La AGN demostró que los escáneres de los puertos de Buenos Aires, Campana y San Lorenzo no poseen el software necesario para controlar el narcotráfico. Como era de esperar, el gobierno nacional cuestionó dicho informe y, una vez más, miró para otro lado.

Hace unas semanas, la oficina antidrogas de las Naciones Unidas difundió un documento que ubica a nuestro país como el tercer punto de partida de cocaína hacia el mundo, detrás de Brasil y Colombia. Asimismo, alertó que  en Argentina se consume el 25% de la cocaína de Latinoamérica, lo que pone de manifiesto que hemos dejado de ser un país de paso para convertirnos en un país con un mercado importante y con una fuerte presencia de grandes narcotraficantes.

Es importante destacar que sólo el 8% de nuestro espacio aéreo está radarizado, es decir que sólo una ínfima parte de nuestro territorio está equipada para detectar vuelos irregulares que pueden ingresar al país con estupefacientes. El decreto 1407 de 2004 establecía un plan de radarización que, como con otras tantas cosas, nunca se llevó a cabo.

Conscientes de la ausencia de políticas públicas serias, con nuestro bloque hemos presentado  diversos proyectos legislativos respecto de este problema. Entre ellos el de control de contenedores, que crea una división especial en Aduana encargada de scanners en todos los puertos con comercio internacional. La ley de defensa nacional contra amenazas aéreas -basada en una ley similar en vigencia en Brasil desde 2004 y de uso común en gran parte del mundo- que permite detectar y neutralizar aviones considerados ilegales, luego de agotar siete medidas previas de disuasión.

También hemos pedido por una ley de control integral del espacio aéreo en la que solicitamos la compra de dieciocho radares nuevos de tierra, tres aerotransportados y sesenta nuevos aviones interceptores para la Fuerza Aérea.  Tal ley crearía, además, un sistema de radares, zonas aéreas e incorporación de aviones para detectar vuelos ilegales en todo el territorio nacional.

Finalmente, propusimos un proyecto de ley para el seguimiento de las adicciones que haría que el Estado se convirtiera en garante del acceso al servicio de salud ante cada caso de consumo de estupefacientes. Asimismo, la normativa crearía un Registro de Seguimiento de las Adicciones que permitirá tanto una  asistencia integral del adicto como la elaboración de políticas preventivas.

El informe que dio a conocer la AGN recientemente pone en evidencia la gravedad de la situación. Sin embargo, el gobierno hace oídos sordos a las múltiples advertencias de los organismos nacionales e internacionales que le recuerdan que, en esta materia, los únicos que han ganado la década son los narcotraficantes.

Hasta este caso, las medidas de seguridad del Banco Central eran inexistentes. Si bien tras el episodio que conmovió a la opinión pública se presentaron proyectos de todo tipo que produjeron debates intensos y enriquecedores, el balance a tres años de aquel terrible hecho es pobre y poco alentador.

La ley 26.637 de Seguridad Bancaria fue la única iniciativa aprobada. Sancionada e implementada con cierto retraso e insuficiencia, la normativa contempló básicamente la instalación de mamparas, que se hizo efectiva lentamente en las diferentes sucursales bancarias y la instalación de inhibidores de señal telefónica, medida que no fue implementada y que fue reemplazada por un control un poco más férreo del que se venía llevando por parte del personal designado a la seguridad de las sucursales.

El Ejecutivo decidió sacar a la calle a los efectivos policiales designados a la custodia de bancos, medida que llegó, una vez más, con cierto retraso, con una ineficiente coordinación con la seguridad privada y que resultó  marginal en un contexto que reclamaba una iniciativa mucho más contundente. Tampoco se facilitó la bancarización ni las transferencias electrónicas porque no se han reducido aún sus costos.

Desde el denarvaísmo presentamos un proyecto vinculado a la prevención de delitos llevados a cabo por motochorros. Con esta iniciativa, pretendemos obligar a los motociclistas a utilizar chalecos refractivos donde conste el número de identificación del vehículo. Lamentablemente, fue desestimado por el oficialismo en repetidas oportunidades.

Los delitos vinculados a salideras bancarias siguen en plena vigencia. Las medidas implementadas han resultado insuficientes y parciales. Pues no se ha abordado el tema con una visión integral que involucre a todos los actores que intervienen en dicho contexto y no se han debatido los proyectos presentados en el Congreso.

Como en muchas ocasiones en la que los casos se mediatizan, las reacciones espasmódicas e improvisadas del Gobierno están a la orden del día. Ojalá que antes de que ocurra un nuevo caso Píparo el oficialismo comprenda la importancia sustancial de legislar sobre la problemática de la seguridad y recuerde que aún no le ha dado respuesta a la demanda ciudadana que reclama acciones concretas frente a la inseguridad.

Sobre la elección popular de los consejeros, es necesario notar que los jueces, abogados y científicos tendrán que hacer campaña proselitista partidaria. No queda claro aún cómo se conformarán las listas, cómo se llevará a la práctica y quién financiará esas campañas. Asimismo, el presupuesto del Consejo de la Magistratura, en 2010, fue de $539.513.223, registrando un aumento del 96% con respecto al presupuesto de 2005. De aprobarse el proyecto, ¿cuál será el gasto para mantener en su estructura a los 19 miembros que se propone, 6 más de los que hay ahora?

La creación de cámaras de casación es una prueba más de lo que ya se hizo y no obtuvo los resultados esperados pues han aumentado la burocracia, los costos y las demoras al proceso. Veamos algunas cifras: la tasa promedio de demora del fuero contencioso administrativo (primera instancia) -donde litiga el Estado- es de 7 años y medio, según datos de 2011; la formación de una nueva cámara de casación agregaría al proceso de 6 meses a 1 año y habría que sumar el tiempo que requiere hacer cumplir la sentencia de un proceso especial. Es decir que para ser indemnizado por el Estado un ciudadano deberá esperar de 10 a 15 años.

Respecto de las medidas cautelares, advertimos que se propende a la irresponsabilidad del Estado, poniéndolo por encima de los particulares. La medida cautelar es una de las pocas herramientas de defensa del ciudadano ante un Estado que posee recursos y privilegios al momento de saldar sus deudas. Este proyecto limita a 6 meses el derecho de los ciudadanos. Además, quedan intactos ciertos privilegios del Estado para que dilate el eventual pago de daños y perjuicios que, con la sentencia definitiva, la persona deberá solicitar su previsión en el presupuesto y, en circunstancias ideales, podrá cobrar su acreencia como mínimo al año siguiente (conforme las leyes 23.982, 24.624, 25.565 y sus reglamentos).

Si tenemos en cuenta que la cautelar es un remedio procesal que reconoce su origen en la necesidad de proteger a los más débiles frente al abuso estatal, este proyecto parece buscar la impunidad de éste y la desprotección de los ciudadanos.

Suena muy bien la ley de “ingreso democrático al Poder Judicial”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, como impulsor del proyecto, debería ser capaz de dar el ejemplo. En noviembre de 2011, autorizó el ingreso sin concurso de 5000 empleados a la planta permanente de la administración nacional, favoreciendo a sus militantes. Hay otros datos: desde 2009 la partida total para personal de la administración pública nacional pasó de $ 27.038 millones a $ 70.387 millones previstos en el presupuesto 2013. Es decir, creció 160%. La suba en la planta permanente fue de $ 24.642 millones a $ 63.358 millones (un incremento del 157%) y la de contratados, de $ 2396 millones a $ 6730 millones (un 181% más).

Finalmente, sobre la publicación de las causas judiciales, es importante señalar que la Corte Suprema de Justicia sube todas sus sentencias a www.csjn.gov.ar; las causas de todos los fueros y las actuaciones del juzgado se pueden consultar en www.pjn.gob.ar, salvo las que por su temática son sensibles a los intereses particulares como el fuero penal y de familia; se pueden ver las resoluciones de los juzgados y, en algunos casos, las sentencias. Lo único que falta es que sean publicadas todas las sentencias de cada causa de cada fuero pero allí entran las consideraciones sobre la información privada, protegida por el artículo 43 constitucional. La pregunta que surge, entonces, es quién sería responsable por la veracidad de la información.

Es lamentable que el Gobierno deje pasar una nueva oportunidad de realizar una profunda reforma al servicio de Justicia. Democratizar el Poder Judicial es darle mayor poder a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los casos donde se ponen en juego las normas fundamentales de nuestra convivencia pacífica y la credibilidad en las instituciones. Se puede trabajar y legislar para que la Justicia sea más ágil, transparente y moderna pero no por este camino. El camino para una verdadera reforma es el juicio por jurados, procesos orales de principio a fin, expediente digital, gestión de procesos, mayor acceso a la justicia para los más desprotegidos, mediación, arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos.

Está claro que bajo el discurso de una urgente democratización de la Justicia, el oficialismo oculta sus verdaderas intenciones: disciplinar al Poder Judicial, violando el principio republicano de la independencia de poderes.