La primera respuesta que se desprende de esta aclaración es que el acuerdo tácito que lograron en el terreno económico con la derecha del PRO y del Frente Renovador de Sergio Massa para pasar el ajuste y los tarifazos -reflejo a su vez del consenso patronal sobre el punto- hace que el kirchnerismo reclame que todos se involucren a la hora de sancionar las herramientas necesarias para su aplicación, como lo es claramente este proyecto, que coarta el derecho a la protesta.

El contundente paro del 10 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron en él, demostrando que el sindicalismo combativo es un nuevo actor en la vida de la clase obrera del país, no se enfrentan con discursos de ocasión y bajo vuelo en 678 y sus propaladoras. Es increíblemente ridículo que intenten justificar este proyecto de ley poniendo el monstruoso ejemplo de una patota paga para decir que “en los piquetes tiran gente de los puentes”.  Es vergonzoso que Kunkel lo diga y es vergonzoso que se lo repita.

Un segundo elemento, que ya mencionamos, es la firme determinación del Gobierno de pegar un giro a la derecha en el terreno económico, preparar al país para la llegada de capitales financieros especulativos, acordar con el Club de París y enterrar bien enterrado cualquier relato nacional y popular. No hay ajuste que no pase con represión, se ha dicho muchas veces, pero no por repetida la frase se invalida.

El tercero es claramente la necesidad de sacarle a Sergio Massa la agenda de derecha que viene imponiendo. Daniel Scioli y Carlos Kunkel, en ese terreno, van por el buen camino.

Por eso, la llamada ley antipiquetes en realidad no es tal. Gustan de poner nombres ampulosos (vg. “leyes antiterroristas”) para esconder detrás normas represivas y de alcance masivo.

Toda expresión popular se verá alcanzada por esta norma. El que quiera manifestarse deberá previamente pedirle permiso al teniente coronel Sergio Berni, quien calificará la protesta de legítima o ilegítima.

Veamos algunos ejemplos. Cuando la patota de Pedraza, amigo de Carlos Tomada y Noemí Rial, asesinó a Mariano Ferreyra, tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal que participó del crimen que cuarenta y ocho horas después saldríamos a las calles con los trabajadores de Kraft, Pepsico, los organismos de derechos humanos, los estudiantes y la izquierda a manifestar nuestro repudio. Esperar a que digan que es legal y recién ahí salir a mostrar nuestra indignación.

Este 24 de marzo, en una masiva movilización de miles de personas que lógicamente complicó el tránsito porteño por varias horas -ya que además fue la segunda manifestación de ese día-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó con una consigna central, el repudio a César Milani. ¿A quién se le puede ocurrir que para ello tendría que pedirse autorización a Berni…? Nótese que en una movilización de esas características, marchando del Congreso a la Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio queda sin circulación vehicular por varias horas: “Manifestación ilegítima”.

Otro ejemplo que puede presentarse es cuando la Policía asesine a un pibe en un típico caso de gatillo fácil. ¿Sus familiares y amigos pedirán permiso a la misma Policía para ir a repudiarla y exigir justicia?

Imaginemos que gana las próximas elecciones Sergio Massa. ¿A él deberían los trabajadores de Kraft preguntarle si es legítimo o ilegítimo su reclamo, antes de salir a pelear por sus derechos? En el 2009, cuando salieron a protestar porque no se cumplían las normas contra la gripe A, Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos a defender a la empresa.

Como se observa, el inusitado interés por cómo viaja la población, la reducción de los “piquetes” y tantas otras argucias argumentales del oficialismo y muchos medios de comunicación son falsas. Es otra cosa lo que se está discutiendo.

Cuando se ataca al derecho de manifestación en realidad se está cercenando la posibilidad de reclamar por todos los demás derechos que se quedan sin una de sus armas de defensa fundamental, la posibilidad de llevar ese reclamo a las calles.

Debemos reconocer que no es el primer intento de controlar las manifestaciones. Se han realizado varios, desde las leyes antiterroristas hasta los infiltrados de la Gendarmería que denunciamos como parte del “Proyecto X”.

Ahora lo que quieren es recuperar el control de las calles, no ya creando movimientos propios o cooptando ajenos como hicieran otrora, sino de manera literal, con un teniente coronel a la cabeza y las fuerzas represivas detrás.

No podemos ignorar que, más allá de que se apruebe o no, con este proyecto, que algunos comparan con el Decreto Supremo de Pinochet N.° 1086 de 1983, se está dejando un mensaje de impunidad para los autores intelectuales y/o materiales de tantos asesinatos y represiones cometidos durante la década kirchnerista para sacar a los manifestantes de las calles, como Carlos Fuentealba, los muertos del Parque Indoamericano, la represión prácticamente continua a los Qom, los asesinatos en Ledesma, Jujuy, entre otros.

Hay cinco mil luchadores procesados y pesa una condena a perpetua sobre los trabajadores petroleros de Las Heras como muestra de la actuación de un poder judicial que encuentra una gran señal de apoyo a su política persecutoria con este proyecto de ley.

Este 29 de abril a las 13 horas los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estaremos presentando, en el Anexo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley firmado por numerosos diputados, como Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, Virginia Linares y Víctor De Gennaro, para exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a los luchadores sociales y la libertad de todos los presos políticos. Basta de criminalizar la protesta social.

Veníamos del escándalo de las narcopolicías en Santa Fe y en Córdoba, que superaron la antigua metodología de la complicidad con el narcotráfico, siendo ahora  organizadoras directas del negocio narco en gran escala.

Parece que no pasó un verano, sino un siglo, y hoy nos encontramos nuevamente ante una gran campaña pidiendo “más policía” y justificando mientras tanto actos bestiales. Las medidas de “excepción” de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, repudiadas en la Legislatura por mi compañero diputado Christian Castillo, se inscriben en esta lógica de fortalecer las fuerzas represivas y el control social.

Cuando hablan de más policía, ninguno de esos políticos y caudillos provinciales, ninguno de esos funcionarios nacionales ignora que estamos hablando de Hugo Tognoli, Rafael Sosa…

Pero también de Alfredo Fanchiotti, cara visible de la masacre de Puente Pueyrredon;  de José Darío Poblete (asesino del maestro Fuentealba), de los que desaparecieron a Luciano Arruga, de los policías que nombró Julio López en su testimonio… y podríamos seguir.

O de Balbuena.

Américo Balbuena es un agente secreto de la Policía Federal que durante una década se infiltró en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh. Desde allí, amparándose en un medio independiente, desarrolló una red de espionaje sobre decenas de organizaciones.

Los testigos que están declarando en la causa penal que iniciamos varias organizaciones junto a los periodistas de la Agencia Walsh lo describen como “El pelado Américo”, bonachón, solícito, casi ingenuo. Su legajo en la Federal lo describe igual, pero al revés: locuaz y colaborador.

Ingresó a la Policía en la dictadura militar y desde allí fue ascendiendo, a la par que realizaba cursos de inteligencia. Integra desde ese momento un cuerpo especial que tiene la Federal para realizar espionaje político, que todos saben que existe, que todos saben que actúa, pero pasan los años, pasan los Gobiernos, y estos agentes de inteligencia siguen allí, locuaces y colaboradores.

Sobre las tareas a las que estuvo asignado poco se sabe aún. El Gobierno apuesta a la parálisis de la causa judicial o a alguna de las otras alternativas con las que ha frenado investigaciones con éxito.

El pasado jueves 3 de abril el jefe de Gabinete Jorge Capitanich brindó su informe en el Congreso nacional. A instancias del diputado Nicolás del Caño del PTS/Frente de Izquierda, Capitanich debió responder por qué mantiene este organismo de inteligencia ilegal. Sus palabras fueron significativas. Dijo que el Ministerio de Seguridad instruyó un sumario para ver si, además de “las incompatibilidades denunciadas”, existía la comisión de un delito. También en forma no muy clara, habló de la derogación del decreto-ley (proveniente de una dictadura) que fundó el órgano de espionaje.

Vamos por partes. El sumario al que se refiere el jefe de Gabinete es casi de antología. Sin ánimo de caer en el “derecho penal de autor”, debemos señalar que en él, centralmente, se encargan de recopilar todo lo que nosotros decimos sobre Balbuena. Su lupa la ponen sobre los denunciantes.

“Incompatibilidades” no hay. En la causa judicial declaró recientemente el diputado por la provincia de Buenos Aires Marcelo Saín y allí explicó cómo una de las cualidades que hace diferente y tan peligroso este cuerpo es que expresamente quienes allí se desempeñan están autorizados a tener otros empleos, algo que ni a la SIDE se le permitiría. Los ejemplos citados fueron la secretaria que por años acompañó a Gustavo Béliz o el resonado caso de Ciro James al servicio, también, del Gobierno de Mauricio Macri. Esa es la infantil coartada que utilizó Sergio Berni para justificar el accionar delictivo de este agente de inteligencia.

A su vez, el diputado provincial Christian Castillo declaró en la causa cómo la Federal usaba como modo de blanqueo de información las publicaciones de Balbuena. Citado a declarar en alguna causa, encontró allí estas publicaciones presentadas como prueba de cargo.

Remarcó Castillo en su declaración que, así como se conocen los archivos de la Policía Bonaerense (DIPBA) y estos contribuyen en las causas de lesa humanidad, la Federal mantiene ocultos los suyos, con lo cual “puede suponerse la continuidad de esa actividad expresamente prohibida”.

Proyecto X, agente Balbuena, Ciro James. No son casualidades.

Seguiremos peleando por el desmantelamiento de todos los aparatos de inteligencia que están orientados a la persecución de los movimientos populares y de las organizaciones políticas y gremiales. Junto a ello, exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, como los que mantiene ocultos, contribuyendo a la impunidad, la Policía Federal.

La novedad no es que en las campañas electorales aparezca la mano dura como lema, sino que desde lo más profundo del kirchnerismo se tome ese discurso reaccionario como uno de los centrales hacia el 27 de octubre. Su principal candidato, Martín Insaurralde, anunció que la semana próxima presentará en el Congreso, junto a diputados del FPV, un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, a coro con la siempre vigente campaña mediática que estigmatiza a la juventud, creando un enemigo fácil, llenando zócalos en las pantallas de los canales de TV.

Sin ninguna estadística que los avale, tienen el objetivo de demonizar a los adolescentes e instalar en el imaginario que los problemas sociales se deben a los jóvenes hijos del pueblo trabajador, verdaderas víctimas de la desocupación, el trabajo precario y los abusos policiales. A los barones del Conurbano que quieren criminalizar a los jóvenes pobres no se les escapa que las fuerzas policiales suelen utilizar a pibes como mano de obra para concretar sus crímenes, como intentaron con Luciano Arruga, desaparecido por la bonaerense hace ya más de cuatro años. Ponen a las víctimas como victimarios.

Complementariamente, hace dos semanas se lanzó una saturación represiva de los barrios populares con el “Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad”, por el cual el Gobierno nacional provee personal de Policía, Gendarmería y Prefectura a provincias y municipios.

Scioli se puso al hombro la campaña del FPV y le asigna su impronta. A gusto con este nuevo perfil, se despachó con la creación del Ministerio de Seguridad, al frente del cual puso al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, prototipo de esos intendentes kirchneristas del conurbano, que detenta los nada elogiables títulos de ex menemista y ex duhaldista. Granados es un confeso cultor de “meter bala a los delincuentes”, y nos recuerda a personajes funestos como Carlos Ruckauf.

La acción conjunta de bonaerenses, gendarmes y prefectos no hará más que mejorar la coordinación del gran delito, las redes de narcotráfico, la trata de personas, el robo de automotores, el juego clandestino, y profundizará la impunidad para sus verdaderos beneficiarios, los capitalistas que se enriquecen manejando multimillonarios negocios ilegales.

Por eso, resulta de primer orden repudiar el desembarco en los barrios de Gendarmería y Prefectura, fuerzas a las que intentan presentar como menos descompuestas que la Policía, pero no debemos perder de vista que integran un aparato represivo nacional repleto de criminales que provienen de la última dictadura y que bajo las órdenes del kirchnerismo realizan espionaje ilegal sobre las organizaciones populares a través del “Proyecto X”, como lo venimos denunciando desde el PTS y el Frente de Izquierda.

Esta política de inflar el aparato represivo estatal va acompañada de la proliferación de “fuerzas de choque” organizadas por punteros políticos y financiadas por los intendentes. En La Plata las “Patrullas de Seguridad Municipal”, lanzadas a la calle a horas de la trágica inundación del 2 de abril, se dedican a hostigar y atacar a vecinos y organizaciones sociales y políticas. Durante la campaña electoral de las PASO se las vio persiguiendo y golpeando a militantes de las fuerzas que denunciaban la responsabilidad de Alak, Bruera, Scioli y los K en ese crimen social que fueron las inundaciones. Los casos de Julio López, Luciano Arruga, Sandra Ayala Gamboa y cientos de asesinatos por gatillo fácil policial, torturas en comisarías, cárceles e institutos configuran el real “mapa del delito” estatal, donde reina la impunidad.

Los desarmaderos de autos, la trata de personas y el narcotráfico no están manejados por jóvenes de quince años. Persiguen a la juventud y saturan los barrios porque quieren redoblar las cadenas de control social para que no se rebelen por la deplorable situación a la que los someten diariamente.

No es persiguiendo y reprimiendo a la clase trabajadora, al pueblo pobre y a su juventud como se acabará con el delito organizado. Con absoluta demagogia, el Gobierno apela nuevamente a la recetas de la mano dura, la militarización de los barrios y la baja en la edad de imputabilidad. Nada tiene que envidiarle a Massa, Blumberg, De Narváez y Macri. Preparémonos para el gran acuerdo: seguramente votarán juntos en el Congreso todas las medidas que vayan a favor de la represión y la persecución.

Los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino y el kirchnerismo quisieron encubrir el acto de entrega a la multinacional Chevron del petróleo alojado en los yacimientos de Vaca Muerta (Neuquén). Por eso impidieron que los referentes del Frente de Izquierda que viajamos a esa provincia para denunciar esta entrega pudiéramos ingresar para realizar una conferencia de prensa, por eso desataron una brutal represión contra los manifestantes que incluyó gases, palos y hasta balas de plomo. Pretenden tapar con rejas y represión un acuerdo con cláusulas secretas, concesiones por décadas, a favor de empresas que se hacen cada vez más millonarias a costa de nuestros recursos naturales no renovables y la contaminación de nuestro suelo. Quieren saquear en forma rápida e irresponsable lo que la naturaleza tardó millones de años en producir.

Ese es el plan que las vallas y la represión pretenden ocultar. Un plan que en rigor es la continuación de la política energética kirchnerista en los últimos diez años. La misma que permitió que Repsol y otras empresas vaciaran las reservas petroleras y gasíferas, logrando que nuestro país pasase del autoabastecimiento a un enorme déficit energético que este año llevará -nuevamente- a la importación de combustible por miles de millones de dólares.  Ayer fue Repsol la beneficiaria, hoy lo es la Chevron gracias a la aprobación del proyecto en la legislatura neuquina.

Este acuerdo implica la explotación mediante el método de hidrofractura o fracking, un sistema altamente contaminante que ya produjo un desastre ambiental el Ecuador y es profundamente cuestionado, con muchas pruebas sobre su uso, por todas las organizaciones ambientalistas y por los hermanos de la comunidad mapuche.

Cuando denunciamos el “Proyecto X” y el espionaje ilegal que él representaba, descubrimos que unos de los sectores de los cuales la Gendarmería Nacional acumulaba información y producía inteligencia era sobre los ambientalistas, como asamblea de Gualeguaychú y de Esquel. También recordemos que el primer intento de aplicar la llamada Ley Antiterrorista fue contra los luchadores contra la megaminería contaminante. Esto no es casualidad, el espionaje y la represión se usan en defensa de las multinacionales, desde Kraft hasta Chevron, siempre contra los que luchan por sus legítimos derechos.

Desde el Frente de Izquierda nos opusimos desde el primer momento a esta nueva entrega. Denunciamos que venía a consagrar nuevamente un saqueo a nuestros recursos, como el que inició la privatización de YPF en 1994. Denunciamos también que era una nueva muestra de la sumisión de los Gobiernos nacional y provincial a las multinacionales petroleras. Lo habíamos adelantado cuando se expropiaron el 51% de las acciones de Repsol: no significó un avance en la “soberanía nacional”, sino una nueva entrega a las multinacionales.

Raúl Godoy, diputado neuquino del Frente de Izquierda, obrero de la fábrica recuperada Zanon y dirigente del PTS, ha denunciando dentro y fuera de la Legislatura desde el primer día este acuerdo entreguista que ni siquiera se ha dado a conocer a los propios diputados que tienen tenían que aprobarlo o rechazarlo, bajo el argumento que ellos sólo aprobaban la prórroga de la concesión a YPF. Saben de nuestra coherencia y por eso ayer cuando ingresamos a la Legislatura para exigir que no se apruebe el acuerdo, nos recibió la patota que el MPN tenía preparada para intimidarnos y amenazarnos. Nos hicieron pasar en medio de los patoteros que nos agredían para ingresar y salir de la sesión legislativa.

Pero no sólo nos opusimos en el ámbito legislativo, estamos dando esta pelea en las calles, impulsando la movilización y siendo parte de las acciones de lucha que están llevando adelante distintos sectores y en todo el país. El mismo día que se votaba este acuerdo, la CTA llamó a paro provincial y partió desde la Universidad del Comahue una enorme movilización de trabajadores  judiciales, docentes, estatales, ceramistas, estudiantes, ambientalistas, de la comunidad mapuche, organizaciones políticas, de derechos humanos y sociales nos expresamos en la calle para decirle no al acuerdo con Chevron. Personalidades y diputados nacionales viajaron desde Buenos Aires para acompañar esta marcha que el MPN quiere demonizar y culpar como la responsable de lo ocurrido.

Como dijo mi compañero Raúl Godoy desde su banca en la escandalosa sesión antes de exigir su levantamiento y retirarse junto al resto de la oposición: “La misma policía que asesinó a Carlos Fuentealba, a Teresa Rodríguez, la que le metió 66 perdigones a un compañero de Zanon, esa misma policía está ahora acá. Hoy se está entregando el futuro de los neuquinos y de los recursos nacionales a una multinacional norteamericana. Hay más de 1500 millones de dólares en juego y no hay escrúpulos para reprimir”.

Este día quedará en la historia como la crónica de una nueva entrega, votada en la Legislatura neuquina con la complicidad del gobierno nacional kirchnerista y el MPN. Pero también porque mostró en gran parte de la sociedad un inmenso rechazo al saqueo, a la contaminación, al desplazamiento de los mapuches de sus tierras y a la entrega de nuestros recursos.  Allí están las fuerzas para luchar por la única salida favorable para el pueblo trabajador: la renacionalización sin pago de todo el petróleo y el gas, bajo el control de los trabajadores, en colaboración con las organizaciones ambientalistas y los pueblos originarios como los mapuches. Con los recursos naturales en manos de los trabajadores se podría hacer una explotación racional de los mismos, cuidando el medio ambiente y respetando los derechos de las comunidades originarias, y ponerlos en función de las necesidades populares y no de las ganancias capitalistas.

El PTS en el Frente de Izquierda seguirá impulsando y acompañando la lucha por esta salida, así como repudiando la represión y el espionaje funcional a los intereses de las multinacionales que se llenan los bolsillos en el país.

Por eso el discurso de la presidenta no es inocente. Ella sabe que las pruebas que ya obran en la causa alcanzan para indagar y procesar a varios de sus funcionarios, además de toda la cúpula de Gendarmería y los agentes involucrados en la infiltración y recolección de datos que conforman los Centros de Reunión de Información de Gendarmería Nacional en todo el país.

Esas pruebas van desde los informes sobre Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora hasta los trabajadores de la combativa comisión interna de Kraft, pasando por los asambleístas de Gualeguaychú y todos los movimientos de desocupados. Está lleno de informes “in situ” y en tiempo real sobre lo que sucedía y que se resolvía en reuniones cerradas de organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, como por ejemplo cuando desapareció Jorge Julio López en septiembre de 2006. Sólo algunos de ellos se hicieron públicos hace no más de cuatro meses; un escándalo que hasta llegó a ser tapa de varios diarios.

También obran en el expediente judicial los manuales que le dan sustento a ese accionar, las instrucciones sobre cómo actuar ante hechos de alteración del orden público y acerca de los movimientos que deben ser “monitoreados” por la fuerza. La causa se encuentra en plena etapa pericial y todo preanuncia que, a pesar del enorme tiempo que el juez Oyarbide le dio a la Gendarmería para que elimine pruebas, el resultado de la nueva ronda de pericias no tendrá mejores resultados para el Gobierno y sus subordinados de la Gendarmería Nacional. Allí va dirigido el discurso presidencial. Tiene un fin preciso. Es un mensaje de impunidad para los involucrados y un mensaje coercitivo para los investigadores. Nadie puede peritar ni juzgar por un “escandalete inexistente”.

No es casual tampoco que este discurso se haya realizado a días de haber puesto en la cúspide del Ejército al general de Inteligencia César Milani, sindicado por algunas fuentes periodísticas como uno de los que maneja la inteligencia en nuestro país y uno de los encubridores del accionar del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en sus funciones como agente de inteligencia del Ejército durante el terrorismo de Estado.

Nuestra fuerza siempre estuvo en esos cientos de trabajadores antiburocráticos que se organizan en las fábricas y que son víctimas del “Proyecto X”; en los organismos que nos acompañan, en la denuncia pública. Seguiremos denunciando que en la Argentina el Estado espía e infiltra a las organizaciones populares, a los que reclaman, a los que se organizan para defenderse y luchar por sus derechos. Y seguiremos planteando la nulidad de las miles de causas penales armadas contra los trabajadores que enfrentan a patronales multinacionales como Kraft y burócratas amigos del Gobierno como Rodolfo Daer. Pese a estos “aprietes” mediáticos a los que nos tiene acostumbrados la Presidenta, no dude que vamos a seguir adelante.

Como pasó con la llamada “ley antiterrorista”, que produjo una severa y regresiva modificación en el Código Penal, la exigencia proviene de Estados Unidos. Pero no sólo de estos sofisticados sistemas biométricos se trata el espionaje en Argentina. Representando a los trabajadores de Kraft y su comisión interna antiburocrática, logramos demostrar que todo el sindicalismo combativo, así como los organismos de derechos humanos que lo acompañan en movilizaciones y reclamos, está siendo objeto de inteligencia ilegal y que los datos recopilados pasan a integrar una enorme base de datos que se llama “Proyecto X”.

La presidenta de la Nación dijo en uno de sus habituales discursos: “quédense tranquilos, salvo que estén haciendo algo que no corresponda. Ahí sí, puede ser que estén en el Proyecto X”. ¿Algo que no corresponda? Los trabajadores de Kraft acaban de ser citados para notificarles que pronto irán a juicio oral. La acusación contra ellos se basa en la prueba colectada ilegalmente por la Gendarmería Nacional y que forma parte del Proyecto X.

Se trata de una violación a los elementales derechos de cualquier persona a no ser espiado en sus actividades políticas y gremiales, y si ello llegara a ocurrir, que dichas pruebas sean consideradas nulas y por lo tanto no se puedan utilizar en su contra. No es lo que ocurrió y pronto la justicia federal de San Martín tendrá sentados en el banquillo de los acusados a los trabajadores que en 2009 salieron a reclamar medidas contra la amenazante gripe A de aquel invierno.

Por aquellos días, mientras nosotros -así como una enorme cantidad de organizaciones obreras, de derechos humanos, de izquierda- pusimos todo nuestro esfuerzo en la defensa de los trabajadores, los cables conocidos como WikiLeaks y difundidos por Julian Assange muestran que la figura política de la semana, Sergio Massa, fue corriendo a la embajada de Estados Unidos a cuestionar a los obreros y defender la dura postura patronal. Ni lerdo ni perezoso, su hoy contrincante electoral Daniel Scioli, ordenó entonces la represión de la policía bonaerense contra los trabajadores. “El régimen de vigilancia más agresivo de la región”, al decir de Assange, tiene un blanco claro.