Si hoy hubiera que buscar una nombre para la malicia, la violencia y la perversidad ejercida contra un ser inocente, ese nombre es el del juez Horacio Piombo. Sin miramientos y en un solo acto, justificó la reducción de pena para un adulto que abusó de un menor de seis años, alegando que ese niño probablemente ya había sido abusado anteriormente y presentaba conductas homosexuales.

Para el juez Piombo, la supuesta experiencia anterior del niño –que no está demostrada, ni denunciada- haría de esta segunda ocasión de abuso una experiencia que no sería “tan ultrajante”. Además, señala como atenuantes que el niño ya presentaba conductas de travestimo y otras que podrían interpretarse como tendencias a una personalidad homosexual.

La familia del niño exige que se revierta el fallo aberrante de Piombo porque además la víctima, que ya tiene 11 años, vive a pocas cuadras del domicilio de quien abusó de él hace cinco años.

El currículum del juez, un verdadero prontuario

El juez Piombo parece tener un currículum que abunda en fallos ejemplares… verdaderos ejemplos de machismo, homofobia, discriminación y gorilismo antiobrero. El año pasado, aprobó la reducción de 40 a 25 años de la pena a un profesor de música que abusó de cuatro niñas de entre 6 y 9 años. Su justificación fue que semejante pena era exagerada para el delito que se juzgaba, ya que era equivalente a la que se podía aplicar a un asesino serial.

En el 2012, aprobó la libertad asistida para un hombre que había sido condenado por la violación de su hijastra de 12 años. En 2011, falló a favor de la libertad de un pastor, que había sido condenado en primera instancia por el abuso sexual de dos niñas de 14 y 16 años a las que había dejado embarazadas. Piombo justificó su decisión alegando que no había configuración del delito de “corrupción de menores”, porque se trataba de “mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas” y que “además poseían experiencia sexual”.

Ese mismo año, favoreció con una reducción sustentable de la pena que se había aplicado a un hombre por femicidio. El asesino, que había acuchillado a su esposa y luego la había matado a martillazos, se vio favorecido por Piombo quien consideró que la víctima habría “influenciado” para provocar la acción del femicida. Como el condenado confesó su crimen expresando que su pareja había puesto en duda su heterosexualidad y que le habría confesado que tenía un amante, el juez consideró que el femicida tenía un estado emocional provocado por “la actitud casi provocativa que la víctima venía exhibiendo al momento de producirse el altercado final”.

En 2006 le redujo la pena a un violador, sustentando su fallo en una supuesta psicopatología del victimario. El condenado, consiguió que su pena se redujera de 17 a 14 años.

En 2002, cuando la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense confirmó la condena a prisión perpetua para el comisario Alfredo Franchiotti por el asesinato a mansalva de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el juez Piombo votó en disidencia.

No podemos dejar de señalar que el juez Horacio Piombo es uno de los tantos funcionarios judiciales cómplices del terrorismo de Estado, que se encuentran aún en ejercicio.

Una casta judicial medieval y antiobrera

Estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata están exigiendo la destitución de Piombo de los cargos que hoy tiene como docente en esas casas de estudio. Los fallos de esta escoria del Poder Judicial no sorprenden, aunque sí indignan. No hacen más que reafirmar la necesidad de terminar con esta casta de jueces reaccionarios.

Los legisladores y legisladoras del PTS en el Frente de Izquierda proponen el inmediato cese en funciones de todos los jueces y fiscales vitalicios que fueron elegidos por los gobiernos peronistas, radicales o por la mismísima dictadura militar.

Levantamos la necesidad de luchar por la elección por voto popular de todos los jueces. Pero también decimos que eso no es suficiente: es necesario insistir en que deben ganar lo mismo que una maestra y que sus cargos sean revocables. Junto con esto, proponemos que los veredictos de los juicios sean dictados por jurados populares.

Si así fuera, no cabe duda que serían inmediatamente revocados por el pueblo trabajador, los jueces que siempre culpabilizan a la víctima como Piombo o el juez Oyarbide que sobreseyó a tres directivos de una empresa de indumentaria acusados de contratar talleres clandestinos donde trabajaban inmigrantes en condiciones de semi-esclavitud, argumentando que ese modo de explotación era la herencia de “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría” de los costureros.

O aquellos vergonzosos jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Quilmes que dejaron libre al policía de gatillo fácil que baleó a nuestra compañera Carla Lacorte, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, alegando que la militancia política de Carla y su lucha por justicia eran “una presión para los jueces” y entonces, la condena al policía que la dejó, de por vida, en una silla de ruedas, terminaba siendo “arbitraria” y “desproporcionada”.

Por eso como Carla Lacorte, como las miles de familias que perdieron a sus hijos por las balas policiales, como los trabajadores y trabajadoras que siguen exigiendo justicia contra los despidos arbitrarios de las empresas multimillonarias, como las mujeres que reclaman #NiUnaMenos y siguen exigiendo que no queden impunes los femicidios, sabemos que es necesaria la lucha y la movilización para enfrentar a las instituciones de este régimen putrefacto.

Esta casta judicial medieval y antipopular no tiene nada de justicia que ofrecer al pueblo trabajador, las mujeres oprimidas y las víctimas inocentes de los delitos más aberrantes. Nada más que la revictimización de las víctimas y la justificación y perversa legitimación de un régimen social de miseria e injurias inauditas para las grandes mayorías.

Con Matías Aufieri, compañero abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), somos abogados de María y Eduardo, trabajadores de la textil Elemento, que produce para Cheeky y otras marcas de la misma magnitud. El caso fue noticia en 2013 cuando una trabajadora de esa textil se prendió fuego, desesperada ante la presión de sus patrones por mayor producción. Nuestro organismo encabezó la denuncia de esta ecuación macabra: cuando los trabajadores se rebelan contra las condiciones que los llevan a morir atrapados, a trabajar doce o más horas por un sueldo miserable, o incluso, como en este caso, a sufrir abortos espontáneos sin permiso para salir al médico, son despedidos por las patronales esclavistas en complicidad con el sindicato textil.

María Ugarte y Eduardo Toro son ejemplos de ello, y por medio de su lucha y de la defensa legal que ejercimos lograron ser reinstalados luego de un año, durante el cual la Asociación Obrera Textil comandada por Jorge Lobais se negó a convocar a elecciones de delegados y, por el contrario, se reunió con otros burócratas sindicales como Ricardo Pignanelli del SMATA, Alberto Roberti del Sindicato de Petroleros y Antonio Caló de la UOM para pronunciarse públicamente contra la altísima “infiltración” de los trabajadores de izquierda en el movimiento obrero industrial.

Dos ciudades, la de Macri y la real

Un eslogan del Gobierno del PRO reza “En todo estás vos”, buscando mostrar una Ciudad que prioriza las necesidades de sus habitantes. Pero eso contrasta con la realidad de los negociados y beneficios millonarios para unos pocos en desmedro de las más básicas condiciones de vida del pueblo trabajador y de sus hijos en una de las ciudades más ricas del mundo.

Ante la muerte de los dos niños, en la búsqueda desesperada por deslindar responsabilidades, oímos a funcionarios del PRO excusándose en el hecho de que no pesaban denuncias previas sobre la trampa mortal donde vivía y trabajaba la familia de las dos criaturas fallecidas. Ante la realidad inocultable, luego intentaron con el argumento de que las denuncias que puedan existir radican en la Justicia Federal (por el delito de trata de personas) y, por lo tanto, la Ciudad no tiene facultades para allanar un domicilio sin orden judicial.

Con una Policía Metropolitana presta a desalojar a familias y niños en cuidado de la propiedad privada, no les produce la misma urgencia la detección y desmantelamiento de esos centros de esclavitud que son los talleres clandestinos.

En ocho años no ha existido inquietud alguna del Gobierno de Mauricio, Horacio, y Gabriela por recabar información sobre esos centenares de denuncias de la existencia de talleres clandestinos, para constituirse como denunciante -como sí lo hace gustoso para procesar luchadores del Subte, del Borda, del Indoamericano y tantos más- y avanzar contra esos talleres, clausurarlos, y garantizar un trabajo digno a los miles de trabajadores esclavizados junto a sus familias. Motivos no le faltarían: trabajo no registrado, reducción a la servidumbre, trata de personas, evasión, falta de habilitación, seguridad e higiene inexistentes son solo algunas de las violaciones a la ley que ni el Gobierno de la Ciudad ni el de la Nación se interesan en combatir.

Recordemos cómo ha actuado la Justicia. Ante otra denuncia de esclavismo, el juez federal Norberto Oyarbide dictaminó que las condiciones impuestas en esos talleres, de amplia composición inmigrante, radican en “costumbres ancestrales” de los países de origen de los explotados en cuestión.

Ancestral también es la enfermedad de la tuberculosis, pero en el siglo XXI ese flagelo retorna y se multiplica al calor del hacinamiento y de la falta de ventilación en los más de tres mil talleres clandestinos existentes, donde decenas de miles de obreros esclavizados enferman respirando el polvillo de las telas para que renombradas familias y empresas de marca se enriquezcan obscenamente.

En la Ciudad y en el país, la realidad nos encuentra junto a los trabajadores en lucha por las condiciones de vida más básicas que este sistema les arranca a diario, mientras en la vereda de enfrente se anotan todos los garantes del régimen explotador y hasta esclavista. Más allá de los globos, del helado y del pochoclo, para esos intereses gobierna el PRO.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda y de los trabajadores militamos cada día para construir esa fuerza capaz de hacer frente a esta situación. Y las elecciones no pueden estar ajenas a esto: es un orgullo para mí encabezar la lista del Frente de Izquierda en la Ciudad, que comparto con luchadores como Eduardo Toro, que enfrenta día a día desde su puesto de trabajo los atropellos de estas grandes empresas que pelean por aumentar la explotación y defienden sus ganancias con uñas y dientes a costa de la vida de los obreros y de las obreras textiles y de sus familias. Por eso, mi candidatura en las elecciones de la Ciudad y la pelea por más legisladores de la izquierda militante, la del FIT, está puesta, además, en función de colaborar en la organización de esos trabajadores que luchan por terminar con toda forma de opresión y por pararles la mano a estas empresas esclavistas.

Las Taser fueron presentadas como armas no letales, pero sus fabricantes aclaran que pueden provocar la muerte, mientras que organismos internacionales las denuncian. Nada de esto conmueve al PRO que encontró un arma de tortura portátil que no deja rastros en el cuerpo, lo que dificulta la denuncia.

Macri eligió el cuestionado predio de La Rural para cenar con empresarios que supuestamente aportaron a su campaña. Que haya sido una maniobra para blanquear los millones que usa cada día para su campaña, no quita que fue una apuesta fuerte para decirles que con él tendrán negocios garantizados. A la par, le prometió a los burócratas sindicales que los ayudará a “correr a la izquierda” de los gremios.

La alianza que selló con Carrió y con la UCR es un intento de plantear una salida por derecha al kirchnerismo. Este acuerdo no está exento de contradicciones: varios candidatos que se presentan como opositores en la Ciudad van en alianzas con el PRO en otros lugares como es el caso del partido de la diputada Victoria Donda, que en la ciudad de Mendoza va en una ¡lista común! con el partido de Macri. Lousteau y Ocaña -que ha coqueteado con el 99% de los partidos existentes- prácticamente son una colectora del PRO luego de que Macri sumara a los radicales.

El kirchnerimo resignó la Ciudad y prefiere jugar un rol opositor mientras le garantiza gobernabilidad al PRO. Sus principales candidatos Mariano Recalde y Carlos Tomada (y hasta Aníbal Ibarra), plantean la campaña en términos de quién gestiona mejor. Recalde es denunciado por las tercerizaciones en Aerolíneas e incluso por casos de persecución sindical. Tomada viene de jugar un papel antiobrero en el conflicto de los trabajadores de Lear, donde el Ministerio armó una emboscada junto con el SMATA y la patronal para dejar ilegalmente a las familias obreras en la calle. El prontuario de los candidatos K es interminable. El propio Aníbal Ibarra fue destituido como Jefe de Gobierno después de la masacre de Cromañón que se llevó 194 vidas.

Desde el FIT enfrentamos todos los días al macrismo y sus políticas de negocios privados, inmobiliarios y de la obra pública.

Desde el PTS apostamos a realizar una gran campaña militante. Junto con los compañeros del subte que conforman una oposición al kirchnerismo y al macrismo. Con las trabajadoras y trabajadores de las privatizadas discutiremos qué hacer con los servicios públicos colapsados. Una campaña junto con los trabajadores y trabajadoras de las fábricas que padecen las condiciones de salubridad como en la Textil Elemento y los talleres clandestinos, con los trabajadores estatales que padecen la tercerización y salarios miserables en la Ciudad. Con nuestros compañeros delegados en las villas.

Queremos desplegar la fuerza de los docentes, para que sean ellos lo que planteen cómo defender y mejorar la escuela pública y terminar con los subsidios a la educación privada. Con la fuerza de las trabajadoras y trabajadores de los hospitales porteños que cobran vergonzosos salarios y trabajan extensas jornadas.

Desde el Frente de Izquierda vamos con la fuerza de las mujeres, los trabajadores y la juventud.

La primera respuesta que se desprende de esta aclaración es que el acuerdo tácito que lograron en el terreno económico con la derecha del PRO y del Frente Renovador de Sergio Massa para pasar el ajuste y los tarifazos -reflejo a su vez del consenso patronal sobre el punto- hace que el kirchnerismo reclame que todos se involucren a la hora de sancionar las herramientas necesarias para su aplicación, como lo es claramente este proyecto, que coarta el derecho a la protesta.

El contundente paro del 10 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron en él, demostrando que el sindicalismo combativo es un nuevo actor en la vida de la clase obrera del país, no se enfrentan con discursos de ocasión y bajo vuelo en 678 y sus propaladoras. Es increíblemente ridículo que intenten justificar este proyecto de ley poniendo el monstruoso ejemplo de una patota paga para decir que “en los piquetes tiran gente de los puentes”.  Es vergonzoso que Kunkel lo diga y es vergonzoso que se lo repita.

Un segundo elemento, que ya mencionamos, es la firme determinación del Gobierno de pegar un giro a la derecha en el terreno económico, preparar al país para la llegada de capitales financieros especulativos, acordar con el Club de París y enterrar bien enterrado cualquier relato nacional y popular. No hay ajuste que no pase con represión, se ha dicho muchas veces, pero no por repetida la frase se invalida.

El tercero es claramente la necesidad de sacarle a Sergio Massa la agenda de derecha que viene imponiendo. Daniel Scioli y Carlos Kunkel, en ese terreno, van por el buen camino.

Por eso, la llamada ley antipiquetes en realidad no es tal. Gustan de poner nombres ampulosos (vg. “leyes antiterroristas”) para esconder detrás normas represivas y de alcance masivo.

Toda expresión popular se verá alcanzada por esta norma. El que quiera manifestarse deberá previamente pedirle permiso al teniente coronel Sergio Berni, quien calificará la protesta de legítima o ilegítima.

Veamos algunos ejemplos. Cuando la patota de Pedraza, amigo de Carlos Tomada y Noemí Rial, asesinó a Mariano Ferreyra, tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal que participó del crimen que cuarenta y ocho horas después saldríamos a las calles con los trabajadores de Kraft, Pepsico, los organismos de derechos humanos, los estudiantes y la izquierda a manifestar nuestro repudio. Esperar a que digan que es legal y recién ahí salir a mostrar nuestra indignación.

Este 24 de marzo, en una masiva movilización de miles de personas que lógicamente complicó el tránsito porteño por varias horas -ya que además fue la segunda manifestación de ese día-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó con una consigna central, el repudio a César Milani. ¿A quién se le puede ocurrir que para ello tendría que pedirse autorización a Berni…? Nótese que en una movilización de esas características, marchando del Congreso a la Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio queda sin circulación vehicular por varias horas: “Manifestación ilegítima”.

Otro ejemplo que puede presentarse es cuando la Policía asesine a un pibe en un típico caso de gatillo fácil. ¿Sus familiares y amigos pedirán permiso a la misma Policía para ir a repudiarla y exigir justicia?

Imaginemos que gana las próximas elecciones Sergio Massa. ¿A él deberían los trabajadores de Kraft preguntarle si es legítimo o ilegítimo su reclamo, antes de salir a pelear por sus derechos? En el 2009, cuando salieron a protestar porque no se cumplían las normas contra la gripe A, Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos a defender a la empresa.

Como se observa, el inusitado interés por cómo viaja la población, la reducción de los “piquetes” y tantas otras argucias argumentales del oficialismo y muchos medios de comunicación son falsas. Es otra cosa lo que se está discutiendo.

Cuando se ataca al derecho de manifestación en realidad se está cercenando la posibilidad de reclamar por todos los demás derechos que se quedan sin una de sus armas de defensa fundamental, la posibilidad de llevar ese reclamo a las calles.

Debemos reconocer que no es el primer intento de controlar las manifestaciones. Se han realizado varios, desde las leyes antiterroristas hasta los infiltrados de la Gendarmería que denunciamos como parte del “Proyecto X”.

Ahora lo que quieren es recuperar el control de las calles, no ya creando movimientos propios o cooptando ajenos como hicieran otrora, sino de manera literal, con un teniente coronel a la cabeza y las fuerzas represivas detrás.

No podemos ignorar que, más allá de que se apruebe o no, con este proyecto, que algunos comparan con el Decreto Supremo de Pinochet N.° 1086 de 1983, se está dejando un mensaje de impunidad para los autores intelectuales y/o materiales de tantos asesinatos y represiones cometidos durante la década kirchnerista para sacar a los manifestantes de las calles, como Carlos Fuentealba, los muertos del Parque Indoamericano, la represión prácticamente continua a los Qom, los asesinatos en Ledesma, Jujuy, entre otros.

Hay cinco mil luchadores procesados y pesa una condena a perpetua sobre los trabajadores petroleros de Las Heras como muestra de la actuación de un poder judicial que encuentra una gran señal de apoyo a su política persecutoria con este proyecto de ley.

Este 29 de abril a las 13 horas los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estaremos presentando, en el Anexo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley firmado por numerosos diputados, como Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, Virginia Linares y Víctor De Gennaro, para exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a los luchadores sociales y la libertad de todos los presos políticos. Basta de criminalizar la protesta social.

La novedad no es que en las campañas electorales aparezca la mano dura como lema, sino que desde lo más profundo del kirchnerismo se tome ese discurso reaccionario como uno de los centrales hacia el 27 de octubre. Su principal candidato, Martín Insaurralde, anunció que la semana próxima presentará en el Congreso, junto a diputados del FPV, un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, a coro con la siempre vigente campaña mediática que estigmatiza a la juventud, creando un enemigo fácil, llenando zócalos en las pantallas de los canales de TV.

Sin ninguna estadística que los avale, tienen el objetivo de demonizar a los adolescentes e instalar en el imaginario que los problemas sociales se deben a los jóvenes hijos del pueblo trabajador, verdaderas víctimas de la desocupación, el trabajo precario y los abusos policiales. A los barones del Conurbano que quieren criminalizar a los jóvenes pobres no se les escapa que las fuerzas policiales suelen utilizar a pibes como mano de obra para concretar sus crímenes, como intentaron con Luciano Arruga, desaparecido por la bonaerense hace ya más de cuatro años. Ponen a las víctimas como victimarios.

Complementariamente, hace dos semanas se lanzó una saturación represiva de los barrios populares con el “Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad”, por el cual el Gobierno nacional provee personal de Policía, Gendarmería y Prefectura a provincias y municipios.

Scioli se puso al hombro la campaña del FPV y le asigna su impronta. A gusto con este nuevo perfil, se despachó con la creación del Ministerio de Seguridad, al frente del cual puso al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, prototipo de esos intendentes kirchneristas del conurbano, que detenta los nada elogiables títulos de ex menemista y ex duhaldista. Granados es un confeso cultor de “meter bala a los delincuentes”, y nos recuerda a personajes funestos como Carlos Ruckauf.

La acción conjunta de bonaerenses, gendarmes y prefectos no hará más que mejorar la coordinación del gran delito, las redes de narcotráfico, la trata de personas, el robo de automotores, el juego clandestino, y profundizará la impunidad para sus verdaderos beneficiarios, los capitalistas que se enriquecen manejando multimillonarios negocios ilegales.

Por eso, resulta de primer orden repudiar el desembarco en los barrios de Gendarmería y Prefectura, fuerzas a las que intentan presentar como menos descompuestas que la Policía, pero no debemos perder de vista que integran un aparato represivo nacional repleto de criminales que provienen de la última dictadura y que bajo las órdenes del kirchnerismo realizan espionaje ilegal sobre las organizaciones populares a través del “Proyecto X”, como lo venimos denunciando desde el PTS y el Frente de Izquierda.

Esta política de inflar el aparato represivo estatal va acompañada de la proliferación de “fuerzas de choque” organizadas por punteros políticos y financiadas por los intendentes. En La Plata las “Patrullas de Seguridad Municipal”, lanzadas a la calle a horas de la trágica inundación del 2 de abril, se dedican a hostigar y atacar a vecinos y organizaciones sociales y políticas. Durante la campaña electoral de las PASO se las vio persiguiendo y golpeando a militantes de las fuerzas que denunciaban la responsabilidad de Alak, Bruera, Scioli y los K en ese crimen social que fueron las inundaciones. Los casos de Julio López, Luciano Arruga, Sandra Ayala Gamboa y cientos de asesinatos por gatillo fácil policial, torturas en comisarías, cárceles e institutos configuran el real “mapa del delito” estatal, donde reina la impunidad.

Los desarmaderos de autos, la trata de personas y el narcotráfico no están manejados por jóvenes de quince años. Persiguen a la juventud y saturan los barrios porque quieren redoblar las cadenas de control social para que no se rebelen por la deplorable situación a la que los someten diariamente.

No es persiguiendo y reprimiendo a la clase trabajadora, al pueblo pobre y a su juventud como se acabará con el delito organizado. Con absoluta demagogia, el Gobierno apela nuevamente a la recetas de la mano dura, la militarización de los barrios y la baja en la edad de imputabilidad. Nada tiene que envidiarle a Massa, Blumberg, De Narváez y Macri. Preparémonos para el gran acuerdo: seguramente votarán juntos en el Congreso todas las medidas que vayan a favor de la represión y la persecución.