Es en la Justicia Penal Federal donde más hace falta una reforma que acelere los procesos que duran un promedio de 14 años, y casi no se aplican condenas efectivas. También es allí donde es más necesaria la transparencia y publicidad de las sentencias que por su importancia y relevancia institucional son noticia impactando en la sociedad.

Se debería empezar por reformar el fuero penal federal, que interviene en la investigación y persecución de los delitos más graves y que más nos afectan como sociedad: la corrupción y el narcotráfico. Es clave empezar por este fuero para mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a los avances del delito y el crimen organizado.

Es por ello que el plan de implementación debería ser exactamente al revés, y comenzar aplicando el nuevo código solo en el fuero penal federal. Y luego traspasar los delitos de la competencia penal ordinaria a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera ordenada y como manda la Constitución Nacional.

En lugar de ello, el Gobierno nacional propone dividir el territorio de la Ciudad en 4 circunscripciones generando que en la misma jurisdicción funcionen simultáneamente 3 códigos  procesales distintos: el código nuevo, el anterior y el de la Ciudad, destruyendo la igualdad ante la ley y generando confusión respecto a las normas que deberán aplicarse en cada caso concreto.

Agrava esta situación que el proyecto de Ley de Implementación fija la entrada en vigencia del nuevo sistema para el 1° de septiembre de este año; plazo por demás exiguo si se tiene en cuenta que los proyectos aún deben ingresar al Congreso para su estudio, debate, tratamiento y aprobación.

Se trata de la reforma más importante y profunda de nuestro sistema de enjuiciamiento penal. No es aconsejable hacer este tipo de modificaciones a las apuradas, aprobándolas a las corridas, sin discusión ni correcciones. Esto solo traerá aparejado consecuencias negativas que afectarán el funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Vale recordar que, en la actualidad, el Código Procesal Penal de la Nación rige no sólo para el ámbito federal, sino también para la Justicia Criminal Nacional Ordinaria. Es decir, para los procedimientos penales competencia de los fueros Correccional e Instrucción de los tribunales con asiento en la Capital Federal.

El sistema procesal penal a aplicarse en la Ciudad no debería formar parte del debate nacional en el Congreso de la Nación; los porteños ya contamos con un Código Procesal Penal con un sistema acusatorio moderno redactado y aprobado por la Legislatura porteña integrada por legisladores votados por los vecinos de la Ciudad.

Si aplicamos el Código Procesal Penal de la Ciudad a todos los casos penales resolvemos parte del problema, y podemos centrar el debate legislativo nacional en el modelo de sistema acusatorio que queremos para la Justicia Federal en materia penal.

Un código para el fuero penal federal de todo el país, pensando en cuáles son los problemas y desafíos específicos que se plantean en esa competencia encargada de investigar y juzgar casos complejos y de trascendencia nacional.

Centremos la discusión en cómo queremos investigar el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, en cuáles deberían ser las herramientas para que los fiscales puedan investigar de manera independiente y eficaz los delitos de mayor trascendencia institucional y con mayor impacto en la opinión pública.

Aprovechemos la oportunidad para fijar una política pública sostenida en el tiempo que mejore la capacidad de respuesta del Estado ante el flagelo de las drogas y las mafias organizadas; para investigar, enjuiciar y meter presos a los narcos y políticos corruptos.

Encaucemos el debate en los temas realmente importantes y centrales del sistema penal; en cómo hacer para que el fuero federal obtenga mejores resultados y tenga una política criminal dotada de una persecución penal eficaz para los delitos más graves e importantes, en las cuestiones imprescindibles para tener un país justo, equitativo y con posibilidad de desarrollarse.

Evitemos la tentación de discutir interminablemente sobre el concepto de conmoción social o la expulsión de extranjeros, discutamos lo importante de verdad; discutamos sobre cómo combatimos el narcotráfico, sobre la forma más eficiente de investigar la corrupción y el modo de desbaratar el crimen organizado. Solo de esta forma tendremos más y mejor democracia.

En términos de garantías, durante el proceso penal se vulneran de manera casi sistemática los derechos y garantías fundamentales de imputados y víctimas, ya que en lugar de cumplir con la garantía constitucional de juicio previo, se realizan “expedientes previos” atiborrados de engorrosos trámites escritos y formales y la excesiva burocracia atenta contra la publicidad, transparencia y control de los actos que debe primar en cualquier sistema republicano.

Asimismo, en la etapa de ejecución de la pena, el estado de las cárceles es desastroso con una preocupante sobrepoblación en aumento, lo que produce que en los hechos la cárcel no cumpla con su fin resociabilizador, ya que además dentro del propio sistema penitenciario se cometen todo tipo de delitos y violaciones a los derechos humanos.

A medida que pasan los años, esta situación empeoró. El incremento de casos penales, cada vez más conflictivos, aumentó la carga de trabajo produciendo el colapso de los tribunales penales, que continúan organizados y trabajando de la misma manera que hace 150 años. Un buen ejemplo de esto es la película El secreto de sus ojos, donde sólo tuvieron que cambiar computadoras por máquinas de escribir para recrear la justicia penal de hace más de 30 años.

Estos retrasos conllevan a un resultado alarmante: para casi seis de cada 10 argentinos, la Justicia no resulta confiable en términos de honestidad, trato igualitario y eficiencia. Además, casi un 30% de ellos no acudiría a la Justicia para resolver sus conflictos. Los datos surgen del “Índice de Confianza en la Justicia” realizado por el Fores – Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia- y la Universidad Di Tella.

Teniendo en cuenta esto, entiendo que resulta urgente una reforma integral del sistema penal, que partiendo de los principios contenidos en nuestra Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos -tratados, pactos, declaraciones y convenciones- nos permita contar con una administración de justicia moderna que concilie el poder punitivo del Estado con el pleno respeto a las garantías individuales.

En síntesis, se trata de modernizar nuestro sistema de administración de justicia penal para que la Justicia le vuelva a dar la cara al ciudadano, y se organice de la forma más adecuada para resolver sus conflictos de manera rápida, eficiente, transparente, imparcial, accesible y respetando los derechos fundamentales.

En la actualidad contamos con un sistema penal antiguo y obsoleto, que no resulta efectivo en términos de persecución penal, ni respetuoso de los derechos de imputados ni víctimas, y que tampoco garantiza el derecho fundamental a la seguridad humana de toda la sociedad.

Para ello se debe aprobar un nuevo Código Procesal Penal que implante un sistema acusatorio que redefina los roles de los jueces, fiscales y defensores poniendo la investigación a cargo del Ministerio Publico Fiscal, dando mayor intervención a la víctima del delito, y al ciudadano para que pueda ver y controlar la labor de los funcionarios judiciales.

A diferencia de lo que sucede hoy en los tribunales, en el nuevo proceso, los magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas por las partes en audiencias públicas y no en el marco de un expediente. Esto es un avance no menor, ya que garantiza de manera efectiva la inmediación entre el juez y las partes, evitando las ausencias y delegación de funciones, la publicidad de los planteos y de las resoluciones judiciales ya que por su carácter de “públicas” cualquier ciudadano o la prensa podrán presenciar estas audiencias.

También es importante que el Código Procesal Penal nos permita contar con procesos especiales para diferentes tipos de delitos. De esta manera poder investigar, perseguir y juzgar de manera distinta delitos cometidos en flagrancia y de baja complejidad probatoria, como un hurto o robo de celular, y complejas estafas económicas o delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.

Es necesario agilizar el juzgamiento de los delitos y una aplicación rigurosa de las penas de manera rápida y efectiva a quien cometió el delito, destacando así el rol disuasivo de la justicia a modo de prevención general.

Para conseguir fines tan ambiciosos es importante poder formularse objetivos que se puedan medir, analizar y evaluar, con participación de la sociedad civil; para ello resultará útil enumerar algunos de los objetivos más importantes que tendremos que alcanzar con la reforma: reducir los plazos de duración de los procesos, respetar las garantías judiciales de todas las partes, aumentar la eficacia de la persecución penal mejorando sus resultados, dotar de transparencia al sistema procurando evitar y perseguir la corrupción para de este modo hacer aportes en términos de seguridad ciudadana.