En Argentina, el tema es un poco más complejo. Tanto Menem, como Alfonsín, Duhalde y hasta Kirchner, se han mantenido en actividad. Todos volvieron a la política activa, incluso a ocupar cargos nacionales. Los dos primeros volvieron a ocupar cargos en el Senado y Kirchner murió siendo diputado nacional. Duhalde intentó ser presidente, pero con magros resultados.

Lo cierto es que los ex presidentes se convierten en un problema o bien “en algo que está ahí”. Sobre CFK es mucho lo que se podría especular. Al igual que su marido, Carlos Menem o Alfonsín, ella podría mantenerse en la política activa, incluso encabezar la oposición en caso que el Frente Para la Victoria pierda las elecciones de 2015. Son varios tres los escenarios que podrían abrirse en este sentido.

1)      Primer escenario: CFK no deja la política e inmediatamente ocupa otro cargo. Ella podría ser diputada por Santa Cruz o bien por la Provincia de Buenos Aires. Esta posibilidad, aunque poco probable, podría resultar interesante, ya que la magistrada mantendría sus fueros, pero también podría comandar la tropa kirchnerista desde la cámara baja, y desde ahí relanzarse para 2019. Dato no menor, es aquí el hecho de que ambos distritos podrían ir en la misma fecha que las elecciones generales. La figura de CFK en la lista, podría atraer votantes y lograr así retener un piso electoral muy interesante en un escenario fragmentado, pero también obtener un buen número de parlamentarios. Este efecto “arrastre” podría atraer a los intendentes, incluso los más díscolos. Lamentablemente no podrá ocupar una banca en el Senado, ya que deberá esperar hasta 2017 cuando esos distritos elijan senadores.

2)      Segundo escenario: dentro de la arena política, y de llevarse a cabo las elecciones generales de parlamentarios del Mercosur, CFK podría encabezar esa lista. De ser así, su nombre iría en la misma boleta que el candidato a presidente, y generaría un efecto “arrastre” que podría imprimirle un pasaje a la segunda vuelta al candidato oficialista. En el plano internacional, son varios los que sostienen que CFK podría ir a la Unasur, y ocupar un cargo central allí. Esto no la alejaría del plano político, y la mantendría en gran parte a resguardo del desgaste cotidiano. Aquí un factor exógeno podría complicar sus planes: Dilma Rousseff,  si perdiese las elecciones en Brasil, la actual mandataria también podría ocupar ese cargo, sobre todo, a partir de la relevancia que cobró Brasil a nivel regional e internacional en los últimos años.

3)      Una tercera opción, y que no ha sido descartada por la propia mandataria, sería retirarse a El Calafate y criar a su nieto Néstor Iván, cultivar su gusto por la lectura y el cine. La opción “criar los nietos”, no es muy utilizada en Argentina, ya que salvo De La Rúa, quien por cuestiones obvias no pudo regresar al plano político, ninguno de los anteriores eligió esta opción. Desde El Calafate, CFK podría comandar su tropa como si fuese una gélida “puerta de hierro”, reorganizarse de cara a 2019, e incluso esperar hasta 2017 para ocupar un cargo en el Senado. Pero “el llano” no es una característica de los líderes peronistas.

Lo cierto es que los ex-presidentes en Argentina se terminan convirtiendo en una difícil carga para sus sucesores como para sus partidarios. Deberíamos aquí, comenzar a pensar en generar una opción oficial que en primer lugar evite que los mismos vuelvan a aspirar a cargos electorales, ya que han ocupado la primera magistratura, siendo esta el mayor honor de la república, pero también, que haga uso de su capacidad y sus conocimientos. Así, como en Estados Unidos, generar una Biblioteca y Archivo Oficial o un Centro de Investigación, o incluso (y para aquellos que así lo deseen), crearles una cátedra honorífica en una Universidad Pública, donde que estos inviertan sus conocimientos y su tiempo en la formación de nuevos líderes, podría evitar que los ex-presidentes se conviertan en “algo que está ahí” o “algo patético” como decía John Adams.

Haciendo un análisis de los gabinetes de ministros, si se jugara un “Mundial” a partir de la conformación de los equipos de gobierno, la situación sería semejante. Países como Costa de Marfil, que tiene entre 35 y 40 miembros, según se incluyan determinados cargos con rango ministerial, o Brasil con 39 miembros, entre los que se incluyen Ministros, Secretarios de Presidencia y el jefe de la Casa Civil, ganarían el mundial. Muy por detrás quedaría Suiza con sólo ocho miembros, seguidos por España y Argelia con doce o Nigeria trece.

En el grupo de Argentina, la situación es bastante equitativa. Nigeria cuenta con trece carteras, Argentina con dieciséis, Irán y Bosnia con dieciocho carteras.  Dentro de la región, Brasil tendría más chance de ganar con sus 25 ministros y sus 39 miembros del Gabinete con rango ministerial. Seguido por Colombia con veintiún ministros, al igual que Chile. Ecuador representa un caso particular, cuenta con ocho ministros “coordinadores” y veintiún ministros. Los primeros se encuentran por arriba de los ministros comunes. Luego  y bastante más atrás, se encuentran Argentina y Colombia, con dieciséis y Uruguay con trece carteras.

Complejizar más este análisis, invita a pensar qué pasaría si se comparara el Índice de Desarrollo Humano que elabora la ONU. Aquí, los favoritos para ganar el Mundial tienen situaciones muy disímiles. Brasil se encuentra en el puesto 85, con un índice de 0,73. Por el contrario, Alemania se ubica en el puesto 15, con 0,920. El último campeón, España, figura en el puesto 23 con 0,885. Francia, figura en puesto 20 con 0,893. Otro de los posibles campeones, Inglaterra figura 27 con 0,875 y Holanda, que podríamos incluir entre los favoritos, figura cuarto con 0,921.

Paradójicamente, quienes figuran en los primeros puestos, Australia, número 2 con uno de los mejores índices de desarrollo humano, 0,938 y Estados Unidos con 0,937 o Japón en el puesto 10 con 0,912, tienen menos chances que países como Uruguay, puesto 51 con 0,792, o Argentina, en el puesto 45 con 0,811. Nuestro país es el que mejor se encuentra en la región, sólo superado por Chile, puesto 40 con 0,819, superando incluso a México, en el puesto 61, Colombia en el 91 y Ecuador en 89.  Aún, comparándonos con quienes integran nuestro grupo en el mundial, tendríamos mayores chances: Bosnia figura en el puesto 81, Irán en el 76 y Nigeria en el 153. Pasando a octavos de final, con cualquier resultado, solo Francia o Suiza en el puesto 9, nos superarían.

Este pequeño recorrido da cuenta de que los países con mejores índices de desarrollo humano ganarían ampliamente el “Mundial de Desarrollo” pero no tendrían chances de ganar el de futbol. Por el contrario, si se tomara los gabinetes de ministros para conformar selecciones, Brasil, Costa de Marfil y Ecuador serían amplios favoritos, sumándose aquí Rusia con 24 carteras. Muy por detrás, queda un pelotón con entre 15 y 20 ministerios entre los que se encuentran nuestro país, Inglaterra, Francia (16) y Alemania  (15), grupo que incluye a la mayoría de los favoritos de convertirse en campeones mundiales en las próximas semanas.

En definitiva, y aún antes de que empiece a rodar la pelota, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que Brasil es el campeón mundial de ministerios. En cambio, ni siquiera clasifica si tomamos el Índice de Desarrollo Humano (IDH). En el fútbol, veremos.

Así, desde Carlos “Chacho” Álvarez, que renunció a los diez meses de iniciado el gobierno de la Alianza, por el escándalo de “las coimas del senado” y sentenció la suerte del gobierno de De La Rúa, o la relación “tirante” entre Eduardo Duhalde y Carlos Menem, que solo estuvo dos años en el cargo, y que luego le dio el visto bueno para que fuese candidato a Gobernador de Buenos Aires en 1991 para tenerlo lejos, o Raúl Alfonsín que tuvo una convivencia tensa con Víctor Martínez, quien en varias oportunidades fue acusado de conspirar contra el Presidente. Todo quedó en “sospechas”, pero Martínez fue “obligado” a renunciar, cuando Alfonsín decidió resignar su mandato en el Congreso, para que asumiese Carlos Menem. Si bien Daniel Scioli y Néstor Kirchner, tuvieron una convivencia pacífica, al primero se lo tenía relegado a cuestiones protocolares y las tareas propias dentro del Senado. El punto máximo de esta historia de desencuentros fue el distanciamiento de Cobos y CFK, luego del voto “no positivo” del radical, que terminó con la relación entre ambos que solo se cruzaban en la apertura de sesiones legislativas.

La historia muestra que esto no siempre fue así. Hay casos como el de Carlos Pellegrini que asumió la presidencia, luego de la renuncia de Juárez Celman por la Revolución del Parque, y completó el mandato constitucional, o José Evaristo Uriburu, quien sucedió a Luis Sáenz Peña, fallecido en el cargo. José Figueroa Alcorta asumió la presidencia ante la enfermedad del Presidente Manuel Quintana, quien falleció meses después, y Victorino De La Plaza, que asumió luego de la licencia de Roque Sáenz Peña, o Ramón Castillo, quien completó el mandato de Roberto Ortiz, quien también abandonó el cargo por razones médicas.

En todos los casos, el Vicepresidente “asume” la función del presidente, de acuerdo a lo que marca artículo 88 de la Constitución: “En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vicepresidente de la Nación”. Pero las funciones propias del vice son difusas. Solo el artículo 57 le asigna la función de presidir la Cámara de Senadores y de tener voto en caso de empate, como sucedió en el caso de Cobos. Luego, el vice vegeta entre las funciones que le delega el presidente, la representación de este en el exterior cuando no puede viajar, y funciones protocolares.

Lo cierto es que en otros países, el vice puede ser un colaborador activo del presidente y contar con funciones propias que le permiten colaborar en la gestión y convertirse en un aliado y una ayuda para éste. Nuestro sistema no lo entiende así, y el vicepresidente se convierte en una figura de resguardo en caso de incapacidad, muerte o enfermedad del presidente.

Para terminar de completar el cuadro de situación, la ley que regula las PASO, requiere que sean elegidas fórmulas completas, es decir compuestas de un candidato a presidente y otro a vicepresidente. Sin embargo, varios proyectos apuntan a reformar esto y que sólo se elija al presidente. La fórmula puede constituirse luego, con el segundo candidato más votado, o bien por un acuerdo posterior. Cualquiera de las dos alternativas da opciones a los frentes de negociar, evita la confrontación y aumenta la competitividad de la fórmula. Algo semejante ocurre en Estados Unidos, donde las primarias son entre candidatos a presidente, quien luego elige su vice, ya sea por un acuerdo partidario, o por otro candidato a presidente.  Uruguay, pese a su carácter unitario y no federal, tiene una tradición donde quien queda segundo en las elecciones primarias, acompaña al ganador. Así ocurrió con Danilo Astori, que quedó por detrás de José “Pepe” Mujica en las internas de 2009, fue luego su compañero de fórmula y hoy es su actual vicepresidente. Lo mismo sucedió entre Larrañaga y Lacalle del Partido Nacional en 2009 y  Jorge Batlle del Partido Colorado, que eligió a Luis Hierro López, a quien derrotó en las internas de 1999, siendo su único contendiente dentro del partido, para que sea su vicepresidente entre 2000 y 2005.

Pensar en una posibilidad semejante, es también darle un nuevo rol al vicepresidente, pudiéndose asignarle funciones específicas, que alivien al presidente en la tarea diaria de gobernar, pero sobre todo, que doten de mayor institucionalidad al gobierno. Cabe resaltar que según nuestra constitución, el Poder Ejecutivo es unipersonal, ejercido solo por el Presidente, lo cual da un rol central al presidente relegando al vicepresidente a su rol en Senado. Abrir el debate para que en las PASO se elija solo el presidente, y que luego cada frente electoral elija al vicepresidente, ya sea por un acuerdo interno o bien a quien obtuvo la segunda pluralidad de sufragios, es pensar un nuevo rol para el vicepresidente. De esta forma se le otorga mayor representatividad a este último y evita ser una figura “acompañante” o “decorativa” en la fórmula, pero permite comenzar a pensar en atenuar nuestro sistema (hiper)presidencialista, y sobre todo, dotar de mayor institucionalidad al Poder Ejecutivo, incluso en su relación con el Congreso Nacional.

La discusión es amplia y debe darse en todos los ámbitos. Se trata de pensar si queremos un presidente fuerte o un Poder Ejecutivo fuerte. Si el vicepresidente sigue siendo como decía Sarmiento (en relación a su vice, Adolfo Alsina) a quien “toca la campanilla” en el Senado, o bien si queremos un vicepresidente activo, que aporte a la gestión y permita pensar en gobiernos más amplios, plurales y de coalición con bases sólidas.

Argentina mantuvo durante muchos años (desde 1940 hasta bien entrados los 90) una estructura modesta, que según el estudio liminar de Waldino Suarez (1985), no superó los ocho ministerios. Esta estructura se mantuvo casi igual durante los primeros años de la democracia y hasta el año 2000, donde se amplió a diez carteras. En 1994 se incluyó en la reforma de la Constitución la Jefatura de Gabinete, por lo tanto en 20 años de gobiernos democráticos, la estructura del gabinete no sufrió grandes cambios, más allá de las denominaciones de los ministerios.

En 2001, se sumaron algunas carteras como Turismo, Deporte y Cultura y Seguridad Social, que aumentaron a trece el número de ministros. En 2002, Eduardo Duhalde, volvió a once ministerios, con la inclusión del Producción dentro del gabinete. Los cambios siempre respondían a visiones políticas de los mandatarios y también a cuestiones coyunturales.

Durante el mandato de Néstor Kirchner y hasta 2007 la estructura no sufrió cambios, pero al asumir CFK se creó un nuevo ministerio, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Se comenzó aquí un proceso muy particular en donde la Presidente crea un ministerio siempre que la situación lo amerita o lo cree conveniente. En 2008, en plena crisis con el campo, se creó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Lo mismo ocurrió en 2010, cuando a partir de una problemática que se repite, se decidió separar Justicia y Seguridad y este último pasó a ser Ministerio, bajo las órdenes de Nilda Garre.

A fines de 2008, CFK creó el Ministerio de Industria, que en gran parte retornaba la idea del Ministerio de Producción de Duhalde, que fue absorbido por Economía al asumir Roberto Lavagna el cargo. El nuevo ministerio, a cargo de Débora Giorgi, parece ser una potestad del peronismo, siendo Perón quien lo creó en 1949 por primera vez.

Pero la seguidilla de designaciones no se termina ahí. En 2010 se creó el ministerio de Turismo, que se mantiene hasta hoy. A esto se le suma, el Ministerio de Cultura, a cargo de la cantante Teresa Parodi, creado en los últimos días.

En la mayoría de los casos, y desatendiendo los principios republicanos y democráticos, la presidente decidió estos cambios vía decreto, modificando la Ley de Ministerios y ahorrando el engorroso trámite de enviar al Congreso una nueva ley.

La actual estructura ministerial es en total de dieciséis ministerios, exactamente del doble de lo que Waldino Suarez describe durante su análisis entre 1940 y 1980, que se mantuvo durante los dos primeros gobiernos democráticos y casi un 50% más que durante el período 2000-2003.

Variación de la cantidad de Ministerios desde 1983 hasta la actualidad (elaboración propia)

Si comparamos con los países limítrofes, Argentina tiene apenas más ministerios que Uruguay, que cuenta con trece carteras y queda por detrás de Chile con veintiuno o Brasil con veinticinco ministerios.

La estructura ministerial de Argentina se mantuvo durante los primeros gobiernos democráticos y se transforma en una estructura de carácter semi-rígida en tanto su conformación se ha mantenido relativamente estable desde la recuperación democrática. La parte de “estructura rígida” está compuesta por: Interior, Educación, Salud, Economía, Defensa, Relaciones Internacionales y Culto, Justicia y

Trabajo, que con cambios en denominaciones o traspaso de áreas, se mantuvo sin cambios desde 1983. Pero el carácter semi-rígido de la estructura ministerial, también se conjugó con diferentes mutaciones que a los largo de los últimos 30 años han producido cambios en la misma. Estos cambios, aunque no modifican de manera drástica el gabinete, ya que esta estructura semi-rígida y como plantea María Eugenio Coutinho (2007), permite cierta flexibilidad del gabinete y, sobre todo, dinamismo ante los cambios y coyunturas. El gabinete argentino, no sólo permitió esto, sino que fue permeable a los estilos y estrategias de los presidentes de turno. Así, y particularmente desde 2003, se han producido grandes cambios, con creación de nuevas áreas con carácter de Ministerio.

A nivel regional, en casi todos los países, hay un Ministerio de Cultura, o semejante. No es menos cierto, su importancia y relevancia en materia de los procesos de inclusión y desarrollo social, como así también de diversidad y tolerancia de las diferentes culturas, más aún si pensamos en la necesidad de afianzar procesos que permitan construir nuevas subjetividades y reforzar la idea de ciudadanía.

Pero, no es menor el detalle, de que a este gobierno le quedan poco más de 500 días, y que no tiene posibilidad de reelección, por lo cual es poco, o nada, lo que un nuevo Ministerio puede aportar, más en materia de cultura donde los procesos son más complejos y por tanto, más extensos.

Así, como en el mundo del naturismo, Jean-Baptiste Lamarck inmortalizó la frase “la función crea al órgano”, desde la política podríamos agregar, que el órgano no crea a la función.

En abril de 1986, desde Viedma, Raúl Alfonsín lanzó la idea de fundar la segunda república y trasladar la capital a esa ciudad, “hacia al Sur, hacia al mar, hacia al frío”. El objetivo era descentralizar la Ciudad de Buenos Aires, evitando que se conjugue el poder económico y poder político en una misma metrópolis, y fortalecer el federalismo. El proyecto incluía la provincialización de la Ciudad de Buenos Aires, según la idea de Alfonsín en una provincia del Río de la Plata, junto con los municipios bonaerenses circundantes. Asimismo, se establecía el traslado de la capital al ejido Viedma (Río Negro) – Carmen de Patagones (Buenos Aires) – Guardia Mitre (Río Negro). Funcionando los primeros dos como base de la administración pública nacional y los poderes del Estado, y el último como villa urbana para que vivan los funcionarios y empleados públicos.

La semana pasada el debate volvió a la luz con el extraño anuncio de Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, de su idea de trasladar la capital, no al sur, sino al norte argentino. Domínguez declaró que hay que repensar el país y que en ello debe incluirse una visión estratégica, mirando no hacia el Atlántico, sino hacía el Pacífico, hacia China y el mundo árabe. Tres escenarios posibles se abren ante este proyecto:

1)     Traslado de la capital al Norte. De prosperar este proyecto, se deroga la ley 23.512, que establece el traslado de la capital a Viedma, aún en vigencia, se sanciona una nueva ley que fije el lugar definitivo del traslado y se propone una reforma constitucional que fije la nueva capital, que incluya a Buenos Aires, no como ciudad autónoma, sino como provincia, y que cree un nuevo territorio federal. Para eso debe fijarse a donde mudar la capital, según Domínguez al “gran norte”. Esto podría ser Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca o La Rioja, si se extiende el concepto de “norte” y se da lugar a la idea de crecer hacia el Pacífico. A excepción de Santiago del Estero y Tucumán, las restantes son lindantes con Chile y ofrecen una salida al Pacífico. El proyecto de Domínguez no contempla que Salta y Tucumán se encuentran entre las 10 provincias más pobladas de Argentina y que el norte es de las zonas más pobladas del país, a diferencia de La Pampa y la Patagonia. Esto generaría aún mayor concentración de población en el norte y centro y generaría los mismos inconvenientes que posee hoy la Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense.

2)     Traslado de la capital hacia otra provincia. De resolverse el traslado de la Capital, algo que sin lugar a dudas daría una nueva visión del federalismo y que separe el puerto y la actividad financiera y económica del centro político, se establece un punto medio del país. Como Brasilia, que es un punto equidistante de los distintos extremos del país, trasladar la capital al norte equivaldría a dejar aislado al Sur del país, con distancias superiores a las actuales hacia la capital. Un punto medio podría ser alguna provincia del centro, como La Pampa, San Luis o Mendoza. Esta última, si bien linda con Chile, es la quinta provincia más poblada de nuestro país y podría traer los mismos inconvenientes que ya se nombraron. Las otras dos podrían ser posibles soluciones. La Pampa tiene límites con varios municipios de la provincia de Buenos Aires, lo cual podría generar un conglomerado urbano que sirva de asiento a la administración pública y a las viviendas particulares. Aquí, el problema subyace en la idea de Domínguez de poner en producción nuevas zonas del país, algo viable en el norte. Las provincias del centro son mayormente agroproductoras, y además cuentan con cierto desarrollo industrial. El viejo proyecto de Viedma sería aquí una opción, ya que permite poner en producción miles de hectáreas que actualmente no se encuentran productivas.

3)     Reforma de la Constitución y no traslado de la capital. El último escenario es quizás el más político. Se resuelve y acuerda el traslado de la capital. Se acuerda para ello una ley y la reforma constitucional. La sola reforma de la constitución habilitaría por medio de un fallo judicial un tercer mandato constitucional de la actual mandataria, ya que al jurar con la nueva Constitución, se le permitiría una nueva reelección. Esto dotaría de un poder revitalizado a la Jefa de Estado, y sobre todo, resolvería la interna del gobierno. Con sólo lograr esto, la mandataría se vería habilitada a poder ser eventual candidata y mantener una cuota de poder importante para los próximos dos años. El traslado de la capital será un proyecto que podrá comenzar a trabajarse, pero que será ejecutado por el nuevo gobierno dado los tiempos necesarios para acondicionar una nueva ciudad para recibir a los poderes públicos y a la administración pública federal. Esto podría ser el eje de la campaña del gobierno, con el objetivo de mantenerse en el cargo cuatro años más.

Para finalizar, dos temas no son incluidos en estos escenarios, pero deben ser pensados. El primero, es ¿qué pasará con la Ciudad de Buenos Aires? Su posible provincialización podría ser la opción para conformar un nuevo estado subnacional, incluyendo como en el plan de Alfonsín a los municipios lindantes. Esto permitirá repensar el conurbano y será una posible solución a los problemas sociales y económicos de esa zona. Por otro lado, deben pensarse los costos. Tal como sucedió en 1986 cuando Cafiero hizo críticas al proyecto de Alfonsín por la situación económica, pensar ahora en el traslado podría ser un impulso a la obra pública y con ello a toda la actividad económica. Lo cierto es que en el actual contexto de caída de las reservas y de un crecimiento del déficit fiscal, un proyecto de semejante envergadura necesitaría de una cantidad de recursos económicos que el Estado por sí solo no podría costear.

El traslado de la capital, como proyecto de reforzar el federalismo, descentralizar el país y repensar geopolíticamente el desarrollo nacional, es sin ningún lugar a dudas un debate no saldado. Lo cierto es que como sucedió en 1986, se requiere de una firme decisión política, pero, sobre todo, de un consenso político y económico amplio y extendido, algo que para el actual gobierno no sería fácil de lograr.

En esta línea, la reunión celebrada en Rosario el pasado 30 de diciembre en la que participaron el presidente de la UCR, el Partido Socialista, la Coalición Cívica, el GEN, Libres del Sur y el Frente Cívico es una muestra de esta intención compartida de consolidar una alianza de cara a las elecciones generales de 2015 que se transforme en una opción de poder por fuera del peronismo. Ese es, quizás, el punto central y nodal de la convergencia política de sectores tan disímiles: consolidar una alianza política sin el peronismo. Replicar el Acuerdo Cívico y Social salvando errores del pasado, y mejorar y ampliar el FAP parece el camino a seguir. La experiencia de UNEN y otras alianzas provinciales, como la de Santa Fe -donde socialistas y radicales componen un espacio común-, son espejos a mirarse y parecen ser estrategias exitosas que permiten pensar en un gobierno de coalición a partir de diciembre de 2015.

Pero volviendo al principio, el radicalismo, el partido más grande y con el mayor alcance territorial de este nuevo frente, parece comprender la necesidad de generar alianzas duraderas que le permitan construir una alternativa política y de poder para los próximos años, pero sobre todo, que le permita recuperar el protagonismo de otras épocas.

Por otro lado, no sorprende esta reunión entre los distintos partidos, lo cierto es que algunas actitudes sí permiten pensar que este sector comienza a madurar su armado y a consolidarse como un frente. En un artículo anterior, hice referencia a algunos puntos importantes que deberían darse para lograr que el armado de UNEN pueda replicarse a nivel nacional. Si bien, parecería que los partidos reunidos en Rosario no quieren sumar a ningún sector filo-peronista al frente, lo cierto es que restaría saber que ocurrirá con Proyecto Sur de Pino, si finalmente opta por continuar la línea emprendida en Capital Federal o si prefiere no sumarse a un armado semejante.

Entre otros puntos, para construir un frente nacional semejante a UNEN, es menester construir una agenda común, algo que parece estar sucediendo en tanto la “Declaración de Rosario” deja en claro el compromiso de las fuerzas políticas de trabajar sobre temas comunes: la inflación, la inseguridad, la política cambiaria y la crisis energética son los temas que monopolizarán la agenda de aquí a 2015, y la Declaración de Rosario hace referencia a ellos. Este gesto invita a reflexionar si los partidos reunidos en la ciudad santafesina se preparan para construir equipos de trabajo que brinden posibles soluciones y planes de acción para llevar a cabo desde el Congreso, pero sobre todo, ante la posibilidad de llegar al gobierno en 2015. Uno de los escollos será lograr aunar criterios en materia económica en la diversidad de pareceres y posicionamientos de los distintos sectores internos.

Pensar en la Declaración de Rosario como el punto fundacional para una alternativa progresista y socialdemócrata que busque el gobierno en 2015 invita a recapacitar sobre dos puntos: en primer lugar la idea de que el FAP ya no es una alternativa por sí sola, sino que deberá integrarse a un armado superior. En la Declaración, queda claro que la reunión es entre la UCR, la Coalición Cívica y los partidos que integran el FAP. De esta forma el FAP, consolidado como un frente, busca integrar una concertación más amplia. Por otro lado, los principales dirigentes de los partidos políticos intervinientes, como así también los que componen UNEN, parecen encaminarse a evitar el personalismo y buscar consensos que permitan la concreción de este acuerdo. Elisa Carrió deslizó la posibilidad de ir por la Capital Federal, lo cual dejaría en suspenso su candidatura presidencial; no obstante ello, debería igualmente medirse en las PASO locales con Martín Lousteau, Roy Cortina y algún otro candidato. Ricardo Alfonsín desistió de la presidencial meses atrás. Estos gestos políticos dan cuenta de la necesidad de lograr acuerdos, pero sobre todo de evitar enfrentamientos internos y buscar las figuras más competitivas a nivel subnacional.

El 2014 será el año de la consolidación de este frente, y sobre todo, donde su capacidad de aunar criterios y estrategias se pondrá a prueba. El Congreso y las legislaturas provincias serán el escenario para poder observar si los partidos reunidos en Rosario están a altura de las circunstancias, pero más aún si se puede construir una opción ganadora sin el peronismo y revertir así el viejo estigma de que a este país sólo lo puede gobernar el peronismo.

1. “Salida a la chilena”: Perder para ganar. En Chile, al finalizar su mandato, Michelle Bachelet aceptó la candidatura de Eduardo Frei dentro de la coalición gobernante, aun a sabiendas de que las posibilidades de derrotar al empresario opositor Sebastián Piñera eran escasas. Bachelet jugaba así una doble estrategia: aceptar la candidatura de su coalición, respetando la alternancia entre partidos dentro de ella, pero asegurándose la posibilidad de volver cinco años después. La estrategia funcionó, Bachelet se fue del cargo en 2009 con un alta imagen positiva y logró volver al cargo, derrotando a la candidata oficialista días atrás. CFK podría seguir esta estrategia, elegir un candidato propio que no logre ganar las elecciones y elegir un adversario no peronista que no pueda acumular sobre la base electoral que hoy contiene el oficialismo y le den la posibilidad de volver al cargo en 2019. La estrategia sólo será efectiva si gana un candidato por fuera del peronismo, Macri, Binner, Cobos o Sanz, ya que de triunfar un candidato como Massa o De la Sota, el peronismo y el kirchnerismo podrían reacomodarse bajo un prefijo distinto pero con el mismo “ismo”.

2. “Salida a la brasileña”: Delfín leal. Cristina podría imitar la situación brasileña, donde Lula al retirarse con una alta imagen positiva logró imponer a una candidata propia, casi desconocida, que sea leal al ex presidente y que logre, sobre todo, ganar las elecciones. Para repetir este escenario se debería dar una recuperación de la imagen presidencial, que actualmente se encuentra por debajo de los 30 puntos. Esto no sería difícil, ya que CFK ha revertido en varias oportunidades bajos niveles de imagen positiva, logrando superar la barrera del 50% en diferentes períodos. Por tanto, durante 2014 CFK deberá trabajar en mejorar su imagen, a partir de atender las principales demandas sociales y construir un candidato afín y moderado que logre triunfar en 2015.

3. “Salida a la colombiana”: Delfín desleal. Como en Brasil, Álvaro Uribe en Colombia prefirió elegir a su sucesor dentro de sus propias filas y asegurar un triunfo. Este triunfo aseguraba el gobierno para el partido gobernante y la continuidad de algunas políticas, pero también derivó en un enfrentamiento entre el presidente saliente y el nuevo mandatario, Juan Manuel Santos. Si bien ambos pertenecen al mismo sector político, la lucha contra la guerrilla y el proceso de paz, la recriminación por distintas medidas y las diferencias de estilo han llevado a un distanciamiento y enfrentamiento mediático entre ambos. Esto podría darse en Argentina si CFK, para asegurar un triunfo que logre evitar una sangría judicial contra sus funcionarios, elije un candidato propio que termine no siendo leal, como ser el caso de algún gobernador alineado con el gobierno, pero al mismo tiempo crítico de éste.

4. “The American way”: PASO para todos. Las PASO, podrían ofrecer una salida democrática e institucional al problema de la sucesión. Como en EEUU, donde los dos grandes partidos se someten a un proceso de primarias en donde surgen los candidatos que disputan luego la general, las PASO podrían replicar esta idea. En 2015 y de darse los acuerdos que comenzaron a delinearse en 2013, pero también de suceder que el peronismo entero -con Massa, Scioli, el kirchnerismo y el PJ disidente- acepte dirimir sus internas en las PASO, podrá suceder que dos grandes coaliciones (el PJ y aliados y el arco progresista y socialdemócrata) elijan sus candidatos para las presidenciales a partir de este sistema. Esta posibilidad, por demás complicada, significaría el triunfo de la reforma política, y permitiría volver a un sistema de partidos aglutinados en dos grandes coaliciones.  El nuevo presidente será uno de los dos candidatos que triunfen en las PASO, siendo el principal derrotado el PRO y su incapacidad de sumarse a una coalición más amplia.

5. “Salida a la Argentina”: Avant la lettre. La última opción a la sucesión presidencial es la posibilidad de crisis y colapso del gobierno actual. En esta línea, un agravamiento de la salud de la presidente podría llevarla a un alejamiento del poder. Ante esta hipótesis, se podría dar una situación de crisis en el corazón del gobierno, donde recrudezcan las internas y derive en la situación de vacío de poder, recayendo éste en el jefe de Gabinete, en detrimento del vicepresidente. Esta opción, aunque improbable, podría desembocar en elecciones anticipadas si las corrientes internas que componen el kirchnerismo no logran ponerse de acuerdo en cómo manejar la transición.

En definitiva, la carrera por el 2015 ya está lanzada y los principales competidores ya largaron. Sólo resta recolectar los datos para poder teorizar y simplificar los escenarios. Mientras tanto, la moneda está en el aire y girando.

La discusión del Código Civil parece, por el contrario, encaminarse hacia el rumbo opuesto de lo antes dicho. Las presiones de la Iglesia han sido tenidas en cuenta y se incluyeron cambios que podrían dar señales contrarias a la laicidad del Estado. En ese sentido, quizá una de los más llamativas sea el art. 146, que mantiene a la Iglesia Católica como “Persona Jurídica Pública”, es decir, queda homologada al Estado Nacional, las provincias y los estados extranjeros, y que, según el artículo 148, estaría por encima del resto de los otros credos reconocidos legalmente, que serían “Personas Jurídicas Privadas”.

Sin embargo, esta cuestión pareciera un detalle menor en relación a la redacción del artículo 19, sobre el cual el año pasado el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy papa Francisco, había reclamado. Este artículo originalmente preveía que la existencia humana “comienza con la concepción”. En el texto, además, se explicaba que “en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, (la existencia) comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado”. Hasta acá, la obra estaba en consonancia con lo planteado por la Ley de Fertilización Asistida y abría la puerta a nueva legislación, casi de avanzada a nivel internacional. Asimismo se habían eliminado las restricciones, por acuerdo de los bloques, de que la vida se consideraba desde la concepción “en el seno materno”. Esto contaba con el aval de la Corte, de donde partió el primer borrador original del proyecto, con la firma del presidente del cuerpo Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y la participación de la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. Pero las presiones de la Iglesia parecen ser más fuertes que el principio de laicidad del Estado argentino.

El nuevo texto quedará redactado de tal forma que la persona humana comienza desde la concepción, eliminándose la condición de que sea dentro del seno materno. Asimismo se dispuso que la protección del embrión no implantado sea motivo de una ley especial, se eliminó el alquiler de vientre, que se contemplaba bajo condición de gratuidad, y la filiación post mórtem.

Los cambios, que fueron criticados desde la oposición por considerarlos un retroceso en materia legislativa, ya que se le otorga el carácter de persona al óvulo fecundado, lo cual complica y contraría el proceso de fertilización asistida y atenta contra los derechos establecidos en la Ley de Matrimonio Igualitario, vulneran la autonomía del Estado en materia de religión, dándole lugar y participación a la Iglesia en temas sensibles, excluyendo a grandes sectores políticos y sociales.

Estas modificaciones, a favor de los planteos de la Iglesia, deben entenderse ante la necesidad del gobierno de lograr quórum en el recinto que le permita la aprobación del nuevo código, llevando una victoria al gobierno. Entre quienes propugnaban estos cambios se encontraban sectores del peronismo disidente, encabezados por la senadora Liliana Negre de Alonso, ferviente defensora de la Iglesia Católica. Negre de Alonso, quien denunció que la Ley de Matrimonio Igualitario iba a servir para generar un mercado negro de semen, óvulos y vientres, y fue tildada de “nazi” por Pichetto en el cierre de esa discusión, parece ahora tener su revancha. De esta forma, el bloque oficialista interpuso estos cambios, consiguiendo el apoyo de sectores católicos del arco opositor, entre ellos la senadora Negre de Alonso.

El problema no es ya sólo político, sino que también debe enmarcarse en torno a la discusión de qué tipo de Estado queremos y vamos a construir para los próximos años y las próximas generaciones. Los avances en materia legislativa apuntando a la llamada “ampliación de derechos” parecen estar sujetos ahora los intereses de un sector de la sociedad, encolumnados detrás de la Iglesia Católica. La misma Iglesia que se opuso a las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, y que denostó a Alfonsín por la Ley de Divorcio Vincular y la patria potestad compartida.

La discusión debe centrarse en un Estado laico, que asegure los beneficios de la libertad y de la democracia, con igualdad de oportunidades, pero también igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, por encima de sus preferencias políticas, religiosas o sociales. Avanzar en materia de igualdad, pero retroceder en materia de derechos civiles, nos encamina hacia un Estado bipolar, que da mayor libertad a las personas, igualándolas ante la ley, pero que luego restringe y retrocede en materia de derechos a pedido de la Iglesia. Difícilmente podamos discutir un Estado laico cuando priman intereses políticos que dan concesiones a la Iglesia por sobre los ciudadanos para lograr la aprobación de una ley y lograr el éxito del gobierno. El Estado, laico y pluralista es la base de una sociedad más justa, igualitaria y equitativa en donde los valores de la democracia, en la que todos hoy preferimos vivir estén resguardados bajo el principio de igualdad ante la ley. Será Justicia/Amén.

Pero veamos los puntos:

1) “Democratización”: La democracia es un régimen político, en realidad lo que están queriendo decir, es que quieren cambiar la forma de gobierno y la representación (es decir la distribución del poder). En criollo: no quieren un cogobierno y quieren que a las autoridades la elijan los estudiantes casi exclusivamente. También quieren eliminar el claustro de graduados y que haya sólo dos, para poder confrontar “los estudiantes que luchan” versus “la casta profesoral”; muy linda la foto, pero la realidad amerita visiones un tanto menos infantiles y maniqueas.

2) “Representación estudiantil”: Mezclar profesores y estudiantes es mezclar zanahorias y manzanas. Para comparar dos cosas estas deben ser “comparables” (Sartori). Ahora bien, hablemos de la representación estudiantil. En la Facultad de Sociales el trotskismo sacó casi 4.000 votos, eso le dio tres consejeros directivos, mientras que el reformismo de la Facultad de Económicas sacó casi 16.000 votos (cuatro veces más) y sin embargo sacó tres consejeros directivos. ¿Esto no lo ponen en discusión?

3) “Un hombre un voto”: Si el rector se eligiera de manera directa habría tres facultades (Económicas, Medicina y Derecho) que elegirían prácticamente al Rector (concentran más del 50% del estudiantado). No sería muy representativo para las 10 facultades restantes, un rector de Veterinaria (como es ahora) sería imposible. Supuestamente es muy “troska” la idea, pero en los soviets de la ex URSS se elegían 32 diputados para cada república. No importaba la cantidad de electores, algunos tenían miles y otros millones.

4) “Reforma del estatuto UBA”: En 2006 se reformaron cerca del 80% de los artículos del estatuto de la UBA, entre ellos se bloqueó la posibilidad de re-reelección. Ahora bien, que faltan cosas, faltan. Pero también hay que ser serios y dar las discusiones en los ámbitos de cogobierno. Un estatuto es como una Constitución, no se puede cambiar todos los años, no es serio y es puro oportunismo político hacerlo justo antes de la elección de un nuevo rector.

5) “Ampliar el cogobierno”: La inclusión de los no docentes es algo que si bien sería positivo para algunas áreas de gobierno de la UBA, sería discutible para otras (como reformas de planes de estudio o régimen de concursos docentes). Sin embargo, creo que esta discusión es  auspiciosa y habría que profundizarla. Lamentablemente, los mismos sectores de izquierda que dicen defender esta reivindicación, estigmatizan a los trabajadores no docentes como “la patota” o la “burocracia sindical”.

En conclusión, en los últimos 28 años (luego de la normalización), han pasado rectores de distintas facultades y de distintos sectores políticos. Por el contrario, quienes se embanderan atrás de este discurso “democratizador”, militan en un partido que ha llevado sistemáticamente a los mismos dirigentes en todas las elecciones en los últimos 30 años. Son los mismos que tienen secuestrada a la FUBA (Federación Universitaria de la UBA), en donde no les molesta tener “voto indirecto y ponderado”, en donde no se presentan balances, ni se respeta su estatuto al inventar engendros como “copresidentes”, sólo para seguir teniendo a la gremial estudiantil al servicio de minorías que no ganan en  ninguna de las tres facultades más grandes de la UBA.

Hay que discutir, hay que consensuar, hay que reformar. Pero una universidad con más de 300.000 estudiantes, con 78 carreras grado y donde 4 de los 5 argentinos galardonados con el Premio Nobel fueron estudiantes, graduados y profesores de ella, amerita seriedad, honestidad y libertad para discutir. La “democracia universitaria” no puede ser defendida a los golpes y por encapuchados. Nada más funcional a la privatización de la UBA que las tomas, aprietes y las persecuciones a los docentes. Nada más absurdo que impedir que sesionen los ámbitos democráticamente electos para exigir “democratización”. Defendamos la UBA, que en definitiva, es la institución educativa insignia, no sólo de “Buenos Aires”, sino de la República Argentina.

Este nuevo capítulo surge con la sanción de la Constitución de 1994, donde se otorga el carácter de “Ciudad Autónoma” a Buenos Aires, y esto incluye, además de la elección democrática de sus autoridades políticas, de sus propios tribunales de justicia y su Constitución, del manejo del puerto. La llamada “Ley de Puertos” Nº 24.093, transfería los puertos a las provincias, con la única excepción de la Ciudad de Buenos Aires, que por decreto quedaba bajo jurisdicción federal.

El problema no radica en el manejo del puerto, sino que el tema central se asienta sobre dos aspectos centrales: la imposibilidad de una autonomía completa, siendo la Ciudad de Buenos Aires tratada de manera diferente en este tema, como en otros; y por otro lado, la incapacidad de la administración local de definir acciones, participar e incidir en las decisiones en cuanto a las obras en el puerto, afectando la posibilidad del desarrollo urbanístico, la mejora de los servicios, y la inclusión del puerto dentro del Plan Urbano de la Ciudad. También deben incluirse acá todas aquellas decisiones de carácter social, político, medioambiental y de transporte. Por tanto la Ciudad queda excluida de estas decisiones, estando supeditada a las decisiones federales.

Por otro lado, aquellas obras que encare el gobierno nacional, en tanto mantenimiento o mejoramiento del puerto, saldrán del erario público de todos los argentinos, y no del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, siendo en este caso, una injusticia para todos los argentinos, que deben pagar obras que sólo benefician a los porteños. Así también, aquellas decisiones que el Estado Nacional tome en cuanto al puerto, impactan de lleno en la Ciudad de Buenos Aires y hasta podrían contradecirla. Un ejemplo de esta situación es el Casino Puerto Madero o “Casino flotante”, el cual fue instalado en 1999 a partir de artilugio legal. Al momento de habilitar el casino, la Ciudad prohibía el juego por dinero, pero al encontrarse en aguas pertenecientes al Gobierno Nacional, el casino podía funcionar. Esta situación, marca cómo el gobierno nacional avasalla el poder autónomo de la Ciudad, que al no ser una provincia, pero tampoco un municipio, queda presa de las decisiones de la Nación.

Uno de los principales problemas sigue siendo el de la autonomía porteña, un camino difícil, que si bien ha ido en ascenso logrando que la Ciudad cuente con mayores niveles de autonomía, todavía resta mucho por delante. El gobierno nacional prefiere mantener bajo su control aquellas áreas que cree necesarias, como lo marca la ley 24.588, que en su artículo 3 permite a la Nación tener bajo su jurisdicción “todos los inmuebles sitos en la Ciudad de Buenos Aires, que sirvan de asiento a los poderes de la Nación, así como cualquier otro bien de propiedad de la Nación o afectado al uso o consumo del sector público nacional”, esto no incluye el manejo del puerto, en tanto conforma parte del ejido de la Ciudad, que según la Constitución de la Ciudad, llega hasta al río.

Hablar de autonomía es hablar de la posibilidad de autogobierno, de tomar decisiones y de ejecutarlas. La Ciudad de Buenos Aires ha avanzado en materia de urbanismo, seguridad, transporte, seguridad social, aspectos legales y judiciales, y la planificación estratégica en los últimos años, haciendo uso de su autonomía. En esta línea, la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires organizó un seminario este año para generar un “Plan Estratégico del Puerto de Buenos Aires”, como una forma de consensuar visiones, planificar acciones, pero sobre todo, lograr que sea la Ciudad la que detente el monopolio de las decisiones en todo lo que concierne a su territorio, y que no afecta aquellas posesiones del gobierno federal. El Puerto de Buenos Aires, se encuentra integrado tanto física como socialmente a la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de su historia y su desarrollo, es por tanto necesario avanzar hacia una agenda de trabajo en conjunto entre los legisladores nacionales, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional, en pos de lograr el traspaso del puerto a la Ciudad, avanzando un paso más en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de casi 20 años de sancionada la Constitución Nacional, y de cinco gobiernos locales legítimamente elegidos, es imperante completar la autonomía de Buenos Aires, para comenzar a pensar Buenos Aires como una ciudad metropolitana, integrada en su totalidad y con capacidad de autogobernarse y decidir en función de sus propias necesidades e intereses.