Desde luego en medio de estas contradicciones está el impuesto a las ganancias sobre los salarios que disparó el paro nacional y que está en la base del “engorde” de los reclamos de ciertas burocracias como la de Maturano de la Fraternidad. Esto se aprecia en los acuerdos petroleros de Pereyra que pactó tres cuotas de $7000 exceptuadas de ganancias. La excepción sean tal vez los aceiteros que fijaron una canasta familiar en la cifra exacta de $14931, surgida de los estudios de la Universidad de Rosario y el plenario de delegados del subte que votó, a instancias del clasismo, un pliego paritario para recuperar el salario y al mismo tiempo un bono compensatorio de ganancias. La radicalización de Daer, al menos en las cifras, viene de atrás y se explica por su debilitamiento en la base del gremio.

Scioli y los gobernadores habían logrado cerrar las paritarias docentes con menos paros que otros años, Caló, Cavalieri, Gerardo Martínez, están prestos a firmar los topes oficiales y todos ellos se apoyan, como otras burocracias menores, por caso gráficos, plásticos o textiles en la recesión industrial que atraviesa una nueva ola de suspensiones y quiebras.

Pero el escenario de la inflación no ha cedido a pesar de la recesión. Todas las mediciones ubican la inflación arriba del 2% mensual lo cual es una enormidad y la canasta de pobreza que mide la CABA alcanzó los $6000 cuando la mitad de los trabajadores ganan menos de $5500 según el INDEC. Convenios como el de la UOM, comercio, construcción o UPCN, los grandes gremios, se alejan cada vez más de la canasta familiar.

El paro nacional mostró el alcance de la inquietud en el movimiento obrero y al mismo tiempo la necesidad de un programa y una acción de conjunto.

Como están planteadas las cosas, las reivindicaciones del movimiento obrero deben ser planteadas como parte de un programa de conjunto que prepare a los trabajadores que enfrentan cierres o suspensiones, la cuestión del salario en referencia a la canasta familiar y la abolición de ganancias en los salarios de convenio. Esto último supone alterar todo el cuadro de ese impuesto confiscatorio, los mínimos no imponibles, la escala y el absurdo “piso” de Kicillof-Kirchner, de manera que la cuarta categoría rija para directivos empresariales y no para trabajadores.

La cuestión del paro de 36 horas y el plan de lucha, forma parte de un planteamiento de tipo político general a todo el movimiento obrero. La UIA salió a marcar la cancha a Scioli, Macri y Massa. Introdujeron el tema de la anulación de paritarias en función de algún tipo de pacto social futuro para acompañar el ajuste. Maturano ha denunciado que está presente la cuestión de la devaluación y de los ajustes de tarifas, pero en nombre de la unidad peronista futura de la CGT formó una nueva fracción y retarda un plan de lucha en función de un restringido acuerdo en el tema ganancias. Todos ahora se acuerdan que el gobierno acumula ya una deuda de 25 mil millones con las Obras Sociales: la política de Kicillof y Cristina colisiona con los sindicatos, donde pierde sistemáticamente la salud de la familia obrera.

Las “cocinas” de vieja dirigencia sindical empresarial paralizan al movimiento obrero. Nuestra tarea está centrada en organizar asambleas, mandatos y una vasta difusión del clasismo para que el movimiento obrero intervenga en la crisis con su propio programa, preparando las condiciones políticas y de lucha para que el ajuste lo paguen los banqueros y capitalistas. Nuestra propuesta es un Congreso de Delegados electos, con mandato, que vote debata y vote estos objetivos y supere la atomización creciente del movimiento obrero.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, atacó la huelga acusando al Partido Obrero de haber impulsado el cierre de la fábrica, obstruyendo “el funcionamiento de la economía y la actividad de las empresas”. Un ataque destinado a ocultar la completa complicidad del gobierno con el pulpo norteamericano. En primer lugar, porque rigiendo un “cepo de importación”, Lear ha provisto fluidamente de los cables a Ford mediante importación. Ahora mismo los obreros denuncian que 17 contenedores de la empresa están en el puerto.

El ministerio de Carlos Tomada no garantizó el ingreso de los delegados impedidos de entrar a planta, a pesar de 12 fallos favorables de la justicia en ese sentido. El poder ejecutivo de Capitanich sólo garantiza, con la gendarmería de Berni y la infantería de Scioli, el “despeje” de la zona y la panamericana ordenado por la justicia penal.

El lock out apunta a profundizar un vaciamiento en el que Débora Giorgi y Capitanich miran para el costado. Es un “sobre llovido mojado” que se suma al desplome de la producción automotriz y su ola de suspensiones y despidos.

Los obreros, tras meses de lucha, han reaccionado combativamente afrontando el lock out como una nueva etapa. La empresa despilfarra recursos durante todo el conflicto para imponer una reestructuración antiobrera y ahora paga el 100% -como precisó, conocedor, Capitanich- a los obreros suspendidos para separarlos de la influencia diaria de la comisión interna y los despedidos en lucha.

Este detalle habla del nuevo campo en que se desenvolverá la lucha, donde el contacto con los trabajadores suspendidos será todo un objetivo para sumarlos a la perspectiva de lucha contra el vaciamiento y eventual cierre de su fuente de trabajo. De hecho, en muchas ocasiones el sector que ingresó a planta no superó las cien personas de un total de 450 que revistan en el único turno que hoy tiene la planta luego de la amputación completa del turno tarde.

El ataque de Capitanich muestra que se pretende intimidar con el cierre para reabrir sobre la base de una derrota. Y, llegado el caso, según sean los planes patronales, para intimidar al resto del movimiento obrero, culpando del cierre a los que luchan. Pero debe ser aclarado sistemáticamente a la opinión pública y al movimiento obrero que el vaciamiento de Lear Corporation viene, al menos, desde hace un año. Hubo, antes de las suspensiones y despidos, 180 “retiros voluntarios” a diciembre del año pasado, y los delegados denunciaron la presunción de importación de mazos de cable en ese período desde Filipinas, Honduras y otros orígenes donde la multinacional tiene algunas de sus 20 plantas en el mundo.

Capitanich dice que el justicialismo es el partido de los trabajadores y el PO el de los capitalistas. Pero sus “obreros” son los Pedraza, los Gerardo Martínez y, en este caso, Pignanelli. La burocracia sindical del Smata actuó con métodos lopezrreguistas durante todo el conflicto y ha declarado que prefiere el cierre de la fábrica antes que la continuidad de un cuerpo de delegados que no le responde y se mueve según resoluciones de asamblea de fábrica.

En estos puntos consiste, precisamente, el derrumbe progresivo del peronismo entre las filas obreras y el progreso, luchado pero evidente, del PO y el FIT. El PJ de los empresarios del juego, la Barrick Gold, la banca acreedora, los Lear y los Milani, cada día corresponde menos a las tendencias más avanzadas de los trabajadores y en particular de su juventud.

La prensa ha puesto su eje en la “impunidad”, pero ni siquiera desde este estrecho punto de vista se llega hasta el final. Omiten que la redacción de la ley Banelco salió de las oficinas de Techint. Javier Tizado, personero de Paolo Rocca, nombrado secretario de Industria por el gobierno de la Alianza, fue el redactor de una reforma laboral que legalizó los preciados convenios por empresa. La Nación llegó a publicar que “los fondos de los sobornos habrían salido de una importante empresa”.

Sin duda, la impunidad para De la Rúa, tanto por los 33 muertos del 19 y 20 de diciembre como en este caso, están en la línea de la impunidad que se aseguró Menem en la causa del contrabando de armas. Y la que se trama en favor de los Kirchner. Lo que se defiende es la continuidad de un régimen social y político, donde la corrupción sólo remunera la defensa de los intereses estratégicos de la clase capitalista. Esa clase, que no va al banquillo, como no lo fue con la dictadura, protege desde luego a su “personal” político.

Con las absoluciones, al mismo tiempo ha sido indultado el contenido de la ley Banelco por parte de un régimen y una Justicia que fueron socios en los 90 de la flexibilidad laboral y que la preservaron bajo la década “ganada”. En 2004, cuando estalla el caso por las confesiones del arrepentido, en un trámite sumario y con apoyo de la burocracia sindical y de la centroizquierda (CTA), el kirchnerismo aprobó la llamada “Banelco II”.

La actual ley laboral -que Lozano llamó “ley fundante” en tiempos de su idilio con el kirchnerismo- es una réplica de la “Banelco” y sostuvo en estos nueve años al 40% de la población laboral argentina bajo condiciones laborales precarias. La “Banelco II” habilitó la continuidad de los convenios a la baja, sean por empresa o por gremios, que perforan los pisos históricos de la ley de contrato de trabajo. Habilita los “convenios Pyme” con cláusulas laborales inferiores, con un piso de trabajadores que Kirchner elevó hasta un número de 80. Pero en el actual convenio plástico, habilitado por Tomada, esa cifra es llevada hasta 300 trabajadores.

La “Banelco II” redujo las indemnizaciones que tenían por piso dos meses de sueldo. Permite el trabajo por agencia, de enorme difusión en la industria. Mantiene los nefastos recursos de crisis por los cuales se abaratan los despidos y se suspenden los convenios, y mantiene la no vigencia del convenio en las convocatorias de acreedores. Si bien derogó variedades menemistas de contratación precaria, habilitó las pasantías y el tiempo de “aprendizaje”, novedosas formas de violar los convenios y la estabilidad laboral. El propio Estado, bajo esta ley laboral, practica las “becas” y el monotributo, modalidades de fraude laboral “siglo XXI”.

El kirchnerismo, por lo tanto, sólo emprolijó la ley Banelco, una legislación estratégica de la burguesía nacional. Otro tanto ocurre con el papel de la ex SIDE y de sus fondos reservados en las coimas. El kirchnerismo ha multiplicado esos fondos, así como el papel político de los organismos de inteligencia. Basta ver los 1.356 millones otorgados a Milani, su propia designación o el Proyecto X de la Gendarmería. La Justicia ha protegido el manejo presidencial de las cajas negras de los servicios de inteligencia. El fallo, indirectamente, protege a los Milani y a los Gerardo Martínez, o a la conexión local del atentado de la AMIA.

Este fallo de impunidad tiene que reforzar nuestra lucha por la derogación de la “Banelco II” y de todo el edificio de la flexibilidad laboral, así como la exigencia de apertura de los archivos de todos los servicios de inteligencia y su desmantelamiento.

El disparador para abordar esta temática fue el propio Indec, que registró un alarmante 34,5% de trabajo informal, un aumento respecto de mediciones anteriores. Se trata de 4,3 millones de trabajadores no registrados. Si sumamos los 600 mil tercerizados, los trabajadores por agencias de trabajo temporario, los contratados y monotributistas que son, en realidad, asalariados disimulados -especialmente en el Estado-, más becarios, pasantes y otras modalidades “noventistas” de estos días, la mitad de la fuerza de trabajo argentina está precarizada. Ese era el número de trabajadores en negro en medio de la catástrofe devaluatoria 2002/3.

Otra faceta de esta década “negra” es el componente negro del salario, cuestión que se extiende tanto al ámbito privado como al estatal. Gran parte del sueldo de los 800 mil docentes está formado por cifras “no remunerativas” y “no bonificables”, dos variedades del negro salarial. Precisamente, los 150 mil docentes universitarios dieron un gran salto cuando conquistaron el blanqueo por medio de la gran huelga general de 2005; no obstante, no se cumplieron los compromisos de incorporación de los ad honorem y éstos siguen siendo más de 20 mil.

Esta geografía del mercado laboral argentino es la que garantiza que el 50% de la fuerza laboral gane menos de 3.800 pesos, el 40% de una canasta familiar bien medida. En resumen, la década “ganada” se basó en el fraude laboral, el trabajo en negro y la precarización, garantizando una colosal recomposición de la tasa de ganancias y explotación capitalista.

Dentro de este universo se encuentra el trabajo esclavo y la trata con ese destino, estimada en 30 mil trabajadores en la Capital y cifras muy superiores en la provincia. Pero, como se aprecia, no se trata de un rayo en cielo sereno, sino de la manifestación más extrema de la flexibilización laboral que agravó la explotación social en las últimas décadas. La exteriorización del fenómeno por parte de algunas ONG no ahorran la tarea de intervención del movimiento obrero para terminar con esta barbarie.

De cara a esta realidad, los anuncios oficiales son irrelevantes. Lanzarían brigadas de delegados de los aparatos gremiales para acompañar a los ¡400! inspectores del ministerio que controlan la registración laboral. Además, plantearán para los evasores de las leyes laborales una controvertida inscripción en el Veraz, que no aceptan ni burócratas ni empresarios.

Pero esos 400 inspectores están ellos mismos, en su mayoría, precarizados: de los 4.000 empleados del Ministerio de Trabajo, ATE denuncia que 2.700 están con contratos o monotributos, el peor de todos los fraudes laborales. Por el lado de los sindicatos es aún peor. En gremios como gráficos o metalúrgicos, los “asesores” sindicales de las secretarías gremiales hacen la vista gorda en empresas sin afiliados al sindicato, sin delegados y donde impera la ley de la estancia, trabajo negro incluido. Este es uno de los motivos que lleva a que más del 80% de las empresas no tengan delegados en el país con más tradición de organización sindical fabril de toda América.

La burocracia de los Caló, los Gerardo Martínez y los Venegas es socia estratégica del trabajo en negro y de la precarización laboral, desde que ella misma es titular de empresas tercerizadas como Unión del Mercosur de Pedraza u All Clean de Sergio Sasia, su sucesor en la Unión Ferroviaria. La burocracia es socia en el puerto de Mar del Plata, donde el 60% de los trabajadores son conchabados en falsas cooperativas.

Revertir esta década “en negro” no podrá resolverse con un proyecto de ley, puesto que el trabajo en negro ya está prohibido. Es una tarea integral de organización del movimiento obrero, unificándolo por encima de las diferencias internas agravadas en la década K, organizando a la juventud precarizada, con comités de empresa electos por los trabajadores para su blanqueo -haya o no sindicalización previa-, dando estabilidad laboral a los trabajadores en negro que denuncien su situación y sindicalizándolos al mismo tiempo.

Estas tareas se combinan con la expulsión de la burocracia sindical, factor de contención de las tendencias de lucha y organización del movimiento obrero. Sólo tres sectores -construcción, Uatre y empleo doméstico- concentran un tercio de la fuerza laboral en negro. El Sitraic, en la construcción, es una punta de lanza para revertir este flagelo. Debe establecerse la vigencia del convenio principal en cada lugar de trabajo, para terminar con la tercerización. Todo contratado debe pasar a planta. También para esta lucha es necesario un bloque del Frente de Izquierda en el Congreso.

Como la lista de Massa incluye elementos de la CGT Balcarce y de la CTA Yasky, podríamos hablar hoy no ya de cinco reagrupamientos burocráticos, sino de por lo menos siete -al menos hasta octubre. En este punto, hay que anotar sectores del moyanismo como Murúa, de plásticos, y otros de Aguas Gaseosas que se están pasando al massismo. Pero puede tratarse de un malón en un futuro próximo, teniendo en cuenta la caída libre de De Narváez -la lista que integran Moyano y sus hombres.

La desintegración del kirchnerismo agravó hasta nuevo aviso la disgregación de la burocracia sindical. En este cuadro, se han producido los llamados de Massa y los gestos hasta del propio Caló en el sentido de una unidad futura.

¿Cuáles son los motivos y qué está en juego para la clase obrera?

En primer lugar, existe una acumulación de reivindicaciones obreras insatisfechas: ganancias, destrucción de asignaciones familiares, paritarias por detrás de la inflación, confiscación de 16 mil millones a las Obras Sociales por parte del gobierno, precarización laboral y el saqueo sistemático de la Anses en perjuicio de los jubilados. Los sindicatos han sido incapaces de viabilizar las reivindicaciones más sentidas, como es el caso del impuesto a las ganancias sobre el salario.

El gobierno pierde capacidad de arbitraje para reagrupar a la burocracia, porque las medidas que toma son aspirinas para un cáncer. Es el caso de la excepción agónica del aguinaldo en ganancias, que no impedirá que una mayor cantidad de trabajadores paguen más por ese impuesto durante 2013. O el aumento a las apuradas del salario mínimo con el aval de un grupo de amigos en los sindicatos, que no cambia el descomunal trabajo en negro de casi el 40%, ni la violación del salario mínimo entre los municipales y hasta docentes, así como en todo tipo de tercerizadas. En todos estos casos, se completan básicos de miseria, con cifras no remunerativas de todo color y pelaje.

En relación con la deuda del gobierno con las obras sociales, los burócratas “compensan” el bicicleteo oficial con cuotas compulsivas a los afiliados al momento de la firma de convenios. Mientras tanto, son “comprensivos” con el déficit fiscal: es que también son beneficiarios de la montaña de subsidios a los ferrocarriles o el sistema eléctrico, en su carácter de socios de los privatizadores. La salud obrera, mientras tanto, “puede esperar”.

Por otra parte, los Gerardo Martínez, los Caló y los Moyano han sido sacudidos por igual por los fallos de la Corte que declaran la inconstitucionalidad del articulado de la ley sindical que consagra el monopolio de las personerías y de la representación colectiva de los trabajadores para la burocracia.

Massa tendrá que ofrecer un camino a esta crisis. Daer, miembro de su lista, no deja dudas sobre el “modelo” de unicato sostenido por Tomada y Rial. Por su parte, la inclusión de Alessandrini, segundo de Baradel, sólo estaría asegurando la continuidad del papel subordinado de Yasky en el actual concierto sindical.

Pero la cuestión llega más lejos. Luego de una larga lucha, la justicia obligó a Tomada a firmar la inscripción gremial del Sitraic. Es un desafío nada menos que a Gerardo Martínez, uno de los pilares de la burocracia en el sector más explotado de la clase obrera.

Por otro lado, la victoria en una docena de Suteba, en ATEN Neuquén, el 37% obtenido por un frente de izquierda en FOETRA, la próxima lista unificada para CTERA o las listas ferroviarias que competirán por los cuerpos de delegados (algo que se extiende a todo tipo de gremios industriales) plantean otra cuestión. Lo mismo que el proceso de paros y organización fabril en los grandes parques industriales como Pilar o Almirante Brown (hasta ahora zonas francas de flexibilidad laboral), el retorno a la lucha de los tercerizados ferroviarios, acaudillados por Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra, y los paros en zona norte de LEAR o FATE para detener despidos de activistas.

Es un proceso de fondo en el movimiento obrero, que escapa a todas las fracciones de la burocracia y que vuelve a colocar la lucha por su expulsión de los sindicatos. La cuestión es: unidad de la burocracia o recuperación de los sindicatos para unir a la clase obrera. La lucha por el ingreso del Frente de Izquierda al Congreso tiene, entre los principales puntos de su agenda, la derogación de la ley de Asociaciones Sindicales, la cual ata los sindicatos al Estado.