Cuando hablamos de cuidar el patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos referimos a trabajar para que el patrimonio intangible, es decir, los hábitos que hacen a la tradición porteña, sigan funcionando y no desaparezcan instituciones, teatros, espacios sociales y culturales donde los ciudadanos ejercen sus costumbres, tejen contenidos sociales e identitarios.

Hoy, ante la suba de las tarifas de los servicios, centros culturales y teatros independientes se encuentran en claro riesgo de dejar de funcionar o desaparecer. Muchos de estos espacios forman parte de lo que hoy se llaman industrias culturales (que expresan el sector más dinámico de la producción cultural). Son sectores que expresan creación y producción de bienes y servicios basados en contenidos intangibles o simbólicos.

Según las últimas estadísticas del Observatorio de Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2015), la participación de las industrias culturales en la creación de puestos de trabajo en la Ciudad se ha mantenido estable en los últimos tres años, en el orden del 9%, y el empleo total de las industrias culturales en 2014 fue de 142.213 puestos de trabajo.

Entre 2003 y 2014 la participación de las industrias culturales promedió 8,2% y alcanzó para los últimos tres años el 8,9%, participación que superó en 2014 a otras actividades de trabajo intensivas, como hotelería y restaurantes (5,6%), construcción (5,4%), intermediación financiera y otros servicios financieros (4,8%), servicios sociales y de salud (6,7%), y enseñanza (5,6%).

Por estas razones, apoyamos y acompañamos a más de 150 teatros independientes, centros culturales, clubes de música y milongas, que vienen realizando diferentes acciones en reclamo por la implementación de una tarifa diferenciada de servicios públicos debido al incremento de las tasas que pagan por la luz y el agua.

En una de las últimas sesiones de la Legislatura porteña, con el voto de todos los legisladores presentes, aprobamos una norma para que la Ciudad de Buenos Aires adhiera a la ley nacional n° 27098, que instituye el régimen de promoción de los clubes de barrio y de pueblo, destinado a fortalecer su papel comunitario y social con el objeto de generar inclusión social e integración colectiva. Así, se busca paliar el efecto que produjeron los últimos aumentos tarifarios de servicios públicos en estas asociaciones barriales, ya que el Gobierno nacional anunció que quienes adhieran a esa ley federal podrán tener acceso a tarifas sociales.

Pero debemos ir más allá y trabajar en la elaboración de leyes locales que ayuden a resolver los problemas económicos que afrontan centros culturales y teatros independientes. Por eso, pedimos compromiso de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que de inmediato logremos tener una norma con respuesta concreta a estos espacios, que generan más de dos mil espectáculos al año, puestos de empleo y están insertos en el emprendedurismo cultural.

En abril de este año enviamos notas a los ministros de Energía y Cultura de la Nación, Ing. Juan José Aranguren y Lic. Pablo Avelluto, respectivamente, para solicitarles que arbitren las medidas necesarias para generar un esquema de tarifas diferenciadas en los servicios públicos de gas y electricidad para teatros y centros culturales independientes. Al mismo tiempo, presentamos en la Legislatura porteña un proyecto de ley que propone otorgar a centros culturales, salas de cine, teatros independientes y centros de jubilados que realicen manifestaciones artísticas y sociales un subsidio mensual equivalente como mínimo al 50% del valor de las tarifas de los servicios de electricidad, gas natural y agua corriente que correspondan al uso de sus instalaciones. De esta manera, hasta que el Gobierno nacional implemente un cuadro tarifario diferencial, se contaría con un subsidio de carácter excepcional.

Creemos que la comprensión social, la asistencia y el esfuerzo financiero por parte de los distintos Estados, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del Estado nacional, son necesarios y urgentes ante la coyuntura.

Los espacios que generan cultura tiene un valor estratégico en el desarrollo de la ciudad, porque, a diferencia de otras industrias, además de su dimensión económica y social, tienen la particularidad, como ya dijimos, de expresar el capital simbólico de la sociedad, y esta es una fuerza transformadora muy importante. Muchas ciudades del mundo han puesto su eje en lo cultural, no es una idea descabellada.

Vamos a acompañar y generar acciones, proyectos y todos los pedidos pertinentes para que se visibilice la problemática producida por el aumento de las tarifas.

Buscamos una pronta solución consensuada por todos los sectores políticos. Creemos que las políticas públicas, tanto locales como nacionales, deben acompañar el crecimiento de las propuestas culturales independientes y autogestivas. Así se genera desarrollo y se protege el patrimonio simbólico de los ciudadanos y la nación.

En la era de la imagen y de la telepolítica, un debate televisivo con reglas, pautas y temáticas a exponer es un gran paso para que la ciudadanía pueda, de manera masiva y acorde con los tiempos que corren, conocer qué propone cada candidato y espacio político. Recordemos que en el último debate previo a las elecciones generales, el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, no participó de esa instancia.

Así, el debate entre Mauricio Macri y Daniel Scioli en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires genera gran expectativa, y esto es una buena noticia. El próximo paso, y espero no pecar de optimista, es normar los debates televisivos para que sean públicos y obligatorios por ley a nivel nacional y local.

En este sentido, como legislador porteño he presentado en el 2012, y nuevamente este año, un proyecto de ley para implementar el debate público, televisivo y obligatorio entre los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su principal objetivo es dar a conocer las propuestas políticas de los candidatos y sus plataformas electorales, de manera que los ciudadanos puedan valorarlas en un ámbito neutral, democrático y republicano.

Desde mi experiencia política en la ciudad de Buenos Aires, puedo afirmar que la sociedad porteña espera campañas electorales competitivas y propositivas. Esta situación nos lleva a encontrar nuevas formas de interactuar con la gente y generar procesos electorales incluyentes, transparentes y equitativos. Crear un marco normativo que regule la organización y la difusión de los debates tiene un rol importante en una república democrática.

El debate debe ser público, porque su carácter colectivo y su difusión desde medios públicos estatales son medulares a la hora de la organización de las discusiones que nos incumben a todos. Televisivo, porque se sustenta en el lugar central que la televisión tiene como medio de comunicación masivo y su importancia para el acceso a la información de la mayoría de la población. La obligatoriedad apunta a que no sean las estrategias coyunturales de los candidatos las que determinen cuándo los ciudadanos pueden ver un debate de sus futuros gobernantes y cuándo no.

En el derecho comparado, la práctica del debate televisivo no tiene una regulación jurídica específica. En Estados Unidos, España o México la práctica consuetudinaria del debate no requirió una regulación previa. No obstante, se dictaron posteriormente algunas normas y jurisprudencia en cuanto a controversias específicas, como, por ejemplo, cuándo es posible para las organizaciones no gubernamentales organizar debates o cómo participan los partidos minoritarios, por problemas de logística.

De ser aprobado nuestro proyecto de ley, Buenos Aires tomaría la delantera en materia de regulación de debates en medios de comunicación audiovisuales a nivel internacional.

La práctica de debatir con fundamentos e igualdad de posibilidades debe ocupar un lugar esencial en una república democrática. Este domingo veremos cómo dos candidatos presentan sus propuestas, diferencian políticas e ideas, con el plus de su carácter histórico, porque será la primera vez que tendremos un ballotage presidencial.

Asumo que el debate televisivo es una gran responsabilidad para nuestro sistema político, genera transparencia, eleva la discusión, produce más derechos y se compromete con la sociedad, y con uno de los artículos más importantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sostiene: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, asimismo, que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Desde hace unas semanas las declaraciones de los candidatos del Frente para la Victoria tienen un único objetivo: atacar a ECO y a las personas que lo conformamos y que nos presentamos como alternativa de gobierno. Esas declaraciones intentan crear una especie de oxímoron sobre la supuesta igualdad de las propuestas de Martín Lousteau y las de Horacio Rodríguez Larreta.

ECO, nuestras candidaturas y prioridades políticas representan una alternativa a los ocho años de gobierno del PRO y eso está poniendo nerviosos a los candidatos del FpV. Hoy más obsesionados en encontrar similitudes entre ECO y el PRO que en explicarle a los porteños qué proponen.

Su frustración es entendible porque en la Ciudad venimos diciéndoles que no desde hace años a sus propuestas y ecuaciones electorales.

En cambio, con ECO queremos gobernar y sabemos cómo hacerlo, tenemos otras prioridades, propuestas y nuevas ideas. Propiciamos el diálogo sincero con todos los sectores como política primordial para una ciudad tan compleja, heterogénea y diversa como Buenos Aires. Y lo más importante es que estamos convencidos y en condiciones de lograr una evolución para todas las personas que la habitamos, trabajamos, estudiamos, transitamos, padecemos y disfrutamos.

Sabemos que ahorrando los 3 millones de pesos por día que hoy el Gobierno de la Ciudad usa en publicidad oficial podríamos -por ejemplo- construir jardines maternales para niños y niñas de 45 días a 3 años de edad u otras prioridades.

Sabemos que generando políticas de Estado consistentes se mejoran áreas como educación, transporte público y tránsito, basura o espacio público.

El kirchnerismo se acuerda de los porteños y sus problemas en época de elecciones, nosotros venimos hace rato trabajando en la ciudad, la conocemos, la recorremos, la vivimos y la transitamos. Hace un poco más de 3 años que como legislador porteño pude comprobar ese juego de blancos y negros que tanto el PRO como el FpV quieren instalar como escenario para estas elecciones. Y también pude comprobar cómo llegaron a acuerdos para votar leyes que los benefician tanto a unos como a otros.

El PRO y el FpV votaron en conjunto la venta del Edificio del Plata -una operación de casi 80 millones de dólares- que financiará el proyecto de Centro Cívico a construirse en terrenos del Hospital Borda. El PRO apoyó al FpV al votar en conjunto la aprobación de dos proyectos para la rezonificación de cinco terrenos del ferrocarril en Pompeya, Parque Patricios, Palermo, Caballito y Liniers que serán destinados a “proyectos integrales de urbanización e inmobiliarios”, del plan PROCREAR, del Gobierno Nacional.

Como legislador porteño y candidato voy a ser opositor a todos los acuerdos políticos que perjudiquen a la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro compromiso es con los porteños, ese es el espíritu de nuestra propuesta y de la evolución que necesitamos.

Originalmente -cuando fue parte de los festejos por los 200 años de la Revolución de Mayo- iba a llamarse del Bicentenario, pero con el fallecimiento del ex presidente Kirchner en el 2012 -y en su memoria- fue rebautizado por la presidenta Kirchner. Esta modificación está explicitada en los fundamentos de la ley 26.794 que dice: “El Palacio de Correos es un edificio de valor histórico y patrimonial colmado de un alto contenido simbólico para la comunidad en general y para Néstor Kirchner en particular, ya que era hijo de un trabajador postal, quien en sus viajes desde Rio Gallegos a Buenos Aires solía visitar el edificio y recorrer sus instalaciones”.

Sin embargo, la normativa de muchas provincias y ciudades de nuestro país exige un mínimo de diez años de la muerte de alguna persona para asignar su nombre a un espacio público. Así también lo establece el artículo quinto de la Ley Nº 83 de la Ciudad de Buenos Aires.

Bautizar espacios públicos con el nombre de los gobernantes es una costumbre de muchos países. En el nuestro el primero en hacerlo fue el Virrey Santiago de Liniers que bajo su mandato le puso su nombre a una calle de la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo el gobierno del General Juan Domingo Perón, su nombre y el de Eva Perón recayeron en las provincias del Chaco y La Pampa, respectivamente.

Cuando gobernó Carlos Menem bautizó una calle, un barrio y un polideportivo de la Rioja con su nombre.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner, no se perdió la costumbre y se le puso su nombre a un barrio en San Juan, un gasoducto en El Calafate y una calle en Caleta Olivia.

De esta manera, calles, rutas, túneles, puentes, escuelas, clubes, hospitales y destacamentos policiales de todo el país fueron bautizados o rebautizados durante los últimos años del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner en recuerdo a Néstor Kirchner, alcanzando a lugares tan dispares como un centro genético, un consultorio odontológico, una oficina del ANSeS, e incluso el torneo de futbol de primera división que organiza la AFA.

El antropólogo argentino, Néstor García Canclini, en “Los usos sociales del patrimonio cultural”, dice: “El efectivo rescate del patrimonio incluye su apropiación colectiva y democrática, o sea: crear condiciones materiales y simbólicas para que todas las clases puedan compartirlo y encontrarlo significativo”.

En esta línea creo que la magnitud de la obra del Centro Cultural queda opacada con esta nominación y confirma una manera sesgada de hacer uso del patrimonio cultural. Lejos de proyectos inclusivos y generosos con todos los colores políticos esta iniciativa queda vinculada a una personalidad y su historia familiar, convirtiéndose solamente en un homenaje político.

Es una lástima que un proyecto valioso para la cultura que se desarrollará en uno de los mayores y más bellos (y de valor patrimonial arquitectónico) edificios históricos de la Ciudad, con una obra de tamaña envergadura, de altísima inversión y de gran valor para la exposición de actividades y producciones culturales de todas las artes nacionales, que promete, incluso, superar al Centro Pompidou de París, no sea desde su nombramiento un proyecto abierto, participativo y diverso, sino un homenaje que representará a un sector social,político y partidario y no al legado cultural y artístico de todo un país.

Estamos ante un fallo que estigmatiza a la víctima como viene sucediendo con los casos de femicidio donde los asesinatos de mujeres y niñas parecen convertirse en justificaciones de un “algo habrán hecho” contemporáneo. Si en esos casos, los horarios de salida, la vestimenta o  la juventud de las mujeres pretende justificar sus asesinatos (en una parábola reprobable desde todo punto de vista), en éste -plagado de prejuicios homofóbicos y sexistas- deja en la indefensión a un niño al que se le otorga el merecimiento del acto por su supuesta orientación sexual.

Considero a este fallo de un precedente judicial  gravísimo que no deja dudas para la apertura de un pedido de juicio político a los doctores Sal Llargués y Piombo, quienes argumentaron la supuesta homosexualidad del niño como un “torcimiento del desarrollo sexual del menor”, considerándolo un atenuante para modificar la calificación del delito cometido por el violador Mario Tolosa (que ya había sido condenado a seis años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Martín como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante). Así, de abuso sexual gravemente ultrajante (en los términos del art. 119 párrafos primero y segundo del Código Penal) pasó a abuso sexual simple.

Estos magistrados también descartaron el agravante del “aprovechamiento del estado de indefensión de la víctima” con el razonamiento de que Tolosa no sabía que el padre del menor estaba preso porque también lo había violado.

El juez Sal Llargués sustentó su voto afirmando que: “Es claro que la elección sexual del menor, a la luz de los nutridos testimonios de sus próximos, ya habría sido hecha, conforme a las referencias a la recurrencia en la oferta venal y al travestismo”, concepto al que adhirió el otro juez,  Piombo, quién ejerce la docencia como profesor titular de la Cátedra I de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de La Plata.

Creo que en fallos como este las víctimas vuelven a ser agredidas. Esta  vez, por jueces que cubren de vergüenza al sistema jurídico argentino e internacional.

Hoy el debate político pareciera oscilar entre monólogos ensayados y peleas de panelistas.

Los dos candidatos, Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti repitieron tantas veces las palabras gente, equipo, sueños y compromiso que pusieron en evidencia que son lo mismo. Aquí se sinceraron: no discutieron el liderazgo sobre otro gobierno mejor sino sobre quién se queda con este.

Sus discursos siguieron los tips y consejos de asesores de marketing político, así se tradujo en un debate edulcorado, falto de ideas y contrapuntos.

Entiendo que un debate televisivo no es una discusión de una ley, ni un intercambio teórico o académico, si bien pesa mucho la fuerza de la imagen, el sonido y la emoción, esto no quita intentar un debate intelectual, con contenidos vinculados a las preocupaciones de los porteños y a una clara agenda de prioridades y mirada estratégica sobre nuestra ciudad.

Como legislador de la Ciudad, creo que la creación  de leyes puede influir directamente sobre la realidad social, mejorarla y contribuir al afianzamiento del sistema republicano. Por eso he presentado en la Legislatura porteña una ley cuyo objetivo es implementar un debate público, televisivo y obligatorio entre los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los procesos eleccionarios han evolucionado substancialmente en los últimos años en nuestra ciudad. La sociedad porteña exige campañas electorales competitivas y propositivas de las cuales obtenga una multiplicidad de visiones sobre la realidad. Esta situación nos obliga a encontrar nuevas formas de interactuar con la sociedad y producir procesos electorales incluyentes, trasparentes y equitativos. Es fundamental crear un marco normativo que regule la organización y difusión de los debates que tan importante rol tienen en una república democrática.

Si los ciudadanos están obligados a votar, ¿por qué los políticos no están obligados a debatir?

Internacionalmente la práctica del debate televisivo se ha hecho tradición en países como España, Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Francia.  En EE.UU., España o México la práctica consuetudinaria del debate no requirió de regulación previa. No obstante, se produjeron a posteriori ciertas normas aisladas y jurisprudenciales en cuanto a controversias específicas como, por ejemplo, cuándo es posible para las organizaciones no gubernamentales organizar debates o la participación de partidos minoritarios en los mismos por problemas de logística.

Creo que es posible avanzar sobre esta iniciativa, sobre todo en tiempos que dirigentes de distintos espacios políticos han manifestado su apoyo a debates organizadas por instituciones de la sociedad civil (como Argentina Debate que organiza el Cippec). Si logramos aprobar este proyecto de Ley, la Ciudad de Buenos Aires tomaría la delantera en materia de regulación de debates en medios de comunicación audiovisuales a nivel internacional.

La movilización frente a la muerte aun no esclarecida de un fiscal argentino es, sin duda, un acto político, que no pertenece a ningún partido ni sector. No hay dueños de la marcha ni de la convocatoria, pero si hay un compromiso y búsqueda de verdad de millones de argentinos que vivimos uno de los sucesos más graves de las últimas décadas: la muerte del responsable de investigar el mayor atentado terrorista en nuestro país.

Desde el Gobierno, en su afán desmedido de mantener un relato imposible e incoherente a esta altura, intentan generar un intenso debate sobre la llamada Marcha del Silencio, critican la utilización política de la muerte del fiscal y esgrimen argumentos banales. Hablan de amor por la patria y de amor por el otro, cuando no pueden tolerar el más simple cuestionamiento acerca de la muerte de Nisman. Tampoco pueden tolerar la manifestación y movilización de argentinos que pretenden que la marcha del 18F sea un pedido de justicia y una manera de honrar al difunto. 

Somos muchos ciudadanos (jóvenes, adultos, familias, políticos identificados con un partido, militantes de distintas causas) que tenemos derecho y vocación por manifestarnos. Porque si somos más, tememos menos miedo. Y es justamente eso, el temor, el miedo, lo que confunde, lo que paraliza, lo que nos separa como sociedad y enfrenta.  El kirchnerismo se ha jactado de volver a poner en valor la discusión  política, que los jóvenes vuelvan a hacer política después de años de menemismo y desinterés de la mayoría de la sociedad en la militancia y la épica que puede generar un partido o movimiento político. Una lectura lúcida de la marcha del 18F es entender que hay un pueblo que resiste, que quiere saber, que quiere expresarse y luchar contra las mafias, la falta de justicia y el imperio de la impunidad.

Voy a participar de la marcha del 18F como ciudadano y como político. Tenemos que salir a defender nuestra libertad. Celebro que no seamos indiferentes frente a  los avasallamientos a la República. Hay muchas maneras de hacer política y hay muchas maneras de amar a la patria, respetar y defender la República, la Constitución y la libertad de todos los argentinos.

Ayer nos despertamos con la noticia, que despertó inmediatamente protestas y críticas en las redes sociales  sobre una resolución oficial que detalla cómo el ente recaudador de la Ciudad a partir de  noviembre aplicará un
impuesto a la contratación de servicios de internet, que afectará a las compañías Netflix, Spotify y Amazon, y a los juegos de Facebook, PlayStation y xBox. Lógicamente, esto será trasladado a los clientes, o sea, nosotros, los ciudadanos usuarios.

Hoy el uso de internet es extenso y necesario. No sólo genera insumos para trabajar sino también entretenimiento, y más en una ciudad como Buenos Aires, donde muchísimos ciudadanos hemos transformado a internet en un consumo cultural.

Los últimos registros del Banco Mundial (mayo de 2014)  indican que nuestro  país lidera la región en cantidad de usuarios de internet y telecomunicaciones. Los usuarios llegan al 55,8 por ciento de la población y un 47,5 por ciento de los hogares tienen internet, según el mismo informe. Por otro lado, datos del Indec ubican en 30,6 millones los usuarios de internet, de los cuales 12,6 millones son cuentas radicadas en hogares. En cuanto a usos, al menos 12,4 millones de los más de 30 millones de usuarios frecuentes de internet en la Argentina son además compradores de bienes y servicios online. Si bien estas son cifras nacionales, podemos hacer una proyección a la Ciudad de Buenos Aires y empezar a vislumbrar que estamos ante un importante número de usuarios.

Esto no se le escapa a Macri, que pareciera ser muy poco creativo en su vocación por recaudar. Y una vez más le toca el bolsillo a los porteños. El gobierno de la Ciudad está en una situación complicada en materia de recaudación, lo que Macri debería resolver sin aplicar un impuesto a empresas que luego, seguramente, trasladarán al precio de servicios que usan los porteños. Es evidente que  hay pocas ideas sobre cómo generar recursos genuinos. Así, nos encontramos frente a una carga tributaria más que afectará al consumo cultural, sobre todo a los jóvenes, por su extensivo uso de las redes sociales y nuevas tecnologías.

Además la situación se agrava debido a que este tipo de  impuesto propuesto por el Ejecutivo debió ser  aprobado por la Legislatura porteña, ya que en materia impositiva la Constitución establece que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para imponer impuestos ya que es una facultad del Poder Legislativo. Esta falta de respeto a la Constitución nos obliga como legisladores a una presentación judicial.

Los porteños ya sentimos la elevada presión tributaria con el impuesto a los Ingresos Brutos que necesita urgente una mayor segmentación de tasas y un debate en la Legislatura de Ciudad.

En definitiva, este tributo al consumo cultural online es parte de la misma política que el PRO tiene como eje de su accionar: impuestazo a los porteños.

Estoy convencido de que como legislador porteño tengo la posibilidad de trabajar para lograr simples cambios en el funcionamiento de los servicios públicos que pueden producir grandes mejoras en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y esto es una enorme oportunidad para todos, por eso desde el 2012 venimos haciendo campaña para extender el horario del subte. Acabamos de lanzar otro formato de nuestro proyecto histórico: la campaña 2.0 “Llegás antes”.

Hoy los porteños como individuos modernos de una gran ciudad, vivimos preocupados en controlar el reloj: el tiempo, en qué lo usamos, cómo lo exploramos y ocupamos determina nuestra existencia, nuestro bienestar y la posibilidad de vivir mejor. Citadinos alejados del medio natural y su reloj ligado a las estaciones y a los ciclos de la naturaleza, nuestro  tiempo y su uso adquiere otra magnitud para nosotros.  Creo que el  tiempo de los porteños es un dato valioso y concreto, que pretendemos proteger con este proyecto de ampliación horaria de uno de los principales medios de transporte de la Ciudad. Según el sociólogo Norbert Elias, el tiempo es un dato social, un concepto y un símbolo humano de un alto nivel de síntesis, es un instrumento especial de orientación humana en el devenir de la vida.  “En la actualidad se necesita el tiempo para orientarse en la ejecución  de una multitud variopinta de tareas”.

Por eso “llegar antes” es un gran progreso en la vida diaria, la extensión del horario del subte redundará en beneficio de trabajadores, estudiantes y pasajeros en general que, por sus obligaciones particulares, necesitan que se les garantice un medio de transporte público como es el subte en horarios más amplios que la estrecha franja actual. También significará menos alcohol al volante, menos accidentes de tránsito y más seguridad vial para todos.

Por otro lado, está claro que no hay razones técnicas ni sociales que fundamenten la situación actual que coloca a la Ciudad de Buenos Aires con uno de los servicios de Subte con el horario más reducido de Latinoamérica y el mundo.

Si bien con este proyecto no pretendemos un servicio de 24 horas como el de la Ciudad de Nueva York, porque las características técnicas de nuestro sistema imposibilitarían las tareas de revisión y mantenimiento de infraestructura del material rodante que se realizan en el horario sin servicio, contempla avanzar en una prestación del servicio similar a los horarios en los que funciona el Metro de Madrid (hasta las 2.00 AM), el Metro de San Pablo (hasta la 1.00 AM), el Metro de Londres (hasta las 00.30 PM), el Metro de Barcelona (hasta las 00.00 PM), o el Metro de Santiago de Chile (23.40 PM).

Con la ola privatizadora de los 90 y la concesión a manos del Grupo Roggio, a pedido de los empresarios, el horario fue restringido ya que se “necesitaba más tiempo para realizar las imprescindibles obras de modernización que solo eran posibles durante el horario nocturno”, excusa que continúa hasta nuestros días.

Entonces la ampliación del horario desde una dimensión social generará efectos positivos en los miles de trabajadores y estudiantes que utilizan el transporte público en dichos horarios,  desde una dimensión económica  estimulará el ámbito comercial nocturno  y desde una dimensión técnica  planifica un sistema de transporte ordenado para la Ciudad.

Extender el horario actual significa: “Más tiempo para trabajar, estudiar o disfrutar de la ciudad”, esa es nuestra propuesta, se puede realizar, no hay argumentos para demorar esta posibilidad. En definitiva creo que  es tiempo de hacerlo.

¿Cuánto de genuino y serio y cuánto de acción mediática hay en esta nueva guía de convivencia? Lo decimos hace tiempo, en la educación, tal como hoy está planteada, no faltan ni normas ni protocolos para enfrentar casos de violencia. Y al mismo tiempo, creemos que la violencia que vivimos es de carácter social e institucional y no específica del ámbito escolar. Lo que ocurre es más amplio y complejo, como bien se encargó el ministro Alberto Sileoni de señalar en la presentación del documento; por eso mismo crear un protocolo es estandarizar  la complejidad.  Hay que pensar en cómo trasladar la solución de la problemática a una política pública poderosa e integral, desde todos los ministerios nacionales.

Hoy atravesamos una profunda crisis de civilización y de sentido. Sabiendo que todo cambia: la economía, la ciencia y la tecnología, la estructura social y la familia, los modelos de distribución de la riqueza y la morfología de la sociedad, la cultura y la subjetividad, las instituciones y las prácticas políticas.

Estas transformaciones afectan lo que la escuela hace y produce. La experiencia escolar de docentes, alumnos y grupos familiares cambia de sentido, aunque las formas de las instituciones permanezcan o parezcan conservar su formato tradicional. Y esto porque las instituciones sociales no son solo objetos materiales sino que poseen un significado que deriva de su relación con otras o por oposición. Cuando las reglas y recursos de la escuela permanecen constantes, pero cambian la familia, la estructura, la cultura, el mercado de trabajo, la ciencia y la tecnología, se produce un cierto anacronismo entre el afuera y el adentro y en algo que ya no tiene el sentido que tenía en la momento fundacional de la escuela.

Por eso es necesario pensar e implementar en la escuela reglas inteligentes y creativas para enfrentar los cambios que vienen desde afuera. En las sociedades contemporáneas es cada vez más necesario mirar fuera de la escuela para entender lo que sucede en su interior.

En la Ciudad de Buenos Aires se ha intentado crear una ley anti-bullying, con la que corremos el riesgo de judicializar los hechos de violencia que ocurran dentro de la escuela. Creo que atacar el problema de la violencia es pensar en escuelas más justas que funcionan en sociedades injustas. No se trata solamente de protocolos, ni de una ley; eso no es prevenir, se trata de  recuperar la alianza escuela-familia como principio de la institución escolar, entendiendo el lugar que ocupa en las políticas de Estado, como garante de igualdad de oportunidades y construcción de ciudadanía.

Y voy más allá: qué importante sería que pensemos al sistema educativo no sólo como un reflejo de la sociedad, sino como un potencial para transformarla, recrearla y hacerla más democrática y solidaria e inserta en una verdadera República, sin violencia, con diálogo y democracia.