Con incipientes dosis de garantismo y abolicionismo penal transitaron nuestros gobiernos democráticos desde 1983, con la fortuna de que estos principios eran  sólo tomados por los gobernantes de turno como ensayos catedráticos (ámbito de donde nunca deberían haber salido), y es por ello que no causaron especial efecto negativo en la seguridad ciudadana.

A partir de los últimos 12 años, en cambio, el garanto abolicionismo, este movimiento que representado en el país por Eugenio Zaffaroni (movimiento anacrónico y demostrado fracasado en otras latitudes hace más de 40 años) llegó al poder. Desde la pésima elección del camaleónico Zaffaroni como miembro de la Corte Suprema, sus seguidores en las cátedras y otros oportunistas que ingresaron al Poder Judicial de su mano, han hecho todo lo posible por justificar a los delincuentes y su accionar, abandonando a su suerte a las víctimas, que al contrario de sus contrapartes, no habían elegido serlo.

Mientras en los Consejos de la Magistratura los exámenes eran corregidos por zaffaronianos, los aprobados llegaban a la justicia con sed de liberar delincuentes, cualquiera fuera la razón, para halagar al “maestro” del Supremo titular.

Los que hemos estudiado Seguridad Pública sabemos que, además del sistema policial, el Poder Judicial y el sistema penitenciario completan la ecuación de seguridad (o inseguridad)

En la última década, los 3 pilares funcionaron muy mal.

En la policía, los buenos oficiales se retrajeron: detener delincuentes estaba mal visto, máxime si se usaba la fuerza (que el Estado le otorgó por ley pero no de facto), seguramente el procedimiento terminaba en sumario administrativo y el criminal liberado por teléfono por el garantista de turno.

Y los malos policías aprovecharon esta “nueva onda”, y lo hicieron para lucrar delictivamente con el crimen organizado, especialmente con traficantes de drogas que veían en esta Argentina una tierra fértil para el crimen.

En el Poder Judicial pasó lo mismo, la gente de criterio, la que aplicaba el mismo Código Penal que nos hizo un país seguro sin inventar ni forzar teorías pro delincuente, se fue retrayendo; estos magistrados eran denominados “fachos”, mientras ganaban poder los “garantistas” y otros inescrupulosos que bajo esa fachada aprovechaban para vender excarcelaciones o libertades condicionales a narcos y otras yerbas.

Resta analizar el último de la tríada, el Servicio Penitenciario, que con sus pobres sueldos, las mismas limitaciones en el uso de la fuerza y una alicaída infraestructura, restringe a los buenos mientras los malos negocian informes y o escapes a los pocos presos que por multi reincidentes llegan excepcionalmente a ingresar al sistema.

Pues así hoy llegamos a tener nuestras ciudades más importantes con niveles de violencia y muertos similares a Medellín, como es el caso del gran Buenos Aires, Rosario, y acercándose rápidamente Córdoba y Mendoza.

Estos doce años resultaron así el más grave y sangriento experimento de seguridad pública nunca conocido en el país.

El 18F mostró a la gente en la calle con miedo y buscando respuesta al grave flagelo de la inseguridad, a más de rendir su merecido homenaje al Fiscal Nisman.

Es por ello que el próximo gobierno, del signo que sea, deberá desechar todo lo andado, descartar la participación de todo miembro del experimento Zaffaroni (recordemos a aquellos que firmaron el “Acuerdo de -IN- seguridad democrática”…), y volver al sano criterio de modernizar las leyes teniendo como eje a la víctima, modernizar y purificar sus fuerzas de seguridad, deberá pugnar por un poder judicial independiente en el que legal y rápidamente se someta a juicio a los criminales (promoviendo asimismo el enjuiciamiento de magistrados que así no lo hagan) , para luego alojarlos en nuevas y numerosas cárceles -que deberá construir rápidamente- para así sacar a los ciudadanos honestos de este penal abierto en el que vivimos (siendo victimizados) todos los días.

En cuanto a lo técnico, destaco el nivel de profesionalismo y de experiencia presentado por los expositores extranjeros, quienes no dudaron, en general, en expresar como natural algo que solicitamos al Estado argentino hace bastante tiempo, la creación de una Agencia Federal contra el Crimen Organizado (algo también a lo que dio expreso apoyo el diputado Sergio Massa en su paso por el Seminario), la utilización de las Fuerzas Armadas en el control de fronteras, la profundización de la inteligencia criminal y otras medidas técnicas de coordinación nacional e internacional dedicadas a hacer de Argentina -y demás países de la región- tierra menos fértil para la instalación de organizaciones criminales.

Todos los expertos coinciden en que una democracia debe tener Fuerzas de Seguridad aún más fuertes que un régimen autoritario, porque estos basaban la seguridad en el control de la población y los democráticos en la preservación de la misma.

Más elocuente aun fue el Senador Colombiano y ex Gobernador Antonio Navarro Wolff, quien advirtió especialmente a los argentinos a no “dormirse” en la lucha contra el narcotráfico. A ellos les pasó y , como contaba, se dieron cuenta cuando ya Pablo  Escobar Gaviria dividía Medellín en áreas de comando y ponía precio de pago a la cabeza de cada policía o juez muerto que lo desafiara.

Navarro Wolff resaltó cuando hace poco dos de los criminales narcotraficantes más poderosos de Colombia se reunieron en una cumbre aquí. Sí, aquí en Buenos Aires, a dirimir su agenda secreta. ¿Por que será que eligieron Argentina?