Y esto es lamentablemente esperable, ya que las políticas públicas castigan a potenciales motores de la economía, tal como lo es el comercio exterior. Tanto el peso impositivo como las impredecibles regulaciones afectan negativamente la competitividad internacional de nuestro país. En un mundo crecientemente global e integrado, la falta de certidumbre institucional constituye un enorme obstáculo para la planificación de largo plazo de las empresas, el cumplimiento con sus clientes, y -en consecuencia- para la inversión productiva orientada al mundo.

Como hemos analizado en un estudio realizado en el marco de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, diversos países de nuestra región -América Latina- han encontrado en el comercio exterior un importante motor para sus economías. En consecuencia, exportan por habitante sustancialmente más que la Argentina. Tal es el caso de Chile -que triplica las exportaciones per cápita de nuestro país (4358 dólares anuales contra 1671 dólares)-, de México (3160 dólares) y del vecino Uruguay (3077 dólares).

En los tiempos políticos que podrían anunciar el fin de una era (y el inicio de otra) para la economía de nuestro país, esta crisis puede surgir como una enorme oportunidad para dar un giro hacia la sensatez que nos encamine hacia políticas que no son discutidas por los países -tanto desarrollados como en desarrollo- que crecen. Resulta fundamental realizar reformas simples y claras basadas en seis principios para recuperar la competitividad perdida, la previsibilidad y el crecimiento orientado al mundo, a saber:

1. Dejar de castigar a quienes exportan. El impuesto representativo de este tipo de medidas que “matan a la gallina de los huevos de oro” lo constituyen las llamadas “retenciones”, es decir, los impuestos que castigan a las exportaciones. Cuando en otros países hago referencia a los impuestos a la exportación (que en el caso de la soja llegan al 35 %), quienes me escuchan suelen corregirme pensando que me he equivocado y he querido decir “impuestos a las importaciones”. Ante esto, debo aclarar que efectivamente, sí, en Argentina castigamos a quienes exportan. Es necesario quitarle peso al motor de la economía para que capitalice su potencial, traccionando al resto de los sectores productivos y regiones del país.

2. Sincerar y unificar el tipo de cambio. En la actualidad, un exportador de soja recibe 6 pesos por cada dólar que exporta y para comprar una unidad de esta moneda debe pagar 15, si lo hace en el mercado informal. Las políticas de tipos de cambio múltiples han perdido vigencia en el resto del mundo por sus efectos negativos. El llamado “cepo cambiario” atenta contra la competitividad exportadora, agrega una enorme incertidumbre al comercio internacional. Es necesario tener un único tipo de cambio, como sucede en la mayor parte de los países serios del planeta.

3. Desbloquear las importaciones. Bajo el rótulo de administración del comercio se ha burocratizado y ha agregado incertidumbre a la operatoria de importación. Las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI), precedidas por las licencias no automáticas de importación, son uno de los símbolos de este perfil de políticas. En este contexto incierto, quienes importan insumos para transformar y reexportar, no saben si podrán hacerlo ni cuándo. En consecuencia, pierden clientes y mercados. Lo mismo sucede con quienes importan bienes para consumo final. La claridad y la transparencia son fundamentales para dar certidumbre a los negocios.

4. Reducir (y eliminar) una inflación que hace inciertos los costos de producción. Ya nos hemos referido específicamente a la forma en que la inflación afecta la competitividad y del efecto tenaza que tiene el hecho de que los precios vayan por el ascensor y el tipo de cambio por la escalera, generando el eterno retorno de un retraso cambiario. Por eso, es central reducir y eliminar -a través de un giro en la política monetaria- una inflación que dificulta toda posibilidad de cálculo económico en vista del mercado global.

5. Escapar del modelo de república sojera y agregar valor a la producción y las exportaciones. A mayor incertidumbre institucional, menor confianza en la economía y menor plazo buscado para el retorno de la inversión. Dada esta incertidumbre, los países con menor calidad institucional afrontarán inversiones que busquen un retorno en un plazo más corto. Por ese motivo, es tan medular contar con instituciones que garanticen previsibilidad de largo plazo. En la medida en que la calidad institucional sea baja, seguiremos siendo “adictos” y limitados a los productos primarios o a sectores industriales con privilegios especiales. Naciones que han reorientado y consolidado su situación institucional y económica han incrementado sus ventas externas y reducido su dependencia a productos primarios. Tal es el caso de México, país en el que en 1982 el petróleo representaba ocho de cada diez dólares que exportaba, y en la actualidad apenas uno y medio de cada diez.

6. Integrarse comercialmente al mundo, sin enfocarse solo en algunos países. Argentina puede diversificar su espectro de vínculos comerciales y dejar de concentrarse (y depender fuertemente) en algunos pocos países, como Brasil y China (los primeros dos destinos de nuestras exportaciones). Para ello es necesario un nuevo Mercosur, que no concentre el comercio en unos pocos países generando fortalezas comerciales, sino que permita la firma de acuerdos comerciales con otros países. Volvemos al ejemplo de México, país en el que el más del 90 % del comercio exterior se encuentra en el marco de acuerdos comerciales con cuarenta y seis países. También comprobamos esto en Chile, país con derechos de importación cercanos a cero, que además cuenta con más de veintidós acuerdos comerciales con más de sesenta países, incluyendo a la Unión Europa, Mercosur, China, India, Corea del Sur y México. Asimismo, la primarización de la economía da como resultado una dependencia en la exportación de materias primas.

Hemos escuchado muchas veces que Argentina tiene capacidad de producir alimentos para más de 400 millones de humanos. También del enorme potencial dormido en un país que tiene casi la misma superficie de la India y apenas el 3 % de sus habitantes. Hoy tenemos la gran oportunidad de dejar de castigar a los motores de la economía, de dejar de “aplastar” a las gallinas de los huevos de oro de nuestro país, de despertar el potencial dormido de nuestra economía. Transformar los sueños en una realidad. Las potencialidades en actos.

El presente nos ofrece la oportunidad de cambiar este rumbo de cosas, dejando de pensar y actuar con horizontes de corto plazo (tapando agujeros), estableciendo simples y sólidos cimientos institucionales que alienten apuestas económicas de largo plazo.

Esta “saladización” de la economía argentina es reflejada en distintos estudios. Entre ellos, el recientemente realizado por la Organización Internacional del Trabajo, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que muestran que la informalidad alcanza al 46,8% del total de los ocupados, llegando en el segmento de 15 a 24 años al 61,6%. El número que habitualmente se comunica es que uno de cada tres argentinos trabaja de manera informal, pero este dato excluye a los trabajadores independientes, con los cual esta cifra alcanza prácticamente a uno cada dos.

Los mismos datos del INDEC muestran una caída del empleo formal en los años recientes -que pasó del 35,5% en el 2012 al 33,6% en el 2014- proceso que confluye con una reducción en la cantidad de empleados informales –que cayeron de 3 millones en 2012 a 2,8 en 2014- y un incremento de la cantidad de cuentapropistas -que crecieron desde 2,4 millones de trabajadores en 2012 a 2,6 millones en 2014.

En un contexto en el que la presión tributaria continúa alcanzando niveles récord (según datos de la OCDE ya superaba el 37,3% en el 2012, siendo en 1990 16,1% y en el contexto de la crisis 20,1%) en la Argentina vivenciamos un extraño –o no tan extraño- fenómeno: ante la mayor presión tributaria una porción de la actividad económica no se paraliza, sino que se informaliza y presenciamos una “curva de Laffer de la informalidad”. Mientras que la curva de Laffer original muestra la mayor presión tributaria disminuye el nivel de recaudación como consecuencia de la caída del nivel de actividad (menos producción, menos ventas), en nuestro país observamos un efecto adicional. En el contexto de un bajo cumplimiento efectivo de la ley (enforcement), la mayor presión tributaria se traduce en mayor informalidad.

El fenómeno de la informalidad es una temática profundamente estudiada. Quien ha popularizado esta visión ha sido Hernando de Soto en su clásico libro “El otro sendero”. De Soto explicó cómo el alto costo de cumplir con las reglas de juego formales ponen a una porción importante de los ciudadanos ante el dilema de cumplir con las regulaciones o sobrevivir desarrollando negocios, aún en contextos institucionales endeble. En este contexto de la informalidad, algunos años atrás hemos analizado el caso del surgimiento de los clubes del trueque en la crisis 2001-2002 (“Clubes del trueque en Argentina”, G. Gasave, G. Lazzari y M. Simonetta), –generando monedas privadas, en muchos casos- ante la situación terminal de la economía argentina en el marco del libro editado por Álvaro Vargas Llosa “Lecciones de los pobres. De Perú a Nigeria, los emprendedores combaten la pobreza” (Independent Institute, 2008).

Los datos de la informalidad en la Argentina revelan las dificultades para competir que enfrentan quienes cumplen con la ley, las cuales contemplan no sólo los costos monetarios sino también los altos requerimientos burocráticos a cumplimentar. Por su parte, desde la política se deja hacer porque se asume que es “mejor informal que criminal”. En estas circunstancias, los costos de funcionamiento de un Estado cada vez más grande asfixian a una porción de la población que cumple las reglas del juego.