Lo que ha ocurrido en estos días en Lugano con el problema de la vivienda es paradigmático. El conflicto viene de arrastre: a fines de 2010, ante una ocupación de terrenos por parte de los vecinos, el gobierno nacional y el porteño desalojaron juntos con una violenta represión. El saldo fue de tres muertos, y la promesa de incluir a los ocupas en un plan de viviendas. Ningún funcionario fue preso, y nadie –ni Nación ni Ciudad- puso un peso para el plan de viviendas. Frente al papel vergonzoso –en ese entonces y ahora- del PRO y el FPV, el Legislador porteño del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal lo dijo clarísimo y sin medias tintas: “Si queda algo de justicia en este país, los que gobiernan el país y la Ciudad deberían ir a juicio político por dejar a 500 mil personas en la ciudad de Buenos Aires sin vivienda”.

Otro caso es el de los docentes. Todo el mundo sabe –lo dicen los empresarios y economistas en los medios dominantes- que la inflación anual ha superado cómodamente el 30%, y para este año se augura un número peor. A los docentes, cuyos salarios y condiciones de trabajo son miserables –ganan la mitad que los policías-, se le ofrece menos del 25% y en largas cuotas. Es decir que el saldo de la paritaria no será la necesaria y urgente recomposición de su salario, sino una disminución. Ni salario “vital” ni “móvil”, como pide la Constitución. Luego, los docentes son quienes verdaderamente defienden la educación pública contra la destrucción sistemática producto de la desidia de los funcionarios, que ganan decenas de miles de pesos.

Si no toman medidas de fuerza, ¿quién les va a dar el aumento que se merecen? Nadie. La protesta no es un deporte y mucho menos es grata, se hace por necesidad. El reclamo cohesionado, organizado y masivo es la única garantía de su triunfo y, por lo tanto, del triunfo de la educación pública contra su destrucción. Quien defiende su causa, debe apoyar sus métodos. Quien dice “estar de acuerdo con el reclamo, pero no con los métodos”, en los hechos no está apoyando el reclamo.

En general, la oposición a la protesta social obedece a dos razones. Una de ellas es la falta de comprensión política, en el sentido de la imposibilidad de hacer una caracterización del funcionamiento de la sociedad en general, y de la práctica política en particular. Subyace también una idea incorrecta del derecho. Es necesario entonces redoblar los esfuerzos explicativos. Desde el punto de vista legal, los trabajadores tienen todo el derecho del mundo a protestar. Están amparados por todo el régimen jurídico. Tienen el derecho a peticionar, el derecho de huelga, y sus reclamos están legitimados por todo el derecho internacional de raigambre constitucional, que obliga a los Estados a hacer operativos los derechos. Podríamos mencionar decenas de normas que así lo establecen. O sea que su cobertura jurídica es insoslayable, y se debe a una contradicción esencial del derecho burgués liberal, que reconoce derechos sabiendo que la realidad hará muy dificultoso, sino imposible, su ejercicio. En consecuencia, protestar, movilizarse, luchar por el “ejercicio efectivo” de los derechos, es romper esa contradicción y convertir en realidad la ficción. De lo contrario, el derecho es una farsa.

Por su lado, los empresarios y políticos del orden son violadores sistemáticos de la ley, en todos los órdenes de la vida. No solamente violentan las normas que les imponen responsabilidades, por ejemplo relacionadas con las cargas impositivas, con la no corrupción, etcétera. Además violentan a diario los derechos que les corresponden a la mayoría trabajadora, tanto en el ámbito público como en el privado: prohibición de organización sindical, falta de condiciones de seguridad, precarización, informalidad, y un sinfín de etcéteras. Mucho más, no los desvela ninguna protesta o ilegalidad cuando se trata de la defensa de sus intereses. No hay que olvidar que durante el “conflicto del campo” la burguesía agraria protagonizó la mayor cantidad de medidas de acción directa de la historia argentina, superando incluso al argentinazo de 2001, y ningún político del orden le hizo asco a los “métodos”.

¿O acaso la deuda externa no ha sido considerada ilegal e ilegítima incluso judicialmente, y se paga igual? ¿O acaso el vaciamiento de YPF no es un fraude monumental al pueblo argentino, y se indemniza jugosamente a los vaciadores? ¿Y qué de un mercado laboral con más de la mitad de los trabajadores en la informalidad absoluta? ¿Acaso el desalojo del Indoamericano –después de cuatro años sin respuestas a una necesidad elemental- no es incumplimiento de los deberes de funcionario público –además de una ofensa a la condición humana? ¿O el furioso ajuste generalizado contra las condiciones de vida de la clase obrera no es significativamente más dañoso que un corte de calle?

Todo lo hacen bajo el amparo de la ley, pero no de la Constitución Nacional sino contra ella. Lo hacen bajo el amparo de la ley del capitalismo, que no tiene por finalidad la satisfacción de las necesidades sociales o el ejercicio de derechos. Es una máquina de producir ganancias por un lado y miserias por el otro, sin reparar en absoluto en el orden jurídico y reproduciendo como la peste las injusticias más aberrantes. Lo dijo con todas las letras Horacio González en la última asamblea de Carta Abierta: “el capital surge hoy como forma reproductiva básica desde la ilegalidad. No hay nada más claro para estudiar cómo se produce la acumulación del capital que el tráfico de cocaína”.

Al extremo, ellos –y esto incluye especialmente a sus políticos- nunca sienten en carne propia “el peso de la justicia”, como reclaman ahora para los delincuentes de poca monta -que son el resultado de una sociedad sin ninguna salida. Realizan fraudes monstruosos, corrupciones, evasiones y todo tipo de patrañas que producen enormes daños a la sociedad. Juegan cotidianamente con la vida –y la muerte- de millones de personas. Pero nunca van presos. Por eso, cuando el mensaje viene de gente que conoce el paño de sobra, que le importa un bledo “el respeto a la ley” y acostumbra a moverse por la sombra de la ilegalidad como pez en el agua, pero realiza una intervención política consciente destinada a combatir el contenido de los reclamos con el sofisma de las formas, se trata de cinismo.

Es parte de un arsenal de dispositivos que ha desarrollado el capitalismo, entre los cuales está la ideología jurídica del respeto a la ley -vacía de todo contenido concreto. Un recurso perverso –más viniendo de donde viene- que es urgente desenmascarar, pues no solo achata la comprensión de los problemas que tenemos delante, sino que llama al pueblo a la quietud, a que acepte condiciones de vida miserables e indignantes sin chistar. Por el contrario, cuando la burguesía puede avanzar, se olvida rápidamente de sus discursos impolutos y no repara en los métodos. Desde guerras a dictaduras, pasando por represiones históricas, aprietes, persecuciones y –tanto más importante- la amenaza constante de que cualquier levantamiento será escarmentado sin miramientos.

Toda discusión sobre la protesta y sus métodos es antes que nada una discusión política, no jurídica. Por eso cualquier discusión sobre las formas no puede estar separada de su contenido. No se puede discutir el método de un reclamo, de una protesta, sin discutir los motivos; sin discutir el problema social concreto ni sus consecuencias. En ese marco -en el de una sociedad cuya clase social dominante avasalla cotidiana y constantemente los derechos de las mayorías explotadas-, toda movilización, toda lucha por la defensa de las condiciones de vida del pueblo, todo reclamo contra el Estado, es un signo de maduración política, pero además es un factor fundamental para el desarrollo de una conciencia política más elevada, y por lo tanto deben ser alentados. Ninguna transformación social se ha hecho sin romper con la ideología dominante y sin poner en cuestión el orden existente.

Argentina vive un período tan convulsivo como interesante. Desde la derrota oficialista en las elecciones legislativas de 2013 hasta los recientes acontecimientos, el tablero se ha sacudido con mucha intensidad y atravesamos un período de transición cuyo desenlace todavía no está sellado. En una nota previa al 27 de octubre (“Dos siglos…”) advertíamos que el ajuste ya se encontraba en pleno desarrollo. No obstante, el gobierno venía gestionándolo con cierta moderación, pero hacia el final del año se aceleró vertiginosamente. Si este proceso hubiera culminado, tanto el gobierno como la burguesía podrían darse por satisfechos. Sin embargo, la situación se planchó parcialmente por las paritarias, solo para que los trabajadores negocien todavía más a la baja. Luego se retomará el rumbo, probablemente con el “sinceramiento de tarifas” y el “descongelamiento de precios” como primeras medidas.

Resultados

Argentina es un país agrodependiente, y siempre ha requerido la transferencia de riqueza que brota del agro a otros sectores de la economía. Las retenciones (impuestos), la devaluación o sobrevaluación (tipo de cambio), el control de los precios y los subsidios son instrumentos que viabilizan esa finalidad. Todos los gobiernos tuvieron que llevar adelante esa difícil tarea de “expropiar” a los capitales agrarios para “redistribuir”.

No obstante, la tasa de ganancia del capital agrario se ha ubicado muy por encima de la del capital del sector industrial, evidenciando una ganancia extraordinaria. A partir de 2002 la diferencia entre ambas tasas ha alcanzado niveles nunca vistos anteriormente.

Quiere decir, en primer lugar, que los distintos mecanismos de transferencia no han recaído de manera general sobre la rentabilidad normal de los capitales agrarios, sino sobre la ganancia extraordinaria. En segundo lugar, que el campo siempre ha tenido márgenes por encima de la media. Por último, que el kirchnerismo ha sido el gobierno más complaciente con el sector, mucho más considerando la situación internacional.

Conclusión 1: en la “década ganada” esos sectores “ganaron como nunca antes en la historia”. Por otro lado, lo que puede observarse en las últimas décadas –sobre todo en el período pos 2001- es que la capacidad recaudatoria de retenciones ha sido proporcional a la capacidad del Estado de girar riqueza a los capitales industriales vía subsidios, que constituyen una masa nada despreciable de riqueza social (al 2010, más del 6% del PBI). Con ellos –y otras medidas “proteccionistas”- se pretende garantizar la supervivencia y una tasa de ganancia “razonable” a los capitales industriales.

Conclusión 2: aunque no hayan podido salir de su impotencia, los capitales industriales han sido favorecidos por las políticas del kirchnerismo. La otra condición imprescindible para la acumulación capitalista en Argentina es la tendencia ya consolidada a la compraventa de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. En el período que se inicia post dictadura militar, los salarios reales siguen una curva descendente, que encuentra su piso en el año 2002, en el que sufrieron una disminución de más del 54% respecto del año 1975. Por vía del ajuste inflacionario se produjo la pulverización de los ingresos en términos reales, que supuso una caída no menor al 20% en el curso del primer semestre del 2002. La curva apenas ascendente a partir de ese pozo no ha permitido siquiera recuperar los valores alcanzados en la década del 80 y los previos a la dictadura, y se cortó definitivamente en 2009.

En paralelo, hay una inmensa masa de población hundida en la precarización laboral e incluso en la desocupación abierta, o con jubilaciones de hambre. Sin ningún canal de defensa de sus condiciones, este sector –mayoritario- de la clase obrera está siendo liquidado por el proceso inflacionario. Otros índices vitales relacionados con el acceso a la vivienda, agua potable, cloacas, transporte público, seguridad, educación y salud, no son para nada alentadores.

Conclusión 3: esta no ha sido una década ganada para la clase obrera. Por último, el problema de las crisis. Si se mira las últimas décadas, la crisis del 82 hizo caer el PBI de tal manera que no pudo recuperar los valores de 1980 hasta 1994. La crisis del 89 desembocó en el PBI más bajo del período, en 1990. En los 90 creció lentamente, con algún tropiezo, hasta alcanzar su punto más alto en 1998, pero la crisis de 2001 lo hizo desplomar en 2002, cayendo el 30% en sólo cuatro años. Se recuperó a partir de ese momento, pero recién en 2005 logró superar los valores de 1980 y la velocidad de la expansión se cortó definitivamente en 2008. No hace falta presentar tantos datos para concluir que las crisis han tenido expresiones sociales muy violentas. En el 2002, más de la mitad de la población argentina cayó por debajo de la línea de pobreza.

Conclusión 4: presenciamos un momento repetido en el devenir histórico, y el gobierno busca salir, como todos los que le precedieron, con la receta clásica: otro ajuste “ortodoxo”, o sea salvaje.

Perspectivas

El gobierno no ha logrado conservar su papel de “árbitro”. La crisis lo ha empujado a posicionarse decididamente con la burguesía e incluso el establishment internacional. La burguesía procura sacarle el mayor provecho a la derrota electoral del oficialismo y a la infernal crisis política que anida en su seno. Ha ganado como nunca, no ha invertido casi nada, ha fugado cientos de miles de millones de dólares y ha saqueado cuanto reducto de riqueza social le proveyera el Estado (servicios públicos, minería, petróleo). No obstante, pretende que la crisis sea soportada en su totalidad por la clase trabajadora y que el ajuste sea lo más profundo posible. Para ello no ahorra esfuerzos y conspira también en las huestes de la oposición.

Su programa incluye devaluación, recorte del gasto público (incluidos los subsidios), disminución de la presión fiscal y mayor competitividad. Esto requiere en primer lugar contener la evolución salarial, cuyo tope por debajo del aumento de precios beneficiaría al conjunto de los capitales individuales sin distinciones, por lo menos en el corto plazo. Pero tanto la devaluación como la eliminación de los subsidios solo beneficiarán a un pequeño puñado de capitalistas: los agrarios y los pocos industriales con capacidad exportadora. Para los menos competitivos, que son la mayoría y que sostienen buena parte del empleo privado, solo significará mayores problemas. Es decir que la clase capitalista se encuentra en una encrucijada: de progresar a fondo su programa, es probable que sea a costa de sus fracciones más débiles, aún independientemente de la magnitud del costo que cargue la clase obrera.

Con todo, el desenlace depende sobre todo del desarrollo de la lucha política, porque la otra cara de la moneda es la necesidad de que el pueblo trabajador no ofrezca resistencia. En este aspecto, tres elementos íntimamente vinculados merecen ser considerados. Por un lado, el vuelco decidido del gobierno está provocando un tendal de “desilusionados”. Es decir, la base popular que supo conquistar el kirchnerismo se debilita cada vez más.

En segundo lugar, la situación de las direcciones sindicales también es crítica. La fragmentación de la CGT y de la CTA no es necesariamente un mal dato. Si bien a priori implicaría una cierta debilidad por una hipotética falta de respuesta unificada y contundente de la clase obrera, su realidad da cuenta de una crisis de hegemonía nunca vista que obligará a todas sus fracciones a actuar, aún con sus límites corporativos. La gravedad de la crisis hace peligrar su papel como canal de contención.

Finalmente, y en contraste, el movimiento obrero ha mostrado enormes signos de vitalidad, en los distintos conflictos y sobre todo en el progreso de la izquierda –en particular del Frente de Izquierda-. Sus agrupaciones sindicales le vienen comiendo los talones a la burocracia y le han arrancado cuotas de poder para nada despreciables. Ha triunfado –o ha hecho un papel sobresaliente- en la mayoría de las elecciones sindicales que se han desarrollado el año pasado, y también ha tenido un desempeño sin parangón en las últimas elecciones legislativas, consolidando una posición firme en la discusión nacional (incluida la parlamentaria).

En definitiva, subyace la tendencia de que el ajuste “le haga el juego a la izquierda”, que quiere capitalizar el desbarranque del kirchnerismo y conquistar la adhesión de contingentes enteros de la base peronista, fortaleciendo su programa contra el ajuste.

El kirchnerismo está en un brete, que puede ser explotado por derecha y por izquierda. La clave de la situación está en cómo se procesarán políticamente todos los factores que se conjugan en la crisis. Las negociaciones paritarias que están empezando a desarrollarse, constituirán un punto de inflexión. El conjunto del pueblo trabajador tiene que movilizarse para que esta vez la balanza se incline a su favor.

Cuando leí la nota de Nicolás Cachanosky publicada hace unos días en Infobae (“Tres décadas y un problema llamado déficit fiscal”), rebrotó la necesidad de intervenir en el debate. Me interpeló aún más la frase con la que este economista arranca su planteo: “analizar el caso argentino con énfasis en políticas públicas sin poner la lupa en el problema del déficit fiscal es pasar por alto el problema de fondo”. Al efecto, en Argentina una de las corrientes más reconocidas en el estudio de las políticas públicas es la del “enfoque de derechos”, que afirma que los Estados deben diseñar sus políticas sociales tomando los “mandatos” (sic) constitucionales y de los numerosos instrumentos de derechos humanos. Algo que podría sonar atractivo, pero es una pura abstracción. Expresa deseos -la satisfacción de las necesidades humanas-, pero ignora por completo los límites para su materialización en la sociedad en la que vivimos. Efectivamente, ideas como éstas “no ponen la lupa en el problema de fondo”, pero lo paradójico es que, a mi entender, este señalamiento vale también para las ideas que se expresan en su nota, propias de la economía liberal.

Lo primero que modifiqué de aquel viejo escrito es el título, para hacer referencia al de su artículo, pero también para interpelar el libro Dos siglos de economía argentina del reconocido economista mediático Orlando Ferreres. Los conecto porque ambos sostienen, con muchos otros, que los problemas estructurales del país encuentran explicación en la intervención desmedida del Estado en la economía. De hecho Ferreres señala en el prólogo de su libro que el fracaso histórico de Argentina se debe al papel jugado por el Estado -en tanto freno a la acumulación- ya que contaba con todas las ventajas en cuanto a su potencialidad económica. Argentina, según esta mirada, no es hoy Estados Unidos o Canadá porque el intervencionismo estatal lo ha impedido. (Artículo aparte merecería la reciente comparación entre Argentina y esos países que hizo la Presidenta). Por su lado, Cachanosky remarca: “Es como sostener que el problema del adicto al alcohol son los síntomas, o la marca que consume, pero no la adicción (sic) al gasto público”.

Pienso que el problema no es explicar por qué Argentina no fue lo que no fue, sino por qué es lo que es; y el problema no termina en el déficit fiscal en sí mismo, sino que hay que indagar las determinaciones de las que surge y las tendencias que expresa ese fenómeno. El meollo de la cuestión no está en una supuesta “adicción al gasto público”, sino en aquello que la empuja: el desarrollo histórico del modo de producción capitalista y su especificidad en Argentina.

No voy a presentar todas las aristas del fenómeno, ni abundar en datos. Simplemente trataré de colocar la discusión del déficit fiscal -y del intervencionismo estatal- en el contexto que creo es el indicado.

Antes que nada, las coincidencias:

• El “fin de ciclo K” presenta una situación económica “muy complicada e incluso con la posibilidad de terminar con otro default internacional”.
• Todos los gobiernos de las últimas décadas expandieron el gasto público, con el menemismo a la cabeza (aunque eso no lo convierta en “keynesiano”).
• Los mismos personajes que defendieron las privatizaciones menemistas defendieron las nacionalizaciones K, en función de los problemas de caja.
• Las estrategias macroeconómicas no se debieron tanto a diferencias ideológicas, como sí a las circunstancias económicas de cada momento que obligaron a reemplazar unas formas de financiamiento del gasto público por otras.
• Los distintos gobiernos no resolvieron el problema de fondo sino que patearon la pelota hacia adelante (amontonando las contradicciones).
• “Los gobiernos suelen trasladar el ajuste a sus representados (diría a la clase obrera) antes que hacerse cargo de sus propios desmanejos económicos”. O sea que la crisis no la pagan los capitalistas sino los trabajadores.

El resultado del sector público argentino ha sido negativo en la mayor parte de los últimos 50 años. Pero hay más: la tendencia ha sido deficitaria desde los albores de la historia nacional. No hay aquí novedad alguna. La participación del Estado en la economía ha crecido aceleradamente desde comienzos del siglo XX, y con mayor velocidad el gasto que los ingresos. Desde los ‘conservadores’ más confesos hasta los más radicales ‘keynesianos’, pasando por ‘privatistas’ y ‘dictadores’, todos han gastado más de lo recaudado, contrariando el punto 1 de la receta liberal: el “equilibrio fiscal” o déficit cero.

El superávit fiscal ha sido una verdadera excepcionalidad. Salvo unos pocos años de equilibrio, siempre los egresos han superado a los ingresos. En cuanto a las últimas tres décadas, Menem logró un fugaz equilibrio con privatizaciones y venta de activos -además del endeudamiento- que fueron dirigidos a los gastos corrientes. En 2004 se registró un superávit de 3,54% del PBI -el más alto de la historia. Pero se debió a que el derrumbe del 2001 hizo desplomar el gasto público: más de 6 puntos del PBI -que a su vez había caído estrepitosamente. Ello lo llevó a una paridad con los ingresos (sin que éstos aumentaran). Se le sumó la recuperación económica a partir de 2002, que implicó que la recaudación creciera con mayor velocidad que el gasto, pero sólo hasta finales de 2004, y luego la tendencia regresaría a su curso histórico: el déficit.

¿Por qué el Estado ha expandido el gasto público? Se trata de una tendencia histórica a la mediación del Estado en la relación capitalista. Le llamó estatización de la vida social y en el fondo es la expresión de una de las leyes generales de la acumulación capitalista, la concentración y centralización de capital.

Otra de las leyes generales del desarrollo capitalista, la producción creciente de una población obrera sobrante para las necesidades del capital (desocupados, subocupados y todo tipo de formas laborales precarias que expresan la imposibilidad de una reproducción normal de la vida a través del salario), se ha constituido en una de las causales explicativas más importantes de la expansión del gasto en Argentina.

Argentina es un ámbito de acumulación de capital particularmente restringido, que se reproduce en las antípodas de la escala correspondiente al desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Su especificidad puede sintetizarse en cuatro fenómenos íntimamente vinculados: 1) la existencia de un sector agrario muy competitivo a nivel mundial, que redunda en un flujo permanente de plusvalía extraordinaria bajo la forma de renta diferencial de la tierra, cuya magnitud es muy significativa para el tamaño de la acumulación nacional; 2) un sector industrial compuesto mayormente por capitales ineficientes por su tamaño y con una prácticamente nula capacidad de competitividad internacional; 3) la fuerza de trabajo es vendida sistemáticamente por debajo de su valor, y se expande sistemática y crecientemente una población sobrante para las necesidades de valorización media del capital; 4) el endeudamiento externo, público y privado, como recurso último para el sostenimiento de la acumulación nacional.

En criollo: Argentina es un mercado chico, con un sector productivo muy potente (el campo) y el resto (casi todos) ‘ineficientes’ que sucumbirían en la competencia capitalista sin la intervención del Estado. Con una clase obrera muy barata: salarios bajos (la otra clave de esa supervivencia) y una inmensa masa de desposeídos que necesita ser reproducida por el Estado.

En las condiciones actuales, los capitales individuales no sobrevivirían si tuvieran que pagar la salud, la educación, el transporte, etc. de sus obreros. Aunque parezca lo contrario, la clase capitalista es la primera que necesita de esa acción estatal intervencionista que suele denostar. Su impulso incontenible por la obtención de ganancia le impide ver que esa es la forma que ha tomado el Estado para fagocitar la acumulación capitalista.

Esta necesidad del desarrollo capitalista en Argentina -la creciente estatización de la vida social- es expresión de un fenómeno mundial, que se va agudizando cada vez más. El Estado necesita desarrollar y extender las ‘políticas públicas’ imprescindibles para la supervivencia de capitales individuales ineficientes -en el marco de una competencia cada vez más voraz-, y, al mismo tiempo, coadyuvar la reproducción de una porción creciente de la clase obrera para no estrangular el proceso de acumulación; tanto a la población desocupada como a las fracciones ocupadas cuya fuerza de trabajo se vende sistemáticamente por debajo de su valor, aun en los momentos de expansión. Para que el salario tenga un poder adquisitivo que permita reproducirla a un nivel que no trabe la acumulación y que al mismo tiempo no se transforme en un problema político constante, el Estado provee a través del gasto público determinados bienes y servicios en forma gratuita o a un precio muy inferior al de mercado. Es lo que llaman ‘redistribución de los ingresos’.

Esta política propiamente capitalista es presentada de manera invertida por la quintaesencia del relato kirchnerista: la riqueza generada por la clase obrera y expropiada por la burguesía y el Estado -o sea la apropiación gratuita del trabajo ajeno- es reivindicada ahora como una distribución del capital en beneficio de los trabajadores.

Pero, con todo, en el desarrollo histórico concreto la acumulación de capital en Argentina ha llevado a la clase obrera a condiciones de reproducción cada vez más degradadas. Que el gasto público -en particular el destinado a la reproducción material de la fuerza de trabajo- y la generalidad de las esferas del Estado se hayan expandido, incluso a una velocidad superlativa, no implica necesariamente una mejora en las condiciones de reproducción, desde el punto de vista histórico. Al contrario, el incremento sostenido del gasto estatal expresa las enormes dificultades de reproducción social de vastos sectores de la población bajo la forma privada, que sería la “natural”. Expresa que hay necesidades sociales insolventes que el Estado puede afrontar de manera limitada en ciertos momentos. Es la acumulación capitalista la que genera la necesidad de una creciente intervención del Estado.

Las crisis, que han sido muy recurrentes -sobre todo en el último período-, profundizan cada vez con mayor violencia esa impotencia para resolver las necesidades del conjunto de la población, y además ponen en cuestión la viabilidad de la mediación estatal capitalista. Esos momentos, en los que el Estado necesita “socializar” las pérdidas para que la acumulación se reanude con violentos recortes, no contrarían el fenómeno sino que lo reafirman. Siempre que pudo, el Estado se expandió (incluso más rápido que el PBI); y siempre que lo requirió el capital, se contrajo violentamente.

¿Por qué la evolución de los ingresos no puede seguir el ritmo del gasto? Por las mismas razones, o sea por los profundos problemas que atraviesan el capitalismo argentino. El Estado exprime lo más que puede a la clase obrera, especialmente a la fracción con mayores salarios (que tienen una presión impositiva altísima), que de todos modos es minoritaria frente a las grandes masas de salarios precarios y planes asistenciales. No puede apretar demasiado a los capitales débiles, que son la mayoría. La renta agraria no alcanza para compensar la impotencia generalizada. En el último reducto, banqueros, rentistas y compañía gozan de la complacencia propia de la gestión típicamente capitalista del Estado. De conjunto, una presión fiscal al límite en términos de “competitividad”, al tiempo que reproduce el sistema, lo estrangula.

El panorama se completa con el financiamiento del déficit. No hay política más capitalista que la recurrencia al déficit fiscal. El déficit siempre lo paga -y con mayor onerosidad- la clase obrera. Sea ante organismos externos o internos, ante públicos o privados, con sobrevaluación monetaria o con inflación; como sea, toda forma de resolver el déficit siempre es soportada por la clase obrera como último mecanismo de ‘transferencia’ de riqueza de un polo de la relación al otro. Los planteos liberales de quitarle al Estado el papel que ha asumido en el proceso de acumulación son, antes que nada, abstractos. Es imposible que el Estado pueda revertir este proceso de expansión sin que se prenda fuego todo. Dicho de otra manera: ningún gobierno capitalista podría hacer algo demasiado diferente a lo que ha hecho el kirchnerismo (y el macrismo) en cuanto a la expansión del gasto.

Luego, expresan los intereses inmediatos de ciertos capitales individuales -bajo el eufemismo de la libre competencia-, pero no reparan en que la mayoría de las empresas a las que representan sobreviven gracias a la acción del Estado, y esto incluye no sólo subsidios sino todo tipo de protecciones y beneficios -como el “beneficio” de contar con un mercado laboral recontra precarizado. Se quejan de la “presión fiscal”, pero sobreviven gracias a esa presión fiscal, la que se ejerce sobre los capitales agrarios y principalmente sobre los trabajadores (el famoso régimen impositivo “regresivo”). Se quejan de la expansión del gasto social, pero si el Estado no abarata la mano de obra se vuelven inviables. Con estas recetas, no tienen ninguna perspectiva en el largo plazo, y por eso son, en sus propios términos, recetas suicidas. Ni que hablar de las consecuencias para la clase obrera.

¿Cuál es la conclusión, si consideramos que Argentina tiene problemas muy serios como recorte nacional de acumulación de capital, que pierde peso en el mercado mundial, que empeoran sus índices vitales, que la reproducción social se torna cada vez más degradada? Aunque suene antipático, es evidente que bajo una organización capitalista de la sociedad Argentina no tiene salida –por lo menos una salida para el conjunto de la población. Todas las recetas capitalistas han fracasado, incluida la del kirchnerismo. Después de “la mejor década de la historia argentina”, hay muy poco que festejar, en tanto los resultados sociales de doscientos años de historia no sólo no han podido revertirse sino que se han profundizado.

El capitalismo argentino tiene poco que ofrecer a las grandes mayorías. Los problemas son extremadamente serios y se torna imperiosa una profunda transformación social. En contraste con esta necesidad evidente, los planteos de “normalización” de la economía, reducción del gasto público, “sinceramiento” de tarifas, “honrar” la deuda, devaluación más acelerada, en suma: ajuste, se encuentran en pleno desarrollo, en el marco de la presente contienda electoral. Es la salida típica del capital para los momentos de “agotamiento” de la expansión: la socialización de las pérdidas. Ya conocemos sus resultados.

Por eso la acción del conjunto del pueblo trabajador no puede estar orientada por estas recetas supuestamente “viables”. En lo inmediato tiene que defender el gasto estatal como la forma concreta en que hoy se reproduce su vida. En las condiciones actuales, toda propuesta de “recortes” será en detrimento suyo. Pero es imprescindible que eleve su política hacia un cuestionamiento de las bases mismas de la reproducción social nacional, y del papel que le toca en ella. Porque el problema tiene nombre y apellido: se llama capitalismo. “Ese caballero que no desea que lo llamen por su nombre”, como dijo Bretch.