El león macho es el encargado de mantener el territorio, campear y marcarlo para que no entren otras familias de leones a robarles las presas. En época de celo es también el responsable de pelear con otros machos para mantener sus derechos sobre la manada de hembras. Cuando un animal social muere, la noticia no solo es triste en sí misma, por la pérdida individual, sino que provoca también una conmoción en la estructura social en la que el individuo estaba inmerso. Es muy frecuente -en algunos felinos y primates- que al quedar vacante el lugar del macho alfa otros machos periféricos intenten ocupar ese lugar y que, una vez que lo han obtenido, cometan infanticidios con las crías preexistentes para borrar todo rastro genético de machos anteriores. En este caso, Cecil dejó 24 cachorros de su linaje que probablemente hayan corrido o corran esa suerte durante la lucha por el control del harén de hembras. Como podemos ver, el problema va mucho más allá de la muerte de Cecil.

Además de la intensa sensación de bronca e injusticia que muchísimas personas manifestaron, el hecho puso en evidencia algunos debates interesantes. Por un lado, se hizo conocido para muchos que la caza de grandes felinos todavía es legal en varios lugares de África. Se hizo público también que esa caza legal deja a los Estados africanos cuantiosas sumas de dinero que, en teoría, forman parte de los aportes para proyectos de conservación que permitirían proteger a estas especies en sus ambientes naturales. Se estima que esa actividad genera unos 130 millones de dólares al año en toda África para programas de conservación. Muchos ambientalistas proponen razonablemente que con los miles de millones que generan los recorridos de observación de la naturaleza y los safaris fotográficos sería suficiente y habría que suprimir la caza legal definitivamente.

Si bien el ecoturismo no es inocuo para el medio ambiente, podemos pensar que tiene por lo menos el valor agregado de generar conciencia ambiental entre quienes tienen la fortuna de hacer esas visitas -que son cientos de miles de personas- y recuperar cada vez más territorios naturales para que se conviertan en recursos estratégicos. Obviamente en ese caso estamos debatiendo solo sobre la caza legal. Existe otro mercado de caza ilegal-furtiva que también moviliza millones de dólares. En el borde difuso de esos dos tipos de caza es que se sitúa el caso del odontólogo estadounidense Walter Palmer, que terminó con la vida de Cecil y que mantuvo en vilo a la opinión pública internacional y local.

Muchas veces nos apasionamos con estos hechos que suceden en lugares lejanos y no nos ponemos a pensar que cerca, en nuestro país, se dan sucesos equivalentes en magnitud al caso Cecil. Si nos vamos hacia la Provincia del Chaco nos encontramos con el Parque Nacional El Impenetrable-La Fidelidad, creado en octubre de 2014 -gracias al impulso de más de 18 ONG- por el Congreso Nacional. Hace pocas semanas ese parque fue declarado como una de las diez joyas naturales más hermosas del mundo. Sin embargo, hoy se encuentra abandonado a su suerte ante la indiferencia del Ministerio de Turismo y la Administración de Parques Nacionales y del Poder Judicial, que reparte medidas cautelares sin control que impiden el cercado y el cuidado del parque, lo que beneficia a los traficantes de fauna. Diversas notas periodísticas y denuncias de ONG ambientalistas -posteriores a la creación del parque- han sido realmente muy alarmantes. Los tapires, los zorros colorados muertos y los esqueletos de yacarés despellejados por la caza ilegal son postales cotidianas.

En algún momento se creyó que este parque podía ser un recurso natural importante para la Provincia del Chaco por el ecoturismo que podría desarrollarse en él. Hasta se llegó a hablar de él como el potencial Parque Kruger argentino (la mayor reserva de Sudáfrica). Hoy sería inimaginable una visita guiada a ese sitio sin volverse con un sabor amargo, el mismo que nos dejó el asesinato de Cecil. No solo la caza ilegal es el problema. También hay pesca ilegal de surubíes, dorados y bogas, y tala indiscriminada de árboles como algarrobos, chañares y palos borrachos. Además de caza ilegal con fines extractivos de pieles y cueros o para obtener presas como trofeos, hay caza de animales vivos que pasan al comercio ilegal de fauna con sus cuatros eslabones: 1. Extracción de los animales de su ambiente natural, 2. Transporte, que les genera enfermedades relacionadas con bajas defensas por estrés, 3. Acopio en condiciones deplorables, que facilita la transmisión de enfermedades infecciosas y 4. Venta en mercados ilegales, muchas veces emplazados en las grandes ciudades. El precio y la mortalidad de los ejemplares aumentan de manera exponencial desde la extracción hasta la venta; esto es sumamente notorio en el caso de las aves.

No hace falta estar atentos a los avatares de los leones de la sabana africana, de los osos panda de los bosques de bambú chino o de las focas del Ártico para avergonzarnos de los atropellos de nuestra especie hacia otras. Basta con mirar en nuestro país cómo cazadores furtivos, coleccionistas de fauna, terratenientes poderosos, jueces de medida cautelar fácil y políticos desinteresados se amalgaman para que nuestros ambientes naturales no puedan ser utilizados como recursos turísticos estratégicos, porque la caza, el acopio de animales y la tala de árboles se hacen a la vista de todos, impunemente. Sería casi como un paseo por el tren fantasma, pero sin lugar para la fantasía.

En cuanto a políticas ambientales, el PRO ha tenido una historia poco feliz en sus ocho años de gestión en la ciudad y en el debate PRO contra ECO de la segunda vuelta electoral esta fue una de las disidencias entre ambos partidos. Si bien ECO surgió como una especie de lista complementaria al PRO, a la hora de decidir ir a la segunda vuelta y dar el debate político -pese a la presiones del macrismo y destacados columnistas-, su candidato Martín Lousteau ha sido muy crítico, entre otras cosas, de las políticas ambientales del PRO y ha presentado propuestas diferentes que deberían ser tenidas en cuenta.

El PRO, entre lo dicho y lo hecho. En el año 2014 el Gobierno de la ciudad presentó el programa Buenos Aires Verde. Un programa absolutamente marketinero, ya que en ningún lado -ni al anunciarlo, ni después, ni antes- se dijo cómo iban a poner en vigencia un plan que plantea aumentar los metros cuadrados de espacio verde de la ciudad en forma tan exponencial: construir 78 nuevas plazas, ampliar 30 ya existentes y construir 12 grandes parques. Particularmente hoy los vecinos del parque Chacabuco y el parque Sarmiento se encuentran en estado de alerta a fin de proteger sus espacios verdes de las políticas extractivistas del PRO.

El parque Chacabuco será el primer espacio verde en el que se establecerá un bar que estaría terminado para octubre y será concesionado por un privado, de acuerdo con la ley de bares en parques y plazas sancionada en la Legislatura porteña en mayo de 2014. El pliego licitatorio especifica que la obra dispondrá de una superficie total de 260 m² y contará con un espacio para venta de bebidas y comidas, sanitarios, áreas para mesas y sillas, estacionamientos para bicicletas y una biblioteca. Se estima que hay lugar en el parque para tres bares más, pese a que solo quedan 8 hectáreas de espacio verde de las 20 que tenía cuando se inauguró en 1903. ¿Estas son políticas destinadas a aumentar los espacios verdes? Cuando diferentes organizaciones ecologistas y vecinales se manifestaron contra esta ley, en la Legislatura se les dijo que “hacían demasiado lío por unos barcitos” y luego se los echó a empujones. Ahora estamos viendo los primeros frutos de esta errada ley.

El parque Sarmiento también está en peligro. La Unión Argentina de Rugby, en concordancia con el Gobierno de la ciudad, tiene planeada la construcción de un microestadio de rugby en el parque. La Agrupación Vecinos por la Ecología ha manifestado su oposición rotunda a dicha construcción y a cualquier modificación en el parque con el solo objeto de concesionar, enrejar o privatizar de algún modo este o cualquiera de sus sectores, o modificar ediliciamente sobre espacio parquizado. No es la primera modificación que se hace en ese espacio. Ya en el año 2011 el jefe de gobierno anunció allí el proyecto llamado -paradójica o irónicamente- Golf para Todos. Un emprendimiento, si bien fue resistido, terminó por ocupar 6,5 hectáreas del parque con confitería, estacionamiento y noventa gateras. Si consideramos al espacio público como el espacio democrático por excelencia: ¿Creerá nuestro jefe de gobierno que la igualdad se obtiene desparramando sus gustos personales entre los ciudadanos, en desmedro de otras necesidades, como espacios verdes necesarios para la socialización, el control natural de la contaminación del aire, la oxigenación y la regulación térmica de una ciudad cada vez más calurosa? ¿Por qué un parque público como el Sarmiento tiene privatizadas o tercerizadas el 70 % de sus instalaciones?

ECO y una postura diferente. Martín Lousteau ha admitido, con bastante sobrestimación, que la ciudad cuenta con 6 m² de espacios verdes/habitante, lejos del mínimo de 11 m²/habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud y además manifestó que en los últimos años ciertas concesiones con precios irrisorios, diversos proyectos inmobiliarios y cambios de zonificación de las urbanizaciones han generado una reducción aún mayor. En sus propuestas, planteó la rezonificación de espacios para incorporarlos como parques, propició la participación comunal y vecinal en el plan de manejo de los grandes parques, propuso el cuidado de las superficies absorbentes de los espacios verdes y un control de estos espacios por guardaplazas y guardaparques. En una entrevista reciente citó un relevamiento de la Asamblea por los Espacios Verdes Urbanos (Apevu) que plantea la posibilidad de incrementar la superficie de parques y plazas en 1 m²/habitante a través de un rol activo del Estado. También, y a diferencia de lo que ha hecho el PRO, ECO se manifestó en contra de demandar judicialmente a organizaciones de la sociedad civil que velan por el interés colectivo como Basta de Demoler, que luchan contra la destrucción del patrimonio de la ciudad y protegen los espacios públicos. ¿El PRO y ECO eran entonces “lo mismo”, como plantearon los partidos políticos que quedaron afuera de la segunda vuelta? Si bien PRO y ECO coincidían en muchas cosas, hay matices diferenciadores, como es el caso de las políticas ambientales y así lo demostró el electorado porteño en su elección de este domingo, más allá de las diversas interpretaciones del resultado hechas con el diario del lunes en la mano.

Perspectivas futuras. Esperemos que la nueva gestión de la ciudad, que llevará adelante el economista Horacio Rodríguez Larreta, haga suyas algunas de estas propuestas y lleve adelante una gestión superadora de la de Mauricio Macri en materia ambiental. Para lograrlo deberá contar con una mejor planificación urbana, una mayor sensibilidad social, un mayor respeto por el patrimonio histórico de la ciudad, un mejor asesoramiento en temas de ecología de las ciudades, una mejor capacidad de escuchar a los vecinos organizados y a los especialistas (biólogos, arquitectos, urbanistas, agrónomos, sociólogos y abogados ambientalistas, entre otros). El cambiemos bien entendido empieza por casa.