La prensa ha puesto su eje en la “impunidad”, pero ni siquiera desde este estrecho punto de vista se llega hasta el final. Omiten que la redacción de la ley Banelco salió de las oficinas de Techint. Javier Tizado, personero de Paolo Rocca, nombrado secretario de Industria por el gobierno de la Alianza, fue el redactor de una reforma laboral que legalizó los preciados convenios por empresa. La Nación llegó a publicar que “los fondos de los sobornos habrían salido de una importante empresa”.

Sin duda, la impunidad para De la Rúa, tanto por los 33 muertos del 19 y 20 de diciembre como en este caso, están en la línea de la impunidad que se aseguró Menem en la causa del contrabando de armas. Y la que se trama en favor de los Kirchner. Lo que se defiende es la continuidad de un régimen social y político, donde la corrupción sólo remunera la defensa de los intereses estratégicos de la clase capitalista. Esa clase, que no va al banquillo, como no lo fue con la dictadura, protege desde luego a su “personal” político.

Con las absoluciones, al mismo tiempo ha sido indultado el contenido de la ley Banelco por parte de un régimen y una Justicia que fueron socios en los 90 de la flexibilidad laboral y que la preservaron bajo la década “ganada”. En 2004, cuando estalla el caso por las confesiones del arrepentido, en un trámite sumario y con apoyo de la burocracia sindical y de la centroizquierda (CTA), el kirchnerismo aprobó la llamada “Banelco II”.

La actual ley laboral -que Lozano llamó “ley fundante” en tiempos de su idilio con el kirchnerismo- es una réplica de la “Banelco” y sostuvo en estos nueve años al 40% de la población laboral argentina bajo condiciones laborales precarias. La “Banelco II” habilitó la continuidad de los convenios a la baja, sean por empresa o por gremios, que perforan los pisos históricos de la ley de contrato de trabajo. Habilita los “convenios Pyme” con cláusulas laborales inferiores, con un piso de trabajadores que Kirchner elevó hasta un número de 80. Pero en el actual convenio plástico, habilitado por Tomada, esa cifra es llevada hasta 300 trabajadores.

La “Banelco II” redujo las indemnizaciones que tenían por piso dos meses de sueldo. Permite el trabajo por agencia, de enorme difusión en la industria. Mantiene los nefastos recursos de crisis por los cuales se abaratan los despidos y se suspenden los convenios, y mantiene la no vigencia del convenio en las convocatorias de acreedores. Si bien derogó variedades menemistas de contratación precaria, habilitó las pasantías y el tiempo de “aprendizaje”, novedosas formas de violar los convenios y la estabilidad laboral. El propio Estado, bajo esta ley laboral, practica las “becas” y el monotributo, modalidades de fraude laboral “siglo XXI”.

El kirchnerismo, por lo tanto, sólo emprolijó la ley Banelco, una legislación estratégica de la burguesía nacional. Otro tanto ocurre con el papel de la ex SIDE y de sus fondos reservados en las coimas. El kirchnerismo ha multiplicado esos fondos, así como el papel político de los organismos de inteligencia. Basta ver los 1.356 millones otorgados a Milani, su propia designación o el Proyecto X de la Gendarmería. La Justicia ha protegido el manejo presidencial de las cajas negras de los servicios de inteligencia. El fallo, indirectamente, protege a los Milani y a los Gerardo Martínez, o a la conexión local del atentado de la AMIA.

Este fallo de impunidad tiene que reforzar nuestra lucha por la derogación de la “Banelco II” y de todo el edificio de la flexibilidad laboral, así como la exigencia de apertura de los archivos de todos los servicios de inteligencia y su desmantelamiento.

En la “madre de las batallas” se produjo la mayor derrota del kirchnerismo. En Buenos Aires, el gobierno perdió un millón cuatrocientos mil votos, en medio de un cisma en el PJ bonaerense. Massa ganó en 74 de los 135 distritos e hizo elecciones importantes en muchos de los que quedaron del lado oficial. Con sólo una veintena de intendentes alineados con él, le ganó a Cristina y a Scioli en cincuenta municipios más, los que estaban alineados con la Rosada y la billetera de De Vido.

Desde luego, Massa apiló intendentes “llave en mano” sin ninguna diferenciación política, con el solo agregado de los del macrismo. Otras presencias, como De Mendiguren, Daer o Solá, tampoco. Y, desde luego, los hombres que integraron sus listas como opositores a los intendentes oficiales fueron los heridos y despechados de las viejas listas. Por ejemplo en Merlo, cuatro listas disputaron la primaria distrital de Massa, todas provenientes de algún momento de la gestión de Othacehé, aunque ganó el rompimiento más antiguo y alejado.

Pero la quiebra del aparato pejotista no será indolora ni gratis. Perdieron los delfines de Mario Ishii, patrón de José C. Paz; de Mariano West, jefe de Moreno desde los tiempos de Menem; de Descalzo en Ituzaingó; de Hugo Curto en Tres de Febrero (quien es el actual Quindimil de la maquinaria pejotista). El fascistoide Othacehé ganó, pero por un punto.

Estos resultados cuestionan un método de gobierno en varios de esos municipios, basados en la patota y el terror sobre la oposición -como en el caso de Merlo-. Tres de Febrero no es demasiado distinto -las patotas dominan desde la Untref hasta Peugeot- y en José C. Paz, el distrito más pobre del país, en el que no hay manzana sin una unidad básica que controle el “rebaño” mediante la red asistencial.

La “pluralidad” impuesta por la quiebra del aparato justicialista en esta elección augura una guerra política, que estará lejos del aterrizaje suave que pretende la burguesía a través del post-kirchnerismo de Massa. Por un lado, los intendentes -y Scioli- tienen que gobernar dos años más dependiendo de la billetera de la Rosada. Por otro lado, si la previsible diáspora se precipita este año, Cristina podría tener un destino de helicóptero como De la Rúa.

Esta crisis política del PJ tiene otros protagonistas. Es el caso del denarvaísmo, en pleno derrumbe, dudando si seguir en un comicio que lo podría colocar compitiendo por el cuarto puesto con el Frente de Izquierda. En esa lista está nada menos que el moyanismo, que hasta el año pasado se presentaba como el gran elector del pejotismo bonaerense y de la oposición en el país. Moyano ha quedado debilitado por el derrumbe de De Narváez y por la escisión de Venegas. A éste último le fue peor todavía: sólo pasó las primarias por la buena elección en Necochea -donde es patrón político- y por el dinero descomunal que dilapidó de la caja de los obreros rurales. La burocracia sindical opositora tuvo un mal domingo en la provincia.

La guerra pejotista tiene visos de agravarse. Scioli ha quedado herido al cargarse la campaña al hombro. Si Massa estira la diferencia a diez puntos, el gobernador pasa de la sucesión presidencial a la casa, porque no tiene reelección posible.

Un párrafo aparte lo merece el derrumbe del sabbatellismo. Perdió Morón luego de levantar, vergonzosamente, la lista de Merlo para negociar la integración de su esposa en la primera sección junto a Mario Ishii. Es la muerte de una experiencia de cuño estalinista que pretendió “oxigenar la política” haciendo kirchnerismo sin PJ: se disolvió en el PJ.

La provincia, en tanto, tiene que llegar a fin de año a fuerza de refinanciación y endeudamiento para gastos corrientes. La emergencia hospitalaria se agravará, las obras hídricas dependen de préstamos o fondos de nación que no llegan y no están. Las demandas obreras pueden agravarse: por lo pronto, está en huelga la propia contaduría de la provincia.

La batalla electoral de octubre nos plantea intervenir en esta grieta para promover que la ruptura política de sectores de los trabajadores y la juventud bonaerense salte el obstáculo de una lista massista, la cual podrá ampliar su victoria contra el kirchnerismo, pero de ninguna manera ofrecerle una salida a las masas.