El salario igual a la canasta familiar -defendido por el Frente de Izquierda en la campaña electoral- será cobrado por las fuerzas represivas. El ajuste que el gobierno y los capitalistas traman contra el pueblo, con paritarias del 20 %, cuando la inflación ya supera el 30, sufrió un golpe demoledor.

La crisis no puede ser mayor, porque para contener a los uniformados, el mismo gobierno que los reforzó y sostuvo durante toda una década, junto a todos los gobernadores, otorgaron aumentos salariales que oscilaron entre el 50 y el 100 % Es el mismo temor que embargó a los opositores tradicionales, tan dependientes de las patronales como el oficialismo. Por eso, de emergencia, formaron una Santa Alianza en el Congreso contra la generalización de la lucha salarial y firmaron el “acta democrática” de respaldo al gobierno K responsable de la crisis y que ahora ajusta a las masas para que carguen con la bancarrota. En ese alineamiento, se sumaron desde el macrismo hasta la centroizquierda. Es indudable, además, que toda la situación puso de relieve la vergonzosa parálisis de la CGT en cualquiera de sus variantes. Las familias obreras tienen que afrontar el mismo supermercado que las familias de los policías.

Ahora Cristina Fernandez de Kirchner y los gobernadores, que pactaron con los amotinados, los denuncian de “desestabilizadores”. Es una cortina de humo. Ante el temor a que se generalice una lucha salarial, el gobierno que reforzó a los efectivos y presupuestos de las policías de la represión, el gatillo fácil y la alianza con el delito organizado, necesita a los uniformados para enfrentar los reclamos populares. Los trabajadores no podemos esperar. Más de la mitad cobran salarios menores a 4.000 pesos y el 40 % está en negro. Eso ya se evidencia en sectores del movimiento obrero. La crisis ha detonado una reacción obrera: en Neuquén, en Catamarca, en Chaco, en Córdoba, en la estratégica provincia de Buenos Aires, por mencionar sólo algunos casos. Los estatales, enfermeros y maestros han salido a las calles.

Reclaman, como lo hizo el FIT en su campaña electoral, la canasta familiar. A partir de este claro planteo, es necesario que los trabajadores debatamos un programa y una lucha.

Es hora de que el movimiento obrero intervenga. Las asambleas fabriles y de lugares de trabajo tienen que cimentar la intervención de las organizaciones obreras en la crisis mediante un programa: 8.000 de salario mínimo vital y móvil, mínimos de convenio equivalentes a la canasta familiar, doble aguinaldo para activos y jubilados, reapertura de paritarias, indexación de salarios, ningún despido ni suspensión, reparto de horas disponibles sin afectar salarios en las ramas afectadas por caída de producción.

Es justamente detrás de esta perspectiva, que coloque en el centro de la crisis a los trabajadores y su planteo de salida que la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero y la Central de Trabajadores Argentinos convocamos a una gran marcha obrera el 19 de diciembre, a las 16 horas, de Congreso a Plaza de Mayo, para dar una salida obrera a la crisis que los trabajadores y el pueblo no han generado.

En la “madre de las batallas” se produjo la mayor derrota del kirchnerismo. En Buenos Aires, el gobierno perdió un millón cuatrocientos mil votos, en medio de un cisma en el PJ bonaerense. Massa ganó en 74 de los 135 distritos e hizo elecciones importantes en muchos de los que quedaron del lado oficial. Con sólo una veintena de intendentes alineados con él, le ganó a Cristina y a Scioli en cincuenta municipios más, los que estaban alineados con la Rosada y la billetera de De Vido.

Desde luego, Massa apiló intendentes “llave en mano” sin ninguna diferenciación política, con el solo agregado de los del macrismo. Otras presencias, como De Mendiguren, Daer o Solá, tampoco. Y, desde luego, los hombres que integraron sus listas como opositores a los intendentes oficiales fueron los heridos y despechados de las viejas listas. Por ejemplo en Merlo, cuatro listas disputaron la primaria distrital de Massa, todas provenientes de algún momento de la gestión de Othacehé, aunque ganó el rompimiento más antiguo y alejado.

Pero la quiebra del aparato pejotista no será indolora ni gratis. Perdieron los delfines de Mario Ishii, patrón de José C. Paz; de Mariano West, jefe de Moreno desde los tiempos de Menem; de Descalzo en Ituzaingó; de Hugo Curto en Tres de Febrero (quien es el actual Quindimil de la maquinaria pejotista). El fascistoide Othacehé ganó, pero por un punto.

Estos resultados cuestionan un método de gobierno en varios de esos municipios, basados en la patota y el terror sobre la oposición -como en el caso de Merlo-. Tres de Febrero no es demasiado distinto -las patotas dominan desde la Untref hasta Peugeot- y en José C. Paz, el distrito más pobre del país, en el que no hay manzana sin una unidad básica que controle el “rebaño” mediante la red asistencial.

La “pluralidad” impuesta por la quiebra del aparato justicialista en esta elección augura una guerra política, que estará lejos del aterrizaje suave que pretende la burguesía a través del post-kirchnerismo de Massa. Por un lado, los intendentes -y Scioli- tienen que gobernar dos años más dependiendo de la billetera de la Rosada. Por otro lado, si la previsible diáspora se precipita este año, Cristina podría tener un destino de helicóptero como De la Rúa.

Esta crisis política del PJ tiene otros protagonistas. Es el caso del denarvaísmo, en pleno derrumbe, dudando si seguir en un comicio que lo podría colocar compitiendo por el cuarto puesto con el Frente de Izquierda. En esa lista está nada menos que el moyanismo, que hasta el año pasado se presentaba como el gran elector del pejotismo bonaerense y de la oposición en el país. Moyano ha quedado debilitado por el derrumbe de De Narváez y por la escisión de Venegas. A éste último le fue peor todavía: sólo pasó las primarias por la buena elección en Necochea -donde es patrón político- y por el dinero descomunal que dilapidó de la caja de los obreros rurales. La burocracia sindical opositora tuvo un mal domingo en la provincia.

La guerra pejotista tiene visos de agravarse. Scioli ha quedado herido al cargarse la campaña al hombro. Si Massa estira la diferencia a diez puntos, el gobernador pasa de la sucesión presidencial a la casa, porque no tiene reelección posible.

Un párrafo aparte lo merece el derrumbe del sabbatellismo. Perdió Morón luego de levantar, vergonzosamente, la lista de Merlo para negociar la integración de su esposa en la primera sección junto a Mario Ishii. Es la muerte de una experiencia de cuño estalinista que pretendió “oxigenar la política” haciendo kirchnerismo sin PJ: se disolvió en el PJ.

La provincia, en tanto, tiene que llegar a fin de año a fuerza de refinanciación y endeudamiento para gastos corrientes. La emergencia hospitalaria se agravará, las obras hídricas dependen de préstamos o fondos de nación que no llegan y no están. Las demandas obreras pueden agravarse: por lo pronto, está en huelga la propia contaduría de la provincia.

La batalla electoral de octubre nos plantea intervenir en esta grieta para promover que la ruptura política de sectores de los trabajadores y la juventud bonaerense salte el obstáculo de una lista massista, la cual podrá ampliar su victoria contra el kirchnerismo, pero de ninguna manera ofrecerle una salida a las masas.

Ante todo digamos que la burocracia sindical tiene una enorme responsabilidad. Las centrales obreras no han organizado una lucha decidida que habría contado con el favor de todos los trabajadores, más aún si se asociara al reclamo de la recuperación de las asignaciones familiares, otra confiscación kirchnerista. Esas reivindicaciones fueron el impulso del paro del 20 de noviembre pasado. Pero toda la burocracia, y en particular Moyano, se dedicaron a trenzar con el PJ, oficial o disidente, y abandonó esta lucha.

Nosotros, con el Sutna San Fernando y el clasismo, nos movilizamos a fines de mayo al Ministerio contra el impuesto al salario, mientras reclamábamos un plan de lucha de la CGT. Aluar ha parado, logrando que la patronal absorba parte del impuesto. Ahora, pararon los portuarios por su anulación. En ese contexto, el paro camionero, aislado, fue una maniobra para disimular la responsabilidad de Moyano. La burocracia ha impedido que el movimiento obrero termine con este impuesto mediante la acción directa.

En este contexto, Massa, rodeado de la burocracia sindical que lo acompaña, Roberti, Graciela Camaño de Barrionuevo y Héctor Daer, lanzó su proyecto para subir parcialmente las escalas del mínimo no imponible. Al lado de Massa y los burócratas estuvo en la presentación De Mendiguren, quien oportunamente, como jefe de la Unión Industrial, saludó la ínfima actualización anual 2013 del 16,7% por parte de Cristina. El proyecto de Massa mantiene el criterio del impuesto a las ganancias sobre los salarios y apenas actualiza los montos no imponibles a $10.700 para un soltero y 15.000 para la familia tipo. Estamos hablando de importes en bruto –o sea netos de 8.560 y 12000, deducidas las cargas sociales- que irán quedando desactualizados al ritmo de la inflación y la entrada en vigencia de nuevas cuotas paritarias.

En el caso del kirchnerismo, Recalde habla de un nuevo impuesto “a los ingresos”, borrando la frontera entre ganancias y salario y legitimando, por lo tanto, que se grave a este último.

De Guatemala a Guatepeor.

Hay otros proyectos. Pero todos, y particularmente Massa, han atado cualquier modificación a tener una “compensación para el fisco” en algún otro impuesto. De este modo, se asocian a los fines del impuesto al salario que apunta a cubrir el déficit que genera el pago de la usuraria deuda pública o los subsidios a las privatizadas. Por eso, condicionan una atenuación del impuesto al salario a la sanción de un impuesto a la renta financiera. Como éste llevará un largo debate, se trata de una excusa para darle largas al asunto, y preservar la confiscación impositiva sobre el salario. Nuestro planteo, en cambio, es la anulación del impuesto al salario sin condiciones, como primer paso de una reorganización impositiva integral y de un replanteo general sobre el carácter y las prioridades del presupuesto público.

Nuestro proyecto

Nosotros planteamos la abolición del impuesto a los salarios a partir de dos premisas. Primero, que los salarios y jubilaciones estén excluidos, incluso aquellos que resultan de la carrera escalafonaria en la administración pública, de la carrera docente o del convenio bancario. También la exclusión de las llamadas “locaciones de servicio” que encubren relación laboral. De manera que todo gravamen a los ingresos quedaría reservado a gerentes y ejecutivos que puedan estar encubriendo ganancias empresariales. En segundo lugar, y aun con la consideración anterior, el mínimo no imponible para un soltero sea equivalente a tres canastas familiares, hoy como mínimo en $8000. O sea, un mínimo no imponible de $24000, actualizable con el costo de vida, bajo control de organizaciones obreras y populares.En tercer lugar, planteamos que las presentaciones y/o pagos que el trabajador le corresponda hacer a la AFIP u a otro organismo del Estado, serán efectuados en forma directa por el titular. Las patronales cesan de actuar como agentes de retención y se las aparta del manejo de los aportes y obligaciones que por cualquier concepto le correspondan hacer al trabajador. Ha pasado a ser moneda corriente que los fondos que se descuentan al trabajador terminan siendo usados para otros fines, poniendo en riesgo el acceso y el uso de la obra social y su jubilación futura.

Estamos en contra de todo impuesto a los trabajadores para financiar al Estado capitalista. La abolición del impuesto al salario es parte de una lucha de conjunto contra los impuestos al consumo como el IVA y otros indirectos que van a los precios y se llevan hoy, al cabo de la década kirchnerista, un 40% del salario. Estamos en favor de un sistema impositivo que grave al capital financiero, agrario, comercial e industrial, de manera progresiva, lo mismo que a las grandes fortunas y a la especulación financiera e inmobiliaria.

Votar por la abolición del impuesto al salario es votar por el Frente de Izquierda.

Luego funcionaron los reflejos y Moyano largó de un día para otro una medida, sólo de su gremio, de un viernes a un lunes, impidiendo que se organizara un movimiento en otros gremios. Como jefe de la CGT, Moyano bloqueó en realidad un paro de todo el movimiento obrero que hubiera tenido lugar sin dudas, porque la confiscación salarial abarca a más de dos millones de trabajadores de todas las centrales obreras.

Moyano de esta manera buscó reacomodarse frente a sus propias bases, cuando hace 7 meses del gran paro nacional del 20 de noviembre luego de los cuales no hubo la continuidad necesaria de un plan de lucha para arrancar la anulación del impuesto o el elevamiento sustancial del mínimo no imponible. Al contrario, la presidenta lo actualizó sólo un 16,6% anual lo que hará que muchos más trabajadores paguen ganancias al ir cobrando las cuotas de paritarias.

Moyano al maniobrar así, sólo mediante su gremio, fracturó a un movimiento obrero que por abajo viene luchando, por caso los obreros de Aluar que han parado reclamando a su patronal un 11% para compensar el impuesto, lo mismo que una fracción del cuerpo de delegados de Siderca o el Sindicato San Fernando del Neumático en la fábrica Fate, que a su vez convocó todo un movimiento y una movilización al Ministerio por el tema.

Por otro lado, Moyano evitó un debate en la central obrera que preside que posiblemente hubiera dividido opiniones, puesto que están en listas distintas de la disgregación del PJ, como Venegas. Moyano no denunció ante la discreta concurrencia de la Plaza de Mayo, el uso regresivo de esos fondos para pagar intereses de una deuda pública usuraria o la montaña de subsidios a las empresas concesionarias de servicios y transportes, las mismas que han vaciado el ferrocarril, por ejemplo. Evitó así ubicar el reclamo en una política de conjunto a favor de los trabajadores.

Todo lo contrario, hizo eje en la reivindicación “peronista” ideológica, abstracta, y en el llamado a “no votar” a Cristina, lo que por parte de un integrante de la lista del empresario De Narváez, fue un llamado vergonzante a votar por un candidato del establishment, mirado con total desconfianza por los trabajadores y que lo que menos puede garantizar es un replanteo impositivo contra los capitalistas de los que es parte él mismo.

El llamado “peronista” a no votar a Cristina es también un aval indirecto a Massa, quien lleva en sus listas al macrismo y a un representante de la Unión Industrial y de los “gordos” de la CGT. Moyano, objetivamente, con esta movilización trató de salvar daños ante el potencial derrumbe electoral de la lista que integra y empezó a preparar no sólo la etapa del poskirchnerismo sino el éxodo del propio De Narváez para tratar de terciar en la futura sucesión de los Scioli o los Massa, con los que negoció hasta el último minuto anterior a la inscripción de las listas.

En las actividades del PO en el marco de la campaña del frente de izquierda participan cada día más trabajadores y aún delegados de gremios con influencia moyanista que acuden al debate con nuestros compañeros. La anulación del impuesto a los salarios es una bandera de fondo del Frente de Izquierda, somos partidarios de un plan de lucha hasta acabar con él, pero además forma parte de un plan de gobierno económico integral de los trabajadores, para reemplazarlo por impuestos progresivos a la renta financiera y a las grandes fortunas, algo que escapa por completo a una lista como la de De Narváez-Moyano y a las de todas la oposición que gobernó con el menemismo o con la Alianza, sean del PJ disidente o del frente Binner-UCR.