Luego de pagar 190 mil millones de dólares en una verdadera década ganada para el capital financiero y los grupos económicos tenedores de bonos, debemos unos 250 mil millones y vienen por 15 mil millones más que si son pagados con deuda dispararán más intereses usurarios, como todos los que han compuesto este negociado fabuloso que llevó al país a cuatro crisis en los últimos 40 años, 1982, 1989, 2001 y ahora. Cuando un país sólo puede pagar deuda con más deuda, vieja deuda con nueva deuda, estamos, antes de ningún default técnico, en una virtual cesación de pagos, que agrava inusitadamente nuestra dependencia del capital financiero internacional.

Surge la gran preocupación por la intangibilidad de los depósitos del Banco Central cuando todos los días se rematan sus reservas para indemnizar a los vaciadores de Repsol, para pagarle multiplicada por dos la ilegítima deuda con el Club de París, para convalidar los juicios millonarios de las privatizadas que litigaron contra el peso exigiendo tarifas en dólares en los tribunales internacionales. Se nos convoca como cuestión de Estado, cuando el total del problema de la deuda no pasa por el Congreso y cuando se violan inusitadamente las resoluciones parlamentarias como la ley cerrojo abierta dos veces y candidata a una nueva violación cuando se negocie definitivamente con los buitres, algo que no podrá ser nada más que condiciones superiores a la ley de este Congreso. Estamos ante una política que ha llevado a que tengamos que pedir permiso a un remoto juez norteamericano incluso para pagar bonos con jurisdicción argentina.

La ley es un traje a medida del acuerdo con China. Señalemos en primer lugar que China ha subordinado los acuerdos a que Argentina no entre en default, pero sus organismos han calificado a la deuda argentina en “default” igual que las calificadoras buitres.

En la reunión de los BRICS quedó claro que ninguno de ellos se propone desafiar el parasitismo y especulación que dominan el movimiento del capital financiero internacional. China menos que nadie, cuando tiene el 80% de sus descomunales reservas en bonos del Tesoro Norteamericano. En segundo lugar, todos los acuerdos con China, incluidos los acuerdos monetarios entre bancos centrales, conducen a una dependencia de su industria, a un agravamiento del saldo comercial negativo que ya tenemos y a una mayor primarización. Sus acuerdos garantizan en las represas de Santa Cruz equipos chinos, lo mismo que con la modernización del Belgrano. Ya con los importados vagones del Sarmiento tenemos una víctima, Emfer, porque su mantenimiento se hace con personal chino en otros talleres, dejando en la calle a 500 familias metalúrgicas argentinas.

Por otro lado los yuanes no son convertibles a dólares para uso financiero, eso requeriría una triangulación con intervención de la Reserva Federal absolutamente inviable, porque se trata del lobo que come nuestras gallinas. Sólo es un crédito o seguro para la compra en China que tendrá una tasa de no menos del 7% según ha trascendido.

China tiene un superávit comercial con Argentina de 4.800 millones de dólares y con estos acuerdos tenderá a agravarse. China está asociada a las grandes compañías norteamericanas y europeas, que monopolizan el comercio exterior de Argentina, incluso en el petróleo y la minería. China es una plataforma de exportación de las trasnacionales y el intercambio chino-argentino es parte de una división del trabajo de las multinacionales que tenemos que terminar para industrializar el país.

Para la clase capitalista si los salarios acompañan todo esto, nada habrá tenido sentido. Es decir, se pretende una reorganización económica donde el “ancla” antiinflacionaria sean precisamente los salarios y jubilaciones, y con ellos un enfriamiento de la economía que evite una híper. Algo que ya empezó con el “amesetamiento” de la actividad económica, como resultado de una caída del Mercosur, del cepo cambiario y de importaciones, y el deterioro del poder adquisitivo en 2013.

Por otro lado, este ajuste se hace cada día más difícil hacerlo en cuotas. Lavagna, referente económico de Massa, ha dicho “el rodrigazo en cuotas no funciona”. González Fraga, el ex presidente del Banco Central radical, es más preciso e indica que hay que partir de una devaluación importante para después hacer “flotar” el tipo de cambio. Remes Lenicoff, el ex ministro de Duhalde, puso hace un mes el tipo de cambio oficial “lógico” en ocho pesos.

Es decir, se está discutiendo y preparando un rodrigazo, que en resumen significa un golpe de tipo de cambio, precios y tarifas, contra el salario. Cuando los precios aumentaron un 100%, Isabel Perón fijó un tope en paritarias de 45%. Por ello, estalló la huelga general de junio-julio de 1975.

Para la clase obrera es un momento decisivo. Así lo ha interpretado la burocracia sindical. Todas sus alas discuten, finamente, cómo evitar la reacción obrera que puede hacer saltar por el aire todo el giro kirchnerista que capitanea Kicillof: pacto Chevron, resarcimiento a Repsol, pagos al Ciadi, negociación con el Club de París y el FMI. El giro al capital financiero, luego de vaciar el Banco Central y el ANSES, el pase de facturas a los trabajadores ante el fracaso de la montaña de subsidios a las privatizadas.

Todas las alas de la burocracia aportan a la discusión de la “gobernabilidad” (que se haría contra los trabajadores). Hasta sueñan con la “unidad”. Moyano y Barrionuevo, los anti-K, acordaron un plenario cuyos ejes son la “paz social” y la “unidad del movimiento obrero”, la “inflación y la seguridad” y, al final de todo eso, “paritarias libres”, algo imposible si empezamos por la paz social.

Massa y su referente Héctor Daer, que no rompe con la CGT oficial, han ido más lejos, buscando liderar una alternativa política en el país. Primero, paritarias ya, en enero, para los docentes, para cerrar urgente y no llegar a marzo discutiendo con los docentes en las aulas. Algo que Scioli agarró más rápido que corriendo convocando la mesa salarial.

Pero Daer dio una pauta estratégica. Propone que, al contrario de lo que siempre se hace, se convoque al Consejo del Salario antes de paritarias, para que sea el elemento “ordenador” de las paritarias. El porcentaje resuelto entre las patronales con las centrales amigas, con presidencia de Tomada y Cristina, sería la pauta salarial para todas las paritarias. Si arreglan con Moyano y Barrionuevo, los convocan también.

Como dijo un burócrata “nadie quiere ser la UOCRA de 1975″, que junto a un puñado de gremios firmó la pauta de Isabel y quedaron colgados del pincel. Toda una línea la de Massa y Daer para que el conjunto de la burocracia arregle el salario y deje las manos libres al gobierno para ajustar luego de los convenios.

Para ello están anudando acuerdos “puente” hasta marzo, en bajos porcentajes, mientras se arma el paquete final. Pereyra, el moyanista de petroleros, acordó el 13% marcado por Galuccio hasta marzo. Incluso, los porcentajes finales podrían no ser tan bajos, porque luego la burguesía y el gobierno los absorben mediante la devaluación y aumentos posteriores a la paritaria. Lo importante no son tanto los importes o porcentajes como la relación que haya entre inflación real y salarios.

Para que todo funcione se prepara también un índice de costo de vida que habría llevado la incidencia del transporte y servicios del 8 al 2% en la canasta, de manera que el nuevo IPC modere el verdadero impacto del tarifazo en marcha. Si las paritarias nunca fueron libres -recordemos los topes de Moyano-, ahora lo serían menos que nunca. Lógicamente, el armado es precario, con una burocracia atomizada y un gobierno sin autoridad política y sin un referente claro de la oposición 2015. El movimiento obrero tiene por delante un enorme desafío.

Desde luego, desplegar un programa es clave. Los 8.500 pesos de mínimo deben ser acompañados con la indexación trimestral bajo control obrero, porque en un escenario como el actual, importa tanto el importe de arranque como el mecanismo para evitar la confiscación inflacionaria posterior. Por supuesto, la asamblea y los reclamos paritarios votados en ellas son la vía para disputar a las burocracias el control del proceso. La burocracia pro-K del sindicato aceitero de San Lorenzo acaba de quebrar la paritaria de la Federación que reclama 9.797 pesos de mínimo, aceptando un acuerdo puente por el 16,5% hasta marzo inclusive, la línea de la Unión Industrial.

Más temprano que tarde, el movimiento obrero estará en la necesidad de una respuesta de conjunto ante un golpe de conjunto. Por ello consideramos apropiado a la etapa que se abre el planteo de un Congreso de Delegados de Base, electos por asamblea de todo el movimiento obrero, de los sindicatos, las CGT y CTA, para discutir el salario y las paritarias, las jubilaciones y un plan económico de los trabajadores de salida a la crisis.

Se trata de un planteo que atiende la necesidad de una intervención del movimiento obrero en la crisis y da un método para quebrar el cepo de la burocracia. Nos da, además, una guía para convocatorias y autoconvocatorias de delegados y activistas en gremios y zonas que apunten al planteo general. Que no pase el rodrigazo que preparan la patronal y sus partidos políticos.