Y aquí se encontrará con dos caminos a elegir. El de tratar de corregir los males de la numerosa Policía Provincial, principal encargada de aplicar la ley y pacificar el territorio; y el de terminarlos para dar efectiva solución al ciudadano.

El primer camino es el que todos han transitado y en el que han fracasado, vista la estadística criminal de la provincia. Es el menú de una nueva cúpula policial, un nuevo ordenamiento de la fuerza, nueva capacitación, etcétera. Es un pequeño cambio para que nada importante cambie. La Policía seguirá gobernando el territorio mediante un sistema piramidal de poder —en el que no falta la connivencia con el crimen organizado— y el poder político será tentado —una vez más— por las cuantiosas cajas ilegales recaudadas.

El segundo camino, el que necesitamos los habitantes de la provincia, es el verdadero desafío. Es el quiebre de la verticalidad policial para dar poder horizontal a los buenos policías que sí quieren mejorar la situación y que arriesgan sus vidas a diario mientras ven a sus jefes llevar vidas de millonarios. Este es el camino más difícil, pero el que asegurará el éxito.

El primer paso para lograrlo es la municipalización total de la fuerza. Cada intendente contará con su propia Policía, altamente capacitada, para luchar principalmente contra el delito simple, el que afecta al ciudadano común. También deberá luchar con el complejo, pero aquí sí con el apoyo de una nueva Agencia Provincial contra el Crimen Organizado, de presencia en todos los municipios, formada con el mejor recurso humano que se pueda reclutar y altamente tecnificada. Policía de apoyo y control.

La Policía local actual, independientemente de las quejas por su entrenamiento limitado, es un híbrido que se quedó en el medio, cuasi municipal, pero insertada en la misma dependencia jerárquica piramidal descrita anteriormente y que no la favorece.

Si bien la estadística criminal es escasa y a veces hasta retocada, se sabe que aproximadamente en el territorio bonaerense hay unos diez homicidios cada cien mil personas. Este promedio del total de la provincia nos dice que en el conurbano estamos cerca de los 15. Estos números nos incluyen en el club de los lugares más inseguros del mundo.

Y recordemos que detrás de cada frío punto estadístico en nuestra provincia está la triste equivalencia a 160 personas muertas, 160 familias quebradas, 160 argentinos menos.

Asimismo, la Gobernadora deberá reinventar el vetusto y corrompido servicio penitenciario, construir nuevas unidades capaces de rehabilitar internos para así terminar con los negocios ilegales actuales. Un plan de seguridad que funciona necesita de nuevas cárceles.

Y también, por último, construir un nuevo Poder Judicial, con nuevos jueces y fiscales que se orienten equilibradamente hacia los derechos de las víctimas, inocentes y olvidadas por el abolicionismo penal impuesto desde la nación y desde la misma Procuración General de la Provincia, alineada ideológicamente con la agrupación Justicia Legítima.

En definitiva, veremos, por las medidas que se tomen luego del 10 de diciembre, si la voluntad política del cambio fundamental ha llegado.

La Gobernadora puede pasar a la historia o pasar desapercibida. Todo un desafío.

¿Cuántos en Argentina? Nadie lo sabe, las estadísticas no son nuestro fuerte. Aunque los estudios privados que han analizado el consumo de alcohol y otras drogas lícitas e ilícitas nos emparejan con el país de norte, por tal, se puede inferir que el porcentual de muertes causado por conductores bajo influencia debe ser, al menos, similar (0,005 %, o sea, alrededor de dos mil muertes -de las 7600 muertes viales del 2014, según Luchemos por la Vida Asociación Civil). Lo que también equivale a la cifra de homicidios dolosos anuales de la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo se trata este tema bajo la órbita legal? En la mayoría de los estados norteamericanos, cuando uno es detectado manejando intoxicado por alcohol u otras drogas, el arresto es inmediato, manejar impedido es un delito, menor o mayor. Según la repitencia delictual del autor, la penalidad va desde libertad condicional a tiempo en la cárcel del condado. Ello por el solo manejo, si el impedido causa lesiones o muerte, con seguridad cumplirá tiempo en prisión.

Aquí, en cambio, manejar impedido es una infracción de tránsito. Pago la multa, el acarreo, en su caso, y sigo. Seguramente una pieza de legislación que necesitamos ajustar y pronto.

En los Estados Unidos los oficiales de policía se quejan de que cuando detienen a un ebrio manejando, estos rutinariamente les preguntan: “¿No tienen algo más importante que hacer?”. Y la respuesta es “no”, no hay nada más importante que prevenir la muerte de ciudadanos.

No solo porque ese ebrio detenido particularmente no tendrá la eventual posibilidad de matar o herir a alguien con su arma-vehículo ese día, sino porque de un estudio provisto por MADD (Mothers Against Drunk Driving) surge que dos tercios de los primarios que son arrestados nunca más cometerán el ilícito. Porque no solo es el arresto, luego viene la libertad condicional, con obligación de tomar cursos que concientizan en las muertes que se causan por esta irresponsabilidad de manejar ebrio, pagos de multas, etcétera. Y quien no lo haga, cumplirá sentencia en la cárcel del condado.

Y el otro dato importante, acorde a la agencia estadounidense en la materia, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), es que la gente que maneja intoxicada lo hace, hasta ser arrestada, unas ochenta veces al año.

La conclusión es que el arresto de los que manejan ebrios 80 veces al año y que no repetirán su conducta salvará muchas vidas.

Como bonus, expresan los oficiales a cargo de los operativos, muchos arrestos por driving under the influence (DUI) terminan encontrando tóxicos prohibidos o gente buscada por otros delitos.

Por supuesto que también se necesitaría en nuestro país a quien refuerce esta legislación hoy ausente, y es aquí que hemos sugerido hace tiempo la creación de una policía vial activa de fuerte presencia nacional y de rol bastante distinto al pasivo de la actual Agencia Nacional de Seguridad Vial.