Es al mismo tiempo la última puntada de un ciclo histórico. En 1976, la deuda era de 8 mil millones de dólares; en 1983, de 45; en 1990, de 65; en 2001, ascendía a 150; y hoy, el Ministerio de Economía indica 240 mil millones de dólares. Estamos pagando una deuda usuraria e ilegítima en su mayoría, porque nace de la estatización de deudas privadas de Domingo Cavallo en los setenta, en la dictadura. Estos intereses usurarios son los que generan el déficit fiscal —no las jubilaciones o las asignaciones sociales. Sin ir más lejos, Néstor Kirchner asumió con una deuda de 144 mil millones de dólares y Cristina Fernández dejó el Gobierno con 240 mil millones, después de haber pagado, “serialmente”, 190 mil millones.

La perspectiva de este acuerdo es abrir un espiral de endeudamiento. Los gobernadores defienden este pacto en función de más endeudamiento para sus provincias. Pero nunca los ciclos de endeudamiento —que llevaron a ocho defaults en la Argentina— fueron inversiones para el desarrollo nacional. La función de este acuerdo es financiar fuga de capitales y pasivos, no inversión, cuando la corriente internacional es inversa.

El ajuste no sólo no se evita, es la precondición del acuerdo y ya está en marcha. Mientras que en los defaults anteriores contaban con el petróleo, los teléfonos, las redes de gas, las redes eléctricas, para entregar el patrimonio nacional, hoy, eso no existe más. Entonces, la deuda se garantiza con más ajuste contra los trabajadores. El Partido Obrero ha propuesto en Diputados otro ajuste para financiar al país: no pagarle los cien mil millones de pesos que el Gobierno Macri reconoció y terminará costando el negociado de Axel Kicillof con el dólar futuro; ajustar a las mineras y a las petroleras, a quienes se premió con rebaja de retenciones o se les paga el doble del precio internacional; ajustar a los bancos, que han ganado como nunca en la etapa precedente con títulos públicos (no prestando para la producción).

Es una vulgaridad confundir al público con la máxima de: “Las deudas se pagan”. Las deudas externas han sido y son un factor de opresión por parte de los centros del poder económico y sus Estados contra los pueblos. Este acuerdo votado en el Congreso Nacional se celebra en Wall Street y en la City porteña. En contraposición a esta sumisión, el Frente de Izquierda-Partido Obrero defiende que se suspenda el pago y se investigue la deuda, para desnudar su carácter ilegítimo e ilegal, y que un referéndum vinculante decida sobre ella. Contra el ajuste, reclamamos la prohibición de despidos y suspensiones, el aumento de emergencia a los jubilados, 40% a los trabajadores y un salario equivalente a la canasta familiar; abolición del impuesto a las ganancias en los salarios.

Por eso no coincidimos con Cristina Kirchner: si Macri arregla con los fondos buitre, no “dura doce años”. El movimiento obrero, más temprano que tarde, se va a levantar contra este pacto hecho a costa del sudor y las lágrimas del pueblo argentino, incluso superando aquellas burocracias sindicales que están acompañando el ajuste con el discurso de la “unidad nacional” que es funcional a los buitre.

La movilización masiva del 24 de marzo constituye un primer eslabón de la respuesta popular a la política en curso.

La confiscación salarial que implica el impuesto a las ganancias es —una parte de— la otra cara de la eximición de pago de retenciones a las mineras y al capital agrario. Los trabajadores estamos financiando los beneficios que recibieron los exportadores. Más aún, el impuesto al salario forma parte de la garantía de las condiciones de pago que Macri ofrece a los acreedores internacionales para el acuerdo con los fondos buitre y el ingreso a un nuevo ciclo de endeudamiento, la piedra fundamental de su Gobierno.

En este sentido, la lucha contra el impuesto al salario es clave para enfrentar toda la política macrista. Justamente por eso, las centrales sindicales, en línea con el acuerdo al que han llegado con el Gobierno, dijeron que sus diputados “buscarán retocar el impuesto en el Congreso”. Un acto de absoluta adaptación y una sutileza para dejar en claro que no organizarán ninguna medida de lucha del movimiento obrero que ponga en jaque los planes del macrismo.

El massismo, que hace una fuerte demagogia contra el impuesto, lo usa como cobertura social para acompañar el pacto buitre que votará en los próximos días con los parlamentarios de Cambiemos. La abolición del impuesto al salario y el 82% móvil son incompatibles con el acuerdo con los fondos buitre, que llevará a la profundización del ajuste contra los trabajadores.

La Cámpora, que denuncia que Macri no ha eliminado el impuesto, es incapaz de levantar ningún reclamo contra el impuesto al salario. Ellos escribieron el libreto que hoy perpetúa Macri. El Partido Justicialista (PJ) y los gobernadores acompañan.

El impuesto a las ganancias debe ser abolido de todo salario de convenio, carrera estatal o judicial y de las jubilaciones, y el mínimo no imponible debe ser llevado al valor de tres canastas familiares (calculadas en 19 mil pesos). Las escalas deben actualizarse 18 veces, considerando la inflación acumulada desde 1999. Esto plantea el proyecto de ley de los diputados del bloque del Frente de Izquierda-Partido Obrero.

El paro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del 24 de febrero demostró la energía de un movimiento obrero azotado por los despidos, la inflación, los topes salariales y el impuesto al salario. La Bancaria movilizó el 1º de marzo por este reclamo. Están reunidas las condiciones para un paro nacional de 24 horas para sacar a los trabajadores del impuesto al salario y contra todo el paquetazo ajustador. Como toda conquista, la arrancaremos con lucha.

Las protestas a las que el protocolo llama programadas requerirán de la autorización y la definición de su forma por parte del propio Estado destinatario del reclamo. Las protestas espontáneas, como las de los vecinos que cortan la calle de su barrio porque no tienen luz, están directamente prohibidas por el protocolo. Según este documento, las fuerzas de seguridad van, informan que los vecinos tienen cinco minutos para levantar la protesta y reprimen.

Estamos ante un protocolo completamente anticonstitucional, que manipula el artículo 194 del Código Penal. “Flagrancia” es que un policía puede actuar cuando hay infraganti un delito. Existe amplia jurisprudencia de miles de sentencias que dicen que no tiene aplicación en la protesta popular, porque está hecho para “los piratas del asfalto” o cualquier otro tipo de boicot de este estilo. El protocolo de Bullrich intenta tipificar un delito deformando un artículo del Código Penal. Digamos también que contra la protesta popular otros varios artículos del Código Penal son mal usados, como coacción, asociación ilícita y otros. De hecho, el temerario decreto de emergencia en seguridad incluye la “asociación ilícita con fines políticos”, lo cual es indicativo de toda una línea por parte del Gobierno Macri-Bullrich de estado de sitio no declarado.

Se trata de una política indisolublemente ligada al ajuste, al temor a la conmoción social que, más tarde o más temprano, significará el traslado de la bancarrota económica a las espaldas de los trabajadores y el bolsillo popular en general.

Por otra parte, es un protocolo hecho a la medida de la policía. El protocolo permite que las fuerzas de seguridad actúen sin orden judicial, dejando librado a su arbitrariedad la decisión de reprimir las protestas sociales. No establece que el personal policial deba ir identificado, permite que la policía de civil detenga, arme provocaciones, etcétera, un accionar clásico de la policía. Tampoco prohíbe el uso de las armas de fuego, por lo tanto, considerando que lo que no está prohibido está permitido, las habilita.

Finalmente, cercena la libertad de expresión al coartar el trabajo de la prensa, cuya disposición para tomar los acontecimientos la van a decidir las fuerzas de seguridad. Vale recordar que en los casos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y el de Mariano Ferreyra fue fundamental la intervención de los periodistas que estaban cubriendo los hechos para la clarificación de los crímenes. La restricción a la prensa es el pasaporte a la impunidad para la arbitrariedad policial.

Todo el objetivo de este protocolo responde al plan de ajuste del Gobierno de Mauricio Macri. Es el formateo del Estado para la aplicación del plan Griesa. El “costo social” del arreglo con los buitre y el rescate del capital financiero son los tarifazos, una inflación galopante, más de veinte mil despidos en el Estado y aún más en los privados. El acuerdo de la mayoría de los gobernadores peronistas con el protocolo —lo han aprobado 20 provincias— responde a esta cuestión: el ajuste es una política de Estado contra los trabajadores. La consigna de Daniel Scioli: “Tolerancia cero a los piquetes” o la mano dura de Sergio Massa han sido puestas por escrito por Bullrich y Macri.

Digamos, por fin, que este tipo de disposiciones completan el nefasto legado kirchnerista del Proyecto X y la ley antiterrorista. El protocolo dispone la filmación de los manifestantes por las fuerzas de seguridad. Se trata de la institucionalización del espionaje prohibido y de la delación, propia de los regímenes autoritarios.

No lo dejemos pasar.

La convocatoria lleva el reclamo, generalizado en innumerables fábricas y gremios, de las palabras a los hechos. Se trata de la primera movilización obrera importante con un reclamo de conjunto al Gobierno de Mauricio Macri, puesto que un día antes marcharán los obreros de Cresta Roja, pero por la continuidad de los puestos de trabajo, otra cara de la moneda del ajuste.

La marcha del 22 es un frente único de lucha, constituido en horas, donde se destacan la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, la Federación Aceitera, la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero, la seccional oeste de la Unión Ferroviaria y distintas organizaciones sociales que agrupan a los trabajadores precarizados de cooperativas del plan Argentina Trabaja y otras, como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Polo Obrero, Teresa Vive, Frente Darío Santillán y Barrios de Pie.

La Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero afronta esta acción de lucha inscrita en una campaña en el movimiento obrero y popular contra el enorme ajuste que ha puesto en marcha el Gobierno de Macri mediante la devaluación monetaria, la caída de impuestos al capital, la asunción —y la convalidación— de vastas deudas con el capital financiero como el reconocimiento del negociado del dólar futuro, que serán pagadas por el contribuyente. A lo que hay que sumar la declaración de emergencia energética que no prevé mejora alguna en los servicios, pero habilita el aumento directo de tarifas.

A la par de estas medidas se ha instalado una bicicleta financiera con tasas de interés dispuestas por el Banco Central del 40%, que serán otro jugoso negocio financiero que agravará la recesión económica por el encarecimiento del crédito de producción y de consumo.

Esta avalancha de medidas a través de ilegales decretos de necesidad y urgencia con el pretexto de un receso parlamentario —que debió interrumpirse con sesiones extraordinarias— contrasta con el envío a las sesiones ordinarias de marzo del debate por el impuesto a las ganancias en los salarios, sobre el cual la exención en el medio aguinaldo ha sido todavía inferior a la de 2014.

El Partido Obrero está empeñado en el Parlamento nacional, al igual que en todas las provincias, en un reclamo por la convocatoria a sesiones extraordinarias. Denuncia además que los presupuestos han sido reducidos a papel irrelevante al cambiar todos los parámetros económicos y estar excluidas sistemáticamente las compensaciones salariales y jubilatorias ante semejante Rodrigazo en marcha.

No se trata sólo de la designación de dos jueces de la Corte a dedo, es todo un régimen por decreto para hacer avanzar un rescate financiero que equivale a la ejecución de una convocatoria de acreedores de la Argentina entera. El grueso de las fuerzas políticas de oposición acompaña esta orientación central, por ello han evitado una acción político-parlamentaria decidida para autoconvocar al Congreso.

En el movimiento obrero la campaña contra el ajuste es aún más oportuna. En contraste con la orientación paralizante de la Central General de Trabajadores (CGT) “unificada” y la vaciada CGT oficial ex kirchnerista, centrada en negociar posiciones de poder en el Gobierno de Macri, impulsamos asambleas fabriles y congresos sindicales con mandato de bases por un programa concreto.

Junto al bono de fin de año, en primer lugar, reclamamos aumento de emergencia a activos y jubilados de cuatro mil pesos para compensar la carestía de las últimas semanas. Adelanto de paritarias absolutamente libres al 1.º de enero, que incluya cláusula de actualización mensual por inflación contra todo pacto social condicionante. Abolición del impuesto a las ganancias sobre los salarios convencionales, de carrera estatal, judicial o docente y sobre jubilaciones.

Luego, prohibición de despidos y suspensiones por un año. El cierre de Cresta Roja y los momentáneamente revertidos despidos masivos en Siderca constituyen un aviso de alarma. Ningún despido.

Este tipo de acuerdo tiene enormes implicancias. Se trata de la virtual suspensión de las paritarias, que son, por esencia, la libre discusión salarial entre obreros y patrones. Pero además implica cláusulas de paz social que están destinadas a impedir -y a su turno, deslegitimar, represaliar y reprimir- las luchas fabriles.

Esas luchas fabriles no se plantearán solo por salarios. Ya tenemos hoy la ocupación de fábrica de los obreros de Petinari, como tuvimos la huelga de la línea 60 y el conflicto de Cresta Roja, contra despidos y cierres. Algo que la crisis metalmecánica traduce en suspensiones hoy y se proyectaría en despidos hacia fin de año.

El tema del pacto social ha derivado en enfrentamientos internos en la CGT-Caló. Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Héctor Daer, de Sanidad, cuestionan que Antonio Caló sea el interlocutor del pacto. Ellos quieren discutir sus propias prebendas, pero además consideran que si el moyanismo está ausente, el pacto social no tendría efectividad.

Por otro lado, la CGT-Córdoba salió directamente a cuestionar el condicionamiento a las paritarias. El abogado Garzón Maceda, ligado a ese sector, ha comenzado una campaña “en defensa de las paritarias libres”. Recordemos que el gremio de la alimentación cordobés rompió el tope no escrito con una gran huelga general en 2010 e impuso un 35 %.

Los cuestionamientos a varias bandas han llevado a Caló a desmentir la participación en el pacto de la CGT oficial. Indudablemente la atomización de la burocracia sindical constituye un obstáculo al planteo. En un punto, la burocracia replica el problema del fraccionamiento político del Partido Justicialista y del conjunto de la burguesía. Esas divisiones, y la circunstancia de que el próximo Gobierno no tenga mayoría parlamentaria, obligarían a la burguesía a una suerte de Gobierno de coalición. El pacto social sería una pieza dentro de esa perspectiva política.

Sea Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa el ejecutor de un ajuste, la cuestión del pacto social estará a la orden del día para contener la reacción del movimiento obrero. Entre ellos discuten quién tiene mayor espalda para aplicarlo. Los tres mosqueteros han jurado amor eterno al modelo sindical. Hugo Moyano, consciente de este problema, planteó hace un año la necesidad de unir las fracciones sindicales peronistas en una CGT para “acompañar al nuevo Gobierno”, pero fracasó hasta el presente.

Queda muy claro, entonces, que la unificación del movimiento obrero que debaten las cúpulas sindicales es reaccionaria, porque su función sería acompañar una salida en la que la crisis capitalista y las explosivas contradicciones acumuladas se descargan sobre las masas trabajadoras.

El Frente de Izquierda tiene la función estratégica, no solo de luchar en las organizaciones obreras contra esta perspectiva, sino de plantear claramente en la campaña electoral la función de un pacto de este tipo -que por supuesto carecerá de todo mandato de bases y sería una herramienta del ajuste-, preparando políticamente al movimiento obrero para los desenlaces que se avecinan antes y después de octubre.

Es una postal que refleja que la caída de los “barones” se ha trasladado a Aníbal Fernández, hunde a Scioli y puede reproducir el escenario de 1983, esta vez con la derrota del Partido Justicialista (PJ) a manos del macrismo.

La reacción de Scioli ha sido anunciar un futuro gabinete de garantías al gran capital. Con Miguel Bein y Mario Blejer, los hombres del FMI, al lado de Alberto Pérez y Silvina Batakis, los mariscales de la provincia inundable. Con Jorge Sapag, el hombre de las petroleras en la Patagonia, con Diego Bossio, para garantizar el repago de la deuda con fondos de los jubilados, con un Daniel Filmus para seguir acompañando las leyes menemistas en educación. Con Miguel Peirano, el hombre de la ultradevaluacionista Techint que ha producido mil despidos en lo que va del año en Campana.

La Batakis, ministra de Economía bonaerense, con la que la Gran Makro -los economistas de Axel Kicillof- busca disimular a Blejer, es bien conocida por la educación bonaerense, que le quebró la rebaja nominal de salarios con una formidable huelga general.

Scioli ha prometido también un pacto social con la burocracia sindical adicta, que va de Antonio Caló a Hugo Moyano, a través de Omar Plaini. Con el golpeado Hugo Curto, que garantizó silencio ante los 1300 retiros-despidos en Peugeot en el último año y medio.

Ahora sale al interior bonaerense a tratar de recuperar un capital agrario que se alejó más ante la derrota de Julián Domínguez en la interna y hoy se levanta ante la caída de los precios internacionales. Piden igual tratamiento que las petroleras, a quienes se les garantiza el doble del precio internacional del petróleo en boca de pozo, todo, claro, subsidiado en el precio del surtidor.

El hombre de la devaluación y el ajuste “gradual” trata de sacudirse camporismo de encima, ante el silencio cómplice de Carlos Zannini y su séquito “unido y organizado”. En resumen, busca combatir al macrismo con macrismo, con sus mismas armas.

La tropa de Emilio Pérsico y Fernando Navarro, el kirchnerismo “progre”, se contentará con el ministerio de la “economía popular”, los benditos planes sociales, 3,5 millones de los cuales están en la provincia.

La escisión de Sergio Massa y Felipe Solá en el peronismo, sin dudas importante, cada día se transforma más en una colectora de María Eugenia Vidal. Massa cumple el papel de retener el voto pejotista disidente, para garantizar su carácter opositor en un ballottage. Nada nuevo si tomamos en cuenta que llegó a las PASO por el desplante de Macri, impidiendo su participación en una gran interna general.

Margarita Stolbizer cumple el mismo papel, por el lado de una centroizquierda menguada, pero de gran espacio en los medios, para capturar otro tipo de voto que impida el triunfo de Scioli en primera vuelta y luego fluya al macrismo en la segunda.

Detrás de Vidal, Fernández y Solá, está el Frente de Izquierda, reagrupando el voto de la izquierda, prefigurado ya como la cuarta fuerza política en la provincia de Buenos Aires.

No hay mediaciones entre los políticos de la derecha pejotista y macrista-radical y el la izquierda obrera y socialista. Aquella advertencia de Stolbizer -“entre Macri y Altamira no hay nada”- se ha cumplido con el derrumbe de la autora.

El campo político de desarrollo hasta octubre excede largamente el natural reagrupamiento del voto de izquierda, que ya nos ubica encima del 4 %. En la base de la descomposición del PJ y del radicalismo, en el derrumbe de la centroizquierda, hay una ancha base de crecimiento.

Esto se conseguirá con una campaña puntillosa, desnudando a los candidatos del ajuste, explotando nuestro gran papel en la crisis tucumana, nuestra militancia entre las organizaciones de inundados y los foros hídricas, en las filas de un movimiento obrero que ya sufre el ajuste y da batallas, aunque aisladas por la burocracia sindical, como lo hace ahora mismo Petinari ocupada por sus trabajadores, con la docencia que vuelve al paro con los Suteba combativos.

Nuestra campaña preparatoria de la clase obrera para enfrentar la ofensiva de Scioli y Macri tendrá un papel decisivo en las futuras luchas, hoy conquistando el voto y los lugares parlamentarios que nos den un gran protagonismo en la etapa que se avecina.

Las llamadas “reformas Recalde”, no tienen otro horizonte que promover la reposición del articulado más inofensivo de la vieja “Ley Centeno” (1973). Pero eso ha sido también un rotundo fracaso, porque 60 de esas reformas, aprobadas en Comisión, jamás pasaron al recinto y otras 19 se empantanaron en el Senado. Pues bien, ninguno de esos retoques estará en el digesto.

El continuismo es gravoso para los trabajadores. El grueso de los 96 artículos reformados y de los 25 derogados por la Dictadura se han prolongado en los 32 años de democracia. Pero mucho más, se agregaron la ley de Empleo de Menem que habilitó los contratos basura, varios de los cuales siguen en pie, se perpetuó el nefasto Procedimiento Preventivo de Crisis que suspende convenios y abarata indemnizaciones ante convocatorias de acreedores o simples informes patronales, y las leyes Banelco I y Banelco II.

La Banelco II, aprobada de apuro en 2004 por el kirchnerismo ante el escándalo Pontacuarto, rescató los lineamientos centrales de la flexibilidad laboral de la Alianza de radicales y frepasistas. Con ella se redujeron pisos indemnizatorios, se alargaron períodos de prueba, pero por sobre todo se prolongó el convenio por empresa. Este punto es la clave de la destrucción de la pirámide del derecho laboral conquistada en el pasado, por la cual un convenio colectivo de gremio no puede estar debajo de la ley y un convenio de empresa sólo puede establecer beneficios mayores que el convenio de la rama. Hoy, rige un convenio gráfico de 12 horas en La Nación cuando el de la rama establece seis horas, o se acaba de firmar, por ejemplo, el nuevo convenio Nissam que va por debajo del que regía en Renault. Con la Banelco II vigente, pululan las cooperativas de trabajo y en el propio Estado los monotributos, dos variedades del fraude laboral.

La Banelco II kirchnerista, que es la ley vigente, es el instrumento de la flexibilidad laboral, de los premios antilaborales de productividad y presentismo, del alargamiento de la jornada laboral, de las tercerizaciones, entre otras delicias patronales. Pero el kirchnerismo ha ido mucho más lejos. Ante todo, prolongando las nefastas ART del accidente y de la muerte laboral y, con la última reforma, eliminando la doble vía judicial. Y, más recientemente, con el Código Civil, que convalida la tercerización eliminando la responsabilidad de la empresa principal y elimina la prelación del derecho laboral, eje del concepto por el cual el empleado es el eslabón débil de la cadena de la explotación capitalista. Se iguala al asalariado con el capitalista en el derecho civil, una reforma antilaboral y “neoliberal”, como pocas.

Con apoyo de la oposición, -centroizquierda incluida- el kirchnerismo impuso una “ley de blanqueo”, que consiste en rebajar aportes patronales a nuevos trabajadores. Con ella, como lo anticipamos, aumentó el empleo en negro al pavoroso 34,6% actual. En materia impositiva, entre el 40 y el 53% del salario, según el rango, es confiscado mediante impuestos, entre ellos el repudiado impuesto al salario. En materia de sindicatos han prolongado el unicato y la ingerencia del Estado en las organizaciones obreras.

El “Código Laboral” que se prepara será otro engaño “nacional y popular”. Abrocha el régimen de flexibilidad laboral. Nuestro planteo es la derogación de las reformas de la Dictadura, de las introducidas por la Banelco I y II, la prohibición del despido sin causa, el blanqueo automático con estabilidad laboral de todo trabajador en negro, la abolición de ganancias en los salarios de convenio, el salario mínimo equivalente a la canasta familiar, la anulación de las ART de la muerte y su legislación, la derogación de la ley sindical y de todas las reformas antilaborales y contra los derechos de la mujer, introducidas en el Código Civil. Es el programa que hemos traducido en un cuerpo transformador de iniciativas parlamentarias.

Culminará así una larga lucha que entablaron estos trabajadores y se desarrolló durante 23 años. Primero contra la privatización, donde fueron entregados por la burocracia sindical del SUPE. Luego contra la desocupación y por el cobro de las acciones de Propiedad Participada (PPP). Esta lucha tuvo mojones combativos en los piquetes de Cutral-Co, Tartagal y todo el país. Fue una de las levaduras que confluyó en el ‘argentinazo’ del 2001 y que continuó e hizo que se votara en el 2002 la ley 25471 que incluyó a 30 mil despedidos de YPF en el pago de las PPP.

Hasta ese momento sólo se les había pagado a los trabajadores de Repsol que no habían sido despedidos con la privatización (unos 6000). Pero el problema no se cerró: el gobierno de Néstor Kirchner con el decreto 1077/03 dejó afuera a muchos ex YPFianos y a los que les pagó lo hizo por debajo de lo que les correspondía.

Los ex Trabajadores de YPF volvieron a la lucha. Durante 12 años sus reclamos fueron postergados una y otra vez, produciendo desmoralización y desorganización. Ante el resarcimiento a la vaciadora Repsol por más de 10 mil millones de dólares, contando capital en intereses, resurgió la indignación y la lucha y del encuentro entre estos trabajadores y la bancada del PO, surgió el proyecto de ley. Fue reconstituida la Coordinadora Nacional de ex Trabajadores de YPF con centros importantes en la CABA, Salta, Mendoza, Caleta Olivia, La Plata, etc. Con ellos elaboramos el proyecto del PO, reclamando los 90 mil dólares recibidos por los no despedidos. La reivindicación fue levantada como bandera no sólo ante la indemnización a Repsol, sino también ante la ley de hidrocarburos bien llamada ley Chevron.

Ante el auge del reclamo el oficialismo volvió a maniobrar: desempolvó proyectos quasi archivados con indemnizaciones inferiores y no a todos. La ley Feletti planteaba pagar en 120 cuotas mensuales de mil doscientos pesos cada una: ¡10 años más luego de haber estado reclamando durante 23! El PRO directamente se oponía a cualquier ley de resarcimiento a los trabajadores despedidos. ¡Todo para Repsol, nada para los trabajadores!

Finalmente ante la presión existente, el proyecto fue votado por unanimidad. Todos los trabajadores cobrarán 956 acciones. Un triunfo que marca un camino para amplios sectores del movimiento obrero (Altos Hornos Zapla, Gas del Estado, Petroquimica General Moscón, etc.) que tienen reclamos similares.

Desde luego en medio de estas contradicciones está el impuesto a las ganancias sobre los salarios que disparó el paro nacional y que está en la base del “engorde” de los reclamos de ciertas burocracias como la de Maturano de la Fraternidad. Esto se aprecia en los acuerdos petroleros de Pereyra que pactó tres cuotas de $7000 exceptuadas de ganancias. La excepción sean tal vez los aceiteros que fijaron una canasta familiar en la cifra exacta de $14931, surgida de los estudios de la Universidad de Rosario y el plenario de delegados del subte que votó, a instancias del clasismo, un pliego paritario para recuperar el salario y al mismo tiempo un bono compensatorio de ganancias. La radicalización de Daer, al menos en las cifras, viene de atrás y se explica por su debilitamiento en la base del gremio.

Scioli y los gobernadores habían logrado cerrar las paritarias docentes con menos paros que otros años, Caló, Cavalieri, Gerardo Martínez, están prestos a firmar los topes oficiales y todos ellos se apoyan, como otras burocracias menores, por caso gráficos, plásticos o textiles en la recesión industrial que atraviesa una nueva ola de suspensiones y quiebras.

Pero el escenario de la inflación no ha cedido a pesar de la recesión. Todas las mediciones ubican la inflación arriba del 2% mensual lo cual es una enormidad y la canasta de pobreza que mide la CABA alcanzó los $6000 cuando la mitad de los trabajadores ganan menos de $5500 según el INDEC. Convenios como el de la UOM, comercio, construcción o UPCN, los grandes gremios, se alejan cada vez más de la canasta familiar.

El paro nacional mostró el alcance de la inquietud en el movimiento obrero y al mismo tiempo la necesidad de un programa y una acción de conjunto.

Como están planteadas las cosas, las reivindicaciones del movimiento obrero deben ser planteadas como parte de un programa de conjunto que prepare a los trabajadores que enfrentan cierres o suspensiones, la cuestión del salario en referencia a la canasta familiar y la abolición de ganancias en los salarios de convenio. Esto último supone alterar todo el cuadro de ese impuesto confiscatorio, los mínimos no imponibles, la escala y el absurdo “piso” de Kicillof-Kirchner, de manera que la cuarta categoría rija para directivos empresariales y no para trabajadores.

La cuestión del paro de 36 horas y el plan de lucha, forma parte de un planteamiento de tipo político general a todo el movimiento obrero. La UIA salió a marcar la cancha a Scioli, Macri y Massa. Introdujeron el tema de la anulación de paritarias en función de algún tipo de pacto social futuro para acompañar el ajuste. Maturano ha denunciado que está presente la cuestión de la devaluación y de los ajustes de tarifas, pero en nombre de la unidad peronista futura de la CGT formó una nueva fracción y retarda un plan de lucha en función de un restringido acuerdo en el tema ganancias. Todos ahora se acuerdan que el gobierno acumula ya una deuda de 25 mil millones con las Obras Sociales: la política de Kicillof y Cristina colisiona con los sindicatos, donde pierde sistemáticamente la salud de la familia obrera.

Las “cocinas” de vieja dirigencia sindical empresarial paralizan al movimiento obrero. Nuestra tarea está centrada en organizar asambleas, mandatos y una vasta difusión del clasismo para que el movimiento obrero intervenga en la crisis con su propio programa, preparando las condiciones políticas y de lucha para que el ajuste lo paguen los banqueros y capitalistas. Nuestra propuesta es un Congreso de Delegados electos, con mandato, que vote debata y vote estos objetivos y supere la atomización creciente del movimiento obrero.

El artículo 2° consagra “la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios ferroviarios”. Plantea “renegociar los contratos de concesión” en el transporte de cargas: Nuevo Central Argentino (Aceitera Deheza), Ferroexpreso Pampeano (Techint) y Ferrosur Roca (Cementera Camargo Correa). Son sectores rentables. La ley sólo relativiza el control de los actuales concesionarios al plantear que estos ramales deben ser abiertos a todos los “usuarios” que se anoten en un Registro especial, algo reclamado por otros grupos exportadores de granos y minerales.

También plantea la “renegociación” de los contratos de concesión en sectores del transporte de pasajeros como el FFCC Urquiza (grupo Roggio) y Belgrano Norte (Emepa). En su artículo sexto consagra la mantención de la Sociedad Belgrano Cargas y Logística SA. En el Belgrano Cargas, que abarca 13 provincias y todo el corredor de la soja, está la crema del negocio. Hoy de la reconstrucción por parte de los chinos, y mañana de la administración. Su modernización, encarada en los acuerdos leoninos con China, es una exigencia del Banco Mundial y de las grandes compañías exportadoras para abaratar el costo de la logística argentina. Se trata de una inversión del Estado de 6.000 millones de dólares “para entregar a las economías regionales” según el presidente Marcelo Bosch, hombre de confianza del capital financiero y agroexportador.

El proyecto permite (art. 15) “la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria (por) terceros o asociada a terceros”. Mantiene en pie la tercerización-superexplotación de los trabajadores. El capital chino al hacerse cargo del mantenimiento será una gran tercerizada. La lucha contra esto costó la vida de Mariano Ferreyra (y centenares de despidos y persecuciones) por la patota de Pedraza. El proyecto del Gobierno incorpora al directorio a dos burócratas sindicales, es decir, continúa el pacto de la trilogía que condujo al crimen de Mariano.

Tampoco  plantea ningún tipo de auditoria, ni inventario de los bienes que el Estado pasa a “administrar” en forma directa. Es un operativo de encubrimiento: habría que rendir cuentas de 100 mil millones de pesos en subsidios otorgados en la “década” a concesionarias. Estas han desviado los subsidios a su patrimonio y nuevos negocios, en lugar de invertirlos en mantenimiento.

Las movilizaciones contra el crimen de Mariano y por la masacre de Once obligaron a medidas que llegaron mal y tarde. El Gobierno primero cerró contratos con los chinos para importar vagones y repuestos y luego envió el proyecto que crea ferrocarriles argentinos. Un superendeudamiento que golpea cualquier industrialización nacional. Ya no es el vaciamiento indiscriminado. Hay una reconstrucción selectiva, parcial, otra vez privatista, desindustrializadora y basada en endeudamiento, sobre las ruinas del viejo ferrocarril.