El gobierno indemnizó a Repsol al liberarla de uno de sus grandes pasivos que era la deuda de la Propiedad Participada con los 30 mil trabajadores despedidos. El Partido Obrero lo denunció el día que se aprobó la indemnización a los vaciadores y se lanzó a reorganizar el movimiento de lucha mediante una Coordinadora Nacional con núcleos en cada provincia. Con ellos elaboramos un proyecto que fue vital en la conquista obtenida, aunque la ley final no sea exactamente como la propuesta.

Lo arrancado obedece a la lucha entablada y a las presiones de los Soros y los Black Rock, que quieren una YPF SA con un panorama judicial despejado para sus inversiones de bolsa en la compañía. La usurpación de autoría del kirchnerismo tuvo por objeto vender que la indemnización a los compañeros, abandonados durante toda la “década ganada”, es parte de la “recuperación de la soberanía energética”, cuando es para disimular la entrega y realizarla mejor.

En la batalla por la letra final, se apreció la importancia de nuestro proyecto. El proyecto de Feletti, jefe de la Comisión de Presupuesto y, por lo tanto, “la voz de Kicillof” en el debate, compensaba sólo a los no hubieran recibido nunca importe alguno, que son unos 7.000 afectados; otros 22.000 quedaban afuera. Se adjudicaba un complemento en ¡120 cuotas! sólo a quienes estuvieran jubilados. Entre ese proyecto y lo que se aprobó hay un abismo. Cobrarán todos los afectados 956 acciones a precio de bolsa. Y aquellos que cobraron un importe en el 2003 también lo cobrarán con un descuento, resultante de una actualización de lo recibido mediante un índice combinado propuesto por nosotros ante la negativa oficial a considerar el índice de costo de vida del Indec, que en este caso era el más favorable. En el debate previo se incluyó a los herederos de los compañeros fallecidos y se declararon inembargables los títulos a percibir. El cobro en bonos fue aceptado porque no hubo otro remedio, debido a que los propios vaciadores cobraron de esa manera en esta Argentina en bancarrota.

La indudable victoria de los trabajadores y del trabajo del PO, que incluyó movilizaciones, actos, piquetes, mesas redondas (Altamira-Rogel) y se asoció a la lucha contra la “ley Chevron” y contra la indemnización a Repsol, no puede ser distorsionada. Como parte de esa lucha política, en la intervención de la sesión de aprobación, en medio de una ovación de los ypefianos, planteamos todo un programa de cara al futuro: que los costos de la indemnización los paguen las petroleras mediante un impuesto especial, no los contribuyentes. Porque ocurrirá, como con tantas cosas, que las familias afectadas pagarán con los impuestos su propia reparación.

La movilización no debe ceder para que el Senado trate la ley sin cambios, y luego se reglamente y ejecute de manera tal que los trabajadores que han esperado 22 años para esto no reciban dinero desvalorizado por la inflación. Por otro lado, seguiremos la batalla por otras dos reivindicaciones ya plasmadas en otro proyecto de ley elaborado con la Coordinadora: la reinstalación en YPF SA de quienes lo soliciten y la reparación jubilatoria de quienes no logran jubilarse o se han jubilado mal como resultado del despido.

Sin duda, la primera lucha política es que el tema se debata en el Congreso. Pero el Partido Obrero plantea discutir la legitimidad misma del impuesto a las ganancias sobre los salarios.

El gobierno ha ido (des)ajustando el mínimo no imponible por debajo de la inflación durante años hasta transformar la cuarta categoría en un verdadero impuesto al salario, cuando su origen fue gravar a los empresarios que disimulan sus ganancias y las de sus ejecutivos bajo la forma de salarios directivos.

Los decretos del gobierno violan la legislación puesto que, como cuestión impositiva, el ámbito de resolución es el Congreso. Pero, más todavía, violan el reclamo recurrente del movimiento obrero, porque esta reivindicación está al tope de los paros y movilizaciones de los últimos años.

El salario en la Argentina paga hasta el 53% en impuestos. Es decir que el primer día libre de impuestos es cercano al 1º de julio, depende los rangos salariales. Los “nacionales y populares” han logrado la mayor carga impositiva sobre las espaldas de los trabajadores en función de mantener las rebajas de aportes patronales menemista, de no gravar la renta financiera, de sostener un edificio donde los impuestos se trasladan a los precios y con ellos al consumidor asalariado, en mantener el IVA de Cavallo, o ridículos inmobiliarios a la propiedad terrateniente, entre otras perlas.

Pero además, la cuarta categoría, como los impuestos a los combustibles, son de los de más perfecto cobro. Se hace mediante el sistema despótico de descuento patronal sobre los recibos de sueldo, mientras el empresario tributa por declaración de ganancias y balances bajo su estricto control.

El argumento oficial es que ocurre lo mismo en los EEUU o las metrópolis europeas. Mal de muchos, consuelo de tontos, porque hoy por hoy todos los estados imperialistas descargan brutalmente la crisis capitalista mundial sobre las espaldas de sus trabajadores.
Tampoco tiene nada de progresista la finalidad de estos impuestos. Son para indemnizar a Repsol, para sostener el edificio de la deuda usuraria, para pagar los subsidios a las privatizadas que vaciaron nuestros servicios públicos (otorgando un subsidio indirecto a la patronal industrial beneficiada por salarios bajo la línea de pobreza) o para mantener las múltiples excenciones y subsidios a los capitalistas mediante el presupuesto público.

La enorme confiscación sobre los salarios más elevados, arrancados con la lucha de la clase obrera, ha sido tan grande que se ha popularizado la cuestión de que el salario no es ganancia. Sin embargo, los más de veinte proyectos legislativos de la oposición tradicional sobre el tema sostienen la cuarta categoría y apuntan restringidamente a elevar el mínimo no imponible. Aún cuando plantean mecanismos automáticos de actualización y en casos también una alteración de la nefasta tablita de Machinea que el gobierno no actualiza y conduce rápidamente a las alícuotas más altas, todos, sostienen la cuarta categoría.

El Partido Obrero plantea la cuestión de fondo. Si el salario no es ganancia, debe ser abolido el gravamen sobre todo salario de convenio colectivo, carrera estatal o judicial y sobre las jubilaciones. Nuestro proyecto de ley mantiene el impuesto a las ganancias sólo sobre ingresos gerenciales y directivos por sobre un importe equivalente a tres canastas familiares calculadas por organizaciones obreras, hoy, digamos 30 mil pesos y, calcula el mismo piso para los monotributistas.

Nuestro proyecto rescata la reivindicación obrera y es el puntapié de una lucha contra todo el sistema regresivo que la clase capitalista vino imponiendo con sus gobiernos desde hace 30 años de manera creciente.

Tiene además un recorrido valiosísimo. Ha sido votado en numerosas asambleas obreras. La más importante, el plenario clasista convocado por el Sindicato Unico del Neumatico de San Fernando, que movilizó miles de trabajadores al Ministerio de Trabajo en el mes de setiembre pasado con la consigna “abolición del impuesto al salario”. Fue presentado en marzo por nuestro bloque, pero además se difundió en la campaña electoral con su letra expresa, a través de decenas de miles de folletos en puerta de fábrica. Es el mandato de un millón trescientos mil trabajadores que votaron al Frente de Izquierda. Lucharemos por él en la batalla parlamentaria de estos días y tiene que formar parte de la continuidad del plan de lucha que abandonó la burocracia sindical.

Para la clase capitalista si los salarios acompañan todo esto, nada habrá tenido sentido. Es decir, se pretende una reorganización económica donde el “ancla” antiinflacionaria sean precisamente los salarios y jubilaciones, y con ellos un enfriamiento de la economía que evite una híper. Algo que ya empezó con el “amesetamiento” de la actividad económica, como resultado de una caída del Mercosur, del cepo cambiario y de importaciones, y el deterioro del poder adquisitivo en 2013.

Por otro lado, este ajuste se hace cada día más difícil hacerlo en cuotas. Lavagna, referente económico de Massa, ha dicho “el rodrigazo en cuotas no funciona”. González Fraga, el ex presidente del Banco Central radical, es más preciso e indica que hay que partir de una devaluación importante para después hacer “flotar” el tipo de cambio. Remes Lenicoff, el ex ministro de Duhalde, puso hace un mes el tipo de cambio oficial “lógico” en ocho pesos.

Es decir, se está discutiendo y preparando un rodrigazo, que en resumen significa un golpe de tipo de cambio, precios y tarifas, contra el salario. Cuando los precios aumentaron un 100%, Isabel Perón fijó un tope en paritarias de 45%. Por ello, estalló la huelga general de junio-julio de 1975.

Para la clase obrera es un momento decisivo. Así lo ha interpretado la burocracia sindical. Todas sus alas discuten, finamente, cómo evitar la reacción obrera que puede hacer saltar por el aire todo el giro kirchnerista que capitanea Kicillof: pacto Chevron, resarcimiento a Repsol, pagos al Ciadi, negociación con el Club de París y el FMI. El giro al capital financiero, luego de vaciar el Banco Central y el ANSES, el pase de facturas a los trabajadores ante el fracaso de la montaña de subsidios a las privatizadas.

Todas las alas de la burocracia aportan a la discusión de la “gobernabilidad” (que se haría contra los trabajadores). Hasta sueñan con la “unidad”. Moyano y Barrionuevo, los anti-K, acordaron un plenario cuyos ejes son la “paz social” y la “unidad del movimiento obrero”, la “inflación y la seguridad” y, al final de todo eso, “paritarias libres”, algo imposible si empezamos por la paz social.

Massa y su referente Héctor Daer, que no rompe con la CGT oficial, han ido más lejos, buscando liderar una alternativa política en el país. Primero, paritarias ya, en enero, para los docentes, para cerrar urgente y no llegar a marzo discutiendo con los docentes en las aulas. Algo que Scioli agarró más rápido que corriendo convocando la mesa salarial.

Pero Daer dio una pauta estratégica. Propone que, al contrario de lo que siempre se hace, se convoque al Consejo del Salario antes de paritarias, para que sea el elemento “ordenador” de las paritarias. El porcentaje resuelto entre las patronales con las centrales amigas, con presidencia de Tomada y Cristina, sería la pauta salarial para todas las paritarias. Si arreglan con Moyano y Barrionuevo, los convocan también.

Como dijo un burócrata “nadie quiere ser la UOCRA de 1975″, que junto a un puñado de gremios firmó la pauta de Isabel y quedaron colgados del pincel. Toda una línea la de Massa y Daer para que el conjunto de la burocracia arregle el salario y deje las manos libres al gobierno para ajustar luego de los convenios.

Para ello están anudando acuerdos “puente” hasta marzo, en bajos porcentajes, mientras se arma el paquete final. Pereyra, el moyanista de petroleros, acordó el 13% marcado por Galuccio hasta marzo. Incluso, los porcentajes finales podrían no ser tan bajos, porque luego la burguesía y el gobierno los absorben mediante la devaluación y aumentos posteriores a la paritaria. Lo importante no son tanto los importes o porcentajes como la relación que haya entre inflación real y salarios.

Para que todo funcione se prepara también un índice de costo de vida que habría llevado la incidencia del transporte y servicios del 8 al 2% en la canasta, de manera que el nuevo IPC modere el verdadero impacto del tarifazo en marcha. Si las paritarias nunca fueron libres -recordemos los topes de Moyano-, ahora lo serían menos que nunca. Lógicamente, el armado es precario, con una burocracia atomizada y un gobierno sin autoridad política y sin un referente claro de la oposición 2015. El movimiento obrero tiene por delante un enorme desafío.

Desde luego, desplegar un programa es clave. Los 8.500 pesos de mínimo deben ser acompañados con la indexación trimestral bajo control obrero, porque en un escenario como el actual, importa tanto el importe de arranque como el mecanismo para evitar la confiscación inflacionaria posterior. Por supuesto, la asamblea y los reclamos paritarios votados en ellas son la vía para disputar a las burocracias el control del proceso. La burocracia pro-K del sindicato aceitero de San Lorenzo acaba de quebrar la paritaria de la Federación que reclama 9.797 pesos de mínimo, aceptando un acuerdo puente por el 16,5% hasta marzo inclusive, la línea de la Unión Industrial.

Más temprano que tarde, el movimiento obrero estará en la necesidad de una respuesta de conjunto ante un golpe de conjunto. Por ello consideramos apropiado a la etapa que se abre el planteo de un Congreso de Delegados de Base, electos por asamblea de todo el movimiento obrero, de los sindicatos, las CGT y CTA, para discutir el salario y las paritarias, las jubilaciones y un plan económico de los trabajadores de salida a la crisis.

Se trata de un planteo que atiende la necesidad de una intervención del movimiento obrero en la crisis y da un método para quebrar el cepo de la burocracia. Nos da, además, una guía para convocatorias y autoconvocatorias de delegados y activistas en gremios y zonas que apunten al planteo general. Que no pase el rodrigazo que preparan la patronal y sus partidos políticos.