Esto implica, en términos económicos, el desembolso de una suma inicial de U$S 1.500 millones con intereses y punitorios, teniendo en cuenta el dato de que la demanda inicial de los fondos fue de U$S 428 millones. Sólo después del pronunciamiento de la Corte Suprema norteamericana, la Corte de Apelaciones habilitó que los bonistas pudieran trabar embargos contra bienes y fondos argentinos en el exterior, por medio de la finalización de la medida cautelar que los protegía (stay).

La alternativas a seguir son complejas para la Argentina, en parte por la existencia de la cláusula de “derechos sobre ofertas futuras”, o RUFO (por sus siglas en inglés) que implica que, de haber una mejor oferta para parte de los bonistas, ésta debe hacerse extensiva al total. Es decir, el mejoramiento de una oferta para los bonistas en litigio podría disparar la demanda de mejoramiento por parte del resto de los tenedores de títulos. Ahora, es importante aclarar que los bonos no son fruto de la emisión de deuda, sino que fueron comprados como instrumentos de inversión financiera, por lo que se pone de relieve la forma de funcionamiento de los fondos buitre, que se inicia con la compra de títulos devaluados o “basura” de países en crisis con el fin de judicializar el reclamo para obtener – con el tiempo – cuantiosas rentabilidades. En éste caso las tasas de rentabilidad reconocidas por el fallo Griesa alcanzan nada menos que el 1608%.

Lo que se pone en evidencia es que se trata de un conflicto fundamentalmente político, ya que la estabilidad y la solvencia argentinas no han sido cuestionadas por ninguno de los organismos internacionales y, muy por el contrario, nuestro país ha recibido el apoyo de Francia, Brasil y México en la forma de amicus curiae dentro de la causa judicial y de personalidades de amplio reconocimiento como el economista Joseph Stiglitz y hasta por parte de la banca privada. El mismísimo FMI observó con preocupación las implicancias del fallo para el sistema financiero internacional.

Un sorpresivo apoyo provino del procurador general adjunto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Edwin Kneedler, quien, en una audiencia de la Corte Suprema, manifestó la posición del país señalando que la legislación establece que la aplicación del “discovery” (búsqueda de activos embargables) en Estados soberanos extranjeros debe ser limitada a activos que estén en territorio estadounidense. Tal preocupación es entendible ya que la misma norma podría aplicarse al mismísimo Estados Unidos al afrontar sus propias deudas en el exterior.

Del otro lado de la mesa, los fondos buitre también tienen identidad e historia. Thomas Griesa intervino en favor de los fondos buitres en el caso de los bonos emitidos por Perú. Paul Singer, cabeza del fondo NML Capital, parte del grupo Elliott Management, compró títulos de deuda peruanos por un valor nominal de veinte millones de dólares en 1996. En el año 2000, los tribunales norteamericanos le dieron la razón a Elliot Management, que obtuvo 58 millones de dólares. Fuentes de prensa indican que operó de igual modo en el Congo.

Debe comprenderse que, en la presente situación, no son sólo los intereses nacionales los que se ponen en juego, sino los de todos los países que pujan por alcanzar un crecimiento sin hipotecar el futuro de sus pueblos. El mensaje que envía el fallo Griesa de cara al mundo financiero pone en tela de juicio todas las previas y futuras renegociaciones de deudas externas, ante la posibilidad de que la judicialización del reclamo pueda ser una de las principales fuentes de enorme rentabilidad. El fallo Griesa desalienta, por los mismos motivos, las inversiones productivas, que no aportan semejantes rentabilidades y también insumen tiempos de espera para su retorno.
Por otro lado, como bien señalara la presidente Cristina Fernández, el fallo convalida esa obtención especulativa de rentabilidades a nivel mundial, bajo la expectativa de que el país que se encuentra en crisis pueda afrontar, llegado el momento de su recuperación, montos de deuda enormemente incrementados.

Se resta así sentido a la incorporación voluntaria por parte de los fondos de inversión a las negociaciones de reestructuración. Inversamente, para detener el pago de deuda con el continuo vaciamiento del país causado por las políticas de sobreendeudamiento del 76 en adelante, el camino elegido por las políticas kirchneristas ha sido el de priorizar el crecimiento por medio de la generación de recursos propios. En ésta instancia resulta crucial el conocimiento de la población en relación al tema, y una nueva puesta en práctica de la solidaridad internacional, empezando por nuestra región, cuyo exponente de fortaleza política se plasma en la UNASUR.

Las observaciones por las que el Poder Ejecutivo veta asiduamente muchos de los proyectos ponen de relieve la intencionalidad política de poner punto final a las temáticas promovidas por el órgano legislativo. Según indica la Constitución de la Ciudad, ante el veto total de un proyecto, éste vuelve a la Legislatura, que luego necesita el apoyo de dos tercios de sus miembros para convertirlo en ley; de lo contrario, queda imposibilitado para volver a tratarse en ese ciclo legislativo. Lo dificultoso es, dado éste caso, obtener los dos tercios de los miembros ante la negativa inicial del Ejecutivo.

Alternativamente, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admite -por medio del artículo 88- el veto parcial de los proyectos de ley sancionados por la Legislatura, siempre que ésta brinde su consentimiento. El veto parcial del Ejecutivo es remitido a la Legislatura para que ésta lo apruebe o, si eso no ocurre, reenvíe al Ejecutivo -con el voto de mayoría de dos tercios de sus miembros- el proyecto tal como originalmente fue sancionado.
El mecanismo parcial permite que la iniciativa tenga la oportunidad de ser reformulada para corregir las salvedades que puedan surgir. Sin embargo, sólo el 21,4% de los vetos entre las fechas señaladas fueron parciales. ¿Esto quiere decir 78,6% de los proyectos sancionados por la Legislatura que obtuvieron observaciones por parte del Ejecutivo fueron completos errores? Vale aclarar que muchas de las iniciativas vetadas fueron promovidas por miembros de la propia fuerza del PRO.

El problema con la serie de vetos que acumula la gestión de Macri, no es exclusivamente cuantitativo, sino que es también cualitativo. Si se realiza un repaso sobre las leyes vetadas durante su gestión se puede observar que muchos de ellos tienen una misma matriz: promover la inclusión de las mayorías y revertir privilegios hasta ahora contemplados para unos pocos.

Para mencionar algunos de los proyectos vetados de mayor relevancia de los últimos períodos legislativos cuentan los relacionados a la salud, tales como la regulación de la actividad farmacéutica en 2011, y en 2014 el proyecto de regulación para la venta al público de anteojos únicamente en las casas de ópticas o locales afines, previamente habilitados. En 2012 vetó también la regulación para el procedimiento de atención en el caso de abortos no punibles, lo que fuera anulado luego por la Justicia porteña, en línea con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En lo relativo a protección social de los sectores más vulnerables de la población, vetó proyectos que prestarían protección y garantías de derecho para personas en situación de calle o en riesgo de estarlo. Del mismo modo, se frenaron programas de inclusión laboral para jóvenes y se denegó el otorgamiento de determinados edificios para uso de organizaciones de la sociedad civil.

El veto de la prórroga de la ley de Emergencia Habitacional –en tiempos del gravísimo conflicto del Parque Indoamericano en Villa Soldati- suspendía los desalojos en los edificios pertenecientes al Estado porteño que se encontraban ocupados por personas sin vivienda. Hoy continúa la serie de violentos desalojos, sin una política integral y concreta de resolución de la crisis habitacional en el distrito. Tiempo atrás, negó con endebles argumentos la expropiación de un edificio para vivienda social en la avenida Boedo 1971.

Para completar el cuadro, se vetaron proyectos de divulgación pública del funcionamiento del sistema de comunas que impulsaran la participación de los habitantes de la ciudad. Adicionalmente, el año pasado el Jefe de Gobierno porteño vetó una ley votada por la totalidad de los legisladores del recinto que brindaba protección a las empresas recuperadas por sus trabajadores luego de la crisis de 2001.

Queda claro que, desde el discurso, Macri afirma defender la institucionalidad, la independencia de los poderes públicos y el interés de los vecinos de la ciudad. Sin embardo, desde la gestión de veto, reduce las políticas de protección social, acciona en detrimento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil y limita el ejercicio de los derechos políticos al impedir la total implementación del sistema de comunas, cuyo espíritu fue desde sus orígenes la descentralización del poder hacia los habitantes.

Una de las políticas de mayor impacto es la Asignación Universal por Hijo para protección social, que contempla un ingreso por hijo que corresponde a los hijos de personas desocupadas, que trabajan sin estar registradas formalmente o que ganan menos del salario mínimo. A la fecha se ha otorgado la asignación a más de 3,3 millones de niños y niñas; y ha impactado positivamente en particular en las familias que se encuentran a cargo de una jefa mujer con hijos a cargo.

Cabe destacar que el único requisito a modo de contraprestación de la asignación es la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación que indique la condición de escolaridad, los controles de salud y el cumplimiento del plan de vacunación obligatorio.

A esto se suma la Asignación por Embarazo para protección social, destinada a aquellas mujeres embarazadas a partir de la decimosegunda semana de gestación, es decir, finalizado el tercer mes de embarazo y hasta el nacimiento o interrupción del estado de embarazo.

Fue otorgada a más de 64.000 embarazadas. Ellas pertenecen al sector social de menores ingresos que encuentran todavía mayores dificultades en el mercado de trabajo, por lo que resulta de suma importancia que exista una política destinada a garantizar parte de su ingreso.

Complementariamente, se implementó el “Plan de Inclusión Previsional” por el que, a partir de 2007, las personas en edad jubilatoria (mujeres a los 60 años y varones a los 65 años) que no contaban con los años de aportes requeridos para poder jubilarse, pudieran acceder a una prestación previsional. Las primeras inscriptas beneficiarias fueron, en su abrumadora mayoría, mujeres. La moratoria jubilatoria posibilitó a más de 2,4 millones de trabajadores con años faltantes de aportes, acceder a su jubilación, así como permitió la jubilación anticipada de las personas que no alcanzaban la edad jubilatoria pero contaban con los 30 años de aporte requeridos por el sistema previsional.

Este plan dio también reconocimiento al trabajo de las amas de casa que pueden también insertarse en el plan con las mismas condiciones que el resto de los trabajadores. Es la primera vez que tales tareas son reconocidas como el trabajo que realmente es, considerando por otra parte que insume una enorme cantidad de horas semanales. Nuevamente se trata de una política que contempla el trabajo realizado -mayoritariamente por mujeres- puertas adentro del ahogar y reconoce la protección jubilatoria que corresponde a esas trabajadoras.

En cuanto a derechos laborales, otra tarea realizada fundamentalmente por mujeres es la del trabajo doméstico, una de las áreas donde reside la mayor informalidad del mercado de trabajo. En el marco de la ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, se ha trabajado para regular esa relación laboral y manifestar la obligatoriedad de que, desde el lado de la demanda, el empleador pase a registrar formalmente en la AFIP a la persona que emplea en su casa. Complementariamente, se han implementado diversas políticas para facilitar el proceso, tales como la registración online en AFIP, y allana el camino al reconocimiento de la tarea y al ejercicio de los derechos asociados al trabajo, como la cobertura social y el aporte jubilatorio.

Por lo expuesto, se denota que las personas que fueron expulsadas del mercado de trabajo a partir de políticas neoliberales como la convertibilidad tienen hoy mayores posibilidades de acceder a los beneficios del sistema de seguridad social. La Asignación Universal por Hijo y el Plan de Inclusión Previsional devolvieron la posibilidad de retornar al camino del ejercicio de los derechos, fundamentalmente de las trabajadoras argentinas.

Las políticas mencionadas presentan sólo uno de los aspectos de políticas con impacto de género, ya que no se han mencionado las relacionadas a la prevención de la discriminación y la violencia de género; ni las relativas a problemáticas que impactan fundamentalmente en niñas, jóvenes y mujeres de bajos recursos, como la trata de personas.

Indudablemente se trata del inicio de un camino hacia una mayor igualdad y un reconocimiento de los derechos preexistentes, que poco a poco van siendo efectivizados.

Ambas noticias son de enorme importancia. Estas líneas pondrán el eje en la segunda de ellas para destacar que el programa PRO.CRE.AR BICENTENARIO, que lleva más de un año de implementación, suma ahora dos nuevas opciones de crédito: la primera de ellas para las compras del terreno y posterior construcción de la vivienda; y la segunda para compras de casas o departamentos a estrenar en el próximo año. Ambas líneas de crédito, a tasas que parten del 2 y el 2,5% respectivamente.

Esta segunda opción crediticia, destinada a la compra de viviendas a estrenar en el próximo año, implica una novedad en relación a la aplicación del Plan, ya que permite incluir en el proyecto a desarrolladores privados para un 15,4% del grupo de créditos a sortear en octubre.

Para las personas con ingresos de hasta $6000 netos, los créditos son a tasa fija durante toda la vigencia del préstamo. Las facilidades en los requerimientos reflejan la direccionalidad de la política hacia sectores de bajos ingresos, que implican líneas de financiamiento del 100% del terreno y la construcción de la vivienda, período durante el cual no se abona cuota. Estos sectores obtienen también un mayor plazo para la devolución del crédito que el otorgado a los sectores de mayores ingresos.

Estos datos no son menores. Al comparar las condiciones de las diferentes líneas del Plan con las existentes en la banca privada se observan las enormes diferencias en la tasa de interés que oscilan entre el 15 y el 27% para los primeros tramos, las condiciones de ingresos para los solicitantes, y el capital previo necesario (ya que casi no se registran coberturas del 100%). El Banco Ciudad posee una línea con mejores posibilidades que la banca privada, pero también parte de tasas mayores y financia hasta un 85% del valor de la propiedad por lo que también requiere que los solicitantes cuenten con un importante capital inicial.

El sorteo a través de Lotería Nacional evita la exposición a la discrecionalidad de las intermediaciones para la adjudicación de los créditos. El próximo 22 de octubre se sortearán en forma conjunta 50.000 créditos destinados a las líneas de construcción, ampliación y terminación de viviendas; 60.000 a la compra de terrenos y construcciones de viviendas; y finalmente 20.000  créditos serán destinados a la compra de viviendas a estrenar. Esto suma un total de 130.000 créditos hipotecarios.

Tal como se expresó durante el anuncio, al cumplirse dos años de la implementación del plan nacional, se alcanzará la adjudicación de 200.000 créditos para brindar soluciones habitacionales definitivas a aproximadamente 800.000. Esto significa el alcance del 50% del objetivo inicial propuesto para ésta política de viviendas. Teniendo en cuenta, además, que todos ellos son créditos adjudicados bajo la condición de que se trate de primeras viviendas únicas y de ocupación permanente por parte de sus habitantes.

PRO.CRE.AR no es solamente una política crediticia, la orientación principal de los fondos hacia la actividad de la construcción total de nuevas viviendas y para la ampliación, refacción y terminación de viviendas preexistentes tiene por objeto el brindar a la economía un efecto dinamizador impulsando la propia actividad de la construcción y todas las ramas ligadas a ella. Es decir, implica que se ha efectuado el traslado de fondos financieros (aproximadamente 10.000 millones de pesos) hacia la economía real, con impacto en todas las regiones del país.

Por otro lado, la posibilidad de obtener un crédito hipotecario y la posibilidad de participar en el proceso de construcción de la propia casa es notable y cualitativamente diferente a las políticas habitacionales que implican, por ejemplo, la relocalización de las personas a viviendas prefabricadas, sin elección posible del sitio a donde se las traslada, ni participación ni elección de ningún tipo en la construcción de la vivienda en la que se ubica muchas veces a las familias, tratándolas como objetos y nunca como sujetos.

Si 44.000 familias que contaban con un terreno se encuentran en proceso de construcción y otras 34.000 familias pudieron obtener un terreno e iniciar la construcción de su vivienda, entonces no se están expresando números vacíos de contenido. Están llenos de historias, de derechos que empiezan a ejercerse, de nuevas ópticas en las políticas públicas que están pensadas y direccionadas hacia el verdadero objeto de su naturaleza, un destino social.

Así, por ejemplo, el supuesto de que la causa de la inflación está en los incrementos salariales otorgados a los trabajadores alimenta, dentro de la lógica de ese modelo, la generación de políticas de ajuste de los salarios para detener el incremento de los precios. Ante la confusión no casual que se presenta, la pregunta que debemos hacernos es quienes son los beneficiarios de los resultados de cada política económica, quienes acumulan con cada modelo y en qué plazos cabe evaluar los resultados. ¿Quiénes pierden cuando se reducen los salarios?

En nuestros países, la herencia tecnócrata que acompañó la administración del Estado en su período de contracción, se sustentó en ésta visión. El rol del técnico fue asociado a la racionalidad, a la toma imparcial de decisiones asumidas en base a información igualmente verdadera y objetiva. Puede decirse que se sustentaba en casi todo lo opuesto a lo que la naturaleza de la política implica. El técnico es el “apolítico” y ésta sigue siendo -ante la visión de muchos- su fortaleza.

El del economista tecnócrata fue uno de esos roles claves para la implementación de aquellas políticas funcionales al modelo de acumulación neoliberal. Cabe aquí recordar a sus exponentes en los “Chicago Boys”, como Domingo Cavallo o Roque Fernández. Hoy, paulatinamente crece en Argentina la posibilidad de contraponer socialmente esa figura idealizada del economista “técnico” con la del que admite los fundamentos políticos de su posición. Esta puja es válida y necesaria porque interpela incluso los mismos espacios académicos que, todavía hoy, imponen la lectura ortodoxa neoliberal de la realidad económica. Esto no sólo se observa entre economistas, sino también entre aquellos que apuestan a la carrera política.

Trasladándolo a nuestro marco político electoral, es llamativo escuchar a muchos candidatos expresar sus propuestas políticas y entender que no reflejan nunca los objetivos reales de cada una. El grado de generalidad y ambigüedad de sus discursos imposibilita traducirlos en políticas concretas. Dicho de otro modo: no se encuentran de acuerdo con la forma en que se lleva adelante el modelo. Por lo tanto, ante cada caso concreto: ¿cómo lo harían? Expuestos al debate, no expresan los impactos reales, no admiten que al cambiar el sentido de la política económica afectarían directamente los ingresos de los trabajadores, no expresan cómo manejarían la política interna con los sectores de poder local, ni cuál será la política para la región, o cuál para las relaciones con los organismos de financiamiento internacional.

Es claro que en algunos casos las fuerzas políticas que desean disputar las elecciones con vistas al 2015 no cuentan con tal propuesta y en otros tal propuesta no es confesable porque Argentina conoce bien las consecuencias de esas políticas neoliberales, muchas de las cuales siguen impactándonos al día de hoy. No es confesable que consideran necesario retornar al ajuste, a la valorización financiera y a la venta de los activos de la nación.

Hoy, los países centrales como Estados Unidos y Alemania exigen a las naciones en crisis de Europa que profundicen la implementación de políticas de recorte del gasto público. La recomendación efectuada por el FMI a España, con el fin de recortar los salarios en un 10%, es simplemente una muestra de que los modelos económicos que se llevan a cabo en el mundo apuntan a preservar intereses financieros sin importar el costo social que ello implique. Esas políticas van a profundizar el endeudamiento de países como España y Grecia y, por sobre todas las cosas, van a empeorar la situación social con graves costos humanos. España acumula un desempleo de 6,2 millones de personas y Grecia 1,3, tras aplicar el mismo modelo neoliberal que causó la crisis del 2001 en nuestro país.

En el mismo marco de crisis internacional, Argentina implementa su propia receta con políticas contracíclicas, abandonado el viejo modelo neoliberal. Si de validaciones se trata, este camino está siendo validado y en sentido amplio marca un camino alternativo que viene mostrando sus logros desde hace una década.

El ex funcionario sugirió que una alternativa para la política económica sería revertir la administración del mercado de cambios que se viene impulsando en el último tiempo. Evitó decir abiertamente lo que en definitiva promueve, que es otra gran devaluación a costa de los más humildes y de toda la estructura productiva industrial argentina. Lo que no admite, sin embargo, es que habilitar ese tipo de medidas sería retomar el proceso de vaciamiento y atentado contra el capital productivo efectuado, entre otros funcionarios, por él.

Según sus dichos, la situación actual es peor que la previa al Rodrigazo de 1975, y de mayor gravedad a la crisis del 2001, aun cuando se hayan tratado de dos momentos especialmente críticos de la historia nacional. Independientemente de la cantidad de condiciones históricas que pueden volver errónea una comparación simple, existen variables que nos permiten ver las enormes diferencias entre aquella situación y la actual. Y que vuelven más polémicas las declaraciones que buscan homologar aquellas circunstancias con el presente, altamente cuestionables no tanto por quienes hoy son el pasado, sino especialmente por aquellos que hoy tienen responsabilidad, cierta representación, y abiertamente buscan asociarlas.

En términos de variación del PBI, en 1975 había crecido un 0,6%, en 2001 se redujo en un 4,4% y en un 10,9% con respecto al período anterior. En el 2012 la variación fue del 1,9%, persistiendo en su crecimiento tal como lo ha hecho cada año ininterrumpidamente desde el 2003.

La balanza comercial, que en 1975 arrojaba un saldo deficitario (cercano a los mil millones de dólares corrientes), en 2001 fue igualmente deficitaria en 3780 millones, y en 2012 fue superavitaria en 12.182 millones de la misma divisa. Por muchos años desde el 2003, además, se tuvo superávit en la cuenta corriente, que en el pasado se buscaba conseguir sólo vía endeudamiento, como modo de obtención de divisas. En tanto el nivel del empleo, entre 2001 y 2012, ha logrado variación superior al 58%.

La variación del PBI y los resultados superavitarios de la balanza comercial dan cuenta de la salubridad que la economía argentina sostiene pese a la crisis internacional que afecta principalmente a los países de Europa. Aun así, los datos comparativos ni ningún indicador económico pueden dimensionar las gigantescas pérdidas que ha sufrido la sociedad argentina en términos de delitos contra los derechos humanos causados por el feroz sistema represivo de la última dictadura cívico-militar, de la que el Rodrigazo fue su preludio como una deliberada estrategia de disciplinamiento sobre los sectores populares y sus formas de representación.

Hoy es sabido lo que fuera develado por Rodolfo Walsh ya en 1977: que la  brusca transformación socioeconómica impuesta desde 1975 afectó en forma directa a la clase trabajadora. La represión sistemática fue el instrumento de control social del movimiento obrero, implementado para garantizar la continuidad del mencionado proceso de transformación económica.

Cavallo -funcionario civil de la dictadura- inició desde la presidencia del BCRA en 1982 la estatización de la deuda externa privada. Como ministro de Economía del gobierno menemista, impulsó el ingreso a la convertibilidad, que terminó de pulverizar el tejido productivo, desmanteló a la industria, y cuando ya no pudo continuar promoviendo el endeudamiento externo para sostener la apreciación cambiaria y la fuga de capitales, comenzó a vender activos públicos en nombre de la eficiencia de los administradores privados. En contraposición a ello, las políticas de planificación económica de la última década han detenido el flujo de endeudamiento y permitido una importante reestructuración de la deuda, impulsando un círculo virtuoso de aliento al consumo y dinamización del mercado interno, donde los vínculos comerciales y geopolíticos han sido reorientados a países emergentes que buscan evitar las fluctuaciones del capitalismo internacional.

Algunas variables exponen las consecuencias sociales y políticas plenas de la seguidilla de paquetes de ajuste, del recorte de las funciones del Estado, la privatización de sus empresas y de la destrucción de la estructura productiva durante la década del ’90. Sus consecuencias: niveles de pobreza por sobre el 52% de la población, casi cinco millones de argentinos en la indigencia, desempleados, hambreados, y asesinados por la represión de 2001 y 2002.

Con todo ello, voces que todavía expresan la defensa ideológica de los ajustes, las devaluaciones y la entrega de la planificación económica a los capitales concentrados y a organismos de financiamiento internacional continúan pujando por instalar sus políticas privatizadoras de derechos.