Esto implica, en términos económicos, el desembolso de una suma inicial de U$S 1.500 millones con intereses y punitorios, teniendo en cuenta el dato de que la demanda inicial de los fondos fue de U$S 428 millones. Sólo después del pronunciamiento de la Corte Suprema norteamericana, la Corte de Apelaciones habilitó que los bonistas pudieran trabar embargos contra bienes y fondos argentinos en el exterior, por medio de la finalización de la medida cautelar que los protegía (stay).

La alternativas a seguir son complejas para la Argentina, en parte por la existencia de la cláusula de “derechos sobre ofertas futuras”, o RUFO (por sus siglas en inglés) que implica que, de haber una mejor oferta para parte de los bonistas, ésta debe hacerse extensiva al total. Es decir, el mejoramiento de una oferta para los bonistas en litigio podría disparar la demanda de mejoramiento por parte del resto de los tenedores de títulos. Ahora, es importante aclarar que los bonos no son fruto de la emisión de deuda, sino que fueron comprados como instrumentos de inversión financiera, por lo que se pone de relieve la forma de funcionamiento de los fondos buitre, que se inicia con la compra de títulos devaluados o “basura” de países en crisis con el fin de judicializar el reclamo para obtener – con el tiempo – cuantiosas rentabilidades. En éste caso las tasas de rentabilidad reconocidas por el fallo Griesa alcanzan nada menos que el 1608%.

Lo que se pone en evidencia es que se trata de un conflicto fundamentalmente político, ya que la estabilidad y la solvencia argentinas no han sido cuestionadas por ninguno de los organismos internacionales y, muy por el contrario, nuestro país ha recibido el apoyo de Francia, Brasil y México en la forma de amicus curiae dentro de la causa judicial y de personalidades de amplio reconocimiento como el economista Joseph Stiglitz y hasta por parte de la banca privada. El mismísimo FMI observó con preocupación las implicancias del fallo para el sistema financiero internacional.

Un sorpresivo apoyo provino del procurador general adjunto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Edwin Kneedler, quien, en una audiencia de la Corte Suprema, manifestó la posición del país señalando que la legislación establece que la aplicación del “discovery” (búsqueda de activos embargables) en Estados soberanos extranjeros debe ser limitada a activos que estén en territorio estadounidense. Tal preocupación es entendible ya que la misma norma podría aplicarse al mismísimo Estados Unidos al afrontar sus propias deudas en el exterior.

Del otro lado de la mesa, los fondos buitre también tienen identidad e historia. Thomas Griesa intervino en favor de los fondos buitres en el caso de los bonos emitidos por Perú. Paul Singer, cabeza del fondo NML Capital, parte del grupo Elliott Management, compró títulos de deuda peruanos por un valor nominal de veinte millones de dólares en 1996. En el año 2000, los tribunales norteamericanos le dieron la razón a Elliot Management, que obtuvo 58 millones de dólares. Fuentes de prensa indican que operó de igual modo en el Congo.

Debe comprenderse que, en la presente situación, no son sólo los intereses nacionales los que se ponen en juego, sino los de todos los países que pujan por alcanzar un crecimiento sin hipotecar el futuro de sus pueblos. El mensaje que envía el fallo Griesa de cara al mundo financiero pone en tela de juicio todas las previas y futuras renegociaciones de deudas externas, ante la posibilidad de que la judicialización del reclamo pueda ser una de las principales fuentes de enorme rentabilidad. El fallo Griesa desalienta, por los mismos motivos, las inversiones productivas, que no aportan semejantes rentabilidades y también insumen tiempos de espera para su retorno.
Por otro lado, como bien señalara la presidente Cristina Fernández, el fallo convalida esa obtención especulativa de rentabilidades a nivel mundial, bajo la expectativa de que el país que se encuentra en crisis pueda afrontar, llegado el momento de su recuperación, montos de deuda enormemente incrementados.

Se resta así sentido a la incorporación voluntaria por parte de los fondos de inversión a las negociaciones de reestructuración. Inversamente, para detener el pago de deuda con el continuo vaciamiento del país causado por las políticas de sobreendeudamiento del 76 en adelante, el camino elegido por las políticas kirchneristas ha sido el de priorizar el crecimiento por medio de la generación de recursos propios. En ésta instancia resulta crucial el conocimiento de la población en relación al tema, y una nueva puesta en práctica de la solidaridad internacional, empezando por nuestra región, cuyo exponente de fortaleza política se plasma en la UNASUR.

Así, por ejemplo, el supuesto de que la causa de la inflación está en los incrementos salariales otorgados a los trabajadores alimenta, dentro de la lógica de ese modelo, la generación de políticas de ajuste de los salarios para detener el incremento de los precios. Ante la confusión no casual que se presenta, la pregunta que debemos hacernos es quienes son los beneficiarios de los resultados de cada política económica, quienes acumulan con cada modelo y en qué plazos cabe evaluar los resultados. ¿Quiénes pierden cuando se reducen los salarios?

En nuestros países, la herencia tecnócrata que acompañó la administración del Estado en su período de contracción, se sustentó en ésta visión. El rol del técnico fue asociado a la racionalidad, a la toma imparcial de decisiones asumidas en base a información igualmente verdadera y objetiva. Puede decirse que se sustentaba en casi todo lo opuesto a lo que la naturaleza de la política implica. El técnico es el “apolítico” y ésta sigue siendo -ante la visión de muchos- su fortaleza.

El del economista tecnócrata fue uno de esos roles claves para la implementación de aquellas políticas funcionales al modelo de acumulación neoliberal. Cabe aquí recordar a sus exponentes en los “Chicago Boys”, como Domingo Cavallo o Roque Fernández. Hoy, paulatinamente crece en Argentina la posibilidad de contraponer socialmente esa figura idealizada del economista “técnico” con la del que admite los fundamentos políticos de su posición. Esta puja es válida y necesaria porque interpela incluso los mismos espacios académicos que, todavía hoy, imponen la lectura ortodoxa neoliberal de la realidad económica. Esto no sólo se observa entre economistas, sino también entre aquellos que apuestan a la carrera política.

Trasladándolo a nuestro marco político electoral, es llamativo escuchar a muchos candidatos expresar sus propuestas políticas y entender que no reflejan nunca los objetivos reales de cada una. El grado de generalidad y ambigüedad de sus discursos imposibilita traducirlos en políticas concretas. Dicho de otro modo: no se encuentran de acuerdo con la forma en que se lleva adelante el modelo. Por lo tanto, ante cada caso concreto: ¿cómo lo harían? Expuestos al debate, no expresan los impactos reales, no admiten que al cambiar el sentido de la política económica afectarían directamente los ingresos de los trabajadores, no expresan cómo manejarían la política interna con los sectores de poder local, ni cuál será la política para la región, o cuál para las relaciones con los organismos de financiamiento internacional.

Es claro que en algunos casos las fuerzas políticas que desean disputar las elecciones con vistas al 2015 no cuentan con tal propuesta y en otros tal propuesta no es confesable porque Argentina conoce bien las consecuencias de esas políticas neoliberales, muchas de las cuales siguen impactándonos al día de hoy. No es confesable que consideran necesario retornar al ajuste, a la valorización financiera y a la venta de los activos de la nación.

Hoy, los países centrales como Estados Unidos y Alemania exigen a las naciones en crisis de Europa que profundicen la implementación de políticas de recorte del gasto público. La recomendación efectuada por el FMI a España, con el fin de recortar los salarios en un 10%, es simplemente una muestra de que los modelos económicos que se llevan a cabo en el mundo apuntan a preservar intereses financieros sin importar el costo social que ello implique. Esas políticas van a profundizar el endeudamiento de países como España y Grecia y, por sobre todas las cosas, van a empeorar la situación social con graves costos humanos. España acumula un desempleo de 6,2 millones de personas y Grecia 1,3, tras aplicar el mismo modelo neoliberal que causó la crisis del 2001 en nuestro país.

En el mismo marco de crisis internacional, Argentina implementa su propia receta con políticas contracíclicas, abandonado el viejo modelo neoliberal. Si de validaciones se trata, este camino está siendo validado y en sentido amplio marca un camino alternativo que viene mostrando sus logros desde hace una década.