Imposible olvidar el nerviosismo que rápidamente nos recorrió. Imposible también olvidar nuestras primeras impresiones, hasta que la sobreviviente Adriana Calvo dijo: “Julio López está desaparecido”, y presentamos un habeas corpus esa misma mañana.

Nuevamente un desaparecido. Ese método que jamás abandonaron las Fuerzas Armadas y de seguridad. Como lo hizo el Ejército en La Tablada, como Miguel Bru y tantos jóvenes víctimas de la policía. Esta vez una desaparición directamente asociada a la dictadura, a esas patotas que, como reconoció el propio Néstor Kirchner en cadena nacional del 29/12/2006: “Todo hace pensar […] que ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, elementos paramilitares o parapoliciales que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad. Reclaman imponer una amnistía”.

Enorme reconocimiento con el que no se hizo nada. Absolutamente nada. Mientras los organismos reclamábamos la separación de la Bonaerense de la investigación, se nos respondió que se iba a priorizar “la gobernabilidad de la fuerza”.

El aparato represivo, judicial y político de la dictadura se colaba por todos los poros en una situación nacional en la que imperaba un discurso gubernamental que hablaba de terminar con la impunidad de los crímenes de la dictadura como política de Estado. Contra ese discurso, la desaparición de Julio develaba que 9026 policías de la dictadura seguían en funciones, que en las Fuerzas Armadas la situación era similar, que el juez federal Manuel Blanco, que tuvo un buen tiempo la causa, fue juez de la dictadura, que unos años después un genocida de probada participación en la desaparición del soldado Ledo llegaría al mando de Ejército, César Milani culminaba de probarlo.

Hoy llegamos a un nuevo aniversario de aquella desaparición sin saber qué pasó con nuestro compañero y sin que sean identificados sus secuestradores, a pesar de la importante cantidad de elementos con los que contamos, por ejemplo, foto y nombre de quien realizó el seguimiento de Julio, nombres de quienes hicieron acciones específicas de encubrimiento que constituyen una interesante pista a desandar y muchos más.

En cambio, prevaleció no avanzar hacia allí y no hacer olas, apostando a que de a poco el reclamo se iría diluyendo. La SIDE con Stiuso a la cabeza, la Federal y la Bonaerense se encargarían de que pase el tiempo sin que se sepa nada de López.

Así como reconoció el expresidente Kirchner que el secuestro de López intentaba paralizar el proceso de juicio a los criminales de lesa humanidad que daba sus primeros pasos, hoy tenemos que ver las enormes señales que hay sobre un nuevo intento de paralizar los juicios e impedir que se avance sobre la responsabilidad de los verdaderos planificadores del golpe genocida, lo que comúnmente llamamos “los civiles”, que son importantes empresarios, integrantes de la jerarquía eclesiástica, responsables de medios de prensa y otros representantes de los clases dominantes.

Cuando finaliza la era kirchnerista, autotitulada “defensora de los derechos humanos”, y cuando la palabra “diálogo” se ha impuesto como una moda nada inofensiva, ya que habla de conciliar intereses irreconciliables, algunos han llevado esta idea al terreno de los juicios a los genocidas.

Ya comenzó a materializarse con la bendición de monseñor Jorge Casaretto en encuentros en la Universidad Católica Argentina, la de San Andrés y la Fundación Hannah Arendt, dirigida por Elisa Carrió, que contaron con la presencia de la senadora Norma Morandini, que tiene dos hermanos desaparecidos y Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien murió durante su secuestro, hecho que se atribuye al ERP (en julio de 1974). Fueron acompañados con sucesivas editoriales de La Nación, donde se retoma su reivindicación de las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos y se reclama una amnistía.

Mientras debaten e intentan imponer una nueva ideología predominante, impulsan fervientemente las causas “Rucci” y “Larrabure”, donde también venimos interviniendo para terminar con esta nefasta teoría de los dos demonios que busca una especie de empate, es decir, impunidad para todos, juzgamiento para ninguno más.

El objetivo de máxima es que se paralicen todos los juicios contra los genocidas, el más directo es que no avancen las causas contra los civiles. Detrás están los intereses de los afectados por las causas de Papel Prensa, Pedro Blaquier, Vicente Massot de la Nueva Provincia, la ex Editorial Atlántida, que ya vienen obteniendo una serie de fallos que son verdaderos sobreseimientos encubiertos. Integran la lista empresarios como los de Ford o Mercedes Benz.

Así como luchamos en las calles para derrotar el discurso gubernamental que intentó imponer que Julio López no estaba desaparecido sino perdido o en la casa de la tía, y como seguiremos luchando hasta conocer su destino y terminar con la impunidad de sus secuestradores, hasta que se abran todos los archivos que tiene el Estado y conozcamos la verdad, vemos necesario poner en pie una campaña que denuncie y realice acciones para enfrentar esta nueva política de reconciliación impulsada una vez más desde las máximas jerarquías de la Iglesia Católica, sectores empresarios y de la oposición.

Nadie puede creer que gane quien gane, Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa se opondrán seriamente a este nuevo intento de reconciliación. Todos saben que nosotros sí.

La primera respuesta que se desprende de esta aclaración es que el acuerdo tácito que lograron en el terreno económico con la derecha del PRO y del Frente Renovador de Sergio Massa para pasar el ajuste y los tarifazos -reflejo a su vez del consenso patronal sobre el punto- hace que el kirchnerismo reclame que todos se involucren a la hora de sancionar las herramientas necesarias para su aplicación, como lo es claramente este proyecto, que coarta el derecho a la protesta.

El contundente paro del 10 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron en él, demostrando que el sindicalismo combativo es un nuevo actor en la vida de la clase obrera del país, no se enfrentan con discursos de ocasión y bajo vuelo en 678 y sus propaladoras. Es increíblemente ridículo que intenten justificar este proyecto de ley poniendo el monstruoso ejemplo de una patota paga para decir que “en los piquetes tiran gente de los puentes”.  Es vergonzoso que Kunkel lo diga y es vergonzoso que se lo repita.

Un segundo elemento, que ya mencionamos, es la firme determinación del Gobierno de pegar un giro a la derecha en el terreno económico, preparar al país para la llegada de capitales financieros especulativos, acordar con el Club de París y enterrar bien enterrado cualquier relato nacional y popular. No hay ajuste que no pase con represión, se ha dicho muchas veces, pero no por repetida la frase se invalida.

El tercero es claramente la necesidad de sacarle a Sergio Massa la agenda de derecha que viene imponiendo. Daniel Scioli y Carlos Kunkel, en ese terreno, van por el buen camino.

Por eso, la llamada ley antipiquetes en realidad no es tal. Gustan de poner nombres ampulosos (vg. “leyes antiterroristas”) para esconder detrás normas represivas y de alcance masivo.

Toda expresión popular se verá alcanzada por esta norma. El que quiera manifestarse deberá previamente pedirle permiso al teniente coronel Sergio Berni, quien calificará la protesta de legítima o ilegítima.

Veamos algunos ejemplos. Cuando la patota de Pedraza, amigo de Carlos Tomada y Noemí Rial, asesinó a Mariano Ferreyra, tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal que participó del crimen que cuarenta y ocho horas después saldríamos a las calles con los trabajadores de Kraft, Pepsico, los organismos de derechos humanos, los estudiantes y la izquierda a manifestar nuestro repudio. Esperar a que digan que es legal y recién ahí salir a mostrar nuestra indignación.

Este 24 de marzo, en una masiva movilización de miles de personas que lógicamente complicó el tránsito porteño por varias horas -ya que además fue la segunda manifestación de ese día-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó con una consigna central, el repudio a César Milani. ¿A quién se le puede ocurrir que para ello tendría que pedirse autorización a Berni…? Nótese que en una movilización de esas características, marchando del Congreso a la Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio queda sin circulación vehicular por varias horas: “Manifestación ilegítima”.

Otro ejemplo que puede presentarse es cuando la Policía asesine a un pibe en un típico caso de gatillo fácil. ¿Sus familiares y amigos pedirán permiso a la misma Policía para ir a repudiarla y exigir justicia?

Imaginemos que gana las próximas elecciones Sergio Massa. ¿A él deberían los trabajadores de Kraft preguntarle si es legítimo o ilegítimo su reclamo, antes de salir a pelear por sus derechos? En el 2009, cuando salieron a protestar porque no se cumplían las normas contra la gripe A, Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos a defender a la empresa.

Como se observa, el inusitado interés por cómo viaja la población, la reducción de los “piquetes” y tantas otras argucias argumentales del oficialismo y muchos medios de comunicación son falsas. Es otra cosa lo que se está discutiendo.

Cuando se ataca al derecho de manifestación en realidad se está cercenando la posibilidad de reclamar por todos los demás derechos que se quedan sin una de sus armas de defensa fundamental, la posibilidad de llevar ese reclamo a las calles.

Debemos reconocer que no es el primer intento de controlar las manifestaciones. Se han realizado varios, desde las leyes antiterroristas hasta los infiltrados de la Gendarmería que denunciamos como parte del “Proyecto X”.

Ahora lo que quieren es recuperar el control de las calles, no ya creando movimientos propios o cooptando ajenos como hicieran otrora, sino de manera literal, con un teniente coronel a la cabeza y las fuerzas represivas detrás.

No podemos ignorar que, más allá de que se apruebe o no, con este proyecto, que algunos comparan con el Decreto Supremo de Pinochet N.° 1086 de 1983, se está dejando un mensaje de impunidad para los autores intelectuales y/o materiales de tantos asesinatos y represiones cometidos durante la década kirchnerista para sacar a los manifestantes de las calles, como Carlos Fuentealba, los muertos del Parque Indoamericano, la represión prácticamente continua a los Qom, los asesinatos en Ledesma, Jujuy, entre otros.

Hay cinco mil luchadores procesados y pesa una condena a perpetua sobre los trabajadores petroleros de Las Heras como muestra de la actuación de un poder judicial que encuentra una gran señal de apoyo a su política persecutoria con este proyecto de ley.

Este 29 de abril a las 13 horas los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estaremos presentando, en el Anexo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley firmado por numerosos diputados, como Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, Virginia Linares y Víctor De Gennaro, para exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a los luchadores sociales y la libertad de todos los presos políticos. Basta de criminalizar la protesta social.

Mientras por abajo crece la bronca de los trabajadores contra el ajuste en curso, la inflación y la licuación de los salarios, por arriba, eso que se llama superestructura política intenta cerrar filas pugnando por ir cada vez más a la derecha. Los que aplaudieron reformas contra los trabajadores, intensamente antiobreras como la Ley de Riesgos del Trabajo, o antidemocráticas como la legislación “antiterrorista”, o, sin ir más lejos, el noventista proyecto de Código Civil, ahora se erigen como defensores de ‘la gente’ y despotrican porque se elimina la reincidencia y no se pena con más fuerza a las manifestaciones que puedan interrumpir circunstancialmente el tránsito.

Si lo que pretenden los referentes políticos de las clases dominantes es combatir la llamada inseguridad, es bastante hipócrita pensar que eso se logrará con aumento de penas, o que cárceles atestadas hacen “más segura” una sociedad cada vez más marcada por la desigualdad. Cíclicamente nos entretienen con estos debates, que pasan de reclamar bajar la edad de imputabilidad o penas más altas a generar estigmatizaciones varias; tratan de tapar los escándalos que estallan en sus caras y que dejan claro que las fuerzas de seguridad están involucradas en el gran delito, en el crimen organizado. Recordemos los casos de Julio López o de Candela Sol Rodríguez y el rol de la Bonaerense. ¿Quieren hablar de narcotráfico y qué pena le corresponde? Hablemos de las Policías de Córdoba y Santa Fe. ¿Quieren combatir la trata de personas? Hablemos de la Policía de Tucumán y tantas otras.

No son discusiones diferentes porque no puede existir el narcotráfico, los desarmaderos de autos, la trata de mujeres y niñas, los secuestros extorsivos y los piratas del asfalto sin el concurso del Estado. El Servicio Penitenciario es parte de la red, tortura a detenidos y hasta utiliza a personas privadas de su libertad para cometer delitos en su propio beneficio.

Como bien se le ha respondido a Massa, y por eso no avanzamos en ello, condiciones de excarcelación, reincidencia y demás seguirán, en definitiva, siendo decididas por jueces y fiscales. Aquellos que provienen de la dictadura, o esos que llegaron envueltos en una servilleta del menemismo, o los que llegan a transar con Pedraza ante el asesinato de Mariano Ferreyra. La continuidad del sistema está garantizada. La selectividad penal, la portación de cara, los métodos de las policías seguirán funcionando como verdaderas puertas de entrada al sistema penal. Los pobres seguirán poblando las cárceles porque continuará existiendo un instituto tan cuestionable como la prisión preventiva (verdadera pena anticipada), que mantiene las cárceles con un 70 % de inocentes, y ni siquiera existe el llamado “dos por uno”.

Hecha la ley

Sin adentrarnos en consideraciones más profundas sobre la expresión necesaria de intereses de clase que contiene toda legislación represiva, recordamos simplemente que delito es lo que las clases dominantes dicen que es. El delito es una institución política, no es un hecho de la naturaleza. Si el anteproyecto de Código incorpora algunos principios menos reaccionarios que el anterior, no quita que, de aprobarse, reafirma el hecho de que las clases dominantes hacen aparecer sus intereses (y la protección de los mismos, en este caso) como los intereses del conjunto de la sociedad. Los intereses privados de la burguesía se entremezclan con los intereses del Estado; el Estado en definitiva representa los intereses de los poseedores. Marx desnudó cómo el interés del Estado en realidad es el interés privado del propietario con el simple ejemplo de cómo se comienza a castigar como delito la ancestral costumbre de juntar leña.

Hace muy poco, fuimos conmovidos por grandes hechos que pueden parecer tragedias, pero no lo son, como la Masacre de Once o las inundaciones de La Plata. Decía en forma brillante Engels: “cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte decimos que es un homicidio. Si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Pero cuando la sociedad pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala, cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida […], cuando ella sabe demasiado bien que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen”. Esos crímenes no están contemplados ni estarán en estos códigos penales porque el crimen es una acción, el “delito” la atribución de ilicitud a una acción, y en una sociedad dominada por una clase social minoritaria y parasitaria nunca se penarán esas conductas.

Por eso el debate es profundo y rechaza los análisis superficiales y estridentes. Toda forma de castigar históricamente ha tenido un correlato con la organización económica y con la estructura social de un momento dado. Llegado al poder después de la crisis del 2001, el kirchnerismo ha intentado la reconstrucción del régimen burgués, de algunas de sus instituciones y de su clase política. En primer lugar fue la autoridad presidencial y la Corte Suprema, en los últimos años incluso intenta hacerlo con las Fuerzas Armadas. Acompañando este proceso de reconstrucción también se fue forjando un relato que pretendió artificialmente ser democratizador y que en definitiva legitimará el ejercicio del poder de los mismos de siempre sobre los mismos de siempre. Tal vez esta reforma surgió contextualizada en esta postura, sobre un Código Penal vetusto e inquisidor como el actual y en el intento de darle un barniz acorde a esa estrategia del relato. Pero incluso esto ahora tiene un final incierto considerando tanto el enorme giro derechista que viene dando el Gobierno de Cristina Kirchner como la agenda reaccionaria de la oposición burguesa.

Donde hay una necesidad no hay derecho sino delito

Lo que tanta reacción ha evitado es hablar de algunos temas que afectarán profundamente los derechos de las mujeres y a los que luchan. Veamos resumidamente solo algunos ejemplos. El aborto para los casos de violación ya está despenalizado en el Código vigente desde 1921. La Iglesia Católica y sectores rancios de la justicia han generado un movimiento tendiente a interpretar el artículo 86 de un modo restrictivo, ilegal. Casi un siglo después, la Corte Suprema tuvo que fallar sobre esto en el caso “F.A.L.”, de marzo del 2012.

El anteproyecto ratifica el retroceso ya iniciado con el proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial en el que la Iglesia Católica tuvo plena injerencia. Mientras se decía públicamente que el tema del aborto no se iba a tocar porque aún es un debate abierto en la sociedad -contrariando incluso la propia encuesta del Vaticano que indica que en Argentina casi el 80 % de los católicos está a favor del aborto en algunos o en todos los casos-, por abajo y en silencio se introdujeron reformas contrarias a la histórica lucha que viene dando el movimiento de mujeres en la Argentina. En el capítulo del aborto se incorporan tipos penales y se introduce un nuevo delito, el aborto culposo.

De más está decir, tal vez, que aquellos que se oponen al derecho al aborto arrogándose la defensa de la vida tienen una postura tan mentirosa como aquellos que se autoerigen en defensores de la “seguridad ciudadana” intentando enviar a miles de personas a las cárceles.
El diputado Nicolás del Caño, como todos los diputados del Frente de Izquierda, acompañará este 27 de marzo la presentación del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito. A su vez, el anteproyecto ratifica un Código históricamente armado para la criminalización de la protesta social. No es un dato menor cuando en Argentina hay más de cinco mil procesados por participar de diversas luchas.

Uno de los tipos penales más utilizado es el artículo 194 del Código Penal, conocido como “corte de ruta”. En el anteproyecto pasaría a ser el artículo 190 con un apartado que dice que “en caso de impedimento o interrupción de servicios de transporte por tierra, agua o aire, el delito solo se configurará mediante desobediencia a la pertinente intimación judicial”. Así, en forma inédita e inconstitucional, con una simple orden judicial un derecho constitucional se transforma en delito. Esto no solo llevará a nuevos procesos penales contra los sectores que salgan a luchar, sino que abre una puerta directa para que un juez intime e inmediatamente se desate la represión, máxime después del discurso de apertura del año legislativo donde la presidenta cargó contra la protesta social y los trabajadores petroleros de Las Heras.

La proyectada reforma se queda incluso muy por detrás de algunos recientes fallos y dictámenes fiscales de la Cámara de Casación Penal, por ejemplo. Claro que todos sabemos de qué hablan cuando se exige endurecer las penas para este tipo de acciones. No les preocupa el “derecho a circular”, sino impedir el repudio a sus políticas antipopulares. Por eso el bloque de Macri en el Congreso aplaudió a rabiar a la presidenta cuando expuso sus ansias de reprimir la protesta social. Para ninguno de ellos hay “corte de calle” cuando cierran media ciudad para una carrera de autos, los corsos de carnaval, los vecinos salen a protestar el #8N o el oficialismo hace un acto como el del 1º de marzo en el Congreso.

Para otro debate quedarán las penas a los genocidas. Varios de ellos hoy cuentan con prisión perpetua (pena que algunos como Diana Conti adelantan que debería mantenerse). Los que peleamos desde hace años por que se condene por genocidio decimos que la verdadera pelea continúa siendo para que se castigue a aquellos que ya cometieron un genocidio y siguen impunes, y en algunos casos formando parte de las fuerzas armadas y de seguridad actuales. O más aún: que se avance contra los civiles. Venimos denunciando que con el sistema de juzgamiento actual se deja impune a la enorme mayoría de los genocidas. Y esto no cambiará un ápice si el anteproyecto es ley. Milani continuará al mando del Ejército Argentino.

Más allá de la eliminación de algunos institutos reaccionarios, que son mostrados como bandera de defensa del anteproyecto, y por motivos diametralmente opuestos a los de Massa y a quienes los siguen en su cruzada, la banca del PTS en el Frente de Izquierda en el Congreso rechazará esta reforma, planteando abrir un debate en serio sobre la criminalización de la protesta, los derechos de las mujeres, los juicios a los genocidas, la participación del Estado a través de sus políticos y fuerzas de seguridad en el delito organizado, y el nefasto rol de las cárceles como instrumentos deshumanizantes.

La novedad no es que en las campañas electorales aparezca la mano dura como lema, sino que desde lo más profundo del kirchnerismo se tome ese discurso reaccionario como uno de los centrales hacia el 27 de octubre. Su principal candidato, Martín Insaurralde, anunció que la semana próxima presentará en el Congreso, junto a diputados del FPV, un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, a coro con la siempre vigente campaña mediática que estigmatiza a la juventud, creando un enemigo fácil, llenando zócalos en las pantallas de los canales de TV.

Sin ninguna estadística que los avale, tienen el objetivo de demonizar a los adolescentes e instalar en el imaginario que los problemas sociales se deben a los jóvenes hijos del pueblo trabajador, verdaderas víctimas de la desocupación, el trabajo precario y los abusos policiales. A los barones del Conurbano que quieren criminalizar a los jóvenes pobres no se les escapa que las fuerzas policiales suelen utilizar a pibes como mano de obra para concretar sus crímenes, como intentaron con Luciano Arruga, desaparecido por la bonaerense hace ya más de cuatro años. Ponen a las víctimas como victimarios.

Complementariamente, hace dos semanas se lanzó una saturación represiva de los barrios populares con el “Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad”, por el cual el Gobierno nacional provee personal de Policía, Gendarmería y Prefectura a provincias y municipios.

Scioli se puso al hombro la campaña del FPV y le asigna su impronta. A gusto con este nuevo perfil, se despachó con la creación del Ministerio de Seguridad, al frente del cual puso al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, prototipo de esos intendentes kirchneristas del conurbano, que detenta los nada elogiables títulos de ex menemista y ex duhaldista. Granados es un confeso cultor de “meter bala a los delincuentes”, y nos recuerda a personajes funestos como Carlos Ruckauf.

La acción conjunta de bonaerenses, gendarmes y prefectos no hará más que mejorar la coordinación del gran delito, las redes de narcotráfico, la trata de personas, el robo de automotores, el juego clandestino, y profundizará la impunidad para sus verdaderos beneficiarios, los capitalistas que se enriquecen manejando multimillonarios negocios ilegales.

Por eso, resulta de primer orden repudiar el desembarco en los barrios de Gendarmería y Prefectura, fuerzas a las que intentan presentar como menos descompuestas que la Policía, pero no debemos perder de vista que integran un aparato represivo nacional repleto de criminales que provienen de la última dictadura y que bajo las órdenes del kirchnerismo realizan espionaje ilegal sobre las organizaciones populares a través del “Proyecto X”, como lo venimos denunciando desde el PTS y el Frente de Izquierda.

Esta política de inflar el aparato represivo estatal va acompañada de la proliferación de “fuerzas de choque” organizadas por punteros políticos y financiadas por los intendentes. En La Plata las “Patrullas de Seguridad Municipal”, lanzadas a la calle a horas de la trágica inundación del 2 de abril, se dedican a hostigar y atacar a vecinos y organizaciones sociales y políticas. Durante la campaña electoral de las PASO se las vio persiguiendo y golpeando a militantes de las fuerzas que denunciaban la responsabilidad de Alak, Bruera, Scioli y los K en ese crimen social que fueron las inundaciones. Los casos de Julio López, Luciano Arruga, Sandra Ayala Gamboa y cientos de asesinatos por gatillo fácil policial, torturas en comisarías, cárceles e institutos configuran el real “mapa del delito” estatal, donde reina la impunidad.

Los desarmaderos de autos, la trata de personas y el narcotráfico no están manejados por jóvenes de quince años. Persiguen a la juventud y saturan los barrios porque quieren redoblar las cadenas de control social para que no se rebelen por la deplorable situación a la que los someten diariamente.

No es persiguiendo y reprimiendo a la clase trabajadora, al pueblo pobre y a su juventud como se acabará con el delito organizado. Con absoluta demagogia, el Gobierno apela nuevamente a la recetas de la mano dura, la militarización de los barrios y la baja en la edad de imputabilidad. Nada tiene que envidiarle a Massa, Blumberg, De Narváez y Macri. Preparémonos para el gran acuerdo: seguramente votarán juntos en el Congreso todas las medidas que vayan a favor de la represión y la persecución.

Como pasó con la llamada “ley antiterrorista”, que produjo una severa y regresiva modificación en el Código Penal, la exigencia proviene de Estados Unidos. Pero no sólo de estos sofisticados sistemas biométricos se trata el espionaje en Argentina. Representando a los trabajadores de Kraft y su comisión interna antiburocrática, logramos demostrar que todo el sindicalismo combativo, así como los organismos de derechos humanos que lo acompañan en movilizaciones y reclamos, está siendo objeto de inteligencia ilegal y que los datos recopilados pasan a integrar una enorme base de datos que se llama “Proyecto X”.

La presidenta de la Nación dijo en uno de sus habituales discursos: “quédense tranquilos, salvo que estén haciendo algo que no corresponda. Ahí sí, puede ser que estén en el Proyecto X”. ¿Algo que no corresponda? Los trabajadores de Kraft acaban de ser citados para notificarles que pronto irán a juicio oral. La acusación contra ellos se basa en la prueba colectada ilegalmente por la Gendarmería Nacional y que forma parte del Proyecto X.

Se trata de una violación a los elementales derechos de cualquier persona a no ser espiado en sus actividades políticas y gremiales, y si ello llegara a ocurrir, que dichas pruebas sean consideradas nulas y por lo tanto no se puedan utilizar en su contra. No es lo que ocurrió y pronto la justicia federal de San Martín tendrá sentados en el banquillo de los acusados a los trabajadores que en 2009 salieron a reclamar medidas contra la amenazante gripe A de aquel invierno.

Por aquellos días, mientras nosotros -así como una enorme cantidad de organizaciones obreras, de derechos humanos, de izquierda- pusimos todo nuestro esfuerzo en la defensa de los trabajadores, los cables conocidos como WikiLeaks y difundidos por Julian Assange muestran que la figura política de la semana, Sergio Massa, fue corriendo a la embajada de Estados Unidos a cuestionar a los obreros y defender la dura postura patronal. Ni lerdo ni perezoso, su hoy contrincante electoral Daniel Scioli, ordenó entonces la represión de la policía bonaerense contra los trabajadores. “El régimen de vigilancia más agresivo de la región”, al decir de Assange, tiene un blanco claro.