Claro, fue cautivante para todas las fuerzas políticas patronales. Dos años de exención de cargas previsionales a las pequeñas empresas, 50% a las medianas y 25% a toda empresa capitalista (aunque sea la GM) que tome trabajadores, de lo que se supone blanquearían los trabajadores en negro.

Como denunciamos antes que nadie, la ley afecta los fondos de la Anses y, por lo tanto, la movilidad jubilatoria, la cual se calcula por un índice combinado que incluye recaudación. Es decir que es un subsidio de los trabajadores y sus jubilaciones a las patronales culpables del trabajo en negro. Frente a esto, el massismo propone “encapsular” la movilidad. En criollo, hacer la rebaja pero mantener la movilidad, desfinanciando a la Anses. De esto Massa sabe, no caben dudas.

Pero la ley no tiene ni pies ni cabeza porque, si una empresa no necesita trabajadores, no los toma aunque los aportes sean más bajos. De esto aprendimos con sangre desde 1996, año de la rebaja de aportes patronales: cuando llegó la crisis rusa y asiática en 1998 se produjo el mayor índice de desocupación, 18%; con las rebajas patronales en plena vigencia. Una ley de este tipo no promueve el empleo ni detiene los despidos y suspensiones, exactamente lo que está ocurriendo ahora.

En cuanto al blanqueo mismo hay una enorme mentira. La empresa que paga en negro, tiene fondos de origen negro, basados en un circuito en negro, donde se evaden las cargas sociales y el conjunto de los impuestos. Nadie se va a autodelatar porque blanquear un trabajador sea barato.

La norma cavalliana incluye una especie de veraz de los infractores que surgiría de un registro llevado por los mismos inspectores del Ministerio de Trabajo -400-, responsables de terminar con el 34% de trabajadores en negro del país, unos 5 millones. Absurdo, incluso si no tomamos en cuenta que gran parte de los inspectores mismos son precarios, porque sabido es que ni el Estado nacional ni las provincias (y menos que menos el macrismo) se privan de explotar compañeros como monotributistas.

Nuestra intervención en el Parlamento, en éste como en tantos temas, pondrá blanco sobre negro los intereses sociales y de clase que cada uno representa. El Partido Obrero plantea disponer garantías de estabilidad laboral a todo trabajador que notifique su condición de trabajador en negro para evitar el despido y así movilizar la propia fuerza social de la clase obrera para terminar con la superexplotación de la informalidad en la cual se pagan los peores salarios y no rigen ni leyes ni convenios.

Toda la clase capitalista lucra con la informalidad, por sí misma, por vía de la tercerización o por la vía del abaratamiento de insumos. Sólo los trabajadores acabaremos con este flagelo. En diputados la izquierda revolucionaria se hará ver otra vez en este tema como alternativa política de los explotados.

El proyecto de ley establece un menú de rebajas de aportes patronales a la seguridad social de tipo decreciente, desde las Pymes (total durante dos años) hasta las grandes empresas, en este último caso de un 25%. Lo que no podemos negar es que hay un lineamiento, porque antes se eximió de los cortes de subsidios al gas y al agua a las empresas. Es decir que se ha iniciado un ciclo de reforzamiento de los subsidios y extensiones del Estado a las patronales, a expensas de los trabajadores.

En el caso de la mal llamada ley de blanqueo es claramente a expensas de los trabajadores porque la ley afecta los aportes, por ejemplo jubilatorios. Y si bien al trabajador se le reconocerían los años de aportes, la rebaja desfinancia el sistema en su conjunto y por lo tanto afecta la movilidad jubilatoria. Es un golpe a la jubilación, que no es otra cosa que un salario diferido, en beneficio de los capitalistas. Refuerza las rebajas patronales de los 90 que han desfinanciado al Ansés en miles y miles de millones de pesos desde hace 20 años.

Luego, el largo articulado de creación del “Repsal”, un registro de los empleadores en negro, es más de lo mismo, porque depende de las inspecciones que hasta ahora permitieron que el trabajo en negro llegue al escalofriante 35%. Claro, en muchos casos los propios inspectores están precarizados, como contratados o monotributistas.

El Estado nacional –y todos los demás, provinciales y municipales- no ha empezado por casa. Los monotributistas en los que compiten el cristinismo, Macri y otros gobernadores, son un abierto fraude laboral practicado por el estado encargado de “combatir” el trabajo en negro.

Desaparecido Laclau, el “relato” sigue vivo. Los “nacionales y populares” no visten el proyecto de rebajas patronales de “antidesocupación”, porque su relato indica que no hay casi desocupados, algo completamente falso si miramos los falsos empleos Argentina Trabaja y demás planes sociales y la descomunal magnitud de la AUH. Prefieren vestirlo de ley de blanqueo o combate al trabajo en negro que ellos mismos propiciaron y permitieron.

El combate al trabajo en negro no pasa, claro está, por falsas inspecciones de un Estado negrero –y coimero-, y mucho menos por rebajas de aportes patronales a la seguridad social. El pago de trabajadores en negro requiere de finanzas en negro y la rebaja de aportes podrá favorecer a los empresarios que toman algún trabajador –estamos en tiempo de despidos y suspensiones-, pero el que tiene un circuito económico en negro no lo cambia por una rebaja de aportes porque sufre el impacto del blanqueo de toda la porción de la actividad económica que corresponde al trabajador empleado. La ley es inútil, además, antes de empezar a aplicarse, en los salarios que se pagan parte en negro y parte en blanco, porque se trata de “viejos” trabajadores que no califican para la rebaja de aportes.

En resumen, es una estafa política. El blanqueo de los trabajadores requiere intervenir en función de una movilización social de los trabajadores mismos para denunciar su situación y garantizar su registración. Esto requiere brindar estabilidad laboral, por ejemplo por cinco años, a todo trabajador que por carta documento reclame su registración y/o su blanqueo salarial parcial. Otra medida clave para combatir el trabajo en negro es la elección de delegados, convocada haya o no haya afiliados a un sindicato determinado en todos los lugares de trabajo, para reforzar la cohesión de los trabajadores que tienen que encarar su lucha legal por el blanqueo. Por supuesto, otra contribución a la lucha por el blanqueo es terminar con el curro de la tercerización, a menudo en negro, mediante la vigencia irrestricta del convenio principal de la empresa o actividad de que se trate. Este es el camino del clasismo y la izquierda para terminar con el trabajo en negro, fuente de la más extrema flexibilidad laboral y miseria salarial.

Para la clase capitalista si los salarios acompañan todo esto, nada habrá tenido sentido. Es decir, se pretende una reorganización económica donde el “ancla” antiinflacionaria sean precisamente los salarios y jubilaciones, y con ellos un enfriamiento de la economía que evite una híper. Algo que ya empezó con el “amesetamiento” de la actividad económica, como resultado de una caída del Mercosur, del cepo cambiario y de importaciones, y el deterioro del poder adquisitivo en 2013.

Por otro lado, este ajuste se hace cada día más difícil hacerlo en cuotas. Lavagna, referente económico de Massa, ha dicho “el rodrigazo en cuotas no funciona”. González Fraga, el ex presidente del Banco Central radical, es más preciso e indica que hay que partir de una devaluación importante para después hacer “flotar” el tipo de cambio. Remes Lenicoff, el ex ministro de Duhalde, puso hace un mes el tipo de cambio oficial “lógico” en ocho pesos.

Es decir, se está discutiendo y preparando un rodrigazo, que en resumen significa un golpe de tipo de cambio, precios y tarifas, contra el salario. Cuando los precios aumentaron un 100%, Isabel Perón fijó un tope en paritarias de 45%. Por ello, estalló la huelga general de junio-julio de 1975.

Para la clase obrera es un momento decisivo. Así lo ha interpretado la burocracia sindical. Todas sus alas discuten, finamente, cómo evitar la reacción obrera que puede hacer saltar por el aire todo el giro kirchnerista que capitanea Kicillof: pacto Chevron, resarcimiento a Repsol, pagos al Ciadi, negociación con el Club de París y el FMI. El giro al capital financiero, luego de vaciar el Banco Central y el ANSES, el pase de facturas a los trabajadores ante el fracaso de la montaña de subsidios a las privatizadas.

Todas las alas de la burocracia aportan a la discusión de la “gobernabilidad” (que se haría contra los trabajadores). Hasta sueñan con la “unidad”. Moyano y Barrionuevo, los anti-K, acordaron un plenario cuyos ejes son la “paz social” y la “unidad del movimiento obrero”, la “inflación y la seguridad” y, al final de todo eso, “paritarias libres”, algo imposible si empezamos por la paz social.

Massa y su referente Héctor Daer, que no rompe con la CGT oficial, han ido más lejos, buscando liderar una alternativa política en el país. Primero, paritarias ya, en enero, para los docentes, para cerrar urgente y no llegar a marzo discutiendo con los docentes en las aulas. Algo que Scioli agarró más rápido que corriendo convocando la mesa salarial.

Pero Daer dio una pauta estratégica. Propone que, al contrario de lo que siempre se hace, se convoque al Consejo del Salario antes de paritarias, para que sea el elemento “ordenador” de las paritarias. El porcentaje resuelto entre las patronales con las centrales amigas, con presidencia de Tomada y Cristina, sería la pauta salarial para todas las paritarias. Si arreglan con Moyano y Barrionuevo, los convocan también.

Como dijo un burócrata “nadie quiere ser la UOCRA de 1975″, que junto a un puñado de gremios firmó la pauta de Isabel y quedaron colgados del pincel. Toda una línea la de Massa y Daer para que el conjunto de la burocracia arregle el salario y deje las manos libres al gobierno para ajustar luego de los convenios.

Para ello están anudando acuerdos “puente” hasta marzo, en bajos porcentajes, mientras se arma el paquete final. Pereyra, el moyanista de petroleros, acordó el 13% marcado por Galuccio hasta marzo. Incluso, los porcentajes finales podrían no ser tan bajos, porque luego la burguesía y el gobierno los absorben mediante la devaluación y aumentos posteriores a la paritaria. Lo importante no son tanto los importes o porcentajes como la relación que haya entre inflación real y salarios.

Para que todo funcione se prepara también un índice de costo de vida que habría llevado la incidencia del transporte y servicios del 8 al 2% en la canasta, de manera que el nuevo IPC modere el verdadero impacto del tarifazo en marcha. Si las paritarias nunca fueron libres -recordemos los topes de Moyano-, ahora lo serían menos que nunca. Lógicamente, el armado es precario, con una burocracia atomizada y un gobierno sin autoridad política y sin un referente claro de la oposición 2015. El movimiento obrero tiene por delante un enorme desafío.

Desde luego, desplegar un programa es clave. Los 8.500 pesos de mínimo deben ser acompañados con la indexación trimestral bajo control obrero, porque en un escenario como el actual, importa tanto el importe de arranque como el mecanismo para evitar la confiscación inflacionaria posterior. Por supuesto, la asamblea y los reclamos paritarios votados en ellas son la vía para disputar a las burocracias el control del proceso. La burocracia pro-K del sindicato aceitero de San Lorenzo acaba de quebrar la paritaria de la Federación que reclama 9.797 pesos de mínimo, aceptando un acuerdo puente por el 16,5% hasta marzo inclusive, la línea de la Unión Industrial.

Más temprano que tarde, el movimiento obrero estará en la necesidad de una respuesta de conjunto ante un golpe de conjunto. Por ello consideramos apropiado a la etapa que se abre el planteo de un Congreso de Delegados de Base, electos por asamblea de todo el movimiento obrero, de los sindicatos, las CGT y CTA, para discutir el salario y las paritarias, las jubilaciones y un plan económico de los trabajadores de salida a la crisis.

Se trata de un planteo que atiende la necesidad de una intervención del movimiento obrero en la crisis y da un método para quebrar el cepo de la burocracia. Nos da, además, una guía para convocatorias y autoconvocatorias de delegados y activistas en gremios y zonas que apunten al planteo general. Que no pase el rodrigazo que preparan la patronal y sus partidos políticos.

Como la lista de Massa incluye elementos de la CGT Balcarce y de la CTA Yasky, podríamos hablar hoy no ya de cinco reagrupamientos burocráticos, sino de por lo menos siete -al menos hasta octubre. En este punto, hay que anotar sectores del moyanismo como Murúa, de plásticos, y otros de Aguas Gaseosas que se están pasando al massismo. Pero puede tratarse de un malón en un futuro próximo, teniendo en cuenta la caída libre de De Narváez -la lista que integran Moyano y sus hombres.

La desintegración del kirchnerismo agravó hasta nuevo aviso la disgregación de la burocracia sindical. En este cuadro, se han producido los llamados de Massa y los gestos hasta del propio Caló en el sentido de una unidad futura.

¿Cuáles son los motivos y qué está en juego para la clase obrera?

En primer lugar, existe una acumulación de reivindicaciones obreras insatisfechas: ganancias, destrucción de asignaciones familiares, paritarias por detrás de la inflación, confiscación de 16 mil millones a las Obras Sociales por parte del gobierno, precarización laboral y el saqueo sistemático de la Anses en perjuicio de los jubilados. Los sindicatos han sido incapaces de viabilizar las reivindicaciones más sentidas, como es el caso del impuesto a las ganancias sobre el salario.

El gobierno pierde capacidad de arbitraje para reagrupar a la burocracia, porque las medidas que toma son aspirinas para un cáncer. Es el caso de la excepción agónica del aguinaldo en ganancias, que no impedirá que una mayor cantidad de trabajadores paguen más por ese impuesto durante 2013. O el aumento a las apuradas del salario mínimo con el aval de un grupo de amigos en los sindicatos, que no cambia el descomunal trabajo en negro de casi el 40%, ni la violación del salario mínimo entre los municipales y hasta docentes, así como en todo tipo de tercerizadas. En todos estos casos, se completan básicos de miseria, con cifras no remunerativas de todo color y pelaje.

En relación con la deuda del gobierno con las obras sociales, los burócratas “compensan” el bicicleteo oficial con cuotas compulsivas a los afiliados al momento de la firma de convenios. Mientras tanto, son “comprensivos” con el déficit fiscal: es que también son beneficiarios de la montaña de subsidios a los ferrocarriles o el sistema eléctrico, en su carácter de socios de los privatizadores. La salud obrera, mientras tanto, “puede esperar”.

Por otra parte, los Gerardo Martínez, los Caló y los Moyano han sido sacudidos por igual por los fallos de la Corte que declaran la inconstitucionalidad del articulado de la ley sindical que consagra el monopolio de las personerías y de la representación colectiva de los trabajadores para la burocracia.

Massa tendrá que ofrecer un camino a esta crisis. Daer, miembro de su lista, no deja dudas sobre el “modelo” de unicato sostenido por Tomada y Rial. Por su parte, la inclusión de Alessandrini, segundo de Baradel, sólo estaría asegurando la continuidad del papel subordinado de Yasky en el actual concierto sindical.

Pero la cuestión llega más lejos. Luego de una larga lucha, la justicia obligó a Tomada a firmar la inscripción gremial del Sitraic. Es un desafío nada menos que a Gerardo Martínez, uno de los pilares de la burocracia en el sector más explotado de la clase obrera.

Por otro lado, la victoria en una docena de Suteba, en ATEN Neuquén, el 37% obtenido por un frente de izquierda en FOETRA, la próxima lista unificada para CTERA o las listas ferroviarias que competirán por los cuerpos de delegados (algo que se extiende a todo tipo de gremios industriales) plantean otra cuestión. Lo mismo que el proceso de paros y organización fabril en los grandes parques industriales como Pilar o Almirante Brown (hasta ahora zonas francas de flexibilidad laboral), el retorno a la lucha de los tercerizados ferroviarios, acaudillados por Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra, y los paros en zona norte de LEAR o FATE para detener despidos de activistas.

Es un proceso de fondo en el movimiento obrero, que escapa a todas las fracciones de la burocracia y que vuelve a colocar la lucha por su expulsión de los sindicatos. La cuestión es: unidad de la burocracia o recuperación de los sindicatos para unir a la clase obrera. La lucha por el ingreso del Frente de Izquierda al Congreso tiene, entre los principales puntos de su agenda, la derogación de la ley de Asociaciones Sindicales, la cual ata los sindicatos al Estado.

En primer lugar convalida la política oficial sobre el Fondo de Sustentabilidad del Anses, explicando que “es un fondo de emergencia” y apoyando su utilización “en inversiones financieras”. Pero la emergencia ya está entre nosotros, es el medio millón de juicios, muchos con sentencia favorable que el Anses apela hasta el infinito, condenando a sus beneficiarios.

El fondo se ha invertido en un 62% en bonos de la deuda pública. Mirta Tundis encubre que son papeles “pagadios” que no permiten afrontar ninguna emergencia, porque si se vendieran en el mercado financiero, de inmediato sus precios caerían a chirolas. Tampoco denuncia que en el último mes se han vendido mil millones en bonos nominados en dólares para bajar el blue, lo que ha descapitalizado todavía más a los futuros jubilados. Algo que ya se había hecho cuando el Anses “pesificó” depósitos a plazo fijo en la misma moneda para “dar el ejemplo” de la fallida pesificación de Moreno. Tibiamente se quejó Tundis de “algunos créditos a tasas un poco bajas”,  seguramente refiriéndose al rescate del pulpo GM al 9% anual contra una inflación del 25%.

Tundis reivindicó como correcta y positiva la ley de movilidad jubilatoria que ata la movilidad de las jubilaciones a la recaudación y a la evolución del salario. Entrega entonces la bandera histórica de que la jubilación represente de manera actualizada el 82% del salario en actividad de cada trabajador, porque los avatares de la recaudación y los salarios en general van atados al nivel de trabajo en negro, a las recesiones y a los topes de aumentos que se fijen desde el poder como ocurre ahora mismo de manera no escrita mediante el concurso de la burocracia sindical.

Por otra parte, la candidata de Massa no reivindica el 82% del mejor salario al momento de jubilarse y ni llega a plantearse la revisión del sistema de cálculo cavallomenemista que hoy resulta en un 45% del menguado salario en actividad. Nos aclara en cambio, que “no es posible el 82%”, que tenemos que “mejorar” las jubilaciones mediante un impuesto a la renta financiera.

Sin entrar en las limitaciones de ese impuesto que está de moda en la demagogia de los políticos capitalistas para todo uso, digamos que Tundis no nos plantea proteger al Anses del saqueo del Tesoro y su déficit y recomponer sus fuentes de ingresos de donde tiene que venir desde que la jubilación existe, es decir del aporte patronal, porque se trata de un salario diferido que el trabajador se gana con su sudor para su vejez.

Tundis nos explica que el sistema jubilatorio tiene que ser una “contención social”. Nosotros pensamos lo opuesto a esta tesis del Banco Mundial que tiene por objetivo un ingreso asistencial de la vejez. Para nosotros, la izquierda, la jubilación es un salario diferido, al que aportamos toda la vida. Tundis desprende -con todos los defensores del vaciamiento compartido del sistema en los últimos 40 años- al salario en actividad de la jubilación, por eso para ella no cabe más nuestra reivindicación central: el 82% que jamás abandonó el movimiento popular como bandera. Tundis explica que son pocos los trabajadores activos que aportan por cada jubilado, como si esto fuera una fatalidad. Las jubilaciones deben ser defendidas, precisamente a partir de recomponer los aportes patronales rebajados desde los 90, a partir de blanquear la totalidad del salario de los trabajadores empezando por el Estado que es el primer pagador en negro, a partir de terminar con el trabajo en negro, la tercerización y precarización laboral y a partir de un mínimo salarial equivalente a una canasta familiar, todo lo cual revolucionaría los ingresos del Anses.

Para todo ello, que son las propuestas del Partido Obrero, se requiere que el Anses sea gestionado por trabajadores y jubilados, sus verdaderos dueños, por medio de comisiones electas por ellos mismos. Tundis, concedamos, está condicionada porque es la tercera candidata de un verdadero arquitecto del saqueo del Anses, Massa, interventor durante siete años, por lo que su política es continuismo kirchnerista puro.