Es al mismo tiempo la última puntada de un ciclo histórico. En 1976, la deuda era de 8 mil millones de dólares; en 1983, de 45; en 1990, de 65; en 2001, ascendía a 150; y hoy, el Ministerio de Economía indica 240 mil millones de dólares. Estamos pagando una deuda usuraria e ilegítima en su mayoría, porque nace de la estatización de deudas privadas de Domingo Cavallo en los setenta, en la dictadura. Estos intereses usurarios son los que generan el déficit fiscal —no las jubilaciones o las asignaciones sociales. Sin ir más lejos, Néstor Kirchner asumió con una deuda de 144 mil millones de dólares y Cristina Fernández dejó el Gobierno con 240 mil millones, después de haber pagado, “serialmente”, 190 mil millones.

La perspectiva de este acuerdo es abrir un espiral de endeudamiento. Los gobernadores defienden este pacto en función de más endeudamiento para sus provincias. Pero nunca los ciclos de endeudamiento —que llevaron a ocho defaults en la Argentina— fueron inversiones para el desarrollo nacional. La función de este acuerdo es financiar fuga de capitales y pasivos, no inversión, cuando la corriente internacional es inversa.

El ajuste no sólo no se evita, es la precondición del acuerdo y ya está en marcha. Mientras que en los defaults anteriores contaban con el petróleo, los teléfonos, las redes de gas, las redes eléctricas, para entregar el patrimonio nacional, hoy, eso no existe más. Entonces, la deuda se garantiza con más ajuste contra los trabajadores. El Partido Obrero ha propuesto en Diputados otro ajuste para financiar al país: no pagarle los cien mil millones de pesos que el Gobierno Macri reconoció y terminará costando el negociado de Axel Kicillof con el dólar futuro; ajustar a las mineras y a las petroleras, a quienes se premió con rebaja de retenciones o se les paga el doble del precio internacional; ajustar a los bancos, que han ganado como nunca en la etapa precedente con títulos públicos (no prestando para la producción).

Es una vulgaridad confundir al público con la máxima de: “Las deudas se pagan”. Las deudas externas han sido y son un factor de opresión por parte de los centros del poder económico y sus Estados contra los pueblos. Este acuerdo votado en el Congreso Nacional se celebra en Wall Street y en la City porteña. En contraposición a esta sumisión, el Frente de Izquierda-Partido Obrero defiende que se suspenda el pago y se investigue la deuda, para desnudar su carácter ilegítimo e ilegal, y que un referéndum vinculante decida sobre ella. Contra el ajuste, reclamamos la prohibición de despidos y suspensiones, el aumento de emergencia a los jubilados, 40% a los trabajadores y un salario equivalente a la canasta familiar; abolición del impuesto a las ganancias en los salarios.

Por eso no coincidimos con Cristina Kirchner: si Macri arregla con los fondos buitre, no “dura doce años”. El movimiento obrero, más temprano que tarde, se va a levantar contra este pacto hecho a costa del sudor y las lágrimas del pueblo argentino, incluso superando aquellas burocracias sindicales que están acompañando el ajuste con el discurso de la “unidad nacional” que es funcional a los buitre.

La movilización masiva del 24 de marzo constituye un primer eslabón de la respuesta popular a la política en curso.

La convocatoria lleva el reclamo, generalizado en innumerables fábricas y gremios, de las palabras a los hechos. Se trata de la primera movilización obrera importante con un reclamo de conjunto al Gobierno de Mauricio Macri, puesto que un día antes marcharán los obreros de Cresta Roja, pero por la continuidad de los puestos de trabajo, otra cara de la moneda del ajuste.

La marcha del 22 es un frente único de lucha, constituido en horas, donde se destacan la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, la Federación Aceitera, la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero, la seccional oeste de la Unión Ferroviaria y distintas organizaciones sociales que agrupan a los trabajadores precarizados de cooperativas del plan Argentina Trabaja y otras, como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Polo Obrero, Teresa Vive, Frente Darío Santillán y Barrios de Pie.

La Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero afronta esta acción de lucha inscrita en una campaña en el movimiento obrero y popular contra el enorme ajuste que ha puesto en marcha el Gobierno de Macri mediante la devaluación monetaria, la caída de impuestos al capital, la asunción —y la convalidación— de vastas deudas con el capital financiero como el reconocimiento del negociado del dólar futuro, que serán pagadas por el contribuyente. A lo que hay que sumar la declaración de emergencia energética que no prevé mejora alguna en los servicios, pero habilita el aumento directo de tarifas.

A la par de estas medidas se ha instalado una bicicleta financiera con tasas de interés dispuestas por el Banco Central del 40%, que serán otro jugoso negocio financiero que agravará la recesión económica por el encarecimiento del crédito de producción y de consumo.

Esta avalancha de medidas a través de ilegales decretos de necesidad y urgencia con el pretexto de un receso parlamentario —que debió interrumpirse con sesiones extraordinarias— contrasta con el envío a las sesiones ordinarias de marzo del debate por el impuesto a las ganancias en los salarios, sobre el cual la exención en el medio aguinaldo ha sido todavía inferior a la de 2014.

El Partido Obrero está empeñado en el Parlamento nacional, al igual que en todas las provincias, en un reclamo por la convocatoria a sesiones extraordinarias. Denuncia además que los presupuestos han sido reducidos a papel irrelevante al cambiar todos los parámetros económicos y estar excluidas sistemáticamente las compensaciones salariales y jubilatorias ante semejante Rodrigazo en marcha.

No se trata sólo de la designación de dos jueces de la Corte a dedo, es todo un régimen por decreto para hacer avanzar un rescate financiero que equivale a la ejecución de una convocatoria de acreedores de la Argentina entera. El grueso de las fuerzas políticas de oposición acompaña esta orientación central, por ello han evitado una acción político-parlamentaria decidida para autoconvocar al Congreso.

En el movimiento obrero la campaña contra el ajuste es aún más oportuna. En contraste con la orientación paralizante de la Central General de Trabajadores (CGT) “unificada” y la vaciada CGT oficial ex kirchnerista, centrada en negociar posiciones de poder en el Gobierno de Macri, impulsamos asambleas fabriles y congresos sindicales con mandato de bases por un programa concreto.

Junto al bono de fin de año, en primer lugar, reclamamos aumento de emergencia a activos y jubilados de cuatro mil pesos para compensar la carestía de las últimas semanas. Adelanto de paritarias absolutamente libres al 1.º de enero, que incluya cláusula de actualización mensual por inflación contra todo pacto social condicionante. Abolición del impuesto a las ganancias sobre los salarios convencionales, de carrera estatal, judicial o docente y sobre jubilaciones.

Luego, prohibición de despidos y suspensiones por un año. El cierre de Cresta Roja y los momentáneamente revertidos despidos masivos en Siderca constituyen un aviso de alarma. Ningún despido.