Se viene repitiendo desde hace algunas semanas una comparación por lo menos sorprendente, según la cual nuestro país registraría niveles de pobreza similares a los del año 2001, cercana a 30%. Sobre estos datos –de la Pontifica Universidad Católica Argentina- se apoyan numerosos economistas y sociólogos de izquierda para criticar el “giro” neoliberal del gobierno, que confirmaría su versión según la cual el kirchnerismo llegó para recomponer el capitalismo en esta extraña formación geográfica y social llamada Argentina. Esta suerte de alianza intelectual eclesiástica-marxista no parece preocupar a la izquierda, mientras pueda surfear sobre la ola mediática anti-kirchnerista.

El propio Carlos Marx insistía en que los niveles de pobreza estaban muy relacionados con el estado del mercado de trabajo, lo que él mismo conceptualizó como el “ejército industrial de reserva”. Por lo tanto, aparece contradictorio que los niveles de pobreza de 30% del 2001, con una tasa de desempleo de 18%, sean los mismos que los niveles de pobreza actual, en un contexto en el cual el desempleo es del 7%. A esto deberíamos agregar que la cobertura de jubilación en la actualidad alcanza 94% de los mayores de 65 años, mientras que en 1996 solo alcanzaba 69% de los mismos. En cuanto a la Asignación Universal por Hijo, funciona como un “subsidio” para los desocupados o empleados en negro –al estilo europeo- con el cual durante los años noventa ni siquiera podíamos soñar.

Sin embargo hay un antecedente histórico en 1988 y 1989, años en los cuales la desocupación llegó al 7% y la pobreza estuvo por encima de 30%. La principal causa de la pobreza en ese período era la inflación, que por entonces superaba ampliamente 100% anual, llegando a episodios hiperinflacionarios en el invierno de 1989. Nada parecido a lo que ocurre en la actualidad donde la inflación se encuentra entre los 20 y 25% anual.

Estos datos de inflación son publicados por las provincias, entre las cuales se encuentran Santa Fe, San Luis, Neuquen, Salta y Jujuy, que calculan la inflación provincial y sin lugar a dudas son los más serios desde 2007. Con estos datos, el CESO (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz) calculó la pobreza en 15% y la indigencia en 5% para 2013.

Estos datos de inflación y de pobreza son desconocidos por la mayoría de los argentinos, a pesar de ser calculados por los equipos estadísticos de las provincias de nuestros países. Al contrario, los medios de comunicación concentrados muestran datos de consultoras privadas sin ninguna estructura de personal para realizar esa tarea ni metodología adecuada. El desafío de los economistas en estos tiempos, además de conseguir datos estadísticos confiables, es poder hacerlos llegar a la población. En caso contrario, quedarán presos de los intereses mediáticos. En cuanto a la izquierda argentina, una vez más, parece ser funcional a los intereses que pretende combatir.

Planteada en esos términos históricos, el análisis de la transmisión del futbol por televisión adquiere un sentido: un espectáculo que siempre fue público se transformó en privado durante los años noventa, generando grandes ganancias donde antes no las había. Esas ganancias resultan en un precio que tiene por función excluir el que no puede pagar, mientras que antes, el futbol gratuito incluía a todos, incluso el que no quería usar el servicio a través del pago de impuestos.

Saber si un servicio debe ser público o privado es una definición política: los usuarios buscarán que el servicio sea gratuito mientras que los empresarios buscarán generar una renta por prestar tal servicio. En esa pelea distributiva, el Estado y los clubes juegan su papel a favor de uno o de otro según las circunstancias, como bien lo sabemos, aquí y en todo el mundo.

La primera pregunta respecto de Fútbol para Todos es si los 1.410 millones de pesos presupuestados para este año son mucho o poco, dado que es financiado por todos los contribuyentes. Si dividimos esa suma por los 40 millones de habitantes que somos, son 35 pesos por argentino por año, 3 pesos por mes. Si lo dividimos por los 14 millones de hogares en el país, son 100 pesos anuales por hogar, o sea 12 pesos mensuales. A comparación, el cable suele costar 200 pesos mensuales, a lo que habría que sumarle el codificado para los “clásicos de la fecha” para poder medir la ganancia que se llevarían las empresas por hacer lo mismo que está haciendo la televisión pública. No tenemos que olvidar que si la cobertura de cable en el país es alta, es por la solidaridad instalada entre los vecinos para el pago “cooperativo” del abono.

A modo de comparación, TVN de Chile paga 5 millones de dólares por año (42 millones de pesos) a un cableoperador para difundir las jugadas destacadas y los goles. En Alemania, el canal público ARD paga 124 millones de euros anuales (1200 millones de pesos) para transmitir los resúmenes y 7 partidos por año.

En términos internacionales, la tendencia del negocio del fútbol es la de su completa privatización a manos de grupos de medios locales durante los años noventa, con resistencias puntuales que se saldaron llevando a la televisión abierta los partidos de fútbol (como el caso de la ley socialista de 1997 en España, que implicó la difusión de un partido por fecha al aire). Hoy ya no son los medios locales los que compran los derechos, por la inflación prohibitiva que conoció ese mercado, sino medios internacionales como Al Jazeera (dueño de los derechos de los campeonatos franceses y españoles) o Rupert Murdoch (campeonato de Alemania e Italia).

En consecuencia, se puede decir que Futbol para Todos es un modelo de difusión de la cultura popular distinto, orientado a una mejora en la distribución del ingreso en un mercado muy concentrado –el de los medios de comunicación. Si bien siempre se pueden aceptar críticas y mejoras en los contenidos, cabe resaltar que los costos no son altos para el contribuyente, mientras que para los hogares “futboleros” lo más difícil de ahora en más será: ¿cómo hacer para que lo que hoy es gratuito, no lo empiecen a cobrar el día de mañana?

¿En qué lugar del ranking de potencias económicas se encuentra Argentina? El lector puede pensar un número antes de conocer la respuesta, y seguramente podrá verificar si es un “optimista” o un “pesimista”, si está bien informado o mal informado, acerca de la situación actual de la Argentina. Existen muchas maneras de medir la “riqueza de las naciones”: algunas hacen más hincapié en la distribución de la riqueza, otras en la infraestructura, incluso las más novedosas toman en cuenta indicadores ecológicos. Sin embargo nos parece más adecuado volver al ranking por PBI, en el cual el número 1 es Estados Unidos y el número 2 es China. Ese ranking es el que, al fin y al cabo, permite sentarse en determinadas mesas de negociaciones a nivel mundial, ser parte de las grandes decisiones a nivel mundial, es decir: tener un lugar relevante y reconocido como tal por sus pares.

Los datos del Banco Mundial nos muestran que la evolución de nuestro país en el ranking por PBI fue decreciendo desde los años 60 y hoy se ubica en el puesto Nº 21, medido por paridad de poder adquisitivo. Esto nos ubica detrás de las principales potencias (Estados Unidos, Alemania, Japón), los grande países continentales (China, India, Rusia, Brasil, México), los “clásicos” (Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá, Australia) y los “nuevos ricos” (Corea del Sur, Taiwán, España).

Argentina se encuentra en un pelotón junto a Polonia, Países Bajos, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía, Irán, Tailandia y Sudáfrica, que pelean por entrar en el “Top 20” mundial. Para los que estamos atentos a lo que ocurre en la economía mundial, estos datos no son sorprendentes y eso explica por ejemplo que Argentina sea parte del G-20 (en el cual la Unión Europea va como un todo), o que tenga tanta impronta en la ONU (como presidente del G-77).

¿En qué puesto nos encontrábamos en 1962? En el 9º puesto de ese ranking, que no computaba por aquel entonces a la Unión Soviética. Luego de la década de mayor crecimiento de la posguerra, en 1974, Argentina estaba en la posición nº 14, siendo superada por Alemania, Brasil, Australia, España y Países Bajos. La dictadura militar, sin dudas el período más nefasto tanto en lo económico como en lo político, nos dejó en 1982 en el puesto Nº 21, siendo superados por México, Arabia Saudita, Irán, Suecia, Suiza, Bélgica e Indonesia. En 1996, en lo mejor de la Convertibilidad, la posición de Argentina seguía en el puesto Nº 20. En 2003, cuando arranca el kirchnerismo, nuestro país ocupaba el puesto Nº 35 en el ranking mundial. Desde 2007, cuando empezó la crisis mundial, superamos a países como Austria, Dinamarca, Sudáfrica y Grecia.

Entonces, lejos de las profecías derrotistas, Argentina se encuentra más cerca de entrar en el círculo privilegiado del “Top 20” que del “infierno” que vivimos con la devaluación del 2002, y en el que están por caer varios países europeos. Para eso es necesario lograr 10 años más de crecimiento económico, aunque no solo eso: también debemos seguir mejorando la distribución del ingreso, continuar invirtiendo en infraestructura, y lograr un equilibrio entre desarrollo y ecología. Solo de ese modo el logro de mejoras económicas tendrá un sentido para la población.

La principal potencia mundial es a la vez uno de los 3 grandes exportadores de soja, junto a Brasil y Argentina. Es tan así que desde 2009, el principal producto que le exporta Estados Unidos a China es el poroto de soja: mientras en 2001 la soja representaba 3% de las exportaciones totales de Estados Unidos a China, a partir de 2009 empezó a representar alrededor de 10%.  Al revés, las exportaciones de “circuitos integrados y “microestructuras electrónicas” bajaron en el mismo período de 10% a 3%.

Estos datos, sorprendentes, marcan una reversión de las ventajas relativas cuyas causas podrían ubicarse en las mejora de los términos de intercambio para los productos alimenticios que se produjo en la última década. Este fenómeno convierte a la soja en uno de los sectores claves de la relación entre las dos principales potencias mundiales del siglo XXI con claras implicancias en las economías de Brasil y Argentina.

Pero la presencia de Estados Unidos también está implícita por otras razones: por un lado las técnicas de producción de la soja son originarias de Estados Unidos. Muchos insumos –como el glifosato y los plaguicidas en general– fueron patentados y son producidos por empresas estadounidenses, que en los casos más conocidos –como Monsanto– instalaron importantes plantas en Brasil y Argentina.

Por otro lado, la relación también es implícita en tanto Estados Unidos mantiene una fuerte influencia en los precios internacionales de los alimentos a través de políticas concretas –como la promoción de los agro-carburantes, los subsidios que otorga a su producción agrícola y la promoción de la reducción de aranceles en los países menos desarrollados a través de la OMC.

Incluso podemos adelantar que Estados Unidos tiene mayor influencia que China sobre los precios internacionales. Esto se puede comprobar con la evolución de los stocks de soja por países en los últimos años y más particularmente durante la última gran alza del precio en 2008. Como lo vemos en el cuadro a continuación, los stocks de Estados Unidos son los que más caen a partir de 2006: 64% en la campaña 2007/2008 respecto del año anterior y 47% en 2008/2009. Con estos datos podemos apreciar que Estados Unidos explica la totalidad de la caída del stock mundial de 2007 (10 millones de toneladas), mientras que Argentina y Brasil explican la totalidad de la caída del stock mundial de 2008 (9 millones de toneladas).

En contraposición, los stocks de China son anti-cíclicos a fin de moderar las alzas de precios. Así es como sus stock aumentan de 2,7 millones de toneladas a 7,5 durante el lapso 2007-2009. Pero su dependencia cuantitativa respecto de la soja obliga al gigante asiático a importar cuando los precios internacionales se elevan. En otras palabras, pareciera que las compras de China no provocan el ciclo alcista sino que son consecuencia de este.

La forma que toma esta relación pareciera ser provechosa para Argentina y para Brasil dado que los mejores precios que impone Estados Unidos les permiten conseguir las divisas necesarias para su crecimiento económico y para enfrentar la restricción externa. A su vez, los precios industriales deprimidos por efecto de los bajos costos de producción en China redundan en una mejora de los términos del intercambio, tanto por aumento de sus precios de sus exportaciones como por reducción de sus precios de importación. La faceta negativa de este nuevo contexto es el efecto de primarización sobre las economías (llamado “enfermedad holandesa”), además de la configuración de un monocultivo con impactos sociales y ambientales de alcances riesgosos. En efecto, el desplazamiento de cultivos con menor rentabilidad pero que son necesarios para el consumo interno no sólo obliga a un aumento en los precios y una mayor inflación, sino que implica el éxodo de poblaciones campesinas hacia las ciudades.

Esta lección está presente cuando se analiza la información de países como Grecia, España, Italia, que entran en recesión por el creciente pago de intereses de su abultada deuda. Para enfrentar esas obligaciones, vemos cómo esos gobiernos realizan políticas de ajustes mediante reducción de salarios públicos, vemos cómo crece el desempleo, vemos cómo se profundiza la crisis cuyo epílogo intuimos.

Desde 2003 el gobierno nacional -así como varios gobiernos de los países emergentes como Brasil o Rusia- llevó a cabo una política de desendeudamiento y de independencia respecto de los organismos como el Fondo Monetario Internacional, políticas que fueron fundamentales para la estabilidad y el crecimiento económico.

Al revés de esa tendencia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se destaca y no por buen alumno: eligió endeudarse hasta niveles desconocidos desde la constitución de la ciudad autónoma en 1996.

La comparación entre la política de deuda llevada a cabo por el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires dan cuenta de la existencia de diferencias conceptuales profundas entre ambas administraciones. A nivel nacional, la deuda representaba 166% del Producto Interno Bruto en diciembre de 2002, 56% en diciembre de 2007 y 41% en junio de 2012, fruto de la política de desendeudamiento. Además de disminuir el stock de deuda respecto del tamaño de la economía, ésta implicó cambios significativos en la composición de los acreedores. Los tenedores privados perdieron peso y la deuda del Estado nacional con este sector disminuyó en la actualidad al 13,8% del PIB, cuando en 2002 era del 105% del PIB. Hoy gran parte de la deuda del sector público se encuentra en manos de organismos del Estado lo que reduce el riesgo de renovación y permite no tener que endeudarse a las tasas exigidas por el mercado.

A contramano, la Ciudad de Buenos Aires viene incrementando su endeudamiento, subiendo en términos nominales un 124% entre 2007-2012 (cuando en Nación el incremento fue del 26% en igual período). Esto implica un incremento en términos de su producto bruto geográfico del 40% hasta 2010.

El porcentaje de la deuda contraída con organismos internacionales también muestra diferencias entre ambas gestiones. Mientras los organismos representan el 10% de la deuda de la Nación, en la Ciudad el porcentaje es del 19% sin tendencia a disminuir.

Por su parte, otro aspecto donde se ven diferencias relevantes es en la composición de monedas en que está contraída la deuda. En la Nación en junio de 2012 el 61% de la deuda se encontraba en moneda extranjera  (en su mayoría en dólares estadounidenses), cuando en 2002 era superior al 90%, siendo este otro de los aspectos positivos de la política de desendeudamiento. Por el contrario en la Ciudad la deuda en moneda extranjera pasó de representar el 60% en 2007 al 90% en 2011, tornando la situación financiera de la Ciudad más vulnerable al contexto internacional y una variación en el tipo de cambio.

En estas circunstancias, el candidato a diputados de la ciudad por el PRO Federico Sturzenegger afirma que una devaluación del 40% sería necesaria para solucionar los problemas del país. Si bien esta afirmación es muy discutible, lo cierto es que, en base a los datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, significaría un incremento de la deuda de la ciudad en la misma proporción si la valuamos en pesos. La historia de tomar deuda en dólares en un país que cobra sus impuestos en pesos ya es conocida: el propio presidente del Banco Ciudad la conoce porque él fue viceministro de Economía de la Alianza hasta el 20 de noviembre de 2001.