En lo personal, me siento fuertemente comprometida con esta lucha porque soy una sobreviviente de la violencia de género. Sufrí en carne propia el dolor y la soledad que atraviesan las mujeres golpeadas. Con el tiempo, gracias a Dios, logre juntar fuerzas y decir basta. No fue fácil y no siempre me sentí acompañada. Por ello, hoy quiero ayudar a aquellas mujeres que están atravesando lo mismo y sienten que no pueden salir de ese horrible laberinto.

Desde 2009, rige en el territorio nacional la Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Pero está claro que, además de la norma legislativa, es necesario que el Estado y la sociedad toda redoblen sus esfuerzos de prevención, protección, concientización y sanción contra estas nefastas conductas. 

Miles de mujeres, madres, hijas, abuelas y hermanas se encuentran hoy sometidas a maltratos y situaciones degradantes en sus hogares, en sus trabajos y en la calle, frente a la mirada impávida de la clase dirigente -y en ocasiones de sus propios familiares-, que se niegan a actuar ante la violación de su integridad y seguridad personal.

Para colmo, la mínima o muchas veces nula acción de las autoridades de aplicación, que ignoran sistemáticamente sus responsabilidades concretas, agrava la dimensión de este flagelo letal. Resulta crucial entonces que los funcionarios pasen de la mera declaración de deseos a la acción decidida y frontal.

En verdad, para que la Ley 26.485 deje de ser letra muerta, como terminan siendo las víctimas de los casos más extremos, todos los Argentinos –mujeres y hombres- debemos sumarnos a esta cruzada en favor de la madurez social, el respeto entre géneros y el estado de Derecho. Por ello, el próximo 3 de junio voy a marchar no como diputada, sino como mujer, como ciudadana y como sobreviviente.