La lista podría continuar, de modo indefinido, y no hace más que describir, poniendo en nombres, apellidos y medidas de tiempo, el horror sufrido por hombres y mujeres que tuvieron que atravesar la experiencia de la prisión habiendo sido inocentes de toda inocencia. Los datos pueden ser corroborados googleando los nombres de las personas que se indican o ingresando en el Banco de la Infamia, que es el sitio donde la Asociación Pensamiento Penal guarda el registro periodístico de algunos de los casos (los que toman estado público) de presos sin condena que al cabo del tiempo son absueltos o sobreseídos.

Jorge Luis Borges dijo que la cárcel es una experiencia de la que jamás se sale, de la que uno nunca se libera, a pesar de recuperar la libertad. Los cientos y miles de ciudadanos, muchos más de los imaginables, que pagan el tributo a un dudoso concepto de seguridad que reclama el encarcelamiento (la prisión preventiva) de modo instantáneo, antes de conocer con certeza la participación de los sospechosos en los delitos que se les atribuyen, dan testimonio de esta certidumbre.

La Constitución (la carta de navegación de los argentinos) tiene resuelto el dilema (el riesgo de encarcelar a personas inocentes) desde mucho antes de que tuviéramos noción de la existencia de Carlos Zaffaroni, el garantismo y las corrientes que pretenden abolir el sistema penal. El artículo 18, escrito en 1853, a la luz de los candiles y con una pluma y un frasco de tinta, nos promete, a nosotros, a la posteridad y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. No obstante el claro y expreso mandato, muchos funcionarios públicos (los jueces los primeros) que juraron cumplir y hacer cumplir ese y otros mandatos, persisten en ignorarlo y minimizarlo, con las consecuencias señaladas.

Uno de los problemas de la Argentina es la ausencia de datos estadísticos confiables y fidedignos en ciertas áreas de la realidad, lo que imposibilita hablar con acabado conocimiento de causa de los temas que abordamos y nos lleva a hacerlo, las más de las veces, de modo un tanto intuitivo. Eso es lo que sucede, a grandes rasgos, con el mundo penal y sus manifestaciones más trascendentes. El último dato sobre “presos inocentes” es de 2005 (es probable que haya sido tanta la vergüenza que se optara por no seguir publicando estas estadísticas) y proviene de la Procuración General de la Corte de la provincia de Buenos Aires, que señalaba que tres de cada diez presos concluyen sus procesos con un sobreseimiento o una absolución. Es decir, que permanecieron privados de la libertad siendo inocentes. No creo (y esta es una afirmación intuitiva, pero basada en una gran experiencia) que esos datos se hayan modificado con el tiempo.

A este dato se suma otro: la cantidad de presos que de haber sido juzgados con pleno imperio de los derechos y las garantías, con un sentido reductor y limitativo del poder punitivo, que, por cierto, no caracteriza a nuestro Poder Judicial, probablemente hubiesen terminado absueltos o, al menos, con sanciones que no hubiesen entrañado el rigor penitenciario (la importante cantidad de presos por tenencias insignificantes de sustancias estupefacientes así lo corrobora).

Este es uno de los preocupantes enfoques del tema. Sin embargo existe la posibilidad, inquietante, de analizarlo desde otro prisma.

El otro enfoque del mismo tema son las reacciones de cierta parte de la sociedad (y de alguna dirigencia) que se agravia y se desgañita frente a la supuesta puerta giratoria, que, lejos de tratarse de un beneficio, es un derecho que posibilita que individuos sospechados por la comisión de un delito aguarden su juicio en libertad, eventualmente, con algún tipo de aseguramiento (pulseras electrónicas, garantes, control de organismos administrativos, etcétera), para minimizar las posibilidades de encarcelar a un inocente.

No ingresaremos aquí en el análisis de la dudosa categoría de la puerta giratoria, que se emplea como una verdad consolidada con argumentos meramente intuitivos. Lo que interesa analizar es si existe la posibilidad de conciliar las dos caras de la misma moneda: que los supuestos delincuentes (sobre los que no pesa una sentencia condenatoria que afirme esa condición) sean neutralizados con el inmediato encarcelamiento luego de ser detectados por el sistema penal y los riesgos de que los sospechosos, al cabo del tiempo, resulten ser inocentes, lo que debería constituir un verdadero escándalo. Este es el real dilema que debería interpelar a los que se empecinan en ver una sola cara de la moneda, sin hacerse cargo de la otra: la posibilidad de que algunos (no interesa cuántos) de los prisioneros preventivos en realidad sean inocentes y les estemos infiriendo un daño de imposible reparación ulterior.

¿Estamos en condiciones de seguir pagando ese precio? ¿Qué clase de sociedad es aquella que se muestra insensible ante dolores ajenos evitables, incapaz de experimentar la sensación de la empatía? ¿Qué cantidad de personas en estas condiciones estamos dispuestos a aceptar? En definitiva, y recurriendo a la vieja máxima de la Ilustración, ¿qué preferimos: un culpable libre o un inocente preso?

Conscientes de esta problemática, la Asociación Pensamiento Penal implementó el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, que, entre otras cosas, se encarga de acompañar causas donde se advierte con claridad el error judicial. Como, por ejemplo, ocurrió con Cristina Vázquez, en Misiones, que tuvo que llegar hasta la Corte Federal para que se ordenase un pronunciamiento ajustado a derecho, pese a lo cual aún permanece privada de la libertad en el calabozo de una comisaría. O como, por estas horas, sucede con los Aguirre Taboada (padre e hijo) en Cipolletti, dos veces enjuiciados por el mismo hecho que no cometieron.

Una sociedad civilizada también es la que se conmisera por la suerte (o la desgracia) de todos sus integrantes, sin excepciones. Y tenemos la impresión de que hoy, exactamente a esta hora (parafraseando al genial Armando Tejada Gómez), no son pocos los ciudadanos que miran el cielo a través de una reja y se lamentan por la desgracia que les tocó en la vida.

Pero para hacer gala del sentido común no es preciso adherir a corrientes de vanguardia y rupturistas. Y es lo que hizo Mahiques hace pocos días, al comentar públicamente la situación del servicio penitenciario bonaerense (SPB) y los lineamientos de la política criminal del primer Estado argentino.

Refiriéndose a la primera de las cuestiones, manifestó que el servicio penitenciario bonaerense se ha revelado como una estructura ineficiente, invertebrada y criminógena que retroalimenta la delincuencia, dentro y fuera de los penales. Asimismo señaló como principal objetivo de su gestión un cambio de paradigma del servicio penitenciario para dejar de ser una fuerza militarizada y pasar a tener una gestión diferente. En ese sentido, anticipó que la auditoría del SPB pasará a manos civiles, lo que constituye un hecho inédito y auspicioso para interpelar la permanente sospecha que sobrevuela a este sector de la administración pública.

En materia de política criminal dijo que no se apunta al securitismo extremo, sino a seleccionar a una parte de la población carcelaria para emplear con ella medidas extracarcelarias. En ese sentido, apuntó que no comparte la lógica binaria de que a cada delito le corresponde sólo pena de prisión, y que cree que hay mecanismos alternativos que los jueces deberían utilizar con más frecuencia, lo que anticipa modificaciones legislativas para incorporar nuevas categorías de beneficiarios de pulseras electrónicas, no sólo en el ámbito de la ejecución (cuando ya existe sentencia), sino durante el proceso. Finalmente, señaló que es imposible acompañar la curva de crecimiento de la tasa de encarcelamiento con la construcción de nuevas cárceles.

Para pasar de cierto pensamiento patológico vernáculo, que atribuye al garantismo y al abolicionismo todos los males del sistema penal, se suma lo expresado por Carlos Rosenkrantz, firme candidato a cubrir una de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hombre categóricamente vinculado con el establishment local (la cartera de clientes de su estudio jurídico así lo indica). En ocasión de la audiencia pública celebrada en el Senado de la Nación y a preguntas que le formulara el senador Julio Cobos relacionadas con el problema de la inseguridad, sostuvo que las penas del Código Penal son draconianas, y que no se puede seguir insistiendo con dar respuesta delito por delito, que se trata de una fórmula fracasada y que la cuestión es sistémica, esto es, que debe ser abordada en forma integral.

Finalmente, colocando un broche de oro a esta serie de redefiniciones del mundo penal, nada más y nada menos que la Conferencia Episcopal Argentina publicó un documento encabezado con el versículo: “Estuve preso y me viniste a visitar”, donde también se apuntan importantes definiciones, en línea con las preocupaciones reiteradamente expuestas por el papa Francisco. Los obispos comienzan diciendo que nadie por haber delinquido pierde su condición de personas, de hijo de Dios y miembro de la familia humana, para pasar a sostener que “en una sociedad donde se multiplican los hechos delictivos, estamos convencidos de que la solución oportuna para resolverlos no se alcanza simplemente con penas más duras y con más cárceles”.

En uno de los tramos centrales del documento se llama a tratar la problemática de la existencia de presos sin condena, la ausencia de proyectos y programas que reduzcan al mínimo el período de detención, los casos de las personas a las que se debería dar un tratamiento penal alternativo fuera de la cárcel, dado que padecen enfermedades graves o terminales, o son mujeres embarazadas, o personas con capacidades diferentes, o de adultos de edad avanzada y las personas con problemas de droga, en su gran mayoría jóvenes, que necesitan un ambiente distinto a lo que ofrece la cárcel.

Tres contundentes definiciones que, si omitiéramos a sus autores, seguramente atribuiríamos a algún pensador abolicionista o, al menos, acentuadamente garantista. Sin embargo, reiteramos, se tratan nada más y nada menos que definiciones del ministro de Justicia bonaerense, uno de los probables jueces de la Corte Suprema y la Conferencia Episcopal Argentina.

Es que la recurrencia a las fórmulas remanidas, que han ocupado el centro de la escena en los últimos años (incremento de penas, más cárceles, más policías, detenciones indiscriminadas) exhiben un fracaso tan rotundo que se torna indisimulable, aun para los sectores del pensamiento más conservadores, pero que, sin embargo, tienen la honestidad intelectual de admitir que hay que variar los enfoques y las respuestas estatales, si es que deseamos obtener mejores resultados.

No se trata de resolver la cuadratura del círculo y seguir perdiendo el tiempo en discusiones banales. De lo que se trata es de tomar referencia (no imitar) en experiencias exitosas en las materias que nos preocupan y tratar de seguir esas orientaciones. Tal el caso de la República Oriental del Uruguay en materia penitenciaria o Medellín, Curitiba, Porto Alegre o Aguascalientes en seguridad pública y política criminal.

Apreciamos con beneplácito que las nociones de la convivencia y la pacificación vayan ganando espacio en el amplio debate que debe generarse en torno a las sensibles cuestiones de la construcción de una sociedad con seguridad para todos sus habitantes, sin exclusiones basadas en la condición social, económica o cultural.

El establecimiento donde comenzó este proceso se llama Punta de Rieles y se emplaza en las afueras de Montevideo. Cuenta con unos quinientos internos, todos condenados por la comisión de diferentes delitos. Visto del exterior, se trata de una típica cárcel que podríamos ver en cualquier otro país de la región, con un muro perimetral y una guardia armada que vigila desde el exterior.

Sin embargo, nada más ingresar al predio, de unas veinte hectáreas, el panorama varía radicalmente. Lo primero es que nos encontraremos con gente (los internos) deambulando libremente, abocados a diferentes actividades o, simplemente, acompañados por sus familiares en los días de visita.

Si tuviéramos que definir rápidamente a Punta de Rieles, podríamos decir que se trata de una cárcel pueblo, autogestionaria, que reproduce en su interior casi lo mismo que podemos encontrar en el exterior: negocios (peluquería, almacén, confitería, pizería, heladería, cafetería, casa de tatuajes, centro interreligioso), escuelas, biblioteca, hospital, actividades deportivas, una radio y muchos emprendimientos productivos. La única diferencia con el afuera es que los habitantes de esta peculiar prisión no pueden trasponer el muro que rodea al establecimiento, aunque lo cierto es que en lo que lleva de vida no se han registrado intentos de evasión.

Las autoridades de Punta de Rieles hacen la diferencia. Su primer director (Rolando Arbesún) fue un psicólogo. El actual jefe (Luis Parodi) es docente. Nada más distante que la formación militarizada. Se trata de personas que han roto la lógica penitenciaria y, sin abandonar la autoridad estatal (Punta de Rieles no es una cárcel autonomizada, gobernada por los presos), han comprendido y llevado adelante la idea que la seguridad carcelaria debe estar del otro lado del muro (en el exterior) e intervenir únicamente cuando exista la necesidad. Del muro para adentro, sólo hay personal civil: operadores penitenciarios, la mayoría mujeres. Los operadores penitenciarios se encargan de atender las necesidades de los privados de la libertad y ayudarlos para que traten de mejorar sus vidas.

El esfuerzo no ha sido en vano: en los casi cinco años de vida de Punta de Rieles sólo se registró un episodio grave de violencia y la tasa de reincidencia de las personas que egresan de este establecimiento es del 3 por ciento. Cifras impactantes para la realidad carcelaria argentina o de cualquier otro país de la región.

Muchas cosas llaman la atención. Allí se jactan de tener una tasa de desempleo inferior a la del Uruguay. Casi todo el mundo trabaja y estudia (la consigna es que tienen que hacer algo con su vida). Pero el dato distintivo es que la mayoría de los “empresarios” son los propios presos, encargados de desarrollar las actividades (bloqueras, carpintería, panificadoras, recicladoras, talleres variados), quienes a su vez contratan a sus propios compañeros para que se desempeñen como operarios. Toda la actividad laboral se desarrolla “bajo laudo”, que es la forma que los uruguayos tienen para decir que se respetan las mismas condiciones laborales que en el exterior. Lo que gana el preso con su trabajo queda registrado en la administración y ese dinero puede ser dispuesto para gastarlo en los negocios que allí existen (con un sistema de tickets, ya que no circula dinero) o entregarlo a los familiares.

Punta de Rieles tiene su propio banco, inspirado en el Banco de los Pobres. La dirección del banco está compuesta por personas privadas de la libertad (electas en asamblea) y el capital social se integra con el aporte que mensualmente realiza el resto de los emprendimientos (una suerte de impuesto). Cualquier preso que tenga la inquietud presenta su proyecto productivo al banco, que luego de estudiarlo decide si otorga el crédito para llevarlo adelante. Este es el único banco del mundo que no cobra intereses y que si el deudor no puede pagar la cuota mensual, no pasa nada.

También llama la atención que todos los presos deambulen con su propio teléfono celular (debidamente registrado en la administración), que, según confiesan las autoridades, ha contribuido de modo sustantivo a la pacificación de la vida interna, en la medida en que permite que el privado de la libertad permanezca en contacto con el afuera, con sus amistades y sus familiares.

Las autoridades del establecimiento deben rendir cuentas de su gestión anualmente (“Punta de Rieles rinde cuentas”). ¿Ante quién se rinde cuentas? Ante las personas privadas de la libertad reunidas en asamblea. El director y el resto de sus colaboradores brindan un informe a los directos destinatarios de su acción, exponen las metas alcanzadas, los desafíos a futuro y aquellos proyectos que no se han podido concretar. Luego, los privados de la libertad toman la palabra y exponen sus inquietudes, sus acuerdos y sus discrepancias, en esta suerte de relación horizontal, donde todos (autoridades y presos) son iguales, aunque con diferentes roles que cumplir.

Es una cárcel en la que se respira libertad, aunque pueda resultar paradojal. El ambiente es distendido y los internos (que conocen perfectamente lo que es vivir en el infierno) valoran este espacio y se han constituido, sin lugar a dudas, en los principales garantes de este esperanzador proyecto.

No estamos hablando de Suecia, Noruega o los Países Bajos, que son los ejemplos que suelen presentarse para hablar de ideales carcelarios. Estamos hablando de nuestra hermana República Oriental del Uruguay. Un país con el que tenemos un destino manifiesto y una historia en común. Hombres y mujeres que no podríamos distinguir si los mezclamos con argentinos. Con realidades muy similares.

No propiciamos la exportación de modelos, comprar paquetes cerrados, como se ha hecho en otras oportunidades para diversas cuestiones. De lo que estamos hablando es de la necesidad de fijarnos en lo que ocurre a nuestro alrededor. Abandonar el ensimismamiento y comprobar que es posible pensar en otras realidades, que mejore la forma de vida de las personas privadas de la libertad (como lo quiere la Constitución), pero que, a su vez, posibilite elevar el estándar de vida (fundamentalmente en moneda de seguridad ciudadana) del resto de la sociedad.

Los justos reclamos de los vecinos que ven afectados sus bienes y su integridad son recibidos con preocupación por los encargados de asegurar la vida y la propiedad de las personas, pero los hechos demuestran que no existe una mejoría en este tramo del derecho a un estándar de vida con ciertas seguridades y previsibilidad.

La principal reacción del Estado frente a la exigencia ciudadana de más seguridad ha sido el incremento de los efectivos policiales, más patrulleros para recorrer el territorio, equipamientos más sofisticados y la masiva instalación de cámaras de seguridad. Sin embargo, la cuantiosa inversión de dineros públicos a estos fines no parece haber arrojado los resultados esperados. El virtual copamiento policial de la vía pública no parece ser suficiente para contener los hechos de violencia que aquejan a una buena parte de la población. Los casi cien mil efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires son una prueba elocuente de ello.

Probablemente haya llegado el momento en que la clase dirigente comience a elaborar propuestas en materia de seguridad pública que, sin excluir el aporte policial para la prevención y la represión del delito, no se agoten en ese recurso. Y en este sentido, nuevamente, al igual que en materia penitenciaria y de sustancias estupefacientes, existen experiencias regionales exitosas que nos pueden dar una pauta sobre los caminos a seguir. Tal el caso de Porto Alegre y Curitiba, en Brasil, el municipio de Aguascalientes, en México, o el paradigmático caso de Medellín, en Colombia, que, de ser una de las ciudades más violentas del mundo, hace poco más de diez años se ha transformado en un modelo de convivencia ciudadana e integración social que es ejemplo para el mundo entero.

Simplemente me propongo insinuar (con las limitaciones que supone una columna periodística) algunas pautas que nos permitirían ver a la seguridad pública como un asunto que no debe ser estrictamente policial.

Pero antes algunas aclaraciones: a) no existen sociedades con cero delito. Pretender la supresión de conductas en conflicto con la ley es una utopía irrealizable. Pero sí puede aspirarse a convivir “con una sensata cantidad de delito”, parafraseando al criminólogo noruego Nils Christie; b) no hay soluciones mágicas, ni en este ni en la mayoría de los temas sociales. Lo que hay son políticas púbicas, sostenidas en el tiempo, que marcan tendencias en una dirección determinada.

Ahora sí, a las propuestas.

Disponer de datos confiables

Es imposible incidir sobre la seguridad ciudadana si ignoramos la realidad, si no estamos en condiciones de conocer con exactitud la magnitud de los fenómenos sobre los que queremos intervenir. Las políticas en materia de seguridad de los últimos años han estado caracterizadas por las reacciones espasmódicas frente a episodios relevantes. Un crimen, un secuestro, una violación, han generado modificaciones en el Código Penal y la adopción de medidas que, como las sucesivas declaraciones de emergencia, a poco de andar, se mostraron ineficaces para atender el problema al que se dirigían.

Es imprescindible contar con datos confiables a través del tiempo, emanados de organismos técnicos e independientes, que nos permitan conocer con exactitud la dimensión de los problemas. Estadísticas, datos duros, relevamientos de campo y, sobre la base de su lectura e interpretación, promover políticas orientadas a torcer esos fenómenos. Datos que deben ser de público acceso, para contar con lecturas e interpretaciones diversas, que enriquezcan la comprensión de la realidad.

En este sentido, varios Observatorios de la Seguridad que funcionan en distintos puntos del país constituyen una base importantísima de experiencia adquirida para desarrollar esta política pública de contacto con la realidad.

Integrar ciudades

Los conglomerados urbanos contemporáneos se caracterizan por la existencia de dos realidades bien marcadas: una parte de la ciudad con acceso a los servicios propios de la vida moderna (agua, luz, cloacas, gas, alumbrado público, pavimento, etcétera), con las necesidades medianamente satisfechas (trabajo, salud, educación, esparcimiento), y otra parte de la ciudad que vive al margen de esas condiciones, que en realidad sobrevive y se desenvuelve por fuera de las pautas sociales que marca la parte incluida. Dos ciudades en tensión permanente, virtualmente irreconciliables. La primera, adoptando recaudos para protegerse de las agresiones de la segunda, y esta última, mirando de soslayo los bienes y los servicios que se encuentran muy lejanos de su alcance. Dos culturas y formas de vida diferentes, muy difíciles de conciliar.

Mientras se mantenga el antagonismo entre estas dos realidades, será muy dificultoso pensar en buenos niveles de seguridad pública. Entendiendo por seguridad pública el derecho a que no nos agredan en nuestras personas y nuestros bienes, pero también en el derecho a una vida digna.

Las experiencias exitosas a que hacía alusión se han caracterizado por integrar ambas realidades, tender puentes, recrear las redes de solidaridad y comunicación y comprender que el destino común no puede ser diseñado desde el individualismo.

Ciudades integradas implica tratar a todos los ciudadanos de la misma manera, comenzando por aquellos que tienen más necesidades. Llevar la urbanización (servicios, acceso a los derechos) desde afuera (desde las periferias) hacia adentro (al centro de las ciudades).

Optimizar los recursos humanos

Los recursos materiales necesarios para concretar ciertos niveles de igualdad en el trato son escasos, principalmente para los países como el nuestro y del resto de la región. No sobra el dinero para restablecer derechos y el que existe suele ser incorrectamente invertido y asignado, cuando no se desvía por los canales informales de la corrupción.

Sin embargo, existe un enorme potencial humano, de cientos de organizaciones y personas solidarias que, en forma silenciosa y cotidiana, desarrollan labores de promoción de la comunidad en sitios desaventajados. Tal el caso de comedores comunitarios, trabajadores sociales, educadores, sociedades de fomento y múltiples expresiones comunitarias. Pero estos valorables esfuerzos suelen estar desconectados y dispersos.

Es labor del Estado (y, principalmente, de los estados municipales) convocar a estos actores sociales a los fines de coordinar sus esfuerzos, evitar superposiciones y compartir las experiencias acumuladas para optimizar sus respectivas labores e incluso llegar a suplir la ausencia de recursos públicos.

Apuntar a la participación ciudadana

La transformación de la realidad debe ser una empresa común, en la que se vea involucrada la población. No existe posibilidad de afrontar cambios sociales de magnitud (como lo es la construcción de niveles aceptables de seguridad pública) si las finalidades y las estrategias no son compartidas por los destinatarios de esa acción.

La dirigencia política debe acordar una verdadera política de Estado en esta materia, seria y razonable, y convocar a todos los ciudadanos a llevarla adelante. Deben recrearse los foros comunitarios, donde todas las voces sean oídas y donde también aprendamos a escucharnos.

Los ejes precedentes implican una reconcepción del concepto de seguridad pública, donde el opuesto de inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia.

La circunstancia que la Constitución haya colocado al tratamiento de los reclusos en el mismo rango de preocupaciones que la esclavitud, la sedición y la suma del poder público revela la prioridad que el constituyente asignó al problema de las prisiones. Sin embargo, lo cierto y lo concreto es que jamás se sancionó a juez alguno por las mortificantes condiciones de alojamiento a que son sometidas las personas privadas de la libertad, aunque no hayan faltado motivos para ello.

Cumplir el mandato constitucional de tener cárceles sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos (según postula la Carta Magna), puede ser un buen motivo para pensar en un modelo penitenciario diferente al que caracteriza nuestra realidad. Pero si ello no fuera suficiente, también puede pensarse en otras dos razones que aconsejan el cambio: 1) los elevadísimos costos que representa para el erario público (para el bolsillo de los contribuyentes) mantener prisiones que arrojan dudosos resultados, y 2) la consideración de que los presos van a recuperar la libertad en un momento de sus vidas (nadie puede ser condenado a morir en la cárcel) y la regla general es que van a salir en peores condiciones que cuando ingresaron, de modo que retroalimentan el círculo vicioso que dificulta la convivencia pacífica.

Sin remontarnos a realidades muy diferentes a las nuestras, como podrían ser las de los países escandinavos o los Países Bajos, existen experiencias en la región que reconocen la posibilidad de pensar en establecimientos carcelarios respetuosos de la dignidad de las personas y que cumplen finalidades útiles para la sociedad. Tal el caso del Centro de Rehabilitación Punta de Rieles, en nuestra cercana República Oriental del Uruguay (Montevideo), que nos muestra un modelo a tener en consideración.

Punta de Rieles es una cárcel de mediana seguridad que aloja a más de quinientas personas que han sido condenadas por diferentes delitos. Como consecuencia de una política de Estado acordada por los partidos políticos uruguayos, se ha implementado lo que, a grandes rasgos, se podría caracterizar como una cárcel pueblo, donde los internos pueden desarrollarse plenamente en lo laboral, en lo educativo, en la atención de la salud y en lo social, con la única restricción de no trasponer el límite perimetral del muro. Dos datos indican la relevancia de esta experiencia: en tres años sólo se ha registrado un episodio de violencia grave tras los muros y el índice de reincidencia de los liberados es del 2 por ciento. Cifras inverosímiles para nuestra realidad.

Mucho se podría hablar de la estimulante experiencia de Punta de Rieles, pero estamos convencidos de que no existen modelos exportables, que se puedan comprar como un paquete cerrado. Esta forma de asumir la realidad difícilmente se ha mostrado exitosa. Pero lo que sí se puede hacer es levantar la nariz del ombligo y cotejar lo que ocurre a nuestro alrededor (lo bueno y lo malo) para tratar de mejorar nuestra forma de vida. Mejorar las cárceles, sin lugar a dudas, es mejorar la forma de vida del resto de la sociedad.