Mientras por abajo crece la bronca de los trabajadores contra el ajuste en curso, la inflación y la licuación de los salarios, por arriba, eso que se llama superestructura política intenta cerrar filas pugnando por ir cada vez más a la derecha. Los que aplaudieron reformas contra los trabajadores, intensamente antiobreras como la Ley de Riesgos del Trabajo, o antidemocráticas como la legislación “antiterrorista”, o, sin ir más lejos, el noventista proyecto de Código Civil, ahora se erigen como defensores de ‘la gente’ y despotrican porque se elimina la reincidencia y no se pena con más fuerza a las manifestaciones que puedan interrumpir circunstancialmente el tránsito.

Si lo que pretenden los referentes políticos de las clases dominantes es combatir la llamada inseguridad, es bastante hipócrita pensar que eso se logrará con aumento de penas, o que cárceles atestadas hacen “más segura” una sociedad cada vez más marcada por la desigualdad. Cíclicamente nos entretienen con estos debates, que pasan de reclamar bajar la edad de imputabilidad o penas más altas a generar estigmatizaciones varias; tratan de tapar los escándalos que estallan en sus caras y que dejan claro que las fuerzas de seguridad están involucradas en el gran delito, en el crimen organizado. Recordemos los casos de Julio López o de Candela Sol Rodríguez y el rol de la Bonaerense. ¿Quieren hablar de narcotráfico y qué pena le corresponde? Hablemos de las Policías de Córdoba y Santa Fe. ¿Quieren combatir la trata de personas? Hablemos de la Policía de Tucumán y tantas otras.

No son discusiones diferentes porque no puede existir el narcotráfico, los desarmaderos de autos, la trata de mujeres y niñas, los secuestros extorsivos y los piratas del asfalto sin el concurso del Estado. El Servicio Penitenciario es parte de la red, tortura a detenidos y hasta utiliza a personas privadas de su libertad para cometer delitos en su propio beneficio.

Como bien se le ha respondido a Massa, y por eso no avanzamos en ello, condiciones de excarcelación, reincidencia y demás seguirán, en definitiva, siendo decididas por jueces y fiscales. Aquellos que provienen de la dictadura, o esos que llegaron envueltos en una servilleta del menemismo, o los que llegan a transar con Pedraza ante el asesinato de Mariano Ferreyra. La continuidad del sistema está garantizada. La selectividad penal, la portación de cara, los métodos de las policías seguirán funcionando como verdaderas puertas de entrada al sistema penal. Los pobres seguirán poblando las cárceles porque continuará existiendo un instituto tan cuestionable como la prisión preventiva (verdadera pena anticipada), que mantiene las cárceles con un 70 % de inocentes, y ni siquiera existe el llamado “dos por uno”.

Hecha la ley

Sin adentrarnos en consideraciones más profundas sobre la expresión necesaria de intereses de clase que contiene toda legislación represiva, recordamos simplemente que delito es lo que las clases dominantes dicen que es. El delito es una institución política, no es un hecho de la naturaleza. Si el anteproyecto de Código incorpora algunos principios menos reaccionarios que el anterior, no quita que, de aprobarse, reafirma el hecho de que las clases dominantes hacen aparecer sus intereses (y la protección de los mismos, en este caso) como los intereses del conjunto de la sociedad. Los intereses privados de la burguesía se entremezclan con los intereses del Estado; el Estado en definitiva representa los intereses de los poseedores. Marx desnudó cómo el interés del Estado en realidad es el interés privado del propietario con el simple ejemplo de cómo se comienza a castigar como delito la ancestral costumbre de juntar leña.

Hace muy poco, fuimos conmovidos por grandes hechos que pueden parecer tragedias, pero no lo son, como la Masacre de Once o las inundaciones de La Plata. Decía en forma brillante Engels: “cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte decimos que es un homicidio. Si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Pero cuando la sociedad pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala, cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida […], cuando ella sabe demasiado bien que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen”. Esos crímenes no están contemplados ni estarán en estos códigos penales porque el crimen es una acción, el “delito” la atribución de ilicitud a una acción, y en una sociedad dominada por una clase social minoritaria y parasitaria nunca se penarán esas conductas.

Por eso el debate es profundo y rechaza los análisis superficiales y estridentes. Toda forma de castigar históricamente ha tenido un correlato con la organización económica y con la estructura social de un momento dado. Llegado al poder después de la crisis del 2001, el kirchnerismo ha intentado la reconstrucción del régimen burgués, de algunas de sus instituciones y de su clase política. En primer lugar fue la autoridad presidencial y la Corte Suprema, en los últimos años incluso intenta hacerlo con las Fuerzas Armadas. Acompañando este proceso de reconstrucción también se fue forjando un relato que pretendió artificialmente ser democratizador y que en definitiva legitimará el ejercicio del poder de los mismos de siempre sobre los mismos de siempre. Tal vez esta reforma surgió contextualizada en esta postura, sobre un Código Penal vetusto e inquisidor como el actual y en el intento de darle un barniz acorde a esa estrategia del relato. Pero incluso esto ahora tiene un final incierto considerando tanto el enorme giro derechista que viene dando el Gobierno de Cristina Kirchner como la agenda reaccionaria de la oposición burguesa.

Donde hay una necesidad no hay derecho sino delito

Lo que tanta reacción ha evitado es hablar de algunos temas que afectarán profundamente los derechos de las mujeres y a los que luchan. Veamos resumidamente solo algunos ejemplos. El aborto para los casos de violación ya está despenalizado en el Código vigente desde 1921. La Iglesia Católica y sectores rancios de la justicia han generado un movimiento tendiente a interpretar el artículo 86 de un modo restrictivo, ilegal. Casi un siglo después, la Corte Suprema tuvo que fallar sobre esto en el caso “F.A.L.”, de marzo del 2012.

El anteproyecto ratifica el retroceso ya iniciado con el proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial en el que la Iglesia Católica tuvo plena injerencia. Mientras se decía públicamente que el tema del aborto no se iba a tocar porque aún es un debate abierto en la sociedad -contrariando incluso la propia encuesta del Vaticano que indica que en Argentina casi el 80 % de los católicos está a favor del aborto en algunos o en todos los casos-, por abajo y en silencio se introdujeron reformas contrarias a la histórica lucha que viene dando el movimiento de mujeres en la Argentina. En el capítulo del aborto se incorporan tipos penales y se introduce un nuevo delito, el aborto culposo.

De más está decir, tal vez, que aquellos que se oponen al derecho al aborto arrogándose la defensa de la vida tienen una postura tan mentirosa como aquellos que se autoerigen en defensores de la “seguridad ciudadana” intentando enviar a miles de personas a las cárceles.
El diputado Nicolás del Caño, como todos los diputados del Frente de Izquierda, acompañará este 27 de marzo la presentación del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito. A su vez, el anteproyecto ratifica un Código históricamente armado para la criminalización de la protesta social. No es un dato menor cuando en Argentina hay más de cinco mil procesados por participar de diversas luchas.

Uno de los tipos penales más utilizado es el artículo 194 del Código Penal, conocido como “corte de ruta”. En el anteproyecto pasaría a ser el artículo 190 con un apartado que dice que “en caso de impedimento o interrupción de servicios de transporte por tierra, agua o aire, el delito solo se configurará mediante desobediencia a la pertinente intimación judicial”. Así, en forma inédita e inconstitucional, con una simple orden judicial un derecho constitucional se transforma en delito. Esto no solo llevará a nuevos procesos penales contra los sectores que salgan a luchar, sino que abre una puerta directa para que un juez intime e inmediatamente se desate la represión, máxime después del discurso de apertura del año legislativo donde la presidenta cargó contra la protesta social y los trabajadores petroleros de Las Heras.

La proyectada reforma se queda incluso muy por detrás de algunos recientes fallos y dictámenes fiscales de la Cámara de Casación Penal, por ejemplo. Claro que todos sabemos de qué hablan cuando se exige endurecer las penas para este tipo de acciones. No les preocupa el “derecho a circular”, sino impedir el repudio a sus políticas antipopulares. Por eso el bloque de Macri en el Congreso aplaudió a rabiar a la presidenta cuando expuso sus ansias de reprimir la protesta social. Para ninguno de ellos hay “corte de calle” cuando cierran media ciudad para una carrera de autos, los corsos de carnaval, los vecinos salen a protestar el #8N o el oficialismo hace un acto como el del 1º de marzo en el Congreso.

Para otro debate quedarán las penas a los genocidas. Varios de ellos hoy cuentan con prisión perpetua (pena que algunos como Diana Conti adelantan que debería mantenerse). Los que peleamos desde hace años por que se condene por genocidio decimos que la verdadera pelea continúa siendo para que se castigue a aquellos que ya cometieron un genocidio y siguen impunes, y en algunos casos formando parte de las fuerzas armadas y de seguridad actuales. O más aún: que se avance contra los civiles. Venimos denunciando que con el sistema de juzgamiento actual se deja impune a la enorme mayoría de los genocidas. Y esto no cambiará un ápice si el anteproyecto es ley. Milani continuará al mando del Ejército Argentino.

Más allá de la eliminación de algunos institutos reaccionarios, que son mostrados como bandera de defensa del anteproyecto, y por motivos diametralmente opuestos a los de Massa y a quienes los siguen en su cruzada, la banca del PTS en el Frente de Izquierda en el Congreso rechazará esta reforma, planteando abrir un debate en serio sobre la criminalización de la protesta, los derechos de las mujeres, los juicios a los genocidas, la participación del Estado a través de sus políticos y fuerzas de seguridad en el delito organizado, y el nefasto rol de las cárceles como instrumentos deshumanizantes.

Es grave la situación que están viviendo once trabajadores y sus familias en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Por estos días se está desarrollando un juicio oral en su contra por parte del Tribunal de Caleta Olivia, que dictará sentencia el próximo 12 de diciembre. Fueron acusados injustamente por la muerte del policía Sayago en una pueblada en 2006 y seis de ellos pueden ser condenados a cadena perpetua. Podemos asegurar que es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos desde el 83 a esta parte.

Un enorme cerco político y mediático se ha impuesto para que no salgan a la luz las atrocidades cometidas contra estos trabajadores, con testimonios arrancados bajo torturas, varios e infructuosos pedidos de los fiscales para que se anule el proceso por ser completamente arbitrario y presiones a los testigos durante el juicio, que llegaron hasta hacerles leer su declaración y si dudaban, tenerlos 48 horas detenidos para que “reflexionaran”. Parece increíble pero uno de los fiscales del juicio pidió al tribunal “apartarse de la legalidad para llegar a la verdad”. Un fin injusto y arbitrario se sostiene mediante cualquier medio.

Nada pudo parar la decisión política de juzgarlos porque lo que buscan es una condena ejemplificadora a los trabajadores que reclamaron por sus derechos a las multinacionales petroleras instaladas en la Patagonia. Esta es la respuesta a una gran lucha llevada adelante en 2006 contra el impuesto al salario y contra la precarización laboral que hace que trabajen en medio del campo, con temperaturas bajo cero, sin siquiera un baño. Un grupo de trabajadores había logrado que lo pasen al convenio petrolero, entonces las patronales fueron por más: trabajadores encarcelados, arrancados de sus casas, a trece de ellos los mantuvieron tres años y medio presos.

La movilización había durado tres meses y derivó en una gran manifestación popular cuando la Justicia ordenó la detención de uno de los voceros de los trabajadores, marcharon para exigir su liberación y fueron víctimas de una feroz represión. El pueblo fue militarizado para terminar con la huelga y los reclamos, sumándose a esto, como en plena dictadura militar, allanamientos indiscriminados en las casas por parte de la policía. El cura de Las Heras -a quien el juzgado le negó que pudiera declarar como testigo- cuestionó las detenciones que se estaban realizando y abrió las puertas de la parroquia donde se refugiaron cientos de pobladores. La situación se prolongó durante semanas.

Organismos de derechos humanos así como organizaciones sociales y políticas hemos viajado para expresar toda nuestra solidaridad y denunciar que es un juicio absolutamente armado. En uno de nuestros viajes al lugar, conversamos con uno de los petroleros que estuvo varios años preso y luego fue absuelto. Su relato es estremecedor: “es la peor situación que viví, ahora estoy sin trabajo. Me acusaron de homicidio calificado, sin siquiera haber estado en el lugar, soy uno de los cinco que fuimos torturados camino a Puerto Deseado, un viaje que dura siete horas. Nos mojaron, nos ponían bolsas en la cabeza, nos gatillaban. Tres veces me sacaron medio cuerpo de la Trafic amenazando con tirarme”. Amenazas a sus esposas e hijos completan el cuadro.

Todo esto fue denunciado por los abogados defensores en sus alegatos, quienes en represalia sufrieron sanciones. A pesar de que el aroma de los dólares que deja el petróleo en la provincia inundaba la sala de audiencias, durante el transcurso del juicio no apareció una sola prueba que pudiera demostrar que estos trabajadores tuvieron que ver con el hecho que se les imputa. Y cuando el olor ya era insoportable, el fiscal Ariel Candia, sin que lo inmute la presencia de organismos de derechos humanos, afirmó que “a un par de cachetadas y una bolsita en la cabeza no se lo puede llamar tortura”.

No es la primera vez que un reclamo de trabajadores contra la tercerización es perseguido ferozmente por el Estado. Mariano Ferreyra fue asesinado por la patota ferroviaria amparada desde el Estado. Durante estos largos años y hoy, los trabajadores no están solos. Han manifestado su solidaridad el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Osvaldo Bayer, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Patricia Walsh, la agrupación HIJOS La Plata, compañeros hijos de desaparecidos del CEPRODH, como Victoria Moyano, Gloria Pagés, Juan Contrisciani, Andrea Robles, entre otros.

También es fuerte el apoyo entre las organizaciones de trabajadores que han expresado por ejemplo, Pablo Micheli de la CTA, Alejandro López, Natalio Navarrete, Marcelo Morales, del Sindicato Ceramista de Neuquén, decenas de comisiones internas de Capital, Gran Buenos Aires y del resto del país, como los propios sindicatos docentes recuperados. Centros de Estudiantes, junto a intelectuales del país y del exterior como James Petras, completan el amplio arco de solidaridad en el que se encuentran también los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores Raúl Godoy (legislador provincial, Neuquén), Christian Castillo (legislador provincial, Buenos Aires), Noelia Barbeito y Cecilia Soria (senadora y diputada provinciales, Mendoza) y Nicolás del Caño (diputado nacional).

Este viernes 15 de noviembre realizaremos una movilización desde el Obelisco a la Casa de Santa Cruz para exigir con toda la fuerza que tenemos la libertad incondicional de los compañeros y por que no se imponga la decisión de este tribunal que sentaría un gravísimo antecedente para el conjunto del pueblo trabajador.