Con Matías Aufieri, compañero abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), somos abogados de María y Eduardo, trabajadores de la textil Elemento, que produce para Cheeky y otras marcas de la misma magnitud. El caso fue noticia en 2013 cuando una trabajadora de esa textil se prendió fuego, desesperada ante la presión de sus patrones por mayor producción. Nuestro organismo encabezó la denuncia de esta ecuación macabra: cuando los trabajadores se rebelan contra las condiciones que los llevan a morir atrapados, a trabajar doce o más horas por un sueldo miserable, o incluso, como en este caso, a sufrir abortos espontáneos sin permiso para salir al médico, son despedidos por las patronales esclavistas en complicidad con el sindicato textil.

María Ugarte y Eduardo Toro son ejemplos de ello, y por medio de su lucha y de la defensa legal que ejercimos lograron ser reinstalados luego de un año, durante el cual la Asociación Obrera Textil comandada por Jorge Lobais se negó a convocar a elecciones de delegados y, por el contrario, se reunió con otros burócratas sindicales como Ricardo Pignanelli del SMATA, Alberto Roberti del Sindicato de Petroleros y Antonio Caló de la UOM para pronunciarse públicamente contra la altísima “infiltración” de los trabajadores de izquierda en el movimiento obrero industrial.

Dos ciudades, la de Macri y la real

Un eslogan del Gobierno del PRO reza “En todo estás vos”, buscando mostrar una Ciudad que prioriza las necesidades de sus habitantes. Pero eso contrasta con la realidad de los negociados y beneficios millonarios para unos pocos en desmedro de las más básicas condiciones de vida del pueblo trabajador y de sus hijos en una de las ciudades más ricas del mundo.

Ante la muerte de los dos niños, en la búsqueda desesperada por deslindar responsabilidades, oímos a funcionarios del PRO excusándose en el hecho de que no pesaban denuncias previas sobre la trampa mortal donde vivía y trabajaba la familia de las dos criaturas fallecidas. Ante la realidad inocultable, luego intentaron con el argumento de que las denuncias que puedan existir radican en la Justicia Federal (por el delito de trata de personas) y, por lo tanto, la Ciudad no tiene facultades para allanar un domicilio sin orden judicial.

Con una Policía Metropolitana presta a desalojar a familias y niños en cuidado de la propiedad privada, no les produce la misma urgencia la detección y desmantelamiento de esos centros de esclavitud que son los talleres clandestinos.

En ocho años no ha existido inquietud alguna del Gobierno de Mauricio, Horacio, y Gabriela por recabar información sobre esos centenares de denuncias de la existencia de talleres clandestinos, para constituirse como denunciante -como sí lo hace gustoso para procesar luchadores del Subte, del Borda, del Indoamericano y tantos más- y avanzar contra esos talleres, clausurarlos, y garantizar un trabajo digno a los miles de trabajadores esclavizados junto a sus familias. Motivos no le faltarían: trabajo no registrado, reducción a la servidumbre, trata de personas, evasión, falta de habilitación, seguridad e higiene inexistentes son solo algunas de las violaciones a la ley que ni el Gobierno de la Ciudad ni el de la Nación se interesan en combatir.

Recordemos cómo ha actuado la Justicia. Ante otra denuncia de esclavismo, el juez federal Norberto Oyarbide dictaminó que las condiciones impuestas en esos talleres, de amplia composición inmigrante, radican en “costumbres ancestrales” de los países de origen de los explotados en cuestión.

Ancestral también es la enfermedad de la tuberculosis, pero en el siglo XXI ese flagelo retorna y se multiplica al calor del hacinamiento y de la falta de ventilación en los más de tres mil talleres clandestinos existentes, donde decenas de miles de obreros esclavizados enferman respirando el polvillo de las telas para que renombradas familias y empresas de marca se enriquezcan obscenamente.

En la Ciudad y en el país, la realidad nos encuentra junto a los trabajadores en lucha por las condiciones de vida más básicas que este sistema les arranca a diario, mientras en la vereda de enfrente se anotan todos los garantes del régimen explotador y hasta esclavista. Más allá de los globos, del helado y del pochoclo, para esos intereses gobierna el PRO.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda y de los trabajadores militamos cada día para construir esa fuerza capaz de hacer frente a esta situación. Y las elecciones no pueden estar ajenas a esto: es un orgullo para mí encabezar la lista del Frente de Izquierda en la Ciudad, que comparto con luchadores como Eduardo Toro, que enfrenta día a día desde su puesto de trabajo los atropellos de estas grandes empresas que pelean por aumentar la explotación y defienden sus ganancias con uñas y dientes a costa de la vida de los obreros y de las obreras textiles y de sus familias. Por eso, mi candidatura en las elecciones de la Ciudad y la pelea por más legisladores de la izquierda militante, la del FIT, está puesta, además, en función de colaborar en la organización de esos trabajadores que luchan por terminar con toda forma de opresión y por pararles la mano a estas empresas esclavistas.

Pero queremos llamar la atención sobre un punto menos visible de la política de Macri y del PRO, quienes encontraron otra vía para militarizar su policía y por lo tanto -nadie puede ser ingenuo- sus intervenciones.

En la vorágine de noticias y con bastante protección mediática, ha pasado desapercibido o rápidamente olvidado que la Policía Metropolitana viene incorporando efectivos que actuaron en la dictadura cívico militar; lo mismo que tantas veces le hemos señalado a fuerzas como la Bonaerense o al Servicio Penitenciario Federal, hoy lo decimos con relación a la Metropolitana.

Proceden de la época en que las fuerzas de seguridad estaban subordinadas y estructuradas según el esquema operacional de las Fuerzas Armadas. Deberían demostrar cuándo se dio la resurrección democrática de tales personajes para incorporarlos a la fuerza “moderna” que prometían.

A su vez, han tenido una política activa para captar integrantes de las Fuerzas Armadas que se han ido pasando a la Metropolitana.

El detalle merece ser observado con atención, la Metropolitana ha incorporado desde 2009 a 2013: 186 militares provenientes de las tres fuerzas, 142 de la Armada, 35 del Ejército y nueve de la Aeronáutica.

Fueron premiados con cargos importantes: 23 son inspectores, 28 son subinspectores, 66 son oficiales mayores y 69 son oficiales. Doce de ellos cumplen tareas en la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, una de las tres fuerzas especiales de la Policía Metropolitana que actuaron en el Indoamericano, Barrio Papa Francisco, el Borda y la Sala Alberdi.

El gobierno de la Ciudad ni siquiera ha certificado que hayan sido dados de baja en la fuerza militar para el posterior ingreso a la policía porteña.

Ya un informe del año 2010 alertaba sobre esto. La “Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana” indicaba que “sobre los 52 altos mandos, la amplia mayoría de ellos, concretamente 38, lo que equivale a un 73% del total, tuvo actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar; grupo que incluye a los 4 Superintendentes de la fuerza”. Y continúa más adelante: “el caso del Comisionado Mayor Raúl Ricardo Ferrón… sirve para ejemplificar este perfil. Especializado en inteligencia, ingreso a la Policía Federal Argentina en 1976… Ferrón participó de la detención de varios miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en plena dictadura militar, integrando un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal. Según consta en el Capítulo III del NUNCA MÁS, el operativo se realizó el 27 de febrero de 1981”.

También se da otro dato que vale la pena recordar: “En cuanto a la fuerza de origen, 43 de los 52 altos mandos, o sea un 82% del total, proviene de las filas de la Policía Federal Argentina. Los otros nueve cargos de conducción se distribuyen de la siguiente manera: cuatro proceden de la Gendarmería Nacional Argentina, tres de la Policía Bonaerense y dos de la Policía de la Provincia de Santa Fe… Asimismo, de los 52 cargos de conducción revisados, nueve, equivalente al 17%, fueron pasados a disponibilidad en 2004…” por la Policía Federal Argentina.

Como militantes por los derechos humanos y desde el Frente de Izquierda denunciamos esta política. Esos efectivos serán los que gracias al fallo del Tribunal Superior de Justicia portarán las picanas portátiles Táser próximamente o darán las órdenes al resto de los agentes, para continuar con su política de desalojos y represión de la protesta social.