Estadísticas serias de las organizaciones más responsables que trabajan en esta cuestión indican que más de 250 mil niños menores de 5 años presentan algún grado de desnutrición en la Argentina y que más de 2 millones y medio de compatriotas están afectados por faltas en la alimentación.

En casos extremo, las carencias alimentarias ponen en riesgo la vida, como ocurrió con el niño Qom del Chaco, pero aunque no se llegue a ese extremo, limita el crecimiento y el desarrollo de cientos de miles de chicos en la Argentina que ven postergado su desarrollo, tanto del punto de vista físico como intelectual, con lo que inexorablemente se los condena a un nivel de vida inferior.

Sin duda, éste es un problema que nos debe convocar a todos los argentinos y particularmente a quienes asumimos responsabilidades políticas para trabajar con seriedad y resolverlo de manera inmediata.

Estas son las cuestiones que no pueden esperar y se resuelven con compromiso y capacidad de gestión de parte del Estado.

Es incomprensible que después de 10 años de crecimiento económico, un período al que el propio gobierno ha caracterizado como la década ganada, generado además fundamentalmente por la exportación de alimentos, tengamos la desnutrición, y en particular la infantil, como un tema pendiente.

El gobierno no ha actuado con el compromiso suficiente como para resolver esta cuestión. Las irresponsables declaraciones de funcionarios y legisladores y en particular del jefe de Gabinete ponen en evidencia la falta de sensibilidad del oficialismo que pretende ocultar un hecho gravísimo con declaraciones que terminan resultando en un agravio para el conjunto de la sociedad.

Este terrible episodio es un verdadero despropósito producto de la desatención del Estado Nacional y Provincial en un tema tan prioritario como la nutrición infantil. Con muy poco porcentaje de los recursos que utiliza el gobierno nacional y los estados provinciales que responden al kirchnerismo en publicidad y propaganda, se resolvería este grave flagelo.

Para ello el gobierno de la Nación, desde  el Ministerio de Salud y de manera conjunta con las carteras del área de las provincias, debería inmediatamente realizar un relevamiento profundo de las situaciones de riesgo y atender a través de cada uno de los municipios y proveer el alimento necesario.

El caso del niño Qom no puede ser tomado, tal lo expresó Capitanich, como un hecho aislado, sino que es la expresión más dolorosa de un problema que debe indignar al conjunto de los argentinos.

El gobierno debería guardar silencio, hacerse cargo de la desnutrición que padecen muchos niños en el país y abstenerse de formular declaraciones irresponsables.

Este problema no puede esperar, quienes padecen hambre y desnutrición no pueden esperar. No resolverlo sería una gravísima claudicación moral del gobierno.

La sentencia es un claro pronunciamiento en defensa de la libertad de trabajo que asiste a las consultoras perseguidas por el secretario de Comercio, lo que ya es muy importante por cuanto a todas luces desde el gobierno se les estaba negando ese derecho fundamental.

Pero esta decisión judicial representa aún más: es un hecho trascendente por cuanto es un avance en favor de la restitución al conjunto de la sociedad de un derecho que el gobierno pretende ocultar definitivamente en la Argentina que es el derecho a la información.

Sólo un gobierno autoritario, con escasa o nula vocación democrática como el actual, puede arremeter de manera sistemática contra ese derecho inalienable.

Sin embargo, como todo gobierno con fuertes desvíos autocráticos, la gestión de la Presidenta violenta de manera sistemática al conjunto social de los argentinos con sus intentos por silenciar a la prensa y deformar desde un relato oficial falaz la realidad de nuestros días.

La clara intención de instalar desde la mentira sistemática, método utilizado por los peores regímenes políticos, la sensación  de que las cosas están mejor de lo que están, la de denostar a los opositores de cualquier sector y la de ocultar los gravísimos hechos de corrupción que vinculan a funcionarios y amigos del gobierno justifica la psiquiátrica obsesión del poder por silenciar y avasallar el derecho a la información.

Por eso es que el fallo es en favor de las consultoras  pero fundamentalmente beneficia al conjunto de los argentinos que en nuestra propia defensa no debemos permitirle al gobierno un solo atropello más a la libertad de expresión y el derecho a estar informados.