El Estado nacional aumentó su tamaño de manera exponencial al servicio de lo que el Gobierno Nacional consideró era prioritario, y ese aumento no implicó un aumento equilibrado de sus prioridades; de esta manera existen cerca de 95 planes sociales de distinto tipo -habiendo una Asignación universal por hijo, cuyo espíritu en todos los países donde se implementó fue suplantar al resto de los planes-, pero no existe ni un solo plan en materia de seguridad. De hecho, no solamente no existe un plan en materia de seguridad sino que se tensiona de manera contradictoria entre el pragmatismo escénico de Sergio Berni y el pudor progresista de la Ministra de Seguridad de la Nación -quien supuestamente debería conducir la estrategia de la Nación en materia de seguridad-.

Es necesario preguntarse si el Estado realiza su máximo esfuerzo por ser eficiente, por brindar servicio y por tener información que le permita actuar con inteligencia. El delito existe en todo el mundo, pero el nivel de violencia con el que sucede aquí y la incapacidad estatal para responder en lo inmediato genera rápidamente una antagonización discursiva, por la cual el delincuente es una víctima del sistema o se lo debe crucificar. Antagonismos que surgen cuando los países no se han puesto de acuerdo sobre condiciones básicas y mínimas. En este sentido hay cuestiones preideológicas que hacen a la dimensión de la seguridad: Incapacidad carcelaria e ineficiencia de la justicia. 

Las cárceles no dan abasto, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires se encuentra el 50% de los presos de todo el país (30.000 aproximadamente), el gobernador Daniel Scioli no construyó ni una cárcel, solo agregó 9.000 camas a las cárceles preexistentes. El resultado de esto es por un lado el hacinamiento del recluso y por el otro un combo letal que convierte a las cárceles en ámbitos ingobernables en términos estatales que devienen en productos turbios como la agrupación carcelaria kirchnerista Vatayón Militante.

La segunda cuestión es que al momento de cometer un delito, el 80% de los presos no tenía un trabajo, así como el 90% no terminó la secundaria. También que el 75% tiene menos de 35 años y que estamos frente a una generación que es una bomba de tiempo. En un país en el que apenas el 65% termina la secundaria y el empleo se precariza exponencialmente por presión del Estado no hace falta ser un genio para descubrir que el trabajo y la educación no solo son factores de cohesión sino que además permiten marcar el camino de progreso para que una sociedad sea sana.

Las cárceles son el patio trasero de esa casa grande que es cada país. El de algunos se mantiene lo más limpio que se puede y en otras simplemente dejan que crezca la maleza y la podredumbre. Hoy las cárceles argentinas son más instituciones de posgrado en delitos que instituciones abocadas a resocializar al recluso.

No ha habido en los últimos 40 años una política pública seria en relación al sistema carcelario en Argentina y esto no es menor cuando el 32% de los presos es reincidente. Cárceles colapsadas, un sistema judicial ineficiente -a su vez maniatado por el intento constante del Gobierno Nacional por colocar jueces afines-, y fuerzas de seguridad corrompidas, mal pagas, sin decisión política por apoyar a los que hacen las cosas bien, deviene en una discusión sobre qué opinará el Papa Francisco sobre el combate al narcotráfico o discusiones tan abstractas como demagógicas sobre si hay que agravar las penas o no de un sistema que no funciona.

De esta manera, como en tantas otras situaciones de nuestra discusión pública, se arman nuestros Boca-River. Así se desnaturaliza el eje, y la atención se centra en quién parece más inteligente o menos marginal.

Paralelamente creció exponencialmente el narcotráfico.

En estos meses distintos actores nacionales han deslizado declaraciones en favor de la despenalización y comenzaron a esgrimir la idea de que despenalizando la marihuana se reduce el narcotráfico. No hay ninguna evidencia empírica que demuestre esa hipótesis.

El Secretario de Seguridad de la Nación declaró que “la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial fracasó” y que por eso se debía avanzar hacia una legalización completa de las drogas. La premisa es falsa. Tan es así, que la Junta internacional de fiscalización de estupefacientes, dependiente de la ONU, utilizó como ejemplo la “tendencia peligrosa” adoptada por Uruguay, siendo que las medidas internacionales conjuntas sobre las que se trabaja han mostrado resultados positivos en el control de la cosecha de plantaciones de coca y adormideras para la producción de heroína, en donde por primera vez en 15 años se logró disminuir la cantidad de plantaciones, cuestión que no sucedía desde 1999.

En este sentido, que Uruguay haya despenalizado el consumo no ha contribuido a nuestra discusión. No contribuye porque si bien hablamos el mismo idioma, vemos los mismos programas de televisión y estamos cerca, somos países bien diferentes, con condiciones muy distintas y por ende con problemas propios de esas condiciones. No tenemos el mismo sistema educativo, ni los mismos niveles de pobreza, ni la misma extensión territorial, ni la misma solidez institucional, ni las mismas fuerzas de seguridad, ni el mismo problema con la corrupción. Las condiciones económicas, culturales y sociales que requiere el narcotráfico no tienen nada que ver con que se pueda fumar porro en una plaza. Además el narcotráfico no está en Argentina para poder vender droga a los argentinos.

Lo primero que se debe entender es que el narcotráfico es un negocio internacional que comercia en dólares. Argentina durante algunos años tuvo un tipo de cambio desdoblado y un salario mínimo vital y móvil extremadamente débil en dólares -280 dólares mensuales-. Esto, más una debilidad institucional estructural que implica fuerzas de seguridad sobrepasadas, legislaciones indulgentes y un estado desinteresado, generó un combo que derivó en que se consuman 400.000 dosis diarias de paco aproximadamente –según datos de la Sedronar para el año pasado-. Ejércitos de pibes, esclavizados mediante la adicción y una contención social perversa que genera un “sentido de pertenencia” hacia las narcobandas que deriva en un cóctel explosivo que el Estado no logra desmantelar.

Hay una tara argentina en pensar que podemos resolver problemas estructurales con el boletín oficial. La ley es una herramienta al servicio de la resolución de problemas pero para ser efectiva requiere que las fuerzas políticas delimiten un objetivo social respecto a la droga en sus dos dimensiones: consumo personal, y comercialización para el financiamiento de actividades criminales.

La despenalización de la marihuana, en este contexto, es una irresponsabilidad al servicio del consumo clase-media que no tiene nada que ver con la lucha contra el narcotráfico.

El debate público desde 2008 ha tomado giros hacia lo intuitivo ante la dificultad por encontrar estadísticas serias que permitan realizar diagnósticos acertados. Uno de los ejes que afecta principalmente, como todo lo que se hace mal, es el diagnóstico sobre la transformación o no que han vivido los sectores más desfavorables de nuestro país.

Hoy la política oficial sobre la pobreza es un combo entre Asignación Universal por Hijo que de universal tiene poco, que fue hecha por decreto e impide a los trabajadores estar en blanco y continuar percibiéndola; Fútbol para todos, que no merece ningún agregado; y el reciente plan Pro.Cre.Ar para suplir un mercado de créditos hipotecarios totalmente devastado producto de la inflación, la informalidad laboral y falta de previsión del crecimiento. También existe un esquema de subsidios al transporte y a la energía que logró que incluso la clase media haya perdido la brújula del valor real de las cosas, y perder el valor real de las cosas impide pensar sobre el valor real de lo que se necesita para vivir dependiendo de uno mismo y no de la mano del Estado cuando no debería ser necesaria.

Gobierna un partido que se considera peronista, cercano a los trabajadores, en el que luego de diez años el 34,5% de los trabajadores se encuentra en situación de informalidad laboral y que afecta principalmente a las regiones más vulnerables e inestables económicamente, como las regiones del norte, donde incluso llega al 43,3% y que a su vez afecta principalmente a los jóvenes y a quienes se encuentran culturalmente estigmatizados por la subocupación o condiciones de vida muy adversas.

Cada 100 pesos que recibe un trabajador, 160 son los que expende el empleador y esos 60 de diferencia van a solventar gastos ineficientes del Estado. Y no, hablar de eficiencia no es de derecha, se puede tener una visión humana de los problemas, incluso con intervención del Estado pero con criterios básicos de eficiencia y no pagando la fiesta de subsidios que hay hoy en todos los lugares que ha ido ocupando el Estado. A su vez, producto de las malas políticas de seguridad en nuestras fronteras e internas, se instaló el narcotráfico que con drogas de laboratorio como el paco y la “alita de mosca” se están llevando puesta a una generación de pibes pobres. Según números del SeDroNar mueren dos pibes por semana víctimas del paco -muerte cerebral- en el área metropolitana Buenos Aires.

Quizás es cliché mencionarlo, pero Lula Da Silva, en su artículo “Cuando la sociedad reclama cambios“, recientemente publicado, habla sobre algunos de los ejes de su gobierno y dice: “El primer compromiso que asumí ante el pueblo brasileño fue el de terminar con el hambre en el país. Por su dimensión moral, ésta es una causa capaz de unir a una nación. (…) Yo digo que Brasil empezó a marchar bien porque lo que hicimos fue poner a los pobres y a los trabajadores, es decir, a la inmensa mayoría de la población, en el centro de todas las acciones del gobierno. Los pobres que antes eran vistos solamente como un problema (y para muchos, un problema imposible de resolver) pasaron a ser parte esencial de la solución. Pasaron a ser ciudadanos”.

Si hubiera realmente un compromiso por poner en marcha los motores del crecimiento y la inclusión se prestaría menos atención a que dicen los medios, se intentaría maniatar menos el quehacer cotidiano del Congreso de la Nación y la opinión de un juez de la Corte no debería ser un tema de atención cotidiana. La sombra de la pobreza desvía nuestra atención del esfuerzo que hacen quienes están luchando día a día para ver qué partida están jugando los sacerdotes de la política, haciéndonos creer que por el destino de ese juego nos aproximamos a algún tipo de victoria.