La semana pasada, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció que los argentinos pagaremos 42 mil millones de dólares para fomentar una fuente de energía que pone en peligro nuestra estructura social, nuestros territorios, e incluso nuestras vidas, como hemos visto luego de los desastres nucleares de Chernobyl y Fukushima. Y lo peor es que nadie nos preguntó si estamos de acuerdo. Una tecnología tan peligrosa no puede avanzar a espaldas de la población.

A más de dos años del desastre nuclear de Fukushima, miles de japoneses siguen sin poder regresar a sus hogares y la usina colapsada sigue contaminando el agua del Océano Pacífico con sucesivas fugas de radiactividad. Hoy, la tercera economía global avanza hacia una desnuclearización completa para la década de 2030. Sin embargo, nuestro país niega las devastadoras evidencias de esta tecnología y promete un crecimiento exponencial de su capacidad atómica bajo el falso paradigma de “seguridad nuclear”.

Las autoridades a cargo de determinar las causas del desastre nuclear concluyeron que lo que generó las condiciones para que Fukushima ocurra fue la debilidad y la connivencia del regulador nuclear; el rol del terremoto y el tsunami fue el de disparador. En Argentina la situación no es muy distinta. La falta de transparencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear se evidencia, por ejemplo, cuando permite que se instale un nuevo reactor en la Central Nuclear Embalse, en Córdoba, sin llamar a audiencias públicas ni exigir un estudio de impacto ambiental. Un accidente nuclear puede ocurrir en Córdoba, donde pretende extenderse la vida útil de esta planta que no sería aceptada en muchos países por sus similitudes con el reactor de Chernobyl.

Además, luego de Fukushima, la Agencia Internacional de Energía Atómica convocó a todos sus Estados miembro –entre ellos Argentina– a solicitar auditorías por parte de sus pares para cotejar y mejorar las medidas de seguridad nuclear. Aunque más de 40 países ya lo han hecho –incluso países sin usinas atómicas operativas, como los Emiratos Árabes Unidos–, Argentina todavía no solicitó esta revisión.

Los anuncios de De Vido no pueden pasar desapercibidos. En Greenpeace somos conscientes que no hay energía nuclear segura, pero la mejor forma para transitar el abandono de esta tecnología sin descuidar a la población es cumpliendo los máximos estándares de seguridad, con transparencia regulatoria y participación pública. Argentina no cumple ninguna de estas condiciones.

Greenpeace propone una transición hacia fuentes de energía renovables. Una opción más limpia, segura y actualmente más económica, como hemos demostrado en nuestro escenario energético para el año 2050.