Antes de lo que canta un gallo, los Mundiales pasan, y lo hacen tan de golpe que parecen noticia vieja y trillada, casi al día siguiente de la clausura. El furor deportivo se aplaca y afloran los problemas, los mismos que siempre estuvieron. El despertar de esta siesta conjunta está marcado por la vuelta de la protesta social. Pero no todos los países pasan por este proceso mundialista de la misma forma.

En Brasil, todavía no se había clausurado el evento deportivo y ya se abría la carrera a las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué impacto puede tener el Mundial en este otro resultado? Los analistas y las encuestas coinciden en que menos que el se pensaba antes de junio.

Según la presidente, Dilma Rousseff, la derrota deportiva “no va a influir en el proceso electoral” y para sostenerlo se basa en dos datos históricos: en 2002, Brasil ganó el Mundial pero el candidato del entonces gobernante, Fernando Henrique Cardoso, perdió en las urnas. De lo contrario, en 2006, Lula Da Silva logró la reelección a pesar de no ganar la Copa.

Ahora habrá que ver qué pasa con Dilma, quien lucha por su segundo mandato. Los desafíos no son pocos, tal como lo resaltó el Wall Street Journal en un artículo titulado “El final de la copa del mundo trae a Brasil de vuelta a realidad”, en el que consigna que “ahora viene la resaca” y el país deberá enfrenar el desafío de una “economía moribunda, unas elecciones presidenciales potencialmente divisorias” y los preparativos de otro mega evento: los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

En el gigante sudamericano, la estrepitosa derrota deportiva se vio amortizada por el hecho de que el papelón internacional fue sólo dentro de la cancha. “Lo grave era perder fuera del estadio”, reconoció la propia Rousseff. Así, a pesar del 7 a 1, el momento de mayor descontento social se remonta a las semanas previas al Mundial, debido a la indignación social freten a los gastos astronómicos, las denuncias de corrupción y la concreción de obras de infraestructura que no son las que el ciudadano de a pie reclama para mejorar la calidad de vida en las ciudades sede.

Andrei Serbin Pont, analista internacional que reside actualmente en Brasil, lo explica: “En términos generales, y a pesar de algunos problemas, la Copa superó las expectativas. No fueron pocos los que predijeron grandes protestas, colapso de la infraestructura, quejas de los extranjeros y una amplia diversidad de problemas. Pero estos no se dieron, excepto en algunos casos en particular. Las cosas funcionaron bien en Brasil, y los que vinieron de todo el mundo a ver la Copa han salido con una imagen positiva del país, a pesar de también volver con conciencia sobre otras grandes dificultades que debe afrontar a futuro”.

Así, a pesar de que Rousseff sostiene que “en Brasil ya es tradición que lo político no se mezcle con lo deportivo”, como analiza Serbin Pont, “estos eventos no se realizan sin que los gobiernos esperen tener algún tipo de redito político, y Brasil no es la excepción. En Argentina, Fútbol para Todos es una estrategia populista para fortalecer al gobierno de Cristina Kirchner y en Brasil, el Mundial y los JJOO que se aproximan, apuntan tanto a la consolidación internacional del país como la muestra a nivel local de logros en última década y media.”

En Uruguay, donde habrá elecciones generales este año, también se mide el “efecto mundial”. El “exabrupto” del presidente José Mujica en el que sostuvo que “los de la FIFA son una manga de viejos hijos de puta”, puede ser analizado como una clara estrategia de buscar sintonizar con el pueblo lo que, allí y en la China, se traduce en rédito político inmediato. En un país chico -e indignado por las sanciones a Suarez-, buscar un enemigo común (impopular y ultra cuestionado como la FIFA), es una fórmula segura para generar cohesión interna y sensación de unidad de cara al proceso electoral.

Pero lo que se vive en la región no coincide con lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania. En el país ganador de la Copa, la lectura que se hace de la presencia de Angela Merkel en la final y en los festejos es totalmente diferente a cómo se explotaría en nuestro país. La “ganancia” de la canciller alemana no radica en mimetizarse con los jugadores y en pretender mostrar sus logros deportivos como propios, sino en la posibilidad de exhibir una cara más humana, basada además en su genuina y conocida afición por el balón. Tal como analiza Victoria Barrera, periodista argentina radicada en Alemania desde hace más de una década, “el triunfo deportivo se utiliza para mostrar otra faceta de los mandatarios, más descontracturada, de mayor cercanía a la gente, lo cual contribuye a aumentar su popularidad y fortalecer el Wir-Gefühl, el nosotros. La imagen de Merkel y del presidente Gauck alentando a la selección se mostró una y otra vez durante la transmisión del partido, porque está siempre la expectativa de ver a la canciller en la tribuna, festejando y acompañando al equipo”.

Así, la victoria del equipo “no se muestra como el logro de un gobierno determinado. Si bien le permite al gobernante de turno aumentar su popularidad, su imagen positiva, su cercanía a la gente, no hay proyectos políticos que se concreten o se caigan con un triunfo o una derrota deportiva. El gobernante está presente, comparte el momento, pero no es protagonista del festejo”, explica Barrera.

Diferente es lo que ocurrió en nuestro país. Aquí, el kirchnerismo intentó presentar al equipo de Sabella como un producto de la “década ganada” a la vez que, durante la sobredosis de propaganda oficial de Fútbol para Todos, se transmitía el mensaje de que “a los goles los hacemos todos”. Pero, la realidad, es que no nos parecemos a nuestra selección. El destino de estos deportistas millonarios que puede entrenarse en el primer nivel mundial no es el del resto de los argentinos. No hay Real Madrid ni Bayern Munich ni Barcelona para que se formen durante el año nuestros médicos, sindicalistas, empresarios, periodistas, científicos, estudiantes, maestros ni los políticos argentinos. Lamentablemente, no tenemos muchas otras áreas en las que podamos pararnos a la par de Holanda o de Alemania. Menos que menos en lo que es la administración de la cosa pública.

Una triste realidad que se vimos materializada cuando “la Argentina que quisiéramos tener” se volvió, de un segundo para el otro, “la Argentina que realmente tenemos” mientras veíamos como los festejos del Subcampeón Mundial mutaban en caos, violencia y vandalismo.

En Malvinas murieron 649 soldados argentinos: 323 en el hundimiento del crucero General Belgrano y 326 en distintos teatros de operaciones. Pero las bajas de la guerra no terminaron con el cese de hostilidades del 14 de junio de 1982. Desde esa fecha hasta entonces, más de 400 ex combatientes se quitaron la vida, en un acto desesperado por apagar los tormentos que nadie les ayudó a sobrellevar. Esto es, un suicidio por mes. La sola idea causa estupor e indignación. Pensar que alguien que logró volver con vida de una guerra deba recurrir a la muerte ante la indiscutible y suficiente pasividad de la sociedad por la que estuvo dispuesto a entregar lo más preciado.

Hace un par de años, y con motivo de cumplirse 30 años desde la guerra, con DEF TV realizamos un documental para televisión llamado “Mensajes de Malvinas”, en cuya conducción me acompañó Tomás Bulat. Recuerdo cuánto nos conmovieron a todos los casos que conocimos. Desde la producción, la periodista Mariana Bachiller viajó por todo el país recogiendo testimonios, compartiendo días enteros con ex combatientes y sus familias, escuchando sus historias, sus sueños, sus dolores. Bachiller destaca que “en los relatos había un denominador común: a muchos de ellos los había salvado la palabra”.

Feliciano Sánchez, un soldadito correntino de 18 años, resguardado en su helado puesto de trinchera escribía compulsivamente en un cuadernito Gloria que guardaba pegado a su pecho. Era su único escape, su conexión con un mundo donde no había guerra. “Hoy llora emocionado al leer lo que escribió cuando tenía sólo 18 años”, recuerda. Fernando Romero, un conscripto, también correntino, cayó prisionero de las tropas inglesas. Durante su cautiverio escribió en precarios pedacitos de papel higiénico todo su dolor y angustia. Aún conserva ese diario de prisión que, según él, lo salvó de la locura. Al volver a su pueblo eligió un trabajo nocturno porque le resultaba insoportable relacionarse con otros en conversaciones banales. Una madrugada, dos años después de su regreso, saliendo de su trabajo se topó casualmente con otro ex combatiente a quien no conocía. “Esa fue la primera vez que pudo hablar de Malvinas, a partir de ese día comenzaron a juntarse para compartir sus memorias, según Fernando, nadie más podría comprender lo vivido. Esas charlas le salvaron la vida”, confiesa Bachiller.

Pero no todos tuvieron la suerte de poder expresarse, de encontrar el modo y la ayuda para exorcizar lo vivido. Si bien, con el correr del tiempo se fueron creando asociaciones y sitios desde los que se ofreció contención, lo cierto es que, hasta hoy, los ex conscriptos tienen que recurrir a la Justicia para exigirle al Estado que cumpla con la ley 23.109, sancionada en 1984, que lo obliga a una convocatoria anual para una revisión médica nacional en busca de detectar enfermedades y de evitar que continúen los suicidios. Pero dicha ley, votada por unanimidad por el Legislativo y vigente desde hace 30 años, nunca se cumplió cabalmente.

Sin embargo, cuando hablamos de suicidios post conflicto, vale aclarar que no se trata de un fenómeno exclusivamente argentino. Varios en el “otro bando” también se quitaron la vida, aunque los ingleses han sido muy herméticos a la hora de brindar estadísticas sobre el tema. En otros países, como EEUU, las cicatrices invisibles de la guerra también hacen estragos. El presidente Barack Obama llegó a hablar de “epidemia”  -la tasa de suicidios en el ejército se duplicó durante la última década, con las incursiones en Irak y Afganistán- y es aún más alta entre quienes dejaron la Fuerza, donde se registran 8 mil suicidios por año, es decir, 22 por día.

Consultado sobre el tema el Dr. Luis E. García, especialista en Psiquiatría de CENPIA e investigador en Farmacología Clínica (MP: 112308) nos explica que “no todos los ex combatientes son iguales, a lo largo de la historia. Unos tienen reconocimiento, galardones y obtienen empleos de inmediato porque se les abre los brazos a un futuro post bélico. Otros solo son recordados en muros con su nombre, en un lugar público o en su regimiento, pero nadie los trata como héroes y les cierra las puertas”. Para él, “los Estados modernos, a pesar de la asistencia brindada, poco pudieron hacer para revertir el aislamiento social, la pérdida de oportunidades de empleo que, sumados a la patología propia de las guerras, conducen a depresión y suicidio en tasas más elevadas que la de la población general”.

Una de las patologías más frecuentes entre los veteranos es el “estrés postraumático” o “Post Traumatic Stress Disorder” (PTSD), cuya historia cobra cada vez más relevancia en las guerras del siglo XX. Como puntualiza el Dr. García “el cuadro, que comienza como un estrés agudo de gran severidad, tiene repercusiones neurobiológicas con muerte celular en áreas cerebrales ligadas a la memoria y a las emociones, como el gyrus dentado y el sistema límbico. El tratamiento debe ser temprano para evitar que el cuadro se desarrolle y establezca en el largo plazo: la depresión y la pérdida de memoria son síntomas clásicos, al igual que las pesadillas y estados disociados diurnos, donde se reviven los momentos de mayor trauma psíquico. La tasa de suicidios es muy elevada”. ¿Cómo debería tratarse a los pacientes que sufren de PTSD? El médico, con experiencia en esta materia, nos explica que “el tratamiento es doble, tanto farmacológico como psicoterapéutico, y debe ser puesto en práctica, de ser posible, antes de los 30 días de aparecidos los síntomas para evitar el paso a la cronicidad. La terapia cognitiva y el tratamiento con antidepresivos parecen ser la receta más probada, aunque aún queda mucho por aprender sobre el trastorno y la enorme variabilidad individual, tanto en su génesis como en la respuesta a los tratamientos.”

La llamada “desmalvinización”, posterior al conflicto, hizo perder un tiempo precioso para salvar a los que volvieron del horror de la guerra. 32 años después, es hora de entender que lo que le pasa a nuestros ex combatientes, nos pasa también a nosotros porque, lo que hacemos con ellos, nos define como sociedad. No podemos continuar “desmalvinizando” nuestra memoria colectiva, ni barrer debajo de la alfombra lo que no nos gusta ver, ni permitir que Malvinas sea carne de cañón para el rédito político del gobernante de turno, ni el objetivo fácil de nacionalismos huecos y populistas. Y, por sobre todo, no podemos abandonar a las víctimas de esa guerra, absurda y desbalanceada, que por eso mismo y más que nadie, son nuestros héroes.

La otra noticia tuvo como epicentro un país del primer mundo y con costumbres occidentales: Australia. Allí, también el máximo órgano de la justicia, tildó de “inconstitucionales” los matrimonios entre personas del mismo sexo, que habían sido autorizados en la capital, por entender que van en contra de lo dispuesto por la ley nacional en la Constitución.

¿Cuál es el estado actual de los derechos de los homosexuales en el mundo?

La situación es muy dispar. Europa continúa siendo la región más abierta y tolerante. En término de naciones, hay que reconocerle a la Argentina estar a la cabeza, a escala mundial, de estados con una legislación que respeta y reconoce los derechos de las minorías sexuales. A saber, es uno de los 10 países (junto a Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal e Islandia) que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y uno de los 12 que permite la adopción de niños en igualdad de condiciones que el resto de las parejas.

Pero Argentina no sólo es un país “de avanzada” en su legislación -en una región donde todavía hay 10 países del Caribe que consideran ilegal la homosexualidad- también lo es a nivel cultural, lo que ha convertido a Buenos Aires en una ciudad “gay friendly” de reconocimiento internacional y donde, afortunadamente, no se ven los actos de violencia y discriminación por orientación sexual de la que dan cuenta los diarios del resto de los países de América Latina, como Chile o México.

En tanto, en el último documento de radiografía sobre la situación de la homosexualidad en el mundo descripto en el “Informe sobre Homofobia Patrocinada por el Estado” elaborado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, se alerta sobre la existencia de 78 países en donde la homosexualidad continúa siendo ilegal y donde la homofobia es patrocinada y ejercida desde el propio Estado. El punto extremo está representado por aquellos siete lugares en el mundo en donde, en pleno siglo XXI, aún se castiga a la homosexualidad con la pena de muerte, como ocurre en Irán, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, Sudán, norte de Nigeria y sur de Somalía.

Otros países son menos extremistas, aunque no por eso sutiles, como Rusia, cuya Duma acaba de aprobar, casi por unanimidad, una ley que permite sancionar a aquellos que den información sobre “relaciones sexuales no tradicionales”, que “las presenten como atractivas” o que “provoquen el interés por esas relaciones”; también a aquellos que se dediquen a difundir “la idea tergiversada de que las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales tienen el mismo valor social”, con multas que distinguen entre sujetos físicos, “personas con cargos” o entidades jurídicas.

Que aún existan estos ejemplos en donde es el propio estado el que genera, promueve y apoya conductas homofóbicas, muestra que la lucha por la igualdad, el respeto y la tolerancia de las minorías sexuales en el mundo, es una guerra en la que aún falta dar muchas batallas.

Esto llevó a que algunos países, como el nuestro, fueran alertados e “invitados” por otros, a tomar cartas en el asunto. La venta de seres humanos está íntimamente vinculada con el tráfico de armas, drogas, inmigrantes y lavado de dinero. Como observan algunos especialistas en temas de seguridad, la trata suele ser incluso más lucrativa, ya que las personas pueden ser “comercializadas” varias veces, a diferencia de las armas y la droga.
Este fue uno de los temas convocantes del “Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres” que se llevó a cabo en Mar Del Plata el 12 y 13 del corriente. Del mismo participaron representantes de distintos organismos que luchan y/o estudian este flagelo, en países de la región. En ese contexto se presentaron los resultados de análisis cuantitativos y cualitativos.

El Mercosur es zona de origen de mujeres que son llevadas hacia Europa y Asia. El principal destino es España, seguido por Italia (aunque éste es mercado casi exclusivo de personas trans), Chile y Sudáfrica. La Argentina y Brasil son lugares de origen, tránsito y destino; mientras Paraguay y Uruguay son específicamente sitios de reclutamiento. En el caso de Argentina como destino, las mujeres suelen provenir principalmente de Paraguay, República Dominicana, Colombia, Brasil y Uruguay. Pero este delito también se realiza de modo interno, con tráfico de personas desde lugares más vulnerables del interior del país hacia las grandes urbes. Es en la trata interna donde se ve más la captación de niñas, algunas desde sus 8 o 10 años de edad.

En cuanto a las redes criminales, poseen distintas dimensiones, complejidad y dinámica: desde pequeñas familias hasta complejas organizaciones delictivas. El secuestro, por su parte, no figura como una herramienta muy utilizada para conseguir jóvenes, sino que se recurre más al engaño, con falsas promesas de trabajo, castings, supuestas agencias de modelos, complicidad de personas conocidas por las víctimas e incluso miembros de sus propias familias. El traslado es pagado por la red (luego suele ser parte de la “deuda” que la víctima contrae con ellos), se le retienen los documentos y suele haber una custodia que va controlando el trayecto.

¿El destino? Prostíbulos, whiskerías, departamentos privados y pooles. A las mujeres se las obliga a trabajar entre 10 y 12 horas por día, muchas veces deben vivir en el mismo lugar en el que reciben a los clientes y entre sus obligaciones figuran los “pases”, beber y hacer beber. La forma de mantenerlas retenidas es por medio de fuertes intimidaciones, secuestro del DNI, violencia física y psicológica, violaciones, alcohol y drogas, chantaje, deudas, multas, restricción de comida, amenazas de hacerles daño a sus familias o miedo a ser denunciadas por otros crímenes que también se les obliga a cometer (como tráfico de drogas o inmigración ilegal).

En este sentido, también es muy importante aclarar que la trata de personas no se reduce a reclutar sólo a mujeres pobres, altamente vulnerables. Entre los destinos de explotación también está la llamada “prostitución VIP” o “de lujo”.  Por ejemplo, en nuestro país, el conocido cabaret VIP “Black” ha sido denunciado por La Alameda por vínculos con la trata. El titular de la ONG, Gustavo Vera, aseguró que en el local nocturno, no sólo se ejerce la prostitución, sino que las mujeres que trabajan allí son obligadas a comprar y revender cocaína porque si no “son sometidas a feroces palizas o violaciones”.

Según contó Vera en diálogo con el programa de radio Mitre, “Sin Filtro” de Jorge Lanata, el local “es un centro de narcos y de distribución de cocaína” que está “habilitado de forma fraudulenta”. La denuncia de La Alameda ante la Justicia partió del testimonio de Carina Ramos, una mujer que le contó a la revista Noticias que fue obligada a prostituirse en distintos clubes nocturnos, entre ellos “Madaho´s” y “Black”, clubes a los que recurren funcionarios, miembros de la SIDE y de embajadas y comisarios. “Black” es propiedad de Alberto Fernández, quien integró la comitiva de empresarios y emprendedores que acompañó al secretario de Comercio a Angola.

Por supuesto, cuando hablamos de trata de personas en el Mercosur es imposible omitir la delicada situación de la Triple Frontera por donde pasa gran parte del tráfico de mujeres y niñas. Por si esto fuera poco, como advierte Cynthia Bendlin, una paraguaya con gran experiencia y reconocimientos por su labor en esta lucha, “además de las complicidades de funcionarios de la Triple Frontera con las redes criminales, se suma la dificultad de que, cuando trabajás contra la trata, del lado paraguayo te atiende un fiscal, del argentino, un juez, y del brasileño, la policía, esto complica la comunicación y el trabajo en equipo.”

Por último, en cuanto a la respuesta institucional, los especialistas coincidieron en la sensación de que los criminales están siempre un paso más delante de las respuestas de los gobiernos para apresarlos. “Los captadores vuelan por Internet y las redes sociales”, afirmaron.

Pero el principal desafío sigue siendo para todos la reinserción de las víctimas de trata. “No conocemos ninguna organización que esté logrando hacerlo con éxito”. Hasta el momento, son contados los casos en que la mujer ha logrado salir de las redes criminales y rehacer su vida. Muchas de ellas, después de años de esfuerzos por emerger de la explotación, suelen ser nuevamente coaptadas por las redes. Esto por la falta de herramientas propias para poder liberarse de la dominación, no solo física, sino también mental a las que fueron sometidas y por la escasez de ayuda institucional para hacer frente a la monumental tarea de desprenderse de una red criminal y de encontrar el modo de reinsertarse en la sociedad y de ser autónoma (especialmente en los casos en los que han sido capturadas desde la infancia, por lo que carecen de educación y lazos de solidaridad).

Frente a este panorama, los expertos coincidieron en que el rol de cada uno de nosotros, desde la sociedad civil, es crucial. “Debe lucharse contra el machismo que naturaliza el delito”. Por otro lado, “la connivencia política, policial y judicial hace que se termine echando o castigando a aquellos funcionarios que realmente lucha contra la trata”. Allí debe estar la sociedad civil, involucrada y comprometida, haciendo presión para respaldar a los trabajan y apartando y condenando a los cómplices de la explotación y la esclavitud de mujeres y niñas, en pleno siglo XXI.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa anunció que estudia autorizar la explotación del Parque del Yasuní, un paraíso enclavado en el Amazonas y reserva de la biósfera para la ONU desde hace 24 años. Se trata de un cambio de 180 grados en la voluntad inicial del mandatario, quien incluso, en otros tiempos, se avocó a convencer a la opinión pública de la importancia preservar la zona (tanto que hoy el 90 % de los ecuatorianos se opone a su usufructo). ¿A qué se debe semejante cambio? Él lo explica con una frase que suele utilizar a menudo: “No me gusta el petróleo, pero mucho menos me gusta la pobreza y la miseria”. Es que su plan inicial contemplaba buscar el apoyo de la comunidad internacional, que giraría a Ecuador el 50% de las ganancias que se podían obtener extrayendo el crudo. Las buenas intensiones brotaron por doquier pero, a la hora de poner la plata, al país llegó solo el 10% de los magros 10 millones de euros recaudados, cuando la cifra prometida era de 2700 millones a desembolsar en 10 años.

Cuando Correa hizo las cuentas, tiró el tablero y ordenó poner en marcha las topadoras. Pero es esa decisión ¿es una manera sustentable de luchar contra la pobreza? ¿No es pan para hoy y hambre para mañana? Y peor aún, ¿quién se llevará el pan y quiénes se quedarán con el hambre? ¿Quiénes serán los ganadores y quiénes los perderos al arrasar con la selva?

Paralelamente, en México, el flamante presidente, Enrique Peña Nieto, también propone cambios radicales en materia de energía; y se juega con ellos, a cara o cruz, el futuro de su gobierno. Se trata del histórico anuncio de la voluntad de abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al sector privado. Es que más allá de lo ideológico, la realidad indica que en los últimos ocho años la producción de petróleo cayó en casi un millón de barriles diarios, a pesar de haber aumentado la inversión en el sector. La situación exige una respuesta apremiante en un país cuyos recursos fiscales dependen en más de un tercio de los ingresos petroleros y que, hasta ahora, respiraba gracias a los precios internacionales del crudo.

¿De dónde provino el descalabro mexicano? De los sucesivos gobiernos que cayeron en la tentación de meter mano en la caja de Pemex y de hacer de la empresa un brazo político del Gobierno, desalentando cualquier vocación empresarial, lastrando sus finanzas y transformándola en un foco de corrupción que además da cobijo a un poderoso sindicato manejado por los caciques del gobierno de turno. Por otra parte, parece que en nuestros países hay una fuerte tendencia a definir las políticas energéticas en función de las urgencias del momento, de los baches de dinero que se necesitan rellenar o de elecciones que se quieren ganar.

El ex secretario de energía y consultor Daniel Montamat analiza: “Vivimos en un mundo entrampado en el corto plazo. Una consecuencia de ello es que se prioriza la seguridad energética -suministro del lado de la oferta o la demanda- por sobre la sustentabilidad, que repara en los aspectos ambientales e internaliza sus costos. Sin embargo, es imprescindible que se planteen una estrategia de largo plazo que reconcilie las demandas del presente con las necesidades de un futuro posible. El desarrollo sustentable ha dejado de ser una opción, es una necesidad. De lo contrario perdemos todos, esta generación y las que vienen”.

Cuando hablamos de petróleo, los maquillajes no alcanzan. Las inversiones son gigantescas, los plazos muy largos, los riesgos son altos y las consecuencias, profundas. Se puede (y se debe) discutir en el plano ideológico y político para buscar consensos en torno a la participación o no de capitales privados, nacionales o extranjeros, de los términos de las concesiones, de si se ceden o no activos. Pero lo que no se puede hacer es carecer de verdaderas políticas de Estado, respetadas y sostenidas en el tiempo.

Es lo que ha pasado en nuestro país. Los sucesivos giros de timón de diferentes gobiernos, fueron, en muchos casos, excusas para negociados o para alimentar la demagogia. Como resultados nos dejaron hoy en este estado de deterioro del sistema energético en general y con un pozo ciego que se alimenta de $ 198,2 millones de pesos diarios en subsidios energéticos e importación de combustibles ¿Quién ha hecho bien las tareas en América Latina? Brasil, que posee hoy la cuarta empresa petrolera del mundo, Petrobras, y que elabora planes a largo plazo, por medio de un Consejo Nacional de Política Energética a cargo de los mejores especialistas del país. Como explica Jorge Hugo Herrera Vegas, ex embajador en Brasil, nuestro vecino, a diferencia de nosotros, “dispone de energía abundante para las empresas y los hogares, ya que en la última década, alcanzó su autoabastecimiento energético, mientras la Argentina lo perdía debido a una política aberrante. Nuestro país carece, como lo han hecho notar los ex secretarios de energía, de un plan energético a largo plazo. YPF, nuestra principal empresa energética, sólo produce un tercio de nuestras necesidades.

Recuperar el autoabastecimiento, que es la meta que se ha fijado el gobierno, implica un esfuerzo que requerirá cambios profundos. Mientras tanto, importar la energía faltante se convertirá en una verdadera pesadilla para quienes tengan la responsabilidad del manejo de nuestra economía.