Los oficialistas advierten un gobierno en demolición y algunos de sus alfiles se pasaron de bando; como Fernández de UTA, y Maturano de La Fraternidad. Caló forzó una reunión con Cristina para evitar más desbande. Yasky salió con un proyecto de ley sindical para cotizar su subordinación.

El moyanismo se muestra políticamente activo, pero no en movilizar a la clase obrera. Su eje es enhebrar acuerdos con la burguesía opositora, en torno a sus reclamos de “un plan integral”, “que restituya la confianza”, lo que lo puso en alianza con el golpista redomado Barrionuevo, y en una escenificación con Macri. Nada de esto tiene que ver con el salario, responde al santo y seña de llevar la política de devaluación y ajuste hasta el final.

Con el poder adquisitivo del salario en caída libre, toda idea de concertación, a lo que apunta la UIA y en la que machaca Binner, servirá a la línea del Rodrigazo: una brutal transferencia de ingresos mediante aumentos a la mitad de la inflación. Ese fue el sentido estratégico del “aumento” del 11,3% a jubilados con el que Cristina pretende retomar la iniciativa, por derecha, con un ataque en regla a las masas.

En resumen, todas las alas de la burocracia sindical apuntan a liquidar las paritarias, en un marco de crisis política. Pero, como operan en la cornisa respecto de las tendencias combativas del movimiento obrero, han ideado las “sumas puente”. Con ellas aceiteros, bancarios, UTA y petroleros, patearon a marzo-abril las paritarias, para firmar luego en un marco de conjunto. Sumas previas a otras paritarias que vencen más adelante tienen el mismo sentido.

Por abajo se han producido huelgas por 2.000 pesos en varios gremios municipales, el paro aceitero y el papelero fueron importantes. Las posibilidades de que esto cierre sin una irrupción huelguística dependen de la más criminal política de contención: una recesión que “modere” la inflación e inhiba a los trabajadores.

Ese proceso ya empezó: suspensiones en Fiat, Renault, corte de extras en GM, suspensiones en autopartistas y rumores agudos de centenares de despidos en VW Pacheco.

Al servicio de los “ajustes” patronales se han producido despidos de activistas y trabajadores en Celomat, Kromberg, Ecotrans, ESPN y Editorial Perfil, entre otras. Por ello hubo paros y conciliaciones, pero las patronales vienen por más y el ministerio mira para otro lado. Es claro que al lado del reclamo salarial, hay que exigir la prohibición de despidos.

En este marco, la paritaria docente será un primer round decisivo. El “dúo dinámico”, Capitanich-Kicillof, pretende plazos largos, cuando la burocracia quiere escapar por la tangente de acortarlos. Los Suteba combativos han fijado un reclamo de salario mínimo equivalente a la canasta familiar, Ademys en 6.000 pesos y las propias burocracias pejotistas en 5.500 pesos. El punto es reunir en asambleas a los docentes en cada escuela, y que un congreso general de delegados, mandatados por asamblea de toda la docencia del país, unifique un reclamo.

El movimiento obrero no puede enfrentar estas paritarias como una más. La defensa del salario (y las jubilaciones) tiene que ser el puntapié de un giro para que la crisis la paguen los capitalistas, mediante un plan económico discutido por los trabajadores. Reclamemos aumento de emergencia de 3.000 pesos para salarios y jubilaciones, mínimo de 8.500 pesos, actualización mensual, prohibición de despidos y suspensiones. Impulsemos asambleas y convocatorias de delegados en gremios y zonas, presentemos la perspectiva de un Congreso de Bases para abrir un rumbo a los trabajadores ante la crisis.