Sin demoras, se procuraron una Justicia sumamente adicta: ampliaron de cinco a nueve los miembros del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia para tener una mayoría automática. Sus nuevos integrantes son todos militantes radicales. Convertida en un apéndice, la Justicia comenzó a actuar.

Mariano Miranda, ex apoderado de la UCR, ahora devenido en fiscal de Estado, emprendió la cacería contra la líder opositora Milagro Sala, diputada por el Parlasur que realizaba un acampe por haber caído en desgracia su movimiento al terminar el Gobierno kirchnerista. Al revés de lo que se promociona y difunde, no fue detenida por ninguna acusación relacionada con hechos de corrupción, sino por participar de una protesta, bajo la acusación de tumulto.

El hecho dividió aguas. Nuestro partido, a pesar de tener enorme diferencias públicas con esa organización y sus dirigentes, se manifestó por su libertad, al entender que sentaba un precedente muy peligroso de criminalización de la protesta social. Días después, y por manifestarse en este mismo sentido, fue despedida de la Secretaría de Agricultura Familiar Natalia Morales, delegada de los trabajadores de esa dependencia y una de las principales referentes del Frente de Izquierda en la provincia.

Pero no se detendrían allí. La Justicia también decidió impulsar el juicio oral contra Julio Mamani y sus compañeros del Sindicato de Aceros Zapla: el fiscal del caso pidió que se eleve la causa por “compulsión a la huelga”, delito netamente político.

También el gobernador Morales decidió avanzar sobre el Ingenio la Esperanza y proyecta realizar unos ochocientos despidos. Para eso, comenzó con las suspensiones de 17 referentes, entre ellos Silvio Choper Egüez, miembro de la Comisión Directiva del sindicato, militante de mi partido.

Las primeras estadísticas indican que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es el gremio más atacado, con más de dos mil despidos.

Mientras tanto, se impuso un nuevo Código Contravencional y en los barrios populares la policía ha ganado más poder, habilita a sistemáticas razias, allanamientos y detenciones de jóvenes que sufren los peores empleos y condiciones de vida paupérrimas.

A su vez, los trabajadores de cooperativas a los que Morales les prometió “liberarlos del yugo de Milagro Sala” están sin trabajo, porque está frenada la obra pública.

En Jujuy la derecha no descansa y ahora detuvo a tres integrantes de la directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), liderado por Carlos Perro Santillán, pese a que este festejó la detención de Milagro Sala y antes expulsó de su sindicato al principal referente de la tercera fuerza política de la provincia, Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda. El domingo 15 de mayo fueron detenidos Adrián Mirkin y Santiago Saillant, y el coordinador de prensa, Álvaro Sandoval, por participar de un reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo de los empleados municipales que terminó en un enfrentamiento con la policía provincial. El fiscal Gustavo Araya, quien dictó las órdenes de detención, es el mismo que libró una de las tantas imputaciones contra Milagro Sala. Se les denegó la excarcelación; uno de ellos se encuentra en una situación muy delicada de salud.

No podemos permanecer en silencio ante este Gobierno decidido a terminar con cualquier reclamo obrero o popular. Jujuy hoy es territorio de presos políticos usados como rehenes para extorsionar a todos los que están sufriendo un ajuste que todo indica que se acrecentará.

Creemos que hay que encender esta alerta y pronunciarse inmediatamente por la libertad de Milagro Sala, los dirigentes del SEOM, el cese de los despidos y la persecución en Aceros Zapla, contra los ataques a los obreros del Ingenio La Esperanza, por la derogación del Código Contravencional y el Protocolo Antipiquetes, y toda legislación reaccionaria que sea utilizada para judicializar la protesta de los trabajadores.

Es necesaria una gran campaña de denuncia en todo el país y la concreción de medidas de lucha para frenarle la mano a este Gobierno de la UCR y el Frente Renovador que la tiene muy dura contra los sectores populares, pero que es muy amable con los genocidas como Carlos Pedro Blaquier. Hablamos de una provincia que es un verdadero laboratorio; junto a Tierra del Fuego, gobernada por la vicepresidente del Partido Justicialista, Rosana Bertone, son la avanzada de la criminalización de la protesta contra el ajuste.

Varios de sus miembros están al borde del procesamiento por las arbitrariedades y las acciones ilegales que logramos demostrar que cometieron en la represión a la protesta de los trabajadores de Lear durante el año 2014, que, bajo la conducción de Sergio Berni, terminó con un fuerte cuestionamiento por su accionar ilegal. Así lo confirmó la Justicia federal de San Isidro, que estableció que la protesta de los trabajadores de Lear fue completamente legítima y, por ende, la represión fue ilegal.

Un nuevo hecho coloca a la Gendarmería con un serio cuestionamiento en una causa iniciada por la denuncia del diputado nacional Nicolás del Caño y del referente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) José Montes, a quienes representamos y que se unificó con la realizada por el diputado nacional Manuel Garrido.

Ahora, luego de muchas maniobras evasivas por parte de la defensa de los gendarmes involucrados, tuvo lugar el llamado a indagatoria a siete de los imputados por los hechos en torno al ataque del recordado gendarme Carancho, entre ellos al propio “carancho”, Juan Alberto López Torales.

Otro de los indagados es Roberto Galeano, “el canoso de barba” cuya identidad fuese revelada por Horacio Verbitsky en Página/12. Se trata de un ex coronel del área de inteligencia del Ejército contratado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Galeano fue el único de los siete citados que prestó declaración indagatoria y no logró despejar dudas sobre su rol en dicha cartera entre mayo de 2012 y agosto de 2014, fecha en la cual fue despedido tras el escándalo desatado por la denuncia.

El infiltrado reconoció que la función que tenía asignada por Berni era analizar qué equipamiento y armamento se necesitaba para la protesta social. Galeano además afirmó que elegía por sí mismo a qué manifestaciones acudir y, “una vez allí, lo que hacía en el lugar no tiene un efecto en ese momento, eso viene un trabajo intelectual, viene a sacar soluciones y después viene el asesoramiento. No estaba para transmitir o relatar cómo se estaba desarrollando la manifestación”. Esta es una perfecta descripción del trabajo de inteligencia ilegal y continuidad del sistema de espionaje conocido como Proyecto X, del que también somos denunciantes.

López Torales (el gendarme Carancho), jefe del operativo de Gendarmería, y los otros cinco gendarmes imputados, en cambio, no prestaron declaración indagatoria, sino que se limitaron a presentar diversos escritos donde plantearon una visión estrafalaria y falsa de los hechos de público y notorio conocimiento que se investigan.

Rumbo al procesamiento

Tras los llamados a indagatoria, el fiscal Fernando Domínguez requirió el procesamiento de Juan Alberto López Torales por el delito de daños contra el automóvil sobre el que se arrojó el Carancho y también a otros efectivos por el delito de falso testimonio agravado cometido en perjuicio del conductor del auto, mientras que otros gendarmes son requeridos por el delito de falsedad ideológica tras la inclusión de datos falsos en el acta de procedimiento para encubrir a López Torales.

Asimismo, el fiscal requirió el procesamiento a Roberto Galeano por el delito de privación ilegal de la libertad, al haber actuado mancomunadamente con la finalidad última de detener al conductor del auto sobre el que se arrojó López Torales.

La jueza Sandra Arroyo Salgado deberá resolver próximamente sobre este requerimiento, que tiene lugar en momentos en que el nuevo Gobierno comienza a embestir nuevamente contra la movilización popular y el derecho a la protesta en el conflicto de los trabajadores de Cresta Roja y que será una política creciente ante el ajuste en ciernes.

Causas judiciales como las del gendarme Carancho y otras relativas a la lucha de los trabajadores de Lear, o las que desnudaron el Proyecto X, resultan de gran importancia al echar luz sobre el accionar y el carácter del régimen y de su brazo represivo como garantes de los planes empresarios contra el pueblo trabajador. De allí el enorme esfuerzo que ponemos en cada una de ellas. Nuestro único compromiso es con los trabajadores.