Según el lugar adonde se judicialicen las actuaciones será la suerte que corran los reclamantes, por cuanto, además de haber escasa comunicación interjurisdiccional en esta materia, también la especializaciòn de las diversas fuerzas de seguridad provinciales varía notablemente.

Es necesaria una estructura que centralice todo el esfuerzo de recolección de datos ante una denuncia que así lo amerite, los verifique, atienda a las presuntas víctimas, brinde apoyo multidisciplinario y, sobre todo, busque por medio de nuevas tecnologías y recursos humanos calificados a la persona perdida o desaparecida en todo el ámbito nacional, ya sea por cuanto se presume un delito federal como por colaboración con las distintas autoridades judiciales o del Ministerio Público de cualquier jurisdicción del país que así lo solicitara.

Según la Procuraduría de Trata y Protección de Personas (Protex), sobre la cantidad de personas desaparecidas o extraviadas en democracia hay más de seis mil personas desaparecidas del año 1990 a la fecha.

En el largo y doloroso derrotero recorrido junto a la familia de María Cash, si algo podemos sacar en positivo de este terrible caso, es la experticia que nos deja y nuestra intención de acercarla al nuevo Gobierno, para evitar futuros incidentes similares.

La ex diputada Patricia Bullrich nos acompañó el año anterior presentando nuestro proyecto cuando desde el Ejecutivo se hacían oídos sordos. Ahora, ya como ministra de Seguridad, le hemos aportado la adaptación del proyecto para la creación de la Secretaría Ministerial de Búsqueda de Personas junto con su correspondiente protocolo de actuación, de acuerdo con estándares internacionales. Esperemos una pronta implementación.

No estamos solos, nuestra propuesta en Change.org tiene ya más de cien mil adhesiones.

Así, hemos acercado al ministro Cristian Ritondo el proyecto de creación de una agencia —o secretaría— provincial de lucha contra el crimen organizado, una estructura ágil y dinámica que, por fuera de la fuerza policial provincial, dé al fin soluciones al ciudadano común sobre narcotráfico, trata de personas, secuestros y otros delitos complejos o en manos de la delincuencia organizada. Esta, a la vez, deberá ser la contraparte de una agencia o una secretaría que a los mismos fines cree el Gobierno nacional.

La Policía bonaerense, así, al menos sus buenos efectivos, deberá municipalizarse para enfrentar el delito común, especialmente el violento. En cuanto al servicio penitenciario también deberá explorar otras opciones, como por ejemplo la construcción de nuevas unidades, llave en mano y, por qué no —ya no debería ser mala palabra—, darle el manejo a compañías internacionales que ya han demostrado su eficiencia a la hora de hacerlo en otros lugares del mundo.

Por último, pero no menos importante, deberán evaluarse minuciosamente los nuevos nombramientos judiciales para buscar perfiles de personas que privilegien, en sus resoluciones, los derechos de las víctimas y la seguridad pública en general.

No esperemos diferentes resultados si apostamos a las mismas soluciones.

Actualmente estamos cursando invitaciones a quienes son candidatos a la presidencia. El primero en aceptar ha sido Sergio Massa.

Porque queremos saber si seguiremos en este derrotero de contar víctimas o si alguien realmente tendrá la voluntad y decisión política de cambiar este estado caótico de cosas.

Así, personalmente como miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Usina, pretendo saber:

*Quién está de acuerdo en proponer cambios legislativos que apunten: a reducir las excarcelaciones a nivel federal, eliminar las salidas transitorias y libertades condicionales en los delitos graves, rever la edad de imputabilidad de los menores, a la creación del delito de manejar bajo influencia de alcohol y/o drogas, a la eliminación del la disminución de pena en la tentativa en delitos graves, a la eliminación de la multi- reincidencia adoptando leyes de “3 strikes”, por las que a la tercer condena por delitos dolosos cometidos por un delincuente, la última sentencia obligatoria sea la perpetua; entre otras.

*Quién terminará con este absurdo de mantener una Policía Federal en una ciudad que es autónoma, distrayendo así estos recursos para la lucha que debe darse urgentemente contra el delito organizado federal como el proveniente del Narcotráfico, Contrabando, Trata de personas y-o secuestros, entre otros.

*Quién tiene un plan carcelario, porque todo plan de seguridad exitoso conlleva, al menos en el corto plazo, al aumento de población carcelaria.

*Quién creará Unidades de Seguimiento de personas en Probation, Excarcelados y Libertad Condicional para que las víctimas pasadas y eventuales sepan a qué se dedican los imputados o condenados cuando están en libertad.

*Quién transformará a la poco trascendente Agencia Nacional de Seguridad Vial en una Policía Vial que prevenga y reprima las actitudes temerarias al volante.

*Quién tiene en mente la creación de un nuevo organismo federal de lucha contra el crimen organizado, absolutamente imprescindible.

*Quién modificará la nueva ley de inteligencia para que la Oficina de Escuchas pase a ser manejada por la Corte Suprema y para que la nueva Agencia convierta su rol a exclusivamente el análisis de escenarios de inteligencia y contrainteligencia de objetivos nacionales e internacionales, dejando el análisis criminal interno en manos de una nueva Agencia de Lucha contra el Crimen Organizado. 

*Quién cuenta con especialistas para poner en marcha un plan de seguridad  serio desde el primer día de gobierno privilegiando la idoneidad sobre la política.

*Quién priorizará la inversión en materia de seguridad y nuevas tecnologías no sólo en lo federal sino también mediante aportes a las provincias.

*Quién NO postulará como jueces a los que se muestren abolicionistas del derecho penal vigente (o sea contrarios a la ley que juran defender) o miembros del Consejo de la Magistratura (el que también deberá conformarse de acuerdo a los mismos parámetros a futuro), ni como miembros de nuestro Supremo Tribunal ni otros organismos que afecten nuestra seguridad pública.

Cuando sepa al menos esto de boca de los candidatos prometo darlo a conocer a la ciudadanía en general, porque creo que también estará interesada en saberlo.

Aun con mas policías en la calle, muchas generaciones de escándalos de corrupción policial parecía que los habían dejado sin voluntad para combatir el crimen. La jefatura cuidaba sus puestos ordenando no entrometerse en los lugares peligrosos.

El crimen, decía la teoría, era causado por problemas en la sociedad, esto lo compartían académicos, sociólogos, aun criminólogos. La policía no podría hacer nada al respecto.

Les iba a probar a todos ellos que estaban equivocados…”

Parecido a lo nuestro, ¿no? Pero éste no es un relato actual de Buenos Aires, las palabras son de mediados de los 90, y fueron dichas por Bill Bratton, el hombre que al servicio de Rudolph Giuliani, fuera el creador de la inteligencia aplicada a la forma de hacer policía, conocido aquí como “Tolerancia Cero”. Los resultados ya los conocemos, hoy se camina con mucha más tranquilidad en New York o Los Angeles ( los departamentos policiales manejados y transformados por este Jefe Policial, otrora altamente peligrosas), que en muchas de las ciudades que se niegan a aplicar métodos probados, como Buenos Aires, Rosario o Córdoba.

¿Por qué entonces no aplicamos las mismas recetas que hoy se han expandido por el mundo ? ¿Qué queremos inventar? La miseria que hoy vivimos en materia de seguridad ya la vivieron otros antes países. Aprendamos de la experiencia ajena.

Se tardó unos 15 años desde su aplicación en el mundo hasta que llegaran a montarse en Buenos Aires Centros de monitoreo de cámaras en la vía pública (el viejo COMPSTAT de NY), una mera herramienta tecnológica de las muchas que se utilizan en la lucha contra el delito. Falta mucho más y la ciudadanía espera ver resultados concretos.

A modo de ejemplo, todavía no entiendo (más allá de la mera mezquindad política) qué hace un Gobierno Federal pretendiendo dar seguridad en una Ciudad Autónoma, cuando debería dejar esa tarea en manos de la policía local (traspasándole la parte metropolitana de la Policía Federal y manteniendo las Delegaciones del Interior) y ya estar pensando en un esquema propio de prevención y represión de importantes delitos federales, especialmente el narcotráfico por ser el principal motorizador de violencia urbana, pero también los secuestros y la trata de personas, al estilo del FBI .