Es una postal que refleja que la caída de los “barones” se ha trasladado a Aníbal Fernández, hunde a Scioli y puede reproducir el escenario de 1983, esta vez con la derrota del Partido Justicialista (PJ) a manos del macrismo.

La reacción de Scioli ha sido anunciar un futuro gabinete de garantías al gran capital. Con Miguel Bein y Mario Blejer, los hombres del FMI, al lado de Alberto Pérez y Silvina Batakis, los mariscales de la provincia inundable. Con Jorge Sapag, el hombre de las petroleras en la Patagonia, con Diego Bossio, para garantizar el repago de la deuda con fondos de los jubilados, con un Daniel Filmus para seguir acompañando las leyes menemistas en educación. Con Miguel Peirano, el hombre de la ultradevaluacionista Techint que ha producido mil despidos en lo que va del año en Campana.

La Batakis, ministra de Economía bonaerense, con la que la Gran Makro -los economistas de Axel Kicillof- busca disimular a Blejer, es bien conocida por la educación bonaerense, que le quebró la rebaja nominal de salarios con una formidable huelga general.

Scioli ha prometido también un pacto social con la burocracia sindical adicta, que va de Antonio Caló a Hugo Moyano, a través de Omar Plaini. Con el golpeado Hugo Curto, que garantizó silencio ante los 1300 retiros-despidos en Peugeot en el último año y medio.

Ahora sale al interior bonaerense a tratar de recuperar un capital agrario que se alejó más ante la derrota de Julián Domínguez en la interna y hoy se levanta ante la caída de los precios internacionales. Piden igual tratamiento que las petroleras, a quienes se les garantiza el doble del precio internacional del petróleo en boca de pozo, todo, claro, subsidiado en el precio del surtidor.

El hombre de la devaluación y el ajuste “gradual” trata de sacudirse camporismo de encima, ante el silencio cómplice de Carlos Zannini y su séquito “unido y organizado”. En resumen, busca combatir al macrismo con macrismo, con sus mismas armas.

La tropa de Emilio Pérsico y Fernando Navarro, el kirchnerismo “progre”, se contentará con el ministerio de la “economía popular”, los benditos planes sociales, 3,5 millones de los cuales están en la provincia.

La escisión de Sergio Massa y Felipe Solá en el peronismo, sin dudas importante, cada día se transforma más en una colectora de María Eugenia Vidal. Massa cumple el papel de retener el voto pejotista disidente, para garantizar su carácter opositor en un ballottage. Nada nuevo si tomamos en cuenta que llegó a las PASO por el desplante de Macri, impidiendo su participación en una gran interna general.

Margarita Stolbizer cumple el mismo papel, por el lado de una centroizquierda menguada, pero de gran espacio en los medios, para capturar otro tipo de voto que impida el triunfo de Scioli en primera vuelta y luego fluya al macrismo en la segunda.

Detrás de Vidal, Fernández y Solá, está el Frente de Izquierda, reagrupando el voto de la izquierda, prefigurado ya como la cuarta fuerza política en la provincia de Buenos Aires.

No hay mediaciones entre los políticos de la derecha pejotista y macrista-radical y el la izquierda obrera y socialista. Aquella advertencia de Stolbizer -“entre Macri y Altamira no hay nada”- se ha cumplido con el derrumbe de la autora.

El campo político de desarrollo hasta octubre excede largamente el natural reagrupamiento del voto de izquierda, que ya nos ubica encima del 4 %. En la base de la descomposición del PJ y del radicalismo, en el derrumbe de la centroizquierda, hay una ancha base de crecimiento.

Esto se conseguirá con una campaña puntillosa, desnudando a los candidatos del ajuste, explotando nuestro gran papel en la crisis tucumana, nuestra militancia entre las organizaciones de inundados y los foros hídricas, en las filas de un movimiento obrero que ya sufre el ajuste y da batallas, aunque aisladas por la burocracia sindical, como lo hace ahora mismo Petinari ocupada por sus trabajadores, con la docencia que vuelve al paro con los Suteba combativos.

Nuestra campaña preparatoria de la clase obrera para enfrentar la ofensiva de Scioli y Macri tendrá un papel decisivo en las futuras luchas, hoy conquistando el voto y los lugares parlamentarios que nos den un gran protagonismo en la etapa que se avecina.

La devaluación, la inflación, los tarifazos y las paritarias han devuelto al primer plano la cuestión del impuesto al salario: un millón y medio de trabajadores serán afectados por este impuesto. En la docencia, el porcentaje de afectados pasa del 7 al 15%, al 25% en los metalúrgicos y la construcción, y en el caso de los químicos, aeronáuticos o petroleros, a la totalidad de los trabajadores.

El proyecto de Sergio Massa, que sube el mínimo no imponible en un 30%, no alcanza para proteger al conjunto de los asalariados; además, supone que las paritarias resulten en un aumento salarial acotado, en consonancia con el techo que quiere imponer el gobierno. Massa tampoco modifica las llamadas “alícuotas”, que determinan un aumento adicional del impuesto a medida que sube la escala del salario. El impuesto al salario grava a los trabajadores que reciben un aumento que supera el “mínimo no imponible” y luego a quienes pasan de una categoría a otra en la escala salarial. Todos los proyectos en circulación se limitan a modificar el mínimo no imponible de la llamada cuarta categoría, ninguno plantea abolir lisa y llanamente el impuesto al salario. Incluso dentro de estos límites, proponen compensar una reducción del impuesto al salario con otros impuestos, en general al consumo, de modo que los trabajadores seguirían pagando la factura. 

Los proyectos “más osados” proponen un mecanismo automático de actualización del mínimo no imponible, ligado a las paritarias y al aumento de la recaudación impositiva -habría que ver a partir de qué base. En este caso, los trabajadores seguirían pagando el impuesto cuando obtengan aumentos por encima de la inflación -o sea, cuando obtengan mejoras reales, no ficticias.

El Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores (López, Pitrola, el PTS ha formado uno propio) ha presentado el proyecto que difundimos en la campaña electoral, que elimina el impuesto al salario, que incluye a las jubilaciones y los monotributos (tercerización).

Por otro lado, en nuestro proyecto se sustituye la retención de impuestos que hace la patronal por un régimen de declaración jurada, lo cual evita que se queden con la recaudación. El gobierno no quiere soltar el impuesto al salario porque, por esta vía se retiene parte del aumento que fijan las paritarias, por un lado, y usa ese dinero para financiar los subsidios que siguen en pie a las empresas y para pagar la deuda pública (en pesos), por el otro.

El proyecto de nuestro bloque es un instrumento para luchar contra la confiscación directa del salario y contra la distorsión ideológica que presenta al salario como un “ingreso” -lo mismo que los dividendos de los accionistas o las remuneraciones de los ejecutivos.

Nuestro proyecto ya ha sido recogido por una parte del movimiento obrero. Decenas de delegados y activistas aeronáuticos manifestaron su apoyo al proyecto en una reciente reunión en el Congreso. Allí se lanzó un petitorio para todos los gremios de la actividad y para que, en el interín, la patronal absorba el impuesto, como ocurre en Banco Provincia, Tiempo Argentino y otras empresas.

Desarrollemos esta campaña en todos los sindicatos.

Los oficialistas advierten un gobierno en demolición y algunos de sus alfiles se pasaron de bando; como Fernández de UTA, y Maturano de La Fraternidad. Caló forzó una reunión con Cristina para evitar más desbande. Yasky salió con un proyecto de ley sindical para cotizar su subordinación.

El moyanismo se muestra políticamente activo, pero no en movilizar a la clase obrera. Su eje es enhebrar acuerdos con la burguesía opositora, en torno a sus reclamos de “un plan integral”, “que restituya la confianza”, lo que lo puso en alianza con el golpista redomado Barrionuevo, y en una escenificación con Macri. Nada de esto tiene que ver con el salario, responde al santo y seña de llevar la política de devaluación y ajuste hasta el final.

Con el poder adquisitivo del salario en caída libre, toda idea de concertación, a lo que apunta la UIA y en la que machaca Binner, servirá a la línea del Rodrigazo: una brutal transferencia de ingresos mediante aumentos a la mitad de la inflación. Ese fue el sentido estratégico del “aumento” del 11,3% a jubilados con el que Cristina pretende retomar la iniciativa, por derecha, con un ataque en regla a las masas.

En resumen, todas las alas de la burocracia sindical apuntan a liquidar las paritarias, en un marco de crisis política. Pero, como operan en la cornisa respecto de las tendencias combativas del movimiento obrero, han ideado las “sumas puente”. Con ellas aceiteros, bancarios, UTA y petroleros, patearon a marzo-abril las paritarias, para firmar luego en un marco de conjunto. Sumas previas a otras paritarias que vencen más adelante tienen el mismo sentido.

Por abajo se han producido huelgas por 2.000 pesos en varios gremios municipales, el paro aceitero y el papelero fueron importantes. Las posibilidades de que esto cierre sin una irrupción huelguística dependen de la más criminal política de contención: una recesión que “modere” la inflación e inhiba a los trabajadores.

Ese proceso ya empezó: suspensiones en Fiat, Renault, corte de extras en GM, suspensiones en autopartistas y rumores agudos de centenares de despidos en VW Pacheco.

Al servicio de los “ajustes” patronales se han producido despidos de activistas y trabajadores en Celomat, Kromberg, Ecotrans, ESPN y Editorial Perfil, entre otras. Por ello hubo paros y conciliaciones, pero las patronales vienen por más y el ministerio mira para otro lado. Es claro que al lado del reclamo salarial, hay que exigir la prohibición de despidos.

En este marco, la paritaria docente será un primer round decisivo. El “dúo dinámico”, Capitanich-Kicillof, pretende plazos largos, cuando la burocracia quiere escapar por la tangente de acortarlos. Los Suteba combativos han fijado un reclamo de salario mínimo equivalente a la canasta familiar, Ademys en 6.000 pesos y las propias burocracias pejotistas en 5.500 pesos. El punto es reunir en asambleas a los docentes en cada escuela, y que un congreso general de delegados, mandatados por asamblea de toda la docencia del país, unifique un reclamo.

El movimiento obrero no puede enfrentar estas paritarias como una más. La defensa del salario (y las jubilaciones) tiene que ser el puntapié de un giro para que la crisis la paguen los capitalistas, mediante un plan económico discutido por los trabajadores. Reclamemos aumento de emergencia de 3.000 pesos para salarios y jubilaciones, mínimo de 8.500 pesos, actualización mensual, prohibición de despidos y suspensiones. Impulsemos asambleas y convocatorias de delegados en gremios y zonas, presentemos la perspectiva de un Congreso de Bases para abrir un rumbo a los trabajadores ante la crisis.