He escrito muchas veces sobre lo que el Estado debe trabajar en Política Criminal (esencialmente desaceleradores de entrada de personas al circuito criminal, por ejemplo, programas anti-drogas desde la escuela primaria) y en su Plan de Seguridad, basado en sus 3 pilares: Policía, Sistema Judicial y Sistema Penitenciario.

El juego más o menos armónico de principios y actores en estas tres funciones (basados por supuesto en una legislación coherente) deviene en más o menos seguridad ciudadana.

Ahora bien, cuando se trabaja en forma acertada en los dos primeros pilares, es decir en el sistema policial y en el sistema judicial, el tercero siente sobrecargada su infraestructura, ya que un correcto actuar de los primeros deviene en el mayor encierro de delincuentes que, verdad de Perogrullo, causan la inseguridad que sufrimos.

Entonces, así como correctamente se está buscando municipalizar las policías, del mismo modo se deberán municipalizar los detenidos, para evitar así la superpoblación de las obsoletas megacárceles provinciales, las que en muchos casos se convierten en verdaderos centros de corrupción.

Así funciona el sistema municipalizado en los Estados Unidos, con su policía municipal, y sus “county jails” o cárceles de lo que aquí sería de cada partido, manejadas por la institución del Sheriff del condado, ello sin perjuicio del sistema de cárceles provinciales (state prisons) para casos, normalmente, de máxima seguridad.

Ya la provincia de Buenos Aires está mostrando esta falencia, por cuanto la oportuna declaración de emergencia en la seguridad pública ha provocado mayor cantidad de detenidos, y esto ha provocado una puja –ya judicializada- por anular el plan oficial de volver a mantener detenidos en comisarías, que si bien parece urgente, desnaturaliza así el rol policial preventivo e investigativo del delito.

Por ello, cualquier plan de seguridad que pretenda seriamente devolver una calle segura a la gente honesta, por consiguiente enviando los delincuentes a la cárcel, deberá en forma urgente planear ( y exigir a los municipios ) la construcción de cárceles en cada partido provincial, de acuerdo a la criminalidad que se produzca en cada distrito.

Por ahora no lo he visto en ningún plan anunciado, espero esta nota lleve información y atención al respecto.

Este tópico puede ser ampliado con la lectura de mi Tesis Doctoral (1994-1999) publicada por la Universidad del Salvador (disponible online) “El Management Privado aplicado al Sistema Carcelario en crisis”.

La Política Criminal del Estado debe prever metas a mediano y largo plazo para evitar la entrada de actores al sistema penal, por ejemplo, elaborando planes de rescate y cuidado de menores en riesgo, de fortalecimiento de la familia evitando la violencia doméstica, y sobre todo poniendo especial énfasis en los programas educativos antidroga en las escuelas desde los primeros grados (está probado que los alumnos “tratados” con estos programas son menos proclives a experimentar drogas y caer en el delito).

Por el contrario, el Plan de Seguridad, debe contener medidas para la solución rápida del problema de la delincuencia urbana, es decir apuntado a prevenir hechos delictivos y  a separar del seno social a quien agrede a sus integrantes. La gente necesita soluciones ya, no a 10 o 20 años. Los Planes que esporádicamente se muestran en Argentina como exitosos, no lo son. Un plan eficiente debe mostrar al menos una baja sostenida en la tasa de criminalidad del 20% anual.

Porque el delito no es gratis. Además de su impacto en la víctima directa y su entorno, tiene un costo muy alto, social y económico. La consultora RAND de Estados Unidos, especialista en mediciones no convencionales, encontró que sumando costos directos (por ejemplo gastos médicos, policiales, judiciales, etc.) e indirectos (pérdida de turismo, inversiones, caída del valor de la propiedad, entre otros), un homicidio doloso en una gran ciudad cuesta aproximadamente 5 millones de dólares.

¿Qué nos dice esto? Que el gobernante debe invertir en seguridad, en uniformados, en patrulleros, en cárceles y en tecnología para prevenir delitos y así evitar estos costos mayores, sociales y económicos.

Luego, pasando específicamente al método de trabajo,  el gobernante necesita un “equipo” para enfrentar el delito. Este es conformado por el mismo gobernante que toma la decisión política de hacerlo y por el equipo de expertos que lo aconsejará con el know how,  el cómo hacerlo en base a conocimientos, técnicas y protocolos de probada eficiencia.

El equipo técnico, al tomar una jurisdicción a su cargo, deberá, como primer paso, auditar completamente el sistema de seguridad, algo que raramente observamos en nuestro país.

¿Qué significa esto? Que analizará minuciosamente la estructura policial y coadyuvantes (por ejemplo, municipales), sus rutinas de trabajo, sus unidades, su relación numérica con relación a la población a atender, su disposición geográfica, su nivel técnico científico y también su grado de corrupción.

A la vez, meticulosamente se estudiará la criminalidad del área, su estadística cierta, también, en su caso, por encuesta pública, su cifra negra (delito no denunciado), los tipos de crimen, de criminal y de víctima, y el medio ambiente en que se produce, entre otros aspectos.

En base a este análisis de auditoría de performance, surgirán entonces las necesidades de reingeniería de estructura policial, de equipamiento tecnológico para enfrentar el delito prevaleciente (por caso, se aplican programas específicos en lugares en los que prevalecen el robo automotor, y que deben ser diferentes que en los de robos con armas o ataques sexuales, u otros) y de creación de programas de policía comunitaria acorde enfocados esencialmente en la prevención del delito y captura de criminales.

¿Si esto funciona? Por supuesto y en todo el mundo, se los aseguro.

Y Argentina no debe ser la excepción.

Brevemente, comento una experiencia. Durante el año 2011, por expresa decisión del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá trabajamos en la provincia de San Luis , y así, mediante diversas medidas e incorporaciones, produjimos una baja del índice de crimen violento (VCR en denominaciòn del FBI) en alrededor del 40%.

Hay que devolver a la Argentina la seguridad que supimos conocer en otras épocas, una ciudad a la vez, una provincia a la vez.