Un delito, según nuestro Código Penal, queda en etapa de tentativa, cuando el agente (delincuente) hace todo lo posible por cometerlo, pero, por circunstancias ajenas a su voluntad, no lo consigue (artículo 42). Ejemplos: el que impacta varios tiros en una víctima pero ella, Dios o ciencia mediante, sobrevive. O el que roba golpeando con un arma a su víctima, pero a los pocos metros es detenido. El garantismo lleva aún más allá el beneficio en los casos de robo si el criminal no pudo “disponer” (disfrutar) de su botín antes de ser capturado, allí también estamos en tentativa.

Pese a que, en el primer ejemplo, la víctima fue librada a su suerte a morir. Recuerdan, por ejemplo, el caso de Carolina Píparo, adonde la víctima, embarazada, fue baleada en su vientre, lo que provocó a la postre la muerte del pequeño pero no así de su madre. Pues bien, este asesino tendría “descuento” de pena en cuanto a que no pudo matar a la madre. Lo que merecía cadena perpetua pasa a ser una condena de 10 a 15 años y a la mitad, juez de ejecución abolicionista mediante, a la calle.

En el segundo caso, mientras la víctima comienza a recuperarse de los golpes recibidos durante el robo, el criminal se verá beneficiado también con la “rebaja” de pena establecida por el Código Penal. Rebaja sustancial, de un tercio a la mitad de la pena establecida para el delito. Esto también significa el criminal a la calle, antes de que la víctima salga del hospital.

Este absurdo premio al fracaso es difícil de explicar al ciudadano de a pie. Lo que suena lógico a la gente es que el delincuente, fracasado o no, debe cumplir con la misma pena. Pero no a los abogados, que consideran al Código Penal escrito en piedra.

Esto debe corregirse, porque en otros lugares del mundo no es así. En los Estados Unidos, por ejemplo, encontramos estados adonde la misma pena lleva quien intenta el delito y no lo consigue que quien lamentablemente es exitoso. En otros, los liberales, sólo los delitos menores tienen rebaja al fracaso, nunca delitos mayores, como un robo a mano armada, una violación, un homicidio.

Aprovechando los vientos de cambio y la invitación del Sr. ministro de Justicia, Dr. Germán Garavano, a Usina de Justicia, nuestra asociación por los derechos de las víctimas y contra la impunidad, es que una vez más propondré la reforma de este artículo 44 del Código Penal que contiene el premio al criminal fracasado. Si pretendemos mejorar nuestra seguridad pública, debemos contar con una legislación acorde a estos tiempos.

Actualmente estamos cursando invitaciones a quienes son candidatos a la presidencia. El primero en aceptar ha sido Sergio Massa.

Porque queremos saber si seguiremos en este derrotero de contar víctimas o si alguien realmente tendrá la voluntad y decisión política de cambiar este estado caótico de cosas.

Así, personalmente como miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Usina, pretendo saber:

*Quién está de acuerdo en proponer cambios legislativos que apunten: a reducir las excarcelaciones a nivel federal, eliminar las salidas transitorias y libertades condicionales en los delitos graves, rever la edad de imputabilidad de los menores, a la creación del delito de manejar bajo influencia de alcohol y/o drogas, a la eliminación del la disminución de pena en la tentativa en delitos graves, a la eliminación de la multi- reincidencia adoptando leyes de “3 strikes”, por las que a la tercer condena por delitos dolosos cometidos por un delincuente, la última sentencia obligatoria sea la perpetua; entre otras.

*Quién terminará con este absurdo de mantener una Policía Federal en una ciudad que es autónoma, distrayendo así estos recursos para la lucha que debe darse urgentemente contra el delito organizado federal como el proveniente del Narcotráfico, Contrabando, Trata de personas y-o secuestros, entre otros.

*Quién tiene un plan carcelario, porque todo plan de seguridad exitoso conlleva, al menos en el corto plazo, al aumento de población carcelaria.

*Quién creará Unidades de Seguimiento de personas en Probation, Excarcelados y Libertad Condicional para que las víctimas pasadas y eventuales sepan a qué se dedican los imputados o condenados cuando están en libertad.

*Quién transformará a la poco trascendente Agencia Nacional de Seguridad Vial en una Policía Vial que prevenga y reprima las actitudes temerarias al volante.

*Quién tiene en mente la creación de un nuevo organismo federal de lucha contra el crimen organizado, absolutamente imprescindible.

*Quién modificará la nueva ley de inteligencia para que la Oficina de Escuchas pase a ser manejada por la Corte Suprema y para que la nueva Agencia convierta su rol a exclusivamente el análisis de escenarios de inteligencia y contrainteligencia de objetivos nacionales e internacionales, dejando el análisis criminal interno en manos de una nueva Agencia de Lucha contra el Crimen Organizado. 

*Quién cuenta con especialistas para poner en marcha un plan de seguridad  serio desde el primer día de gobierno privilegiando la idoneidad sobre la política.

*Quién priorizará la inversión en materia de seguridad y nuevas tecnologías no sólo en lo federal sino también mediante aportes a las provincias.

*Quién NO postulará como jueces a los que se muestren abolicionistas del derecho penal vigente (o sea contrarios a la ley que juran defender) o miembros del Consejo de la Magistratura (el que también deberá conformarse de acuerdo a los mismos parámetros a futuro), ni como miembros de nuestro Supremo Tribunal ni otros organismos que afecten nuestra seguridad pública.

Cuando sepa al menos esto de boca de los candidatos prometo darlo a conocer a la ciudadanía en general, porque creo que también estará interesada en saberlo.