Tenemos que considerar dos aspectos en los cuales enmarcar las políticas ambientales. Uno son los ambientes naturales propiamente dichos tales como bosques, montañas, selvas, ríos, playas y humedales. El otro aspecto está representado por la ecología urbana donde el énfasis está puesto en la relación de las ciudades con sus espacios verdes. Tenemos malas noticias para la Ciudad de Buenos Aires al respecto: ONU-Hábitat tomó como parámetro una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecer en su informe “El estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012” que las urbes tienen que disponer “como mínimo entre 9 y 11 m² de área verde/habitante”. Cálculos desarrollados por la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que también asumen la recomendación de la OMS, colocan a Buenos Aires entre las peores de la región en este aspecto: 2,69 m² de área verde/habitante, apenas un 25% del mínimo recomendado. Ciudades como Rosario, en cambio, están mucho mejor en ese aspecto presentando 10,4 m²/habitante. Estudios similares muestran a la ciudad de Córdoba con 6,5 m²/habitante y a Mar del Plata con 3,38 m²/habitante

Podríamos decir que frente a las políticas ambientales cada partido político tiene sus luces y sombras. Si hablamos del Frente Para la Victoria es indiscutible el énfasis puesto en políticas científicas que han generado una masa crítica de profesionales que estudian nuestros recursos naturales, sus problemas y los modos de hacer un uso racional de los mismos. No obstante nos encontramos ante una paradoja: el FPV no ha cambiado el modelo extractivista imperante en gran parte de nuestro continente que se basa en una alta dependencia de la extracción intensiva de los recursos naturales. Por otra parte tenemos al PRO, que a mediados de 2014 reconoció el déficit que tenemos los porteños en la cantidad y calidad de parques y plazas y lanzó el Plan Buenos Aires Verde para revertir el estancamiento en la construcción de espacios verdes. El plan hablaba de “adaptar la ciudad a los desafíos de cambio climático” desligándose así de cualquier responsabilidad en los últimos ocho años de gestión. Pasados varios meses de aquel anuncio queda la sensación de que fue una medida totalmente marketinera ya que en ningún lado (ni al anunciarlo, ni después, ni antes) se dijo cómo iban a poner en vigencia ese plan que plantea aumentar los metros cuadrados de espacio verde de la ciudad en forma tan exponencial. El Partido Socialista que gobierna la provincia de Santa Fe siempre ha llevado la protección del medio ambiente entre sus banderas y ha tenido aliados políticos que son importantes militantes ambientales, pero tampoco han logrado superar el modelo extractivista basado principalmente en el monocultivo de soja. En la provincia de Córdoba, gobernada por el Partido Justicialista hace muchos años, las últimas grandes lluvias combinadas con la deforestación, los incendios y el avance inmobiliario sobre las sierras provocaron terribles inundaciones. Esto ha dejado en evidencia la torpeza serial de las últimas gestiones en esa provincia que generaron un preocupante deterioro ambiental. Parecería ser que los oficialismos y las oposiciones en todos los distritos comparten el núcleo duro del modelo extractivista, sobre todo en lo que se refiere a los agronegocios y sus graves consecuencias sobre el medio ambiente, la economía y la salud humana

Cuando los Poderes Ejecutivo y Legislativo dejan de atender problemas ambientales, nuevos actores entran en el juego político generando muchas fricciones con los partidos tradicionales. Uno de esos actores son las organizaciones vecinales. Un reclamo presentado en 2004 por un grupo de vecinos que se conoció como la “Causa Mendoza”, logró que en 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intime a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a implementar un plan de saneamiento en el que hoy trabajan en conjunto el Gobierno Nacional, el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad. En el año 2012, en un fallo inédito, un tribunal cordobés condenó a tres años de prisión en suspenso a dos personas acusadas de afectar la salud del barrio Ituzaingó por uso indebido de endosulfán (un insecticida) y glifosato (un herbicida). La organización Madres de Ituzaingó, se convirtió así en un símbolo de los reclamos contra la contaminación de las poblaciones humanas con agrotóxicos. En 2014 más de 10 mil vecinos de San Isidro se movilizaron y, tras una presentación de una concejal opositora al intendente, un juzgado frenó con una medida cautelar la construcción de oficinas y viviendas sobre 43 mil metros cuadrados los espacios verdes del Hipódromo de San Isidro que, estratégicamente, está por ser declarado “Espacio Verde de Interés Provincial” por la Legislatura para evitar su desaparición.

La contaminación del agua y el aire, la impermeabilización de los suelos por la construcción desenfrenada que resulta en tremendas inundaciones, el aumento de la temperatura del planeta por emisión de gases de efecto invernadero, el envenenamiento del agua y el suelo con agrotóxicos, la desertificación por los desmontes y los incendios intencionales producto también de la especulación inmobiliaria, son todos procesos peligrosos y de consecuencias impredecibles que están avanzando a una velocidad inusitada en nuestro país.

Argentina cuenta con unas 985 especies de aves, 345 mamíferos, 248 reptiles, 145 anfibios y 710 de peces. Más de 530 de todas ellas están amenazadas por la caza, el mascotismo y la destrucción de su hábitat. Y también hay en nuestro territorio 40 millones de personas, y muchas más por venir, que merecen que se mejoren profundamente las políticas ambientales aunque a los dirigentes políticos esto los haga sentir incómodos, más aun en años electorales.