Bajo el peso de la presión popular, la derrota electoral del gobierno y la proliferación de movimientos fabriles contra el impuesto al salario, Cristina Kirchner estableció nuevos pisos en la cuarta categoría de ganancias -el llamado “impuesto al salario”. El movimiento de lucha contra esta confiscación tuvo fuertes manifestaciones desde abajo. La coordinación que nació en una asamblea de Fate (y que concretó el Sutna San Fernando) llevó adelante tres plenarios por esta reivindicación. Organizó una movilización de miles de compañeros el 24 de mayo pasado y se planificó otra para el 13 de setiembre, a la que adhirieron el Suteba La Plata, AGD-UBA, el Sitraic y el Suteba Tigre, entre otros, mientras comenzaba a extenderse a todos los sindicatos y cuerpos de delegados combativos. Justamente, la agrupación antiburocrática del cuerpo de delegados de Acindar llamó a movilizarse ese día, colocando el debate en la UOM de Villa Constitución. El secretario general de esa seccional de la UOM planteó un plenario de delegados y activistas en conjunto con la CGT San Lorenzo, por este tema para las próximas semanas.

En Chubut, los metalúrgicos de Aluar le impusieron a la patronal una compensación del 11 %, equivalente a los descuentos por ganancias. Mil camioneros de Aesa y Cliba de Capital Federal le pararon a Moyano al margen de su dirección, lo que disparó un paro nacional camionero contra el impuesto. Días después, la Federación Portuaria paraba por lo mismo.

Piumato se apuró a declarar “el triunfo de la CGT” moyanista. Pero es al revés: las centrales sindicales depusieron toda lucha desde aquel lejano paro del 20 de noviembre del año pasado. Por eso, el movimiento tomaba impulso desde abajo. Los Moyano y los Caló se dedicaron a ver con quién “jugar” en la descomposición del PJ, abandonando la lucha por una reivindicación que es responsabilidad, ante todo, de los sindicatos. Y trenzaron con listas patronales que sólo hicieron demagogia en relación con el punto.

Hubo sí, presión de la propia patronal de la UIA para que “el Estado se haga cargo”, porque los trabajadores no quieren hacer extras y, además, crecía el reclamo por aumentos compensatorios.

Una salida precaria

Ante todo, el piso que establece el anuncio presidencial se refiere a un salario bruto de 15.000 pesos. Por lo tanto, desafectará a los trabajadores y jubilados que ganan hasta unos 12 mil netos, según los descuentos. Luego -lo que es fundamental- se trata de una resolución de la AFIP hasta diciembre y no de una ley: es un piso transitorio y no la elevación en regla del mínimo no imponible, que sólo aumenta un 20% para los salarios mayores de 15 mil hasta 30 mil. La resolución, por otra parte, es a partir de septiembre y no es retroactiva. La eliminación del impuesto, por lo tanto, abarca sólo cuatro meses y termina a fin de año.

Estamos, entonces, ante una salida precaria, que deja en pie el principio de la confiscación impositiva del salario. Su futuro a partir de comienzos de 2014 es incierto y dependerá del conjunto de las finanzas del Estado, que en estas horas ha anunciado una nueva carga de la deuda (canje a fondos buitre) sobre el presupuesto público. Por otro lado, los anuncios de impuestos compensatorios a los dividendos y cierto tipo de transacciones de empresas serán objeto de debate parlamentario y sujetos a maniobras de todo tipo. Los monotributistas -cuya contratación suele encubrir una relación laboral precaria- no están contemplados en la resolución de la AFIP.

El “cambio” en asignaciones familiares es irrisorio, ya que extiende su vigencia en 110 pesos por hijo para los salarios de hasta 30 mil pesos. Es una bofetada a los obreros de la construcción y tantos asalariados por debajo de la canasta familiar. En este punto, daremos continuidad a nuestro planteo de asignaciones para todos, que sean acordes a los gastos de un hijo hasta los 18 años.

Reforzar la campaña por la abolición del impuesto

El recule oficial debe llevarnos a reforzar la campaña política del Frente de Izquierda alrededor de la posición y el proyecto de ley ya elaborado por el Partido Obrero, por la abolición del impuesto a las ganancias sobre todo salario convencionado, de carrera docente, estatal o judicial. Profundicemos el debate político en el movimiento obrero alrededor del objetivo de anular el impuesto, que -ya aprendimos- vuelve de la mano de la inflación cualquiera sea su actualización. El salario no puede ser confiscado para financiar el rescate a los capitalistas -sean los usureros de la deuda externa, las petroleras (vía importación) o los concesionarios que vaciaron los ferrocarriles. Sigue firme la bandera: abajo el impuesto al salario y asignaciones familiares para todos.

Luego funcionaron los reflejos y Moyano largó de un día para otro una medida, sólo de su gremio, de un viernes a un lunes, impidiendo que se organizara un movimiento en otros gremios. Como jefe de la CGT, Moyano bloqueó en realidad un paro de todo el movimiento obrero que hubiera tenido lugar sin dudas, porque la confiscación salarial abarca a más de dos millones de trabajadores de todas las centrales obreras.

Moyano de esta manera buscó reacomodarse frente a sus propias bases, cuando hace 7 meses del gran paro nacional del 20 de noviembre luego de los cuales no hubo la continuidad necesaria de un plan de lucha para arrancar la anulación del impuesto o el elevamiento sustancial del mínimo no imponible. Al contrario, la presidenta lo actualizó sólo un 16,6% anual lo que hará que muchos más trabajadores paguen ganancias al ir cobrando las cuotas de paritarias.

Moyano al maniobrar así, sólo mediante su gremio, fracturó a un movimiento obrero que por abajo viene luchando, por caso los obreros de Aluar que han parado reclamando a su patronal un 11% para compensar el impuesto, lo mismo que una fracción del cuerpo de delegados de Siderca o el Sindicato San Fernando del Neumático en la fábrica Fate, que a su vez convocó todo un movimiento y una movilización al Ministerio por el tema.

Por otro lado, Moyano evitó un debate en la central obrera que preside que posiblemente hubiera dividido opiniones, puesto que están en listas distintas de la disgregación del PJ, como Venegas. Moyano no denunció ante la discreta concurrencia de la Plaza de Mayo, el uso regresivo de esos fondos para pagar intereses de una deuda pública usuraria o la montaña de subsidios a las empresas concesionarias de servicios y transportes, las mismas que han vaciado el ferrocarril, por ejemplo. Evitó así ubicar el reclamo en una política de conjunto a favor de los trabajadores.

Todo lo contrario, hizo eje en la reivindicación “peronista” ideológica, abstracta, y en el llamado a “no votar” a Cristina, lo que por parte de un integrante de la lista del empresario De Narváez, fue un llamado vergonzante a votar por un candidato del establishment, mirado con total desconfianza por los trabajadores y que lo que menos puede garantizar es un replanteo impositivo contra los capitalistas de los que es parte él mismo.

El llamado “peronista” a no votar a Cristina es también un aval indirecto a Massa, quien lleva en sus listas al macrismo y a un representante de la Unión Industrial y de los “gordos” de la CGT. Moyano, objetivamente, con esta movilización trató de salvar daños ante el potencial derrumbe electoral de la lista que integra y empezó a preparar no sólo la etapa del poskirchnerismo sino el éxodo del propio De Narváez para tratar de terciar en la futura sucesión de los Scioli o los Massa, con los que negoció hasta el último minuto anterior a la inscripción de las listas.

En las actividades del PO en el marco de la campaña del frente de izquierda participan cada día más trabajadores y aún delegados de gremios con influencia moyanista que acuden al debate con nuestros compañeros. La anulación del impuesto a los salarios es una bandera de fondo del Frente de Izquierda, somos partidarios de un plan de lucha hasta acabar con él, pero además forma parte de un plan de gobierno económico integral de los trabajadores, para reemplazarlo por impuestos progresivos a la renta financiera y a las grandes fortunas, algo que escapa por completo a una lista como la de De Narváez-Moyano y a las de todas la oposición que gobernó con el menemismo o con la Alianza, sean del PJ disidente o del frente Binner-UCR.