En su debut, el ex intendente -autor intelectual de los escuadrones de la muerte municipales en Ezeiza-, le liberó el territorio a la patota que atacó a Sergio Massa en La Matanza.

La Bonaerense declaró oficialmente que la agresión no fue “previsible”. Sin embargo, se trató de tres ataques sucesivos y escalonados. Los agresores frenaron a un enorme conjunto de hombres y móviles, al estilo de la viejas caravanas menemistas. Interrumpir semejante despliegue dimensiona la magnitud de la agresión.

Con sus palabras, Luis D’Elía dio la señal de largada de una guerra de patotas: “El pueblo peronista reaccionó ante la provocación de Massa”. El “gandhiano” Scioli retrucó haber sufrido agresiones antes, como si eso lo absolviera de semejante práctica.

Nuestros militantes de La Plata fueron atacados -con el saldo de un herido- por patotas de Pablo Bruera con camionetas de la municipalidad. Ello, sin que intervengan los patrulleros que presenciaron la agresión, antes de las primarias de agosto.

La Bonaerense contra las huelgas

El reforzamiento represivo en la provincia no interfiere a las agresiones de las patotas paraoficiales. Sirve, en cambio, para atacar a las luchas obreras. La Bonaerense fue desplegada contra la huelga de Impresores, por orden judicial. Así, la infantería de la Bonaerense fue colocada al servicio de una patronal del Opus Dei, en el marco de un pedido de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar -el más grande y negrero del país- para terminar con los piquetes. En la misma semana, una patota sindical al estilo Pedraza (con barrabravas) atacó la huelga de Cerámica Lourdes, llegando a herir con un puñal a un compañero. La patota, que pertenece al Sindicato Ceramista, contó con territorio liberado.

Giro

Es evidente que este giro represivo forma parte de una política más general, en el marco de los ajustes que se vienen.

La pretensión de centrar la agenda de la campaña electoral en torno a “seguridad” encubre este propósito. El voto al Frente de Izquierda es un arma para golpear la perspectiva del ajuste y preparar las luchas de los trabajadores, que ya adelantan los gráficos de Impresores.

Bajo el peso de la presión popular, la derrota electoral del gobierno y la proliferación de movimientos fabriles contra el impuesto al salario, Cristina Kirchner estableció nuevos pisos en la cuarta categoría de ganancias -el llamado “impuesto al salario”. El movimiento de lucha contra esta confiscación tuvo fuertes manifestaciones desde abajo. La coordinación que nació en una asamblea de Fate (y que concretó el Sutna San Fernando) llevó adelante tres plenarios por esta reivindicación. Organizó una movilización de miles de compañeros el 24 de mayo pasado y se planificó otra para el 13 de setiembre, a la que adhirieron el Suteba La Plata, AGD-UBA, el Sitraic y el Suteba Tigre, entre otros, mientras comenzaba a extenderse a todos los sindicatos y cuerpos de delegados combativos. Justamente, la agrupación antiburocrática del cuerpo de delegados de Acindar llamó a movilizarse ese día, colocando el debate en la UOM de Villa Constitución. El secretario general de esa seccional de la UOM planteó un plenario de delegados y activistas en conjunto con la CGT San Lorenzo, por este tema para las próximas semanas.

En Chubut, los metalúrgicos de Aluar le impusieron a la patronal una compensación del 11 %, equivalente a los descuentos por ganancias. Mil camioneros de Aesa y Cliba de Capital Federal le pararon a Moyano al margen de su dirección, lo que disparó un paro nacional camionero contra el impuesto. Días después, la Federación Portuaria paraba por lo mismo.

Piumato se apuró a declarar “el triunfo de la CGT” moyanista. Pero es al revés: las centrales sindicales depusieron toda lucha desde aquel lejano paro del 20 de noviembre del año pasado. Por eso, el movimiento tomaba impulso desde abajo. Los Moyano y los Caló se dedicaron a ver con quién “jugar” en la descomposición del PJ, abandonando la lucha por una reivindicación que es responsabilidad, ante todo, de los sindicatos. Y trenzaron con listas patronales que sólo hicieron demagogia en relación con el punto.

Hubo sí, presión de la propia patronal de la UIA para que “el Estado se haga cargo”, porque los trabajadores no quieren hacer extras y, además, crecía el reclamo por aumentos compensatorios.

Una salida precaria

Ante todo, el piso que establece el anuncio presidencial se refiere a un salario bruto de 15.000 pesos. Por lo tanto, desafectará a los trabajadores y jubilados que ganan hasta unos 12 mil netos, según los descuentos. Luego -lo que es fundamental- se trata de una resolución de la AFIP hasta diciembre y no de una ley: es un piso transitorio y no la elevación en regla del mínimo no imponible, que sólo aumenta un 20% para los salarios mayores de 15 mil hasta 30 mil. La resolución, por otra parte, es a partir de septiembre y no es retroactiva. La eliminación del impuesto, por lo tanto, abarca sólo cuatro meses y termina a fin de año.

Estamos, entonces, ante una salida precaria, que deja en pie el principio de la confiscación impositiva del salario. Su futuro a partir de comienzos de 2014 es incierto y dependerá del conjunto de las finanzas del Estado, que en estas horas ha anunciado una nueva carga de la deuda (canje a fondos buitre) sobre el presupuesto público. Por otro lado, los anuncios de impuestos compensatorios a los dividendos y cierto tipo de transacciones de empresas serán objeto de debate parlamentario y sujetos a maniobras de todo tipo. Los monotributistas -cuya contratación suele encubrir una relación laboral precaria- no están contemplados en la resolución de la AFIP.

El “cambio” en asignaciones familiares es irrisorio, ya que extiende su vigencia en 110 pesos por hijo para los salarios de hasta 30 mil pesos. Es una bofetada a los obreros de la construcción y tantos asalariados por debajo de la canasta familiar. En este punto, daremos continuidad a nuestro planteo de asignaciones para todos, que sean acordes a los gastos de un hijo hasta los 18 años.

Reforzar la campaña por la abolición del impuesto

El recule oficial debe llevarnos a reforzar la campaña política del Frente de Izquierda alrededor de la posición y el proyecto de ley ya elaborado por el Partido Obrero, por la abolición del impuesto a las ganancias sobre todo salario convencionado, de carrera docente, estatal o judicial. Profundicemos el debate político en el movimiento obrero alrededor del objetivo de anular el impuesto, que -ya aprendimos- vuelve de la mano de la inflación cualquiera sea su actualización. El salario no puede ser confiscado para financiar el rescate a los capitalistas -sean los usureros de la deuda externa, las petroleras (vía importación) o los concesionarios que vaciaron los ferrocarriles. Sigue firme la bandera: abajo el impuesto al salario y asignaciones familiares para todos.