La otra noticia tuvo como epicentro un país del primer mundo y con costumbres occidentales: Australia. Allí, también el máximo órgano de la justicia, tildó de “inconstitucionales” los matrimonios entre personas del mismo sexo, que habían sido autorizados en la capital, por entender que van en contra de lo dispuesto por la ley nacional en la Constitución.

¿Cuál es el estado actual de los derechos de los homosexuales en el mundo?

La situación es muy dispar. Europa continúa siendo la región más abierta y tolerante. En término de naciones, hay que reconocerle a la Argentina estar a la cabeza, a escala mundial, de estados con una legislación que respeta y reconoce los derechos de las minorías sexuales. A saber, es uno de los 10 países (junto a Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal e Islandia) que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y uno de los 12 que permite la adopción de niños en igualdad de condiciones que el resto de las parejas.

Pero Argentina no sólo es un país “de avanzada” en su legislación -en una región donde todavía hay 10 países del Caribe que consideran ilegal la homosexualidad- también lo es a nivel cultural, lo que ha convertido a Buenos Aires en una ciudad “gay friendly” de reconocimiento internacional y donde, afortunadamente, no se ven los actos de violencia y discriminación por orientación sexual de la que dan cuenta los diarios del resto de los países de América Latina, como Chile o México.

En tanto, en el último documento de radiografía sobre la situación de la homosexualidad en el mundo descripto en el “Informe sobre Homofobia Patrocinada por el Estado” elaborado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, se alerta sobre la existencia de 78 países en donde la homosexualidad continúa siendo ilegal y donde la homofobia es patrocinada y ejercida desde el propio Estado. El punto extremo está representado por aquellos siete lugares en el mundo en donde, en pleno siglo XXI, aún se castiga a la homosexualidad con la pena de muerte, como ocurre en Irán, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, Sudán, norte de Nigeria y sur de Somalía.

Otros países son menos extremistas, aunque no por eso sutiles, como Rusia, cuya Duma acaba de aprobar, casi por unanimidad, una ley que permite sancionar a aquellos que den información sobre “relaciones sexuales no tradicionales”, que “las presenten como atractivas” o que “provoquen el interés por esas relaciones”; también a aquellos que se dediquen a difundir “la idea tergiversada de que las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales tienen el mismo valor social”, con multas que distinguen entre sujetos físicos, “personas con cargos” o entidades jurídicas.

Que aún existan estos ejemplos en donde es el propio estado el que genera, promueve y apoya conductas homofóbicas, muestra que la lucha por la igualdad, el respeto y la tolerancia de las minorías sexuales en el mundo, es una guerra en la que aún falta dar muchas batallas.

Precisamente, parte del precio pagado en esta crisis es el daño a la imagen de los EEUU. Claro que también están los costos materiales concretos que se calculan en mil millones de dólares por semana. Esto quiere decir que las dos semanas de shutdown equivalen a las pérdidas producidas por el huracán Katrina, pero con la gran diferencia de que no se trata de una catástrofe natural, sino de una acción totalmente evitable y que es vista por los norteamericanos como capricho e ineptitud de los políticos.

En el centro de la tormenta: el “Obamacare” aprobado en 2010, respaldado por el pueblo en las urnas y ratificado por el Tribunal Supremo. Una ley que no es “una más” para el presidente. Gran parte de la energía que lo ha impulsado toda su carrera política ha sido, precisamente, llegar algún día a generar un cambio en el actual sistema de salud de los EEUU. La motivación nació hace años, en lo que debe haber sido la mayor pérdida personal sufrida por Barack Obama: la muerte de su madre. El día que firmó la ley dijo: “lo hago en nombre de mi madre que luchó contra las compañías aseguradoras hasta el último día de su cáncer”. 

Desde entonces, y durante toda su carrera política y campaña a la Casa Blanca, la reforma sanitaria siempre estuvo en sus propuestas. Sin embargo, también hay un gran caudal de energía en contra de esta reforma. En estos últimos días se escucharon palabras muy fuerte de los republicanos llamándola “ley para matar a los niños, mujeres y ancianos norteamericanos”, “la peor ley de la historia de los EEUU” o “una ley que destruirá a los EEUU”. El ala republicana más conservadora se le resiste con fuerza, al punto de arrastrar al país a la crisis política. El Tea Party le declaró la guerra al Obamacare y afirmaron que hará todo lo posible para que no pueda implementarse, incluso por encima de los intereses del Estado.

Pero esta ley que, por primera vez, mira a la cara de los 50 millones de estadounidenses que no tienen seguro de salud y que podría resolver la situación irregular de varios de ellos por medio de diversas facilidades y subsidios (y multándolos si se quedan sin seguridad social), no es convenientes para todos. Por un lado, tendrá un impacto en los impuestos, que no todos quieren absorber, ya que lo consideran una intromisión del Estado en las libertades de elección y un daño a la economía nacional. Pero, sobre todo, también afecta a los intereses de una industria gigantesca y de fuerte lobby, que es la de las aseguradoras de salud.

Con la reforma sanitaria, estas compañías no podrán, por ejemplo, tener un seguro más caro para las mujeres que para los hombres. Y algo muy cuestionado y discutido, no sólo en EEUU sino en muchos otros países, como el nuestro: las llamadas “condiciones preexistentes”. Con esta ley no podrán discriminar a personas con enfermedades diagnosticadas que quieran afiliarse, sino que deberán aceptarlas y brindarles el servicio. Detrás de esta crisis, como en muchos otros hechos de la vida cotidiana, están los intereses egoístas y económicos que explican gran parte de lo que sucede a nuestro alrededor.