En la década del sesenta, mientras Nueva York triplicaba su crimen, y Berlín y Londres lo duplicaban, Osaka y Tokio disminuían su criminalidad en un veinte por ciento. En 1974, Estados Unidos tenía cuatro veces más crimen que Japón. En 1976, las chances de ser robado en Estados Unidos eran 208 veces mayores que en Japón.

Hoy Japón tiene una tasa de 0,5 homicidios cada cien mil habitantes, mientras en Estados Unidos es de 5 y en Argentina se aproxima a 7 (en el Conurbano bonaerense es de cerca de 14). Ello sobre delitos denunciados; recordemos que en Argentina se denuncia uno de cada tres hechos.

Japón, como sabemos, es una nación industrializada y urbanizada; sus ciudades tienen tres veces la densidad habitacional que las comparables de Estados Unidos y asimismo cuenta con menos policías per cápita. ¿Dónde radica la diferencia entonces?

El prestigio y el profesionalismo de la policía japonesa son universalmente conocidos. Sus niveles de esclarecimiento de delitos son de los mayores del mundo, en hechos graves es mayor al 90 por ciento. Y ello conlleva a que el riesgo que tiene el delincuente de efectivamente ser encarcelado sea, por ejemplo, el doble del que siente en Estados Unidos (mejor no comparar con Argentina).

Una vez detenido, el delincuente japonés normalmente confiesa y pide disculpas públicas. Culturalmente, es más apegado a la ley, la que no es más gravosa comparada con otras, pero es aplicada por las cortes sin tantos tecnicismos ni largos procedimientos.

A la vez, es uno de los países con menos penetración del narcotráfico. No produce ninguna clase de tóxico y las penalidades por uso o contrabando sí son altas. El consumo de drogas es visto socialmente como de falta de carácter y debilidad en el usuario. El crimen organizado, aunque existe, es estadísticamente muy bajo. Y la compra de armas es regulada muy restrictivamente, del mismo modo que su contrabando.

También se han esbozado teorías culturales sobre el bajo crimen en Japón, haciéndose notar tres diferencias fundamentales con Occidente:

1) La uniformidad racial, étnica y cultural de la población de Japón en contraste con la diversidad de los países americanos y algunos europeos redundaría en paz social (La misma razón se ensaya para explicar el mismo fenómeno en los países nórdicos).

2) El ciudadano japonés ha podido preservar su vida de aldea en sus propias grandes ciudades; por ejemplo, todos conocen a sus vecinos, incluso la policía.

3) La cultura japonesa prefiere el trabajo y el éxito grupal al individualismo occidental; se preocupan más de sus obligaciones como miembros de su sociedad que de sus derechos individuales. Ello explicaría que su conducta antisocial, el delito como muestra de ella, sea escasa.

En definitiva, rasgos culturales milenarios mezclados con la buena labor policial y judicial se reflejan en el bajo crimen de esta sociedad.

Lo que debe comprenderse es que tanto las escuelas como las cárceles son necesarias en cualquier sociedad. Y funcionan en diferentes etapas del sistema criminal.

La relación entre entrada al delito y educación está probada por múltiples estudios, es decir cuanta más educación, menos entra la gente al delito, y ello por varias razones muy bien sintetizadas en The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports, por Lance Lochner y Enrico Morett. A más estudio, más dinero gana la persona en su empleo, por lo tanto resulta menos atractivo el “pago” que ofrezca el crimen; el estar encarcelado hace que la persona con más educación deje de ganar su salario y aparezca “estigmatizado” en su ambiente, desincentivando la entrada al crimen, aún del llamado “white collar”; la persona con educación es más paciente en la consecución de sus metas, las que cree que logrará con el tiempo, al revés de quien no ve posibilidades de poder progresar por sus medios legítimos, al menos en el corto plazo; la persona que recibió educación de alguna calidad moral o social, reprime más el sentimiento de quebrar la ley; la educación en la juventud, hace que el tiempo se use en cuestiones valiosas en momentos de vulnerabilidad. Y, aún en el delito, cuanta más educación en el delincuente, menos violento el crimen que comete.

Por todo ello: sí a la educación.

Pero, a la vez, para el delincuente que ya está en el circuito criminal, por ejemplo un secuestrador, un sicario, un violador, no habrá escuela o universidad que transforme su conducta; la educación en libertad ya llegó tarde.A éste, previo proceso legal se lo debe encarcelar, y alli sí, intramuros, adonde no dañe a la sociedad, tratar de reformarlo y hacerlo una persona útil. A veces funcionará, otras no.

El sistema criminal argentino parece orientado a hacer lo contrario, alienta la entrada de primarios al sistema criminal mediante la falta de educación de calidad, la disponibilidad casi irrestricta de drogas al alcance de los menores, el fomento del “primer empleo” por parte del narcotráfico, la casi inexitente prevención general o especial de la pena, etcétera.

Por algo estamos como estamos.

En síntesis, sí a las cárceles para cumplir metas de seguridad ciudadana a corto plazo, sí a la educación de calidad, como medida que dará sus frutos a mediano y largo plazo en la misma materia.

Actualmente estamos cursando invitaciones a quienes son candidatos a la presidencia. El primero en aceptar ha sido Sergio Massa.

Porque queremos saber si seguiremos en este derrotero de contar víctimas o si alguien realmente tendrá la voluntad y decisión política de cambiar este estado caótico de cosas.

Así, personalmente como miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Usina, pretendo saber:

*Quién está de acuerdo en proponer cambios legislativos que apunten: a reducir las excarcelaciones a nivel federal, eliminar las salidas transitorias y libertades condicionales en los delitos graves, rever la edad de imputabilidad de los menores, a la creación del delito de manejar bajo influencia de alcohol y/o drogas, a la eliminación del la disminución de pena en la tentativa en delitos graves, a la eliminación de la multi- reincidencia adoptando leyes de “3 strikes”, por las que a la tercer condena por delitos dolosos cometidos por un delincuente, la última sentencia obligatoria sea la perpetua; entre otras.

*Quién terminará con este absurdo de mantener una Policía Federal en una ciudad que es autónoma, distrayendo así estos recursos para la lucha que debe darse urgentemente contra el delito organizado federal como el proveniente del Narcotráfico, Contrabando, Trata de personas y-o secuestros, entre otros.

*Quién tiene un plan carcelario, porque todo plan de seguridad exitoso conlleva, al menos en el corto plazo, al aumento de población carcelaria.

*Quién creará Unidades de Seguimiento de personas en Probation, Excarcelados y Libertad Condicional para que las víctimas pasadas y eventuales sepan a qué se dedican los imputados o condenados cuando están en libertad.

*Quién transformará a la poco trascendente Agencia Nacional de Seguridad Vial en una Policía Vial que prevenga y reprima las actitudes temerarias al volante.

*Quién tiene en mente la creación de un nuevo organismo federal de lucha contra el crimen organizado, absolutamente imprescindible.

*Quién modificará la nueva ley de inteligencia para que la Oficina de Escuchas pase a ser manejada por la Corte Suprema y para que la nueva Agencia convierta su rol a exclusivamente el análisis de escenarios de inteligencia y contrainteligencia de objetivos nacionales e internacionales, dejando el análisis criminal interno en manos de una nueva Agencia de Lucha contra el Crimen Organizado. 

*Quién cuenta con especialistas para poner en marcha un plan de seguridad  serio desde el primer día de gobierno privilegiando la idoneidad sobre la política.

*Quién priorizará la inversión en materia de seguridad y nuevas tecnologías no sólo en lo federal sino también mediante aportes a las provincias.

*Quién NO postulará como jueces a los que se muestren abolicionistas del derecho penal vigente (o sea contrarios a la ley que juran defender) o miembros del Consejo de la Magistratura (el que también deberá conformarse de acuerdo a los mismos parámetros a futuro), ni como miembros de nuestro Supremo Tribunal ni otros organismos que afecten nuestra seguridad pública.

Cuando sepa al menos esto de boca de los candidatos prometo darlo a conocer a la ciudadanía en general, porque creo que también estará interesada en saberlo.