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Nueve años sin López

Myriam Bregman — Tue, 22 Sep 2015 10:40:55 +0000

Casi una década desde aquel 18 de septiembre de 2006 en que Julio López no llegó a la sala de audiencias donde se realizaba el juicio oral contra Miguel Etchecolatz y teníamos que alegar en su nombre, el de Nilda Eloy y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Nuevamente un desaparecido.

Imposible olvidar el nerviosismo que rápidamente nos recorrió. Imposible también olvidar nuestras primeras impresiones, hasta que la sobreviviente Adriana Calvo dijo: “Julio López está desaparecido”, y presentamos un habeas corpus esa misma mañana.

Nuevamente un desaparecido. Ese método que jamás abandonaron las Fuerzas Armadas y de seguridad. Como lo hizo el Ejército en La Tablada, como Miguel Bru y tantos jóvenes víctimas de la policía. Esta vez una desaparición directamente asociada a la dictadura, a esas patotas que, como reconoció el propio Néstor Kirchner en cadena nacional del 29/12/2006: “Todo hace pensar […] que ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, elementos paramilitares o parapoliciales que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad. Reclaman imponer una amnistía”.

Enorme reconocimiento con el que no se hizo nada. Absolutamente nada. Mientras los organismos reclamábamos la separación de la Bonaerense de la investigación, se nos respondió que se iba a priorizar “la gobernabilidad de la fuerza”.

El aparato represivo, judicial y político de la dictadura se colaba por todos los poros en una situación nacional en la que imperaba un discurso gubernamental que hablaba de terminar con la impunidad de los crímenes de la dictadura como política de Estado. Contra ese discurso, la desaparición de Julio develaba que 9026 policías de la dictadura seguían en funciones, que en las Fuerzas Armadas la situación era similar, que el juez federal Manuel Blanco, que tuvo un buen tiempo la causa, fue juez de la dictadura, que unos años después un genocida de probada participación en la desaparición del soldado Ledo llegaría al mando de Ejército, César Milani culminaba de probarlo.

Hoy llegamos a un nuevo aniversario de aquella desaparición sin saber qué pasó con nuestro compañero y sin que sean identificados sus secuestradores, a pesar de la importante cantidad de elementos con los que contamos, por ejemplo, foto y nombre de quien realizó el seguimiento de Julio, nombres de quienes hicieron acciones específicas de encubrimiento que constituyen una interesante pista a desandar y muchos más.

En cambio, prevaleció no avanzar hacia allí y no hacer olas, apostando a que de a poco el reclamo se iría diluyendo. La SIDE con Stiuso a la cabeza, la Federal y la Bonaerense se encargarían de que pase el tiempo sin que se sepa nada de López.

Así como reconoció el expresidente Kirchner que el secuestro de López intentaba paralizar el proceso de juicio a los criminales de lesa humanidad que daba sus primeros pasos, hoy tenemos que ver las enormes señales que hay sobre un nuevo intento de paralizar los juicios e impedir que se avance sobre la responsabilidad de los verdaderos planificadores del golpe genocida, lo que comúnmente llamamos “los civiles”, que son importantes empresarios, integrantes de la jerarquía eclesiástica, responsables de medios de prensa y otros representantes de los clases dominantes.

Cuando finaliza la era kirchnerista, autotitulada “defensora de los derechos humanos”, y cuando la palabra “diálogo” se ha impuesto como una moda nada inofensiva, ya que habla de conciliar intereses irreconciliables, algunos han llevado esta idea al terreno de los juicios a los genocidas.

Ya comenzó a materializarse con la bendición de monseñor Jorge Casaretto en encuentros en la Universidad Católica Argentina, la de San Andrés y la Fundación Hannah Arendt, dirigida por Elisa Carrió, que contaron con la presencia de la senadora Norma Morandini, que tiene dos hermanos desaparecidos y Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien murió durante su secuestro, hecho que se atribuye al ERP (en julio de 1974). Fueron acompañados con sucesivas editoriales de La Nación, donde se retoma su reivindicación de las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos y se reclama una amnistía.

Mientras debaten e intentan imponer una nueva ideología predominante, impulsan fervientemente las causas “Rucci” y “Larrabure”, donde también venimos interviniendo para terminar con esta nefasta teoría de los dos demonios que busca una especie de empate, es decir, impunidad para todos, juzgamiento para ninguno más.

El objetivo de máxima es que se paralicen todos los juicios contra los genocidas, el más directo es que no avancen las causas contra los civiles. Detrás están los intereses de los afectados por las causas de Papel Prensa, Pedro Blaquier, Vicente Massot de la Nueva Provincia, la ex Editorial Atlántida, que ya vienen obteniendo una serie de fallos que son verdaderos sobreseimientos encubiertos. Integran la lista empresarios como los de Ford o Mercedes Benz.

Así como luchamos en las calles para derrotar el discurso gubernamental que intentó imponer que Julio López no estaba desaparecido sino perdido o en la casa de la tía, y como seguiremos luchando hasta conocer su destino y terminar con la impunidad de sus secuestradores, hasta que se abran todos los archivos que tiene el Estado y conozcamos la verdad, vemos necesario poner en pie una campaña que denuncie y realice acciones para enfrentar esta nueva política de reconciliación impulsada una vez más desde las máximas jerarquías de la Iglesia Católica, sectores empresarios y de la oposición.

Nadie puede creer que gane quien gane, Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa se opondrán seriamente a este nuevo intento de reconciliación. Todos saben que nosotros sí.

El submundo oscuro de los servicios

Myriam Bregman — Wed, 04 Feb 2015 06:27:14 +0000

Estamos asistiendo a la exposición de un submundo que generalmente permanece oculto ante los ojos de las mayorías populares como es la obscena relación de los servicios de inteligencia con los gobiernos de turno, así como con jueces y fiscales. En ese marco, el PRO de Mauricio Macri intenta mostrarse decidido y diferente a un gobierno nacional que sostuvo a Jaime Stiuso y a miles de agentes mientras les fueron útiles.

Mientras discursivamente afirma que “la forma de sanar el dolor es la verdad”, Macri también espía y conspira a espaldas del pueblo trabajador.

A la cabeza de esta puesta en escena del PRO se encuentra Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el fiscal Alberto Nisman debía declarar. Ella fue una de las figuras prominentes del gobierno de la Alianza, aquel que le pagó (coimeó) con fondos de la SIDE a los senadores para que aprueben la antiobrera reforma laboral que pasó a la historia como “Ley Banelco”.

Recordemos también que Eugenio Burzaco, uno de los elegidos del macrismo para comandar la policía Metropolitana, fue “asesor” de la SIDE durante el gobierno de la Alianza y también del gobernador Jorge Sobisch cuando la policía neuquina reprimió la huelga docente y asesinó a Carlos Fuentealba.

El caso Febrés

A Guillermo Montenegro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, lo hemos señalado los organismos de derechos humanos como uno de los que le otorgaron al genocida Héctor Febrés enormes privilegios durante su detención en una base de la Prefectura de Tigre. El prefecto integró en la pasada dictadura la patota de la ESMA y fue encargado de la “sala de las embarazadas” de ese centro clandestino. Montenegro siendo juez federal y teniendo a su cargo la causa sobre el robo de bebés, autorizó al imputado a pasar unas vacaciones en la sede de la Armada de la ciudad de Azul, con la familia y hasta su perro.

Febrés murió envenenado con cianuro en diciembre de 2007. Denunciamos que lo habían asesinado y nos presentamos como querellantes en la causa que fue instruida por la jueza Sandra Arroyo Salgado (y está próxima a juicio oral). Se estableció que los beneficios que aparentaba tener Febrés tendían a evitar que se quebrara, a aumentar su pertenencia y lealtad a la Fuerza y a ganar su confianza para, llegado el caso que se pudiera poner en peligro con sus declaraciones a algún personaje importante de la Prefectura o la Marina, poder actuar libremente, como finalmente lo hicieron. La jueza demostró las responsabilidades institucionales del caso, pero la Cámara Federal de San Martín le dio vuelta la causa y la redujo a un conjunto de delitos menores.

También se ha dicho que las relaciones familiares de Montenegro con miembros de la Armada fueron decisivas para que integrantes de esa fuerza se incorporaran a la Policía Metropolitana.

Espía de la Federal

Ciro Gerardo James formó (o forma) parte del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal que hemos denunciando con un conjunto de organismos de derechos humanos por haber infiltrado al agente secreto Américo Balbuena en la Agencia Rodolfo Walsh durante casi una década.

En esa causa judicial declaró el diputado Marcelo Saín y explicó que una de las cualidades particulares que hace diferente y tan peligroso a este organismo es que expresamente están autorizados a tener “otros empleos”. Los ejemplos que citó fueron la infiltración de una secretaria que por años acompañó a Gustavo Béliz y el resonado caso de Ciro James al servicio del gobierno de Mauricio Macri.

En marzo de 2014, el juez federal Sebastián Casanello envió a Ciro James a juicio oral junto con Jorge “Fino” Palacios y otros funcionarios por haber realizado escuchas ilegales. La causa se inició a partir de una denuncia de Sergio Burstein, del grupo de familiares de víctimas del atentado a la AMIA. Hubo otros damnificados, como el propio cuñado de Macri, dirigentes docentes, legisladores, etc.

Las escuchas eran realizadas en la SIDE y James retiraba de allí las cintas de las grabaciones. Palacios y James montaron una verdadera agencia paraestatal de espionaje para Macri quien, como cualquier político capitalista que se precie de tal, quiere un servicio de inteligencia para sí y contrató a estos agentes de la Federal para hacerlo.

Palacios

El primer jefe de la policía Metropolitana fue Jorge Alberto Palacios, Comisario Mayor (retirado) de la Policía Federal. Sus antecedentes son funestos. Siempre involucrado en causas graves, como el secuestro de Axel Blumberg o la represión de diciembre de 2001, es uno de de los imputados por el encubrimiento del atentado de la AMIA. Laura Ginsberg, dirigente de APEMIA, declaró crudamente: “Es una verdadera provocación a la memoria de nuestros muertos”. Por los enormes cuestionamientos, el protegido de Macri tuvo que renunciar.

El oportunismo de la oposición

Por eso cuando Macri habla, más que escucharlo tenemos que recordar sus acciones y sus compañías. Nada puede esperar de él el pueblo trabajador, sólo confiar en su propia movilización para terminar con la mafia de los agentes secretos, siempre al servicio de algún político capitalista.

Exigimos que Macri haga pública la nómina completa de quienes conforman la policía Metropolitana, indicando en cada caso si ese agente tiene antecedentes de haber reportado en otra fuerza Armada o de Seguridad.

Gobierno nacional, PRO, UCR y Frente Renovador: todos se oponen a la apertura y desclasificación de todos los archivos de la SIDE que exigimos desde el PTS en el Frente de Izquierda, y se niegan a poner en pie una comisión investigadora independiente con plenos poderes compuesta por los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y organizaciones de derechos humanos, única manera de alcanzar la verdad.