El proyecto de ley establece un menú de rebajas de aportes patronales a la seguridad social de tipo decreciente, desde las Pymes (total durante dos años) hasta las grandes empresas, en este último caso de un 25%. Lo que no podemos negar es que hay un lineamiento, porque antes se eximió de los cortes de subsidios al gas y al agua a las empresas. Es decir que se ha iniciado un ciclo de reforzamiento de los subsidios y extensiones del Estado a las patronales, a expensas de los trabajadores.

En el caso de la mal llamada ley de blanqueo es claramente a expensas de los trabajadores porque la ley afecta los aportes, por ejemplo jubilatorios. Y si bien al trabajador se le reconocerían los años de aportes, la rebaja desfinancia el sistema en su conjunto y por lo tanto afecta la movilidad jubilatoria. Es un golpe a la jubilación, que no es otra cosa que un salario diferido, en beneficio de los capitalistas. Refuerza las rebajas patronales de los 90 que han desfinanciado al Ansés en miles y miles de millones de pesos desde hace 20 años.

Luego, el largo articulado de creación del “Repsal”, un registro de los empleadores en negro, es más de lo mismo, porque depende de las inspecciones que hasta ahora permitieron que el trabajo en negro llegue al escalofriante 35%. Claro, en muchos casos los propios inspectores están precarizados, como contratados o monotributistas.

El Estado nacional –y todos los demás, provinciales y municipales- no ha empezado por casa. Los monotributistas en los que compiten el cristinismo, Macri y otros gobernadores, son un abierto fraude laboral practicado por el estado encargado de “combatir” el trabajo en negro.

Desaparecido Laclau, el “relato” sigue vivo. Los “nacionales y populares” no visten el proyecto de rebajas patronales de “antidesocupación”, porque su relato indica que no hay casi desocupados, algo completamente falso si miramos los falsos empleos Argentina Trabaja y demás planes sociales y la descomunal magnitud de la AUH. Prefieren vestirlo de ley de blanqueo o combate al trabajo en negro que ellos mismos propiciaron y permitieron.

El combate al trabajo en negro no pasa, claro está, por falsas inspecciones de un Estado negrero –y coimero-, y mucho menos por rebajas de aportes patronales a la seguridad social. El pago de trabajadores en negro requiere de finanzas en negro y la rebaja de aportes podrá favorecer a los empresarios que toman algún trabajador –estamos en tiempo de despidos y suspensiones-, pero el que tiene un circuito económico en negro no lo cambia por una rebaja de aportes porque sufre el impacto del blanqueo de toda la porción de la actividad económica que corresponde al trabajador empleado. La ley es inútil, además, antes de empezar a aplicarse, en los salarios que se pagan parte en negro y parte en blanco, porque se trata de “viejos” trabajadores que no califican para la rebaja de aportes.

En resumen, es una estafa política. El blanqueo de los trabajadores requiere intervenir en función de una movilización social de los trabajadores mismos para denunciar su situación y garantizar su registración. Esto requiere brindar estabilidad laboral, por ejemplo por cinco años, a todo trabajador que por carta documento reclame su registración y/o su blanqueo salarial parcial. Otra medida clave para combatir el trabajo en negro es la elección de delegados, convocada haya o no haya afiliados a un sindicato determinado en todos los lugares de trabajo, para reforzar la cohesión de los trabajadores que tienen que encarar su lucha legal por el blanqueo. Por supuesto, otra contribución a la lucha por el blanqueo es terminar con el curro de la tercerización, a menudo en negro, mediante la vigencia irrestricta del convenio principal de la empresa o actividad de que se trate. Este es el camino del clasismo y la izquierda para terminar con el trabajo en negro, fuente de la más extrema flexibilidad laboral y miseria salarial.

Que la policía haya puesto en la agenda nacional un salario mínimo equivalente a la canasta familiar demuestra, ante todo, la vergonzosa parálisis de la CGT en cualquiera de sus variantes. Las familias de los policías tienen que afrontar el mismo supermercado que las familias obreras.

Pero las concesiones a la policía abren una deliberación colosal, en primer lugar, entre los estatales y docentes de todas las provincias del país. En Córdoba, la dirección delasotista de los empleados públicos se ha visto obligada a ir al paro de 48 horas por aumento y habrá marcha conjunta con docentes que medirá el estado de ánimo y de movilización entre los trabajadores. En Neuquén, un paro total de docentes y estatales, con masiva marcha, puso ya en la calle el reclamo de 10 mil pesos de básico y sigue un gran paro de salud. El 18 habrá un paro nacional médico de Fresposa, nacido en la lucha de los residentes de la provincia de Buenos Aires.

Es el camino en todas las provincias. Asambleas conjuntas de los estatales, por encima de divisiones de gremios. Unidad con docentes y trabajadores de la salud. Que Ctera convoque un congreso con mandato de asambleas de cada provincia, ningún crédito a la paritaria trucha tradicional de Yasky, quien seguirá el camino entreguista del sindicato de docentes salteño que firmó 25 % en tres cuotas, de espaldas a la docencia.

La docencia es cuatro veces más numerosa que la policía, y los estatales un número equivalente a la fuerza policial con variantes, según las provincias. Se abre un cuadro de crisis donde el movimiento obrero en su conjunto tiene que intervenir.

El gremio aceitero, que enfrenta la primera paritaria, ha planteado 9.500 pesos de básico, el real monto de una canasta familiar. Aunque claro está, en este cuadro de inflación creciente, hay que imponer mecanismos de indexación salarial. No se pueden admitir tampoco ningún tipo de cuotas, esquema histórico kirchnerista que hoy resulta directamente confiscatorio. Otra paritaria que ha causado impacto en las filas obreras es la de cerveceros, que cerró (atrasada) en 26,5% en tres cuotas, pero con un adicional de fin de año de 10 mil pesos en dos cuotas.

El gobierno se preocupa por la “tensión social”. Pero negó bonificación alguna a los jubilados, y el aguinaldo para los 170 mil trabajadores del Argentina Trabaja. Esas reivindicaciones sólo las levanta el clasismo, junto al doble aguinaldo para todos y reapertura de paritarias, en la manifestación del 29 de noviembre.

Moyano ha renunciado a jugar un papel de conjunto, apenas trata de cuidar el deterioro de su autoridad puertas adentro del gremio, negociando sin ruidos un bono de fin de año. La burocracia sindical se atomiza y se adapta a las pugnas de los diferentes caciques pejotistas. Por otro lado, especulan con notables caídas en la producción industrial para mejor frenar el reclamo, pero sin ofrecer política alguna allí donde se producen suspensiones o despidos.

Nuestra política es la contraria, es la hora para que el movimiento obrero intervenga. Las asambleas fabriles y de lugares de trabajo tienen que cimentar la intervención de las organizaciones obreras en la crisis mediante un programa: 8.000 de salario mínimo vital y móvil, mínimos de convenio equivalentes a la canasta familiar, doble aguinaldo para activos y jubilados, reapertura de paritarias, indexación de salarios, ningún despido ni suspensión, reparto de horas disponibles sin afectar salarios en las ramas afectadas por caída de producción. Ganemos la calle el 20 de diciembre, todas las organizaciones obreras de lucha, con este programa.