al salario es votar por el Frente de Izquierda.

Massa se declara de “origen” peronista y plantea una campaña “desideologizada, en función de la gestión y las demandas de la gente”. Busca vender la imagen de “político moderno y transversal” que le sopla su asesor peruano (Sergio Bendixen), una réplica del macrismo. Más allá del “franciscano” Giustozzi, el reagrupamiento de intendentes de Massa ha sido de derechistas consumados. Pablo Bruera, que integraba ese núcleo inicial, fue guardado bajo la alfombra luego de las inundaciones que dejaron 70 víctimas fatales. Ahora, como cadáver político, sólo encontró lugar en el kirchnerismo.

La naturaleza social de la “gestión” de Massa es la de un municipio enfocado en la especulación inmobiliaria: el 75% de la población no tiene los cuatro servicios públicos esenciales. Sus cámaras de seguridad han servido sólo a la demagogia que caracteriza a toda la oferta de derecha en la materia.

Alrededor de Massa hay un vasto operativo de la burguesía en torno de una sucesión pactada con el kirchnerismo. La inclusión del devaluacionista De Mendiguren expresa el giro de un sector de la burguesía industrial, junto al capital agrario y el financiero, interesados en la vuelta de Argentina al mercado de deuda. Semejante perfil lo completa la inclusión de Héctor Daer, el hombre de los “gordos” en la mesa de la CGT Balcarce.

Lo que merece un párrafo aparte es la presencia del Fabián “Mocho” Alessandrini, adjunto de Roberto Baradel en la CTA provincia, miembro de los disidentes de ATE, quien habría sido habilitado para integrar la lista massista por el propio Baradel. Después de las victorias de la izquierda en el Suteba, el kirchnerismo pierde por derecha y por izquierda.

La desintegración del peronismo

El massismo es un producto de la desintegración del kirchnerismo y, a su turno, de una nueva etapa en la crisis del peronismo. Si el peronismo se caracteriza por “tener a un conductor”, la pérdida de autoridad de Cristina para contener a los suyos hizo explotar al peronismo en cinco listas en Buenos Aires, el corazón de su dominación política: el FpV, Massa, De Narváez, Eduardo Amadeo (Rodríguez Saá) y Momo Venegas.

De la “columna vertebral del movimiento” que constituía la CGT, queda sólo el recuerdo. El panorama de disgregación de la burocracia sindical es más agudo aún que su fractura en cinco centrales. Ocurre que también se está rompiendo la CGT Balcarce: a Moyano se le fue Bancarios, Venegas se presentó con una lista rival de Plaini -quien va con De Narváez- y la integración de Alessandrini a Massa agravó la división de la CTA oficialista. Otro pilar histórico de la burocracia, José Pedraza, está preso como resultado de una lucha que lideró la izquierda revolucionaria.

La disgregación de la burocracia sindical es un episodio fundamental en la descomposición del peronismo, que presentó siempre ante la burguesía su capacidad de contención de la clase obrera a partir de los sindicatos. En este escenario, el cristinismo le ha entregado el 90% de las listas bonaerenses a los intendentes del PJ, los Othacehé, los Curto y los Espinoza, para evitar una fuga todavía mayor hacia Massa o De Narváez. Pero esos punteros mañana se irán con ellos o con Scioli, el caballo del Troya de los K, y el cristinismo se quedará a la intemperie. El matancero Espinoza dice que ganará el 90% de los votos en su distrito. O sea que cuenta como propios los de Massa, mediante un corte de boleta autorizado por abajo.

En otro orden, Sabbatella ha entrado en zona de disolución política, levantando su lista de Merlo a cambio de insertar a su mujer en las listas provinciales, entre los candidatos de Othacehé e Ishii. El Partido Obrero de Merlo ha iniciado una campaña para que todo el progresismo del distrito se exprese en el voto al Frente de Izquierda.

A partir de esta desintegración del kirchnerismo y sus agentes sindicales, el campo para la lucha política del Partido Obrero y del Frente de Izquierda es bien amplio. Las tendencias de lucha de Brasil están presentes en la clase obrera y la juventud argentina. Démosle expresión política en la campaña de las primarias, para consagrar un bloque de la izquierda revolucionaria en octubre.