¿Pero quién mejor para responder esa pregunta que la mismísima presidente saliente, Cristina Fernández de Kirchner? Mientras ejercía el mando del Ejecutivo, en más de una ocasión, las centrales obreras le pidieron que prohibiera los despidos y que hiciera aplicar una doble indemnización en caso de incumplimiento de la norma —exactamente lo que hoy sus súbditos proponen—, a lo que ella respondió que jamás tomaría esa medida por más que objetiva y discursivamente sonara muy bien y que todos estuvieran de acuerdo si la aplicaba, ya que los efectos serían los opuestos a los buscados por los trabajadores. Dijo, además, en aquel entonces: “Una ley semejante es la mejor manera de agudizar y profundizar una crisis”.

Eso debe desconcertar a muchos, ya que el Frente para la Victoria —acompañado por otros socios— propone hoy lo que hace un par de años consistía en un suicidio económico que sólo lograría empobrecer al país según su propia líder, dichos que además fueron apoyados por varios de sus seguidores que hoy ocupan una banca en el Congreso Nacional, aunque hay que dejar en claro que ese respaldo no se redujo solamente a ellos, porque cuando la ex Presidente refutó el reclamo de los gremios usando los argumentos que hoy le niega a Cambiemos, ningún funcionario ejecutivo ni legislativo de su partido atendió aquel pedido ni intentó llevarlo a cabo, incluso si en aquel momento la propuesta estaba sobre la mesa.

¿Pero entonces es bueno o malo el proyecto? Si lo que se busca es la inversión y su consecuente expansión económica e incremento de la mano de obra empleada, esto implica ni más ni menos que uno de los peores antecedentes institucionales que pueda dar un país y se traduce en que el sector privado no podrá tener la seguridad de disponer de sus recursos para actuar con ellos de la manera que le sea económicamente más ventajoso. Los defensores del proyecto aducen que este no desalentará la contratación de nueva mano de obra, puesto que prohíbe los despidos de aquellos que fueron contratados antes de la entrada en vigencia de la ley y no de los que lo fueron una vez entrada en vigencia esta, pero lo que están demostrando es que aquí la ley, de un día para el otro, puede prohibirte lo que hasta hace 24 horas te permitía. Entonces, ¿quién podrá asegurar que una violación a la propiedad privada como esta no volverá a ser puesta en práctica el día 181? Por lo tanto, ¿para qué correría un inversor ese enorme riesgo? La opción más sensata que los prohibicionistas les están dando a los empresarios es la de armar las valijas y crear empleo más allá de nuestras fronteras.

El único método para luchar contra el desempleo es la expansión de nuestra economía con base en la inversión local y extranjera, y con alivio podíamos decir que se iba por el camino correcto, saneando de a poco y en solamente meses las instituciones tan golpeadas en estos últimos 12 años. Esto comenzaba a dar sus frutos y podíamos verlos en anuncios de inversión privada en el país por más veinte mil millones de dólares, lo que permitió conocer el enorme voto de confianza del sector privado nacional e internacional para con este nuevo Gobierno. Pero nadie puede asegurar que con la ley antidespidos estas se lleven a cabo; de hecho, es más lógico pensar lo contrario.

Seguramente detrás de este proyecto existe un grupo de ingenuos que no entienden cómo diablos se crea riqueza y sinceramente suponen que todo puede solucionarse con prohibiciones e imposiciones estatales, aunque la historia haya demostrado que eso sólo ha creado pobreza en numerosos pueblos alrededor del mundo. Ese sector del prohibicionismo puede ser criticado por su ignorancia, que debería ser remendada si pretenden hacer del país un lugar más próspero. Pero lo que es realmente repudiable es que, teniendo en cuenta lo desarrollado en la presente columna, resulta totalmente factible afirmar que el mayor número de legisladores que apoya el proyecto en cuestión lo hace a sabiendas de las nefastas consecuencias que trae consigo, por lo que no nos queda otra alternativa que pensar que su finalidad es sabotear las políticas del nuevo Gobierno.

Cuando el filósofo ultrakirchnerista Ricardo Forster afirmó hace algunas semanas que él no quiere que le vaya bien al Gobierno de Macri, hubo una lectura errónea del significado de su testimonio. Muchos pensamos que sólo se trataba de un fanático aislado que no quería el bienestar del país a no ser que este se diera a través de su Gobierno, pero nos equivocamos: sus dichos representaban el pensamiento de un amplio espectro de la oposición, que hoy encontró en la ley antidespidos una buena herramienta para llevar a cabo su propósito.

La clave para encontrar la solución a esta cuestión radica en conocer su origen: un demagógico gasto público que no pudo ser sostenido ni siquiera por la mayor presión tributaria de nuestra historia, por lo que se recurrió a la famosa maquinita de imprimir billetes, es decir, a la expansión monetaria, aumentando la oferta de pesos muy por encima de la demanda, por lo que su valor frente a los bienes de la economía fue cada vez menor —inflación— y, por supuesto, el dólar no escapó a esta regla, razón por la cual se necesitaron cada vez más pesos para comprar un dólar.

Como los famosos precios cuidados aparecieron para hacerle frente a la inflación en distintos bienes de consumo básico, poniéndole precios máximos a productos como la leche, el aceite, el azúcar, etcétera, el cepo apareció para ponerle un precio máximo al dólar y racionalizar su venta. Algo así como esos carteles con la frase “Máximo 2 unidades por grupo familiar” que con tanta frecuencia vemos en cualquier supermercado, lo que se traduce en la combinación perfecta para la escasez: un bien exiguo, pero barato.

No hubo que esperar demasiado para que un mercado paralelo se encargara de saciar la demanda de dólares, por supuesto que a un precio mayor, aunque bastante similar al que tendría el dólar en la Argentina de no ser por las caprichosas intervenciones del kirchnerismo, pero agregándole el plus que genera el costo de trabajar por fuera del marco de la ley. A esto le llamamos dólar blue.

Pero, teniendo en cuenta que las únicas dos maneras saludables de abastecer el mercado interno de moneda extranjera es mediante las divisas que los exportadores decidan vender o las que los inversores extranjeros traigan, el cepo se convirtió en un verdadero círculo vicioso. Por un lado, los productores pierden al exportar sus productos no sólo por los insoportables impuestos a los que han sido sometidos durante la última década, sino que además sus costos están determinados por el ya conocido dólar blue o informal, que ronda los 16 pesos, mientras que sus ganancias son en dólar oficial —mejor llamado artificial— impuesto por el Gobierno, que oscila los 9 pesos. Es decir, tienen una pérdida equivalente a la brecha cambiaria. Y por el lado de los inversores, ¿quién va a traer sus dólares para invertir en el país si cuando quiera girar sus ganancias no le permitirán hacerlo? Absolutamente nadie tiene intenciones de desperdiciar capital, por lo que de seguro elegirán otro destino para su dinero.

Dicho esto, podemos afirmar que es el cepo la causa de la falta de dólares, por lo que la propuesta del candidato del Frente para la Victoria de aguardar que por alguna razón lleguen dólares para recién ahí levantar el cepo es como esperar que sea la carreta la que tire a los caballos. Entonces, es correcta la idea de terminar con él inmediatamente, pero, si queremos arrancar el problema de raíz y asegurar el éxito de esta disposición, el próximo presidente deberá no solamente gozar de una confianza tal en los mercados que su sola presencia genere los mejores augurios, sino que además tendrá que poseer una intachable disciplina fiscal y monetaria para que la inflación ya no sea una opción. También deberá eliminar las retenciones para así incentivar a los productores a exportar las cientos de miles de toneladas que hoy están escondidas en los campos. De esta manera, los capitales que huyeron del país regresarán acompañados de nuevos inversores entusiasmados por el tajante cambio institucional de la nación que alguna vez fue la más desarrollada del continente.